La crisis climática en América Latina constituye una emergencia de derechos humanos que afecta desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables. La reciente Opinión Consultiva OC-32/25 (2025) de la Corte Interamericana marca un hito al declarar la obligación de no causar daños ambientales irreversibles como norma jus cogens, reconociendo por primera vez los derechos de la naturaleza y el derecho humano a un clima sano. En Perú, donde el 55,1% de la pobreza extrema se concentra en zonas rurales dependientes de ecosistemas frágiles y se ha perdido la mitad de los glaciares andinos en cinco décadas, persiste una brecha entre el marco normativo y la realidad. A pesar de contar con la Ley Marco sobre Cambio Climático, el país enfrenta déficits presupuestales, descoordinación institucional y falta de integración climática en proyectos extractivos. La justicia climática exige reformas institucionales efectivas, debida diligencia empresarial reforzada, protección de defensores ambientales y un enfoque diferenciado para grupos vulnerables que garantice equidad social e intergeneracional.

El tenista francés Quentin Folliot recibió una suspensión de 20 años por liderar una red de arreglo de partidos. No es el único: Köllerer fue expulsado de por vida, y los italianos Bracciali y Starace recibieron 40 años cada uno. El tenis endurece su lucha contra la corrupción.

En Irak, según UNICEF¹, el 28 % de las niñas se casa antes de los 18 años y un 7 % antes de cumplir los 15. En este contexto, una reforma legal que expande la autoridad religiosa sobre el matrimonio amenaza con profundizar aún más esta realidad. ShareTweetShare0 Shares