27/11/2022 MÉXICO

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Bárbara Ojeda21/09/2022
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Los mitos y la desinformación en torno a la menstruación dificultan tratar las problemáticas que vienen ligadas a la salud menstrual, como los altos impuestos a los tampones y compresas, y la falta de acceso a agua y saneamiento. Por ello, los derechos menstruales en América Latina -y en el resto del mundo- continúan siendo una asignatura pendiente que debe ser visibilizada. 

Hacia una concepción integral de la menstruación  

El concepto de salud e higiene menstrual (SHM) busca tener un abordaje integral sobre la menstruación, ya que va más allá de los aspectos relacionados con el manejo de la higiene menstrual, contemplando otros factores que la vinculan con la salud, el bienestar, la igualdad de género, la educación, así como al empoderamiento de niñas y mujeres adolescentes y sus derechos. De la misma manera, el debate acerca de los derechos menstruales no pasa únicamente por el acceso a los productos de higiene femenina, también debe abarcar la falta de acceso al agua y saneamiento que sufren una gran cantidad de mujeres latinoamericanas, especialmente aquellas que viven en zonas rurales.  

Fuente: Getty Images

Asimismo, según UNICEF, una gestión de la higiene menstrual saludable y digna implica que las personas menstruantes utilizan un material de gestión menstrual limpio para absorber o recoger la sangre menstrual, que deber ser cambiado en privado tan frecuentemente como sea necesario durante el período menstrual, usando jabón y agua para lavar su cuerpo según lo requieran,  teniendo acceso a instalaciones seguras y convenientes para desechar los materiales de gestión menstrual utilizados. 

Entonces, la menstruación es un factor que entra en juego al pensar en la desigualdad de oportunidades. El hecho de no contar con un entono adecuado y baños seguros e higiénicos, sumado a la desinformación que hay al respecto debido a que aún hoy la menstruación sigue siendo un tabú, tiene como consecuencia la reducción de perspectivas de salud, bienestar y educación para las niñas y mujeres de los sectores sociales más vulnerables.  

Las problemáticas en torno a la menstruación 

El factor económico es esencial para comprender porque muchas mujeres luchan en pos de eliminar el IVA a los productos de higiene menstrual. El gasto anual que tienen las personas menstruantes en productos de higiene, como toallitas higiénicas y/o tampones es muy elevada. Esto lleva a que, como menciona Natalia Haag (Directora de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina), quienes no pueden afrontar ese gasto falten a su trabajo o lugar de estudio, llegando incluso a adoptar métodos de gestión inseguros. De esta manera, la menstruación se convierte en un factor de desigualdad que impide el pleno desarrollo de las personas 

En todos los países latinoamericanos, exceptuando Colombia, se sigue pagando impuestos por menstruar dado a que los tampones y toallas higiénicas llegan a tener un gravamen del 16%. Como resultado de esta problemática, muchas mujeres y niñas deben elegir entre comprar productos para su higiene y salud reproductiva o elementos básicos de subsistencia. 

Fuente: Pixabay

Por otro lado, tener garantizado el acceso al agua y al saneamiento es una condición clave para poder tener un buen manejo de la higiene menstrual. Por eso, contar con servicios e instalaciones deficientes de agua, saneamiento e higiene, tanto en las escuelas como en los hogares, obstaculizan que las mujeres y niñas tengan una buena salud menstrual. Para que esto cambie, se deben promover políticas públicas destinadas a construir instalaciones privadas, seguras e higiénicas donde sea posible limpiarse, así como reemplazar y desechar los productos.

Otro punto a tener en cuenta es la desinformación y la falta de educación sobre la menstruación, lo que lleva a reforzar estigmas sobre las personas menstruantes. Para revertir esta situación , se debe hablar en las escuelas sobre la higiene menstrual, sobre cómo funciona la menstruación y su relación con el embarazo, sus síntomas, etc. Según diversas encuestas recolectadas por el Banco Mundial, hay un 34,8% de niñas que viven en las zonas rurales de Colombia que no saben nada acerca de la menstruación antes de la menarquia, y el 45% de ellas no sabe de donde proviene el sangrado menstrual. Asimismo, el 55% de las niñas encuestadas en la Mosquita (Honduras) afirmaron no sentirse cómodas con asistir a la escuela durante su menstruación.

De esta forma, es necesario que los diferentes establecimientos escolares mejoren sus prácticas pedagógicas sobre la salud sexual y la higiene menstrual teniendo abordaje integral sobre la temática. Esto permitirá, por un lado, adquirir y fortalecer habilidades para manejar la menstruación e higiene personal, y por otro, ayuda a derribar los estigmas y tabúes sobre la menstruación. Sobre este último punto, es importante decir que las campañas de comunicación y las publicaciones, tanto para docentes como para adolescentes, ayudan a disminuir los tabúes, promoviendo que cada vez menos niñas y adolescentes decidan no asistir a la escuela durante su período.

Reflexiones finales

Visibilizar las problemáticas a las que se enfrentan millones de niñas y mujeres al momento de sobrellevar su menstruación es crucial para desmitificar los prejuicios entorno a la misma. Para ello, muchas organizaciones feministas están luchando para que haya un conocimiento por parte de los Estados de los derechos menstruales como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas menstruantes.

Hasta el día de hoy, en la gran mayoría de los países, hay una ausencia de una política pública sobre la higiene menstrual. La misma debe apuntar a garantizar el acceso a los elementos de gestión menstrual, así como asegurar el acceso a agua potable para mantener la higiene y disponer de un ambiente privado y seguro. A su vez, es fundamental desarrollar campañas de información y dictar educación menstrual. Todo esto supone entender a la menstruación no únicamente como un problema personal, sino también como una demanda que requiere respuestas desde la política pública.

 

 


Bárbara Ojeda23/08/2022
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Después de 50 años de que el aborto se convirtió en legal en Estados Unidos, la Corte Suprema anuló el histórico fallo del caso Roe vs. Wade del año 1973, con seis votos a favor y tres votos en contra, gracias al cual se preparará conseguir el derecho al aborto. Esto implica un gran retroceso en términos de obtención de derechos para las mujeres, ya que se pone en peligro la salud sexual y reproductiva de las mismas.

La gente se manifiesta la Marcha por la Libertad Reproductiva contra la nueva ley del aborto durante, la Ley de Protección de la Vida Humana de Alabama, 19 de mayo de 2019. © REUTERS/Michael Spooneybarger

¿Qué fue el caso Roe vs. Wade?

El caso Roe vs. Wade comenzó en el año 1971 cuando una madre joven de Texas, Norma McCorvey, presentó una demanda contra el fiscal del distrito local Henry Wade del estado de Texas por no permitirle llevar a cabo un aborto cuando el embarazo había sido producto de una violación. Para ese entonces, la ley sobre el aborto en Texas era muy prohibitiva, solo se podía abortar en los casos en los que la vida de la mujer corriese riesgo. Este caso es conocido como “Roe vs Wade” dado que Norma se presentó bajo el seudónimo de “Jane Roe”. Finalmente, para el año 1973 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió el fallo a favor de McCorvey con 7 votos a favor y 2 en contra.Asi, se quedo que la mujer, ammparada en el derecho de la privacidad, tenia en su poder la decision sobre si dejo continuar o no con el embarazo.

De esta manera, el caso Roe vs. Wade marcó un antes y un después en la historia de la lucha de las mujeres en pos de la obtención de mayores derechos. A pesar de que para el momento en el que se falló a favor de McCorvey ella ya había dado a luz a su hija , esto significó un hito para las millones de mujeres que vivían en Estados Unidos dado a que implico que el aborto ya no podía ser prohibido durante el primer trimestre de embarazo. Siendo así, el Alto Tribunal catalogó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como “fundamental”, y consecuentemente las leyes a nivel federal cambiaron a favor de las mujeres.

¿Qué sucedió desde ese entonces?

A pesar del gran avance que fue el fallo del caso Roe vs. Wade, ha seguido existiendo en Estado Unidos un fuerte lobby antiaborto en sectores del gobierno que llevaron a que muchos estados aprueben leyes restrictivas del aborto, las cuales van en contra de la autonomía y del derecho a elegir a las mujeres.

Uno de los casos más importantes y actuales es el de Texas. En este estado, en el año 2021, se redujo a menos de seis semanas el tiempo que tiene la mujer para realizar un aborto si así lo decidiera. Esto da muy poco margen de tiempo y es una traba muy grande a la interrupción voluntaria del embarazo, ya que es difícil detectar un embarazo antes de esa cantidad de meses. Para agregar, la ley de Texas estimula a que los ciudadanos de Estados Unidos denuncien a cualquier persona que sea sospechosa de ayudar a abortar, ofreciéndoles una recompensa de 10.000 dólares a quienes lo hagan.

Por otro lado, la ley de Alabama aprobada en el año 2019 es aún más restrictiva. Esta prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia desde el momento en que se conoce que la mujer se encuentra embarazada. Entonces, se penaliza a la mujer bajo cualquier supuesto, teniendo la posibilidad de ser condenada hasta 99 años de cárcel en caso de realizar el procedimiento, incluso si su embarazo fue producto de una violación.

Lo comentado hasta aquí deja en claro que a las mujeres de Estados Unidos se les sigue vulnerando sus derechos, y que estos nunca están totalmente asegurados. Las mujeres,  que viven insertas en una sociedad patriarcal y desigual, deben seguir luchando para que se escuchen sus voces y se cumplan sus demandas.

¿Qué significa que se haya revocado el fallo del caso Roe vs. Wade?

Actualmente, en Estados Unidos hay 13 estados que tienen normas restrictivas con respecto al aborto que, si bien se encuentran sin efecto, ya están aprobados y ahora pueden entrar en vigor con la decisión de la Corte Suprema de derogar la ley de 1973. Entre estos estados podemos encontrar a: Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Utah, Wyoming y Texas.

De esta forma, la decisión de aplicar el derecho al aborto se encuentra en manos de los estados, algunos ya comenzaron a aplicar restricciones y se estima que unos 26 podrían ilegalizarlo. En consecuencia, los estados que sí permiten el aborto legal podrían recibir una gran cantidad de personas en sus clínicas.

Por otro lado, esto pone en peligro la salud reproductiva de las mujeres, ya que el derecho al aborto forma parte del derecho más amplio a la salud sexual y reproductiva de todas las personas, a la igualdad social y económica. Más aún, se pone en peligro la vida de millones de mejores, dado a que llevara a que ellas busquen otros medios para llevar a cabo un aborto, muchos de los cuales se realizarán de manera clandestina e insegura.

En fin, los derechos reproductivos se están viendo difícilmente amenazados en Estados Unidos, pero cabe remarcar que se organizan gigantescas marchas y movilizaciones para defender el derecho al aborto.

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Así, Estados Unidos se encuentra entre uno de los principales países del mundo occidental que cuentan con las leyes más restrictivas sobre el aborto. Esta situación afecta a miles de mujeres y significa una gran reversión en materia de derechos para este país. Una vez más, son las mujeres quienes deben seguir luchando por poder decidir en materia sexual y reproductiva, y por su autonomía personal.


Bárbara Ojeda25/07/2022
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La violencia simbólica es un tipo de violencia de género que se encuentra arraigada en nuestra sociedad hasta tal punto que la normalizamos llegando, incluso, a ser invisibilizada. La misma funciona como mecanismo de control social que, a través de los usos y las costumbres, reproduce desigualdades de género.

Fuente: Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

¿Qué entendemos por violencia simbólica?

La violencia simbólica puede ser entendida como aquella que, mediante patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduce desigualdad, dominación y discriminación en las formas de relacionarnos con otros, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. De esta manera, la violencia simbólica se manifiesta en diversos aspectos de la vida cotidiana, como en el menosprecio moral, el control económico, el control de la sociabilidad, la descalificación intelectual y la descalificación profesional.

A su vez, la violencia simbólica reproduce estereotipos de género que profundizan las desigualdades existentes entre los hombres y las mujeres. Los estereotipos son todas aquellas representaciones que le asignan características y roles específicos a hombres y mujeres solo por su género. Estas suelen ser generalizaciones e ideas simplificadas que contribuyen a reproducir el discurso patriarcal.

El rol del lenguaje en la violencia simbólica

El lenguaje cumple un rol central en la transmisión de la violencia de género, ya que la misma se reproduce a través de discursos, normas y creencias. Así, la violencia simbólica logra imponerse mediante el lenguaje que, persuadiendo y ordenando, genera conductas que resultan discriminatorias, prejuiciosas y generadoras de estereotipos.

Siguiendo con lo expuesto en el párrafo anterior, este tipo de violencia se interioriza en los mensajes que recibimos diariamente y pasan a ser aceptados socialmente. Un espacio central en el que se reproducen estos discursos es la familia. Esto se debe a que ella es el primer lugar de socialización de los niños y niñas, donde aprenden como deben comportarse e incorporan sus primeros hábitos.

Un ejemplo de este tipo de violencia se puede ver claramente en la división de tareas hacia el interior de los hogares. Si bien hoy en día el feminismo ha avanzado en derribar los estereotipos de género, durante mucho tiempo se creía –e incluso algunos lo siguen creyendo- que solamente las mujeres debían ser las encargadas de las tareas domésticas, de cuidar a los niños y a los adultos mayores.

Otro ejemplo lo podemos encontrar en el mundo de la política, donde muchas mujeres suelen definirse primero como madres, y luego en función de su cargo público; mientras que, por otro lado, es muy difícil encontrar hombres que se definan primero como “padres” y, en segundo lugar, en función de su cargo público.

Los medios de comunicación e información como espacios de reproducción de la violencia simbólica

Los medios de comunicación son uno de los principales espacios donde se transmiten discursos que refuerzan las desigualdades y los estereotipos de género. Esto suele suceder por medio del contenido de noticias, programas de ficción o de entretenimiento. Además, al ser espacios que llegan a gran cantidad de personas, contribuyen a una diseminación masiva y a un fuerte arraigo en la sociedad de este tipo de violencia.

Según un estudio realizado por CONCORTV en 2013, para los/as peruanos/as, la televisión es el medio de comunicación más sensacionalista, mostrando a las personas adultas mayores (49%), niños y niñas (57%), y a la mujer (58%) de forma negativa.

Para agregar, la publicidad es uno de los principales espacios en donde se reproducen estereotipos de cómo deben verse las mujeres, cómo deben actuar y que roles tienen que ocupar. Uno de los efectos más negativos que tiene la publicidad para con las mujeres está relacionada con la imagen que ellas mismas tienen sobre su cuerpo. La publicidad suele mostrar un ideal de belleza femenina y cuerpos inalcanzables, dando lugar a parámetros que son imposibles de alcanzar, pero que generan una mirada sancionatoria hacia aquellas mujeres que no cumplen con los estándares de belleza impuestos.

Fuente: Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

Sin embargo, se debe reconocer que actualmente se ha logrado un gran avance en el ámbito de la publicidad para no caer en la reproducción de los estereotipos de género. Como menciona Daniela Salgado, muchas marcas, como DOVE y Flores, han realizado publicidades donde muestran cuerpos muy distintos, enfatizando el valor de la diversidad.

La violencia simbólica en los países latinoamericanos

La gran mayoría de los estados latinoamericanos no reconoce la violencia simbólica como una problemática con fuertes consecuencias tanto para los hombres como para las mujeres. Esto es así debido a que, en gran medida, los países latinoamericanos no contabilizan los casos de violencia simbólica, ni tampoco hay una concientización y prevención sobre la misma.

La violencia simbólica suele estar muy naturalizada en los discursos y mensajes que circulan en la sociedad, por lo que es muy difícil reconocerla. De los países latinoamericanos, Argentina es el único que reconoce la violencia simbólica y tiene un registro de las denuncias que se realizan por este tipo de violencia. A su vez, Argentina ofrece planes nacionales, acompañamiento y lleva a cabo relevamientos con el objetivo de prevenir la violencia simbólica.

En cuanto al resto de los países latinoamericanos, siguiendo la clasificación realizada por María Fernanda Romain, nos encontramos con países que tipifican la violencia simbólica como un tipo de violencia contra la mujer, pero sin relevamientos al respecto (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Uruguay y Venezuela); aquellos que no la tipifican de ningún modo, pero que la regulan por medio de normativas en torno a la producción de contenidos audiovisuales y publicitarios (Perú, Colombia, Chile, Honduras, Costa Rica, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, México y Nicaragua); por último, Cuba es el único país que no ofrece ningún tipo de regulación ni normativas para abordar las diversas formas de violencia de género, entre ellas, la violencia simbólica.

¿Cómo construimos un mundo sin violencia simbólica?

Con el fin de visibilizar y luchar contra la violencia simbólica es de vital importancia que quienes trabajan en publicidad y comunicación consulten a personas especializadas en desigualdades de género. De esta forma, se podrán desarrollar soluciones que aborden las problemáticas de género que se reproducen en los medios de comunicación.

No obstante, también es necesario que la sociedad ponga en cuestionamiento el sentido común, a partir del cual se construyen estereotipos de género que reproducen desigualdades, teniendo en mira el objetivo de construir un mundo más igualitario. Entonces, se debe plantear un pensamiento crítico ante las construcciones sociales que definen a los hombres y a las mujeres en base a determinados roles que deben cumplir.


Bárbara Ojeda20/07/2022
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Durante muchos años la educación superior ha sido vista como un espacio privilegiado para los hombres, quienes podían acceder a la esfera pública con éxito, dejando de lado a las mujeres. Sin embargo, en los últimos años hubo un gran avance en materia de un acceso igualitario para las mujeres. Pero cabe preguntarnos, ¿Esta mayor inserción en el sistema educativo se ha traducido en una mayor inserción en la esfera pública?

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La matriculación universitaria femenina en América Latina

Durante mucho tiempo las mujeres se vieron en una situación de marginalidad debido al escaso acceso al sistema educativo superior en comparación con los hombres. No obstante, en los últimos años hubo en América Latina un crecimiento elevado de la matriculación universitaria en las mujeres. Esto da lugar a que ellas tengan mejores oportunidades de acceder al mercado de trabajo y gocen de mayor autonomía económica. Además, un dato no menor es que, en muchos países latinoamericanos, la matriculación femenina no solo se ha equiparado con la masculina, sino que ha alcanzado niveles aún más altos en algunas carreras. Por ejemplo, según el censo del 2011 realizado en la Universidad de Buenos Aires (Argentina), el 60,9% de sus estudiantes son mujeres, y esta tendencia se mantiene hasta el día de hoy. Asimismo, en Brasil y Venezuela se puede encontrar una sobrerrepresentación femenina de entre un 4% y un 10% sobre la matriculación masculina. Es clave destacar que la gran mayoría de las mujeres que acceden a la educación superior logran tener un buen desempeño académico, lo que se ve reflejado en altos porcentajes de egresos anuales.

De la educación superior al mercado de trabajo

El hecho de que se hayan logrado avances en el acceso de las mujeres a los estudios superiores de manera creciente es muy importante para lograr sociedades más igualitarias en las que el género no sea un impedimento a la hora de formarnos como ciudadanos/as de derechos y sujetos políticos. Así, el acceso a la educación superior es un elemento que funciona como determinante al momento de generar una disminución en la brecha de género en el mercado de trabajo. Esto se puede ver reflejado en los países del Sur Latinoamericano (Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay) junto con Costa Rica y República Dominicana: existe una alta diferenciación en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo relacionada con los años de inversión educativa. La participación femenina en la población económicamente activa de aquellas las mujeres que han logrado tener acceso al sistema educativo superior o terciario es de entre un 21 % y el 30% más que el resto de las mujeres.

Pese a estos grandes avances, la relación entre educación superior y acceso al mercado de trabajo en las mujeres no se encuentra exenta de diversas disparidades más generales, consecuencia de que aún vivimos en un mundo desigual al que le falta mucho camino por recorrer. No se puede negar que, a mayor nivel educativo, las personas tienen mejores oportunidades de insertarse en el mundo laboral y tener mejores ingresos, lo que les permitirá cumplir sus aspiraciones de ascenso social.

Sin embargo, tampoco se puede negar que las mujeres siguen siendo relegadas al ámbito privado, a las tareas del hogar y de cuidado, y que la brecha salarial de genero sigue existiendo en todos los países de Latinoamérica. Para ilustrar, en El Salvador la tasa de ocupación de las mujeres egresadas universitarias apenas alcanza el 35,5%, mientras para el mismo nivel educativo la tasa de ocupación masculina representa los dos tercios faltantes de la estructura laboral del país. A su vez, el ingreso medio de las mujeres latinoamericanas es de aproximadamente un 53.8%, siendo solamente un poco más elevado que la mitad del ingreso promedio masculino. Cuando se mira esta relación en el caso de las mujeres universitarias, se puede observar que la brecha salarial es menor e incluso tiende a disminuir en algunos sectores de la actividad económica.

Los estereotipos de género en la educación superior

Las desigualdades de género se pueden observar hacia el interior de la educación superior. En los estudios superiores se encuentra una fuerte feminización de ciertas carreras universitarias y terciarias, es decir, hay carreras asociadas a los estereotipos femeninos, que ligan a la mujer con lo emocional, lo social y con el rol de cuidadoras, en las que se puede encontrar un predominio de estudiantes mujeres. Mientras tanto, en las carreras asociadas a ciencias “duras” y a sectores dinámicos y productivos de la economía hay un predominio de estudiantes varones. En tanto entre las carreras relacionadas con roles femeninos podemos encontrar: enfermería, nutrición, educación básica y media y ciencias sociales; entre las carreras que son percibidas como “masculinas” se encuentran, con mayores coincidencias entre los países latinoamericanos, agronomía, ingeniería, arquitectura, ciencias naturales y ciencias exactas.

Fuente: Marco Fernández

El problema de la diferenciación que se hace entre carreras “femeninas” y “masculinas” en base a los roles de género, según la división sexual del trabajo, es que la feminización de ciertas carreras tiene como resultado una infravaloración de las mismas. Por ende, los salarios de las carreras vinculadas a lo social suelen ser mucho más bajos que las carreras de ramas duras, lo que contribuye significativamente a que la brecha salarial se acentué.

Comentarios finales

La distinción que se hace en la educación superior entre carreras propias de hombres o mujeres es una gran traba al momento de que las mujeres elijan aquello a lo que se quieren dedicar, a la vez que, constituye una limitación más en la inserción laboral de las mismas. Así, los estereotipos de género, que funcionan en la educación superior, se ven traducidos en el mercado laboral con menores salarios y peores oportunidades de trabajo para las mujeres.

Por eso, es imprescindible la puesta en marcha de políticas que tengan como objetivo disminuir las desventajas a las que se enfrentan las mujeres en el mundo laboral y educativo, tales como programas de mentoría y empoderamiento de las mujeres para alcanzar puestos de liderazgo, orientación profesional para desmontar las falsas imágenes de las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, cuotas en la educación terciaria y superior para estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables, así como la ampliación de becas.


Bárbara Ojeda18/07/2022
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En América Latina la comunidad LGBTIQ+ ha logrados grandes avances en lo que refiere a la conquista de derechos. A pesar de ello, este colectivo sigue siendo una población socialmente vulnerada y estigmatizada por la fuerte discriminación que sufre hasta el día de hoy. Esta discriminación sistemática funciona como barrera que impide a las personas que conforman parte de la comunidad LGBTIQ+  insertarse en el mercado laboral de manera formal.

La situación de la comunidad LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe

Solo una pequeña porción de la región tiene legislaciones que reconocen las identidades travesti-trans. Entre estos países se encuentran Argentina, Chile, Ecuador y México. Además, Bolivia habilita el cambio registral por vía administrativa para mayores de edad y Colombia permite la modificación del documento de identidad vía Registro Civil. Por su parte, Paraguay, Venezuela, Perú y Brasil tienen nulas o muy restringidas legislaciones sobre identidad de género. Sin embargo, cabe recalcar que son muchos los países que cuentan con legislaciones que brindan protección jurídica contra la discriminación por orientación sexual. Aquí encontramos a países como Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y Uruguay. Mientras tanto, Venezuela, México y Paraguay no cuentan con el agravante de “crímenes de odio” al momento de catalogar los delitos de odio contra la población transgénero y homosexual.

El mercado laboral para las personas travestis, transexuales y transgéneros

Si bien desde los Principios de Yogtakarta declaradas por la ONU se estableció que se les debe garantizar a todas las personas el derecho a un trabajo digno, sin importar su identidad de género y/o su orientación sexual, un 90% de las mujeres trans ejerce el trabajo sexual. Esto deja en evidencia que las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transgéneros, marcadas por una fuerte violencia y estigmatización, llevan a que también se encuentren marginadas en el ámbito laboral.

Según un estudio realizado por la Fundación Huésped, el 70, 7% de las personas travestis, transexuales y transgéneros trabajan por cuenta propia o como autónomas y solo el 13% se encuentra en un trabajo en relación de dependencia. A su vez, solo el 9,8% de las mujeres trans que se encuentran trabajando declararon que reciben aportes jubilatorios. Para agregar, más del 50% de las personas trans que se encuentran empleadas fueron víctimas de situaciones de violencia y acoso en sus espacios de trabajo. Estos datos dejan en evidencia que la cadena de vulneraciones por las que pasan a lo largo de su vida, como el precario acceso a la salud, educación y vivienda, repercute en una mayor dificultad en conseguir un empleo formal.

Para agregar, en Argentina siete de cada diez travestis y mujeres trans nunca tuvieron la posibilidad de tener una entrevista laboral luego de haber asumido su identidad de género autopercibida. A su vez, un 54% de las travesti-trans declararon que les fueron negados puestos de trabajo por su identidad de género.

El cupo laboral travesti-trans en Argentina

Luego de que hayan pasado por el Congreso innumerables proyectos de ley que buscaban promover la inserción laboral para las personas travestis y trans, el 8 de julio de 2021 se sancionó la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans “Diana Sacayan-Lohana Berkins”. La misma establece la inclusión laboral en el Estado de las personas travestis y trans por medio de un cupo mínimo de un 1% en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder legislativo, los ministerios, las empresas del Estado, etc. A su vez, incentiva a que el sector privado contrate a personas que forman parte de este colectivo, y también permite el acceso al crédito para sus emprendimientos productivos.

Archivo Presentes/Ariel Gutraich, Jessie Insfran Pérez

Este es un gran paso en el camino a transformar la desigualdad estructural a la que se ve sometida el colectivo por el simple hecho de llevar con orgullo su identidad de género. No obstante, desde el colectivo travesti y trans se hace hincapié en si bien el cupo es un gran paso y un reclamo histórico fundamental, no alcanza solamente con este ya que supone un “techo”, es decir, un número limitado de personas travesti trans que tendrán asegurado un trabajo formal. Por eso, es necesario hablar de inclusión, lo que supone un proceso amplio en el que todas las personas travestis y trans deberían poder insertarse en el mundo laboral, ya sea en el ámbito privado o público.

La lucha del colectivo LGBTIQ+ en pos de mayores derechos

Diversas organizaciones sociales de la diversidad sexual han llevado a cabo una lucha muy intensa y persistente para que los Estados generen acciones efectivas que mejoren las condiciones de vida de las personas travestis, transexuales y transgéneros, y que reconozcan su identidad de género. Asimismo, existe una tendencia por parte de muchas empresas a realizar contrataciones de personas pertenecientes a este colectivo. Cabe recalcar que esto muchas veces se da solamente por una cuestión de responsabilidad social empresarial o estrategias comerciales y de imagen. Sin embargo, lo importante es que se creen espacios de trabajo que sean seguros y confiables para la comunidad. Esto llevara a que se incremente la productividad de los equipos integrados por personas LGBT+ así como las ganancias de las empresas.

Conclusiones

La comunidad LGBTIQ+ ha sido una de las que más postergadas vio sus demandas sociales e incluso hoy en día siguen luchando para que sus voces sean escuchadas. El cupo laboral travesti-trans es un gran paso para este colectivo, pero es muy difícil que suceda en aquellos países de América Latina y el Caribe que ni siquiera cuentan con legislaciones que reconozcan la identidad de género. Por ello, se debe visibilizar la discriminación y estigmatización por la que pasa la comunidad LGBTIQ+ con el fin de revertir esta situación y contribuir al respeto y reconocimiento de las diversas identidades de género. Así, si bien las leyes no son una solución definitiva a problemáticas sociales históricas, sí son una semilla con la que comenzar a mejorar la calidad de vida de quienes sobrevivieron, de infancias y adolescencias que manifiestan identidad de género disidentes.


Bárbara Ojeda13/07/2022
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Los derechos en materia de igualdad de género han aumentado en los últimos años en una gran cantidad de países de América Latina. Sin embargo, al momento de observar el ámbito de la política nos encontramos con que las mujeres se encuentran con grandes dificultades a la hora de obtener cargos electos, participar en la formulación de políticas públicas y en las estructuras de toma de decisiones.

Fuente: El Búho

Los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el mundo de la política

Hasta el día de hoy, las mujeres deben hacer frente a una serie de barreras estructurales que las ponen en desventaja con respecto a los hombres en diversos ámbitos de la vida. Una de ellas es el hecho de que son ellas quienes siguen teniendo la mayor parte de la responsabilidad de las tareas domésticas y cuidado de niños. Esto queda demostrado en una encuesta que se le realizo a 187 mujeres políticas de 65 países, en la cual el 67% de ellas afirman que tratar de encontrar un equilibrio entre el tiempo dedicado a compromisos familiares y a las actividades políticas es la principal dificultad que deben afrontar al momento de postularse para algún cargo legislativo.

Por otro lado, existe un gran perjuicio acerca de que el ámbito de la política pertenece exclusivamente a los hombres, por lo que las mujeres suelen permanecer excluidas y sus contribuciones no son tomadas en cuenta. Consecuentemente, los hombres suelen contar con “redes tradicionales masculinas” a las que las mujeres no tienen acceso. Esto dificulta que ellas obtengan fondos para financiar sus campañas y participar en las negociaciones que tienen lugar detrás de puertas cerradas.

¿Cómo influyen los estereotipos de género en la representación femenina en la política?

La poca representación de las mujeres en la política esta intrínsecamente relacionada con el sistema que establece una división sexual del trabajo asignado por los roles de género en donde se establecen prácticas y normas sociales diferentes para hombres y mujeres. Esto trae aparejado fuertes desigualdades sociales que son determinantes en cuanto a las oportunidades que tienen hombres y mujeres de acceder al ámbito de la política.

De tal manera, aquellas mujeres que llegan a obtener cargos en la política suelen verse relegadas a áreas tradicionalmente feminizadas como salud, medio ambiente, familia, género y educación. En contraste, es muy difícil que las mujeres sean designadas a cargos que tradicionalmente son ocupados por hombres como economía, finanzas, defensa o relaciones exteriores. Esto da cuenta de que existe una extensión del rol femenino desde el ámbito privado hacia el ámbito público.

Las mujeres de América Latina en cargos directivos gubernamentales

Si bien las mujeres de la región han logrado desplazarse de la esfera del ámbito privado para insertarse en mayor medida en el mercado laboral, su integración en el área de la política es muy lenta. Siendo así, la llegada de las mujeres al Poder Ejecutivo fue muy tardía si se tiene en cuenta que el derecho al voto para las mujeres ocurrió muchos años antes. Para la década de 1970, en América Latina ya comenzaron a haber magistraturas ejercidas por mujeres, pero solo de manera temporal. Recién para el año 1989 la presidencia fue ocupada por primera vez por una mujer a través de elecciones democráticas.

En cuanto al Poder Legislativo, la entrada de las mujeres se dio de manera más temprana, pero en proporciones muy pequeñas y esto no ha cambiado significativamente con el pasar de los años. Actualmente, en América Latina las mujeres ocupan aproximadamente solo el 30% de los escaños parlamentarios. Además, según la ONU, la representación de las mujeres en los cuerpos deliberativos locales en América Latina y el Caribe es del 25%. Por último, la integración de las mujeres al Poder Ejecutivo fue aún más temprano dado a que muchas mujeres entraron a la carrera judicial cuando se obtuvo el derecho a voto.

Hacia una representación política más inclusiva

Un factor clave para aumentar la representación femenina en la política fue la instauración de cupos que establecen que las mujeres deben tener un mínimo de representación (entre un 20% a 40%) en las listas partidarias para las elecciones legislativas. Según la CEPAL esta medida ha sido eficiente ya que ha aumentado la presencia de las mujeres en las legislaturas en alrededor de 9 nueve puntos de porcentaje.

Entre los países que han adoptado cuotas se encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y El Salvador, y Uruguay. Un dato no menor es que, si bien Cuba no cuenta con cuotas, es el país de América Latina que cuenta con mayor representación de mujeres en el parlamento alcanzando un 45,2%.

Este tipo de medidas legislativas, a pesar de que pueda ser muy discutida su efectividad, son centrales para promover la paridad en la política, dándole a las mujeres mayores oportunidades con el fin de que sea posible que se conviertan en líderes que aporten al cambio de los estereotipos culturales.

Comentarios finales

Es fundamental que se promuevan políticas de igualdad como la ley de cuotas debido a que colaboran en pos de derribar las barreras estructurales a las que se deben enfrentar las mujeres tanto en el ámbito de la política como en otras áreas. Sin embargo, en muchos países este tipo de leyes no tiene un seguimiento por lo cual no terminan por llevarse a cabo. Para que esto no ocurra se deben tomar medidas enfocadas en la penalización de las vulneraciones de la norma.

Asimismo, este tipo de medidas también son centrales para fortalecer la legitimidad de las instituciones y de la democracia. La incorporación de las mujeres en la política y otras instancias de decisión ofrece la posibilidad de que haya mayor representación en el sistema democrático, a la vez que, aumenta la transparencia y el desarrollo de un país. Esto se debe tanto por la incorporación de un sector subrepresentado en la esfera pública, como por los aportes específicos que ellas pueden hacer en materia de políticas públicas.

 


Bárbara Ojeda25/05/2022
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En nuestras sociedades, las ciudades son uno de los ámbitos en los que se perpetúan los roles de género y la división del trabajo según el género. En ese sentido, las ciudades son diseñadas y organizadas sin tener en cuenta que las formas en que las mujeres habitan, se mueven y trabajan en ellas. De manera que no son iguales que las de los hombres. Así, es hora de poner en discusión la producción socioespacial de nuestras ciudades actuales creadas por y para los hombres.

Las ciudades, al ser construidas pensando solamente en un usuario “masculino”, restringen el acceso de las mujeres al desarrollo económico y social. Al momento de construir ciudades no se suele tener en cuenta las necesidades de las mujeres. Esto se debe a que el entorno urbano está pensado a partir de las actividades relacionadas con la producción y el mercado de trabajo, tradicionalmente destinada a los hombres, dejando de lado las necesidades específicas de las mujeres que realizan tareas de “reproducción”; como el cuidado de niños y adultos mayores, las tareas del hogar, etc. Esto lleva a que, por un lado, se infravaloren las tareas reproductivas que tienen un rol central para el desarrollo de la economía de un país, y por otro, se perpetúen las desigualdades de género a gran escala.

Una mirada micro

Un ejemplo claro de estas desigualdades que se dan en el entramado urbano se puede encontrar en el uso del transporte público y los patrones de movilidad. En América Latina y el Caribe más del 50% de los usuarios de transporte públicos son mujeres, pero la mayoría de los sistemas de transporte público de la región no tienen en cuenta las necesidades de ellas. Las mujeres no hacen los mismos recorridos que los hombres, sus patrones de viajes no suelen ser uniformes debido a que muchas veces deben combinar sus recorridos a sus trabajos con las compras diarias, con viajes a las escuelas o guardería en caso de tener niños a su cargo, con desplazamientos a centros médicos, etc. Por eso, es necesario que se creen facilidades para transitar con cochecitos y se agreguen más paradas o combinaciones de rutas para que las mujeres no tengan que realizar extensos recorridos de un lugar al otro en calles poco concurridas.

Fotografía [Pixabay]

Problemas anexos contra la seguridad de las mujeres

Por otro lado, otro aspecto central al que se deben enfrentar las mujeres en las ciudades es la violencia de género en espacios públicos y la falta de seguridad. Es una realidad que las mujeres sufren de acoso sexual en mayor medida que los hombres, lo que deriva en que no puedan moverse en el espacio público de la misma manera que los varones. Por ejemplo, en México más del 65% de las mujeres que utiliza transporte público ha sufrido acoso sexual durante un viaje, y el 68% de las mujeres en Quito, Ecuador, manifiestan haber experimentado acoso sexual en espacios públicos.

En favor de construir ciudades más seguras e igualitarias se debe poner más iluminación en las calles, especialmente en los espacios peatonales y en las paradas del transporte público. Además, políticas dirigidas a sancionar el acoso sexual en los espacios urbanos son centrales. Esto lo ilustra el caso de la ciudad de Quito, donde se implementó el programa “Bájale al acoso”, que tiene como objetivo disminuir el acoso sexual en medios de transporte público y mejorar la respuesta en casos de violencia de género. De hecho, la efectividad de esta medida se puede ver reflejada en una disminución del acoso sexual en el ámbito del transporte en la ciudad de Quito.

Retrato de una joven mujer con una leyenda pintada en la frente en la que se lee: “No es no”, mientras participa junto a miles de personas (principalmente mujeres), en una manifestación por las calles de Madrid el domingo 25 de noviembre de 2018, durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Madrid (España). [Fotografía: Hugo Ortuño Suárez]

Por último, no solamente es necesario que se diseñen ciudades pensando en las necesidades de las mujeres, sino que las mismas deben ser creadas y planificadas por mujeres. El sector de la construcción y la planificación es llevado a cabo mayormente por hombres en toda América Latina y el Caribe. Por ejemplo, en Argentina solamente el 4% de las personas que se dedican a la construcción son mujeres. Si queremos crear ciudades que tengan en cuenta el uso que hacen de los espacios públicos las mujeres, se las debe incluir en los debates, en los procesos de diseño y en la toma de decisiones al momento de pensar la construcción de nuestros espacios urbanos. Entonces, es central que las voces de las mujeres sean escuchadas con las sugerencias que tengan para aportar como ciudadanas y como trabajadoras de la construcción y arquitectas para que sus experiencias cotidianas y necesidades sean tomadas en consideración en el diseño de intervenciones urbanas y políticas públicas.

Conclusión

En fin, las mujeres y los hombres asumen diferentes tareas y responsabilidades derivadas de la división sexual del trabajo y de los roles de género impuestos, lo cual se plasma en la relación que cada uno tiene con el entorno. Sin embargo, esto es dejado de lado poniendo atención solamente a la esfera del trabajo, cuando la realidad es que las tareas reproductivas y de cuidado, tradicionalmente asignadas a las mujeres, no solamente se dan en la esfera privada, sino que también se extienden al ámbito público. Así, en las ciudades se terminan reproduciendo patrones socioespaciales que perpetúan los roles de género al favorecer las actividades productivas en detrimento de las actividades reproductivas. Esto lleva a que haya una desvalorización e invisibilización de las tareas reproductivas y de cuidado llevadas a cabo por mujeres. Aquí, la perspectiva de género en el urbanismo y en la planificación de las ciudades pone de relieve que las mujeres son agentes de derechos y, en relación con eso, pone el foco en la incorporación de las mujeres, con sus experiencias y vivencias cotidianas en los espacios urbanos, en los procesos participativos de diagnóstico, transformación y evaluación de políticas urbanísticas más inclusivas e igualitarias.

Esta es una explicación sin fines de lucro.


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Hoy en día, es recurrente ver anuncios publicitarios, situaciones y comportamientos sociales donde se denigra a la mujer como objeto sexual. La cosificación de su imagen retrata la necesidad de avanzar hacia un modelo social en el que la igualdad entre hombres y mujeres no sea simplemente una utopía, si no una realidad. Todos los seres humanos tenemos el derecho de gozar de dignidad y respeto, sin ningún tipo de distinción.


Bárbara Ojeda27/04/2022
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En Argentina, aunque las mujeres realizan el 75% del trabajo doméstico y de cuidados, estos no son remunerados. En promedio, son alrededor de 6,4 horas diarias dedicadas. En contra parte, los hombres le dedican 3,4 horas diarias y solamente un 57,9% de ellos las realizan. Debido a la pandemia muchas instituciones educativas y de cuidados debieron cerrar. Por lo que las familias han dedicado más tiempo a este tipo de tareas afectando especialmente al desarrollo profesional de las mujeres.