21/09/2021 BARCELONA

Tensiones en el Sáhara Occidental: la descolonización irresuelta

Conmemoración 30 Aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (2006). Imagen: Wikimedia Commons
La situación de seguridad en el Sáhara Occidental se ha deteriorado exponencialmente en el último mes. Por primera vez en treinta años se ha roto el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario. Analizamos la causas y posibles consecuencias de este conflicto, y cómo afecta a la estabilidad de la región.

Con 170.000 personas refugiadas en Argelia como consecuencia directa, este conflicto, heredero de una mala gestión de la política de descolonización, lleva encallado en el tiempo desde hace casi treinta años, cuando se firmó el alto al fuego de 1991 entre Marruecos y el Frente Polisario. Este alto al fuego se ha roto por primera vez este pasado mes de noviembre.

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Las tensiones comenzaron en el cruce fronterizo de Guerguerat, en la zona suroeste del Sáhara Occidental, cuando una veintena de manifestantes cortaron la carretera dejando a 200 camiones marroquíes inmovilizados. Estas manifestaciones comenzaron el día 6 de noviembre, coincidiendo con el 45 aniversario de la Marcha Verde. Esa carretera es la que conecta Mauritania con África Occidental, por lo que es una de las rutas más utilizadas por Marruecos para comerciar con esa zona. Ante la negativa de los manifestantes a dejar pasar a los camiones, Marruecos penetró en la franja desmilitarizada para desbloquear la carretera.

No hubo muertos ni heridos graves y no era la primera vez que el Frente Polisario cortaba esta carretera tan esencial para el transporte marroquí. Este incidente que podría haberse quedado en una trifulca menor, ha sido el desencadenante de la ruptura del alto al fuego y la declaración de guerra del Frente Polisario contra Marruecos.

Los acontecimientos de los últimos meses, a los que se suma el agotamiento de llevar 30 años reclamando la independencia del territorio, teniendo peores oportunidades de conseguirlo que entonces, son las que han llevado al Frente Polisario a pasar a la acción. A parte de los estragos de la pandemia en la economía de la región del Sáhara Occidental, Marruecos ha utilizado su influencia diplomática para conseguir un reconocimiento masivo de la “marrocanización” del Sáhara Occidental por parte de la comunidad africana y de algunos países de Oriente Medio como Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Este reconocimiento se ha hecho a través de la inauguración de una decena de consulados en Dakla y en El Aaiún, dos ciudades que se encuentran en la región disputada del Sahara Occidental.

El caso de los países africanos ha supuesto un golpe para la moral saharaui, ya que hace menos de 10 años contaba con un reconocimiento masivo por parte de la comunidad subsahariana de la República Árabe Saharaui Democrática. Entre los consulados inaugurados recientemente, se encuentran el de Guinea Ecuatorial, Zambia y Burkina Faso. A esta lista se le suman otros 13 consulados, que han sido abiertos todos entre 2019 y 2020. La República Árabe Saharaui Democrática es un Estado miembro de la Unión Africana, por ello, este reconocimiento “de facto” de una parte importante de la comunidad africana debilita al Sahara Occidental.

 

Vehículos hacen fila frente al puesto fronterizo de Guerguerat. Imagen: Flickr Hugh Lunnon

 

A este reconocimiento africano hay que añadirle el hecho de que el apoyo internacional es cada día menor y las expectativas de un referéndum que les permita la independencia se han desvanecido casi por completo. Desde 2011 no ha habido ningún país que haya anunciado el reconocimiento al país saharaui. Exceptuando el pleno apoyo de Argelia y de Sudáfrica al Polisario, Marruecos cuenta con un reconocimiento generalizado en la Comunidad Internacional.

Incluso las Naciones Unidas llevan unos años donde parece que se ha perdido la esperanza de poder resolver este conflicto. El cargo de Representante Especial del Secretario General lleva vacante desde hace varios meses. A finales de octubre, las Naciones Unidas adoptaron una resolución para ampliar el mandato de la misión de MINURSO (Misión para el Referéndum del Sahara Occidental), operación presente en la región desde los años noventa. En dicha resolución, no se proponía nada innovador ni distinto. Pocos días después ocurrieron los acontecimientos previamente relatados y la ONU reaccionó llamando al Frente Polisario e instándole a que despeje la zona desmilitarizada.

Una descolonización mal gestionada

 

El conflicto tiene su origen en la guerra del Sáhara Occidental del año 1975, cuando España se retiró como potencia administradora de la región tras la ocupación de parte del Sáhara por parte de las fuerzas marroquíes durante la famosa Marcha Verde.

En un principio, España ya tenía previsto la desocupación de este territorio siguiendo los procesos “normales” de libre autodeterminación de los pueblos en África. Sin embargo, la Marcha Verde y una serie de atentados del Frente Polisario a España en 1975, cuando el régimen español estaba en un momento de debilidad, aceleraron la salida de España, firmando un acuerdo con Mauritania y Marruecos, potencias vecinas, para que fueran estos países quienes administrasen el territorio en ausencia de España (Acuerdos de Madrid). Este pacto impulsó al Sáhara Occidental a emprender una guerra contra ambas partes.

Tras cuatro años de guerra con Mauritania, el conflicto terminó en 1979 con la retirada de las tropas mauritanas de la región sur del Sáhara Occidental. Esta retirada, que podría haber significado la obtención de la independencia para los saharauis en una de las regiones, fue aprovechada por Marruecos para conquistar esta provincia. Esta ocupación desembocó en un periodo de 16 años de guerra que finalizó en 1991 con la declaración del alto al fuego.

Teniendo en cuenta la vinculación histórica de España con el Sáhara Occidental, es sorprendente la escueta respuesta del Gobierno español ante estos recientes acontecimientos.

La sociedad española está polarizada con respecto a esta cuestión por las vinculaciones históricas previamente mencionadas, lo que ha provocado históricamente incomodidad en el Gobierno español a la hora de dar respuesta a todos los episodios de violencia relacionados con el Sáhara. En las declaraciones de la ministra de exteriores González Laya, solamente ha reiterado cómo son las Naciones Unidas las encargadas de poner fin a este conflicto. España, por tanto, en su opinión, poco tiene que decir al respecto.

Como casi todos los territorios fuera de la Península Ibérica, el Sáhara era administrativamente una provincia y no una colonia. Teniendo en cuenta la cercanía a las Islas Canarias, estando tan sólo a 55 millas náuticas de Fuerteventura, los lazos geográficos, históricos y sociales suponen un vínculo fuerte con la región. Además, legalmente España sigue siendo considerada por las Naciones Unidas la potencia administradora del Sáhara Occidental, como también ratificó la Audiencia Nacional española. Aun así, a parte de los campamentos de verano para niños saharauis que residen en los campos de refugiados en Argelia, la relación diplomática entre España y el Sáhara Occidental es complicada, ya que España intenta mantener un difícil balance con Marruecos sobre esta cuestión.

Como país vecino e históricamente responsable, España deberá involucrarse más en la resolución pacífica de este conflicto. Un conflicto entre el Frente Polisario y las fuerzas de seguridad marroquíes prolongado en el tiempo puede traer consigo consecuencias para una región del mundo ya inestable por las amenazas del terrorismo y las consecuencias económicas del coronavirus. Entre las repercusiones se encuentran una posible crisis migratoria, o un conflicto entre Argelia y Marruecos.

 

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.

 

 

Beatriz de León Cobo

Paris. Graduada en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad Francisco de Vitoria con estancias en Washington DC, Paris y Argentina. Máster en Defensa, Seguridad y Gestión de Crisis por el Institut de Relations Internationales et Stratégiques de Paris (IRIS). Asistente en el Institut des Hautes Etudes du Monde Religieux (IHEMR). Analista de estrategia internacional en Articulo 30. Ha trabajado como colaboradora en el Consulado de España en Paris y como analista de políticas públicas para la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Pueden contactar con ella en: [email protected]


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