Isabel Erreguerena
El texto examina la Opinión Consultiva sobre democracia ante la Corte IDH y el debate en torno a su reconocimiento como un derecho humano autónomo. Sostiene que se trata de una oportunidad histórica para que el Tribunal avance en la consolidación de la paridad de género como un componente estructural de la democracia.
Antecedentes
El pasado 19 de marzo se celebró una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el marco de la solicitud presentada por el Estado de Guatemala sobre el alcance y contenido del derecho a la democracia en el Sistema Interamericano.
La Corte IDH es el órgano encargado de interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre sus atribuciones se encuentra la emisión de opiniones consultivas, solicitadas por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el propósito de precisar el alcance de los derechos reconocidos en el sistema interamericano. Estas opiniones ofrecen una interpretación autorizada que orienta la actuación estatal y, aunque no son vinculantes, establecen estándares relevantes. Las audiencias, en este contexto, constituyen espacios clave para que la sociedad civil y los Estados presenten sus argumentos sobre el sentido en que el tribunal debería pronunciarse.
Los argumentos de la sociedad civil
Esta Opinión resulta especialmente relevante, ya que plantea preguntas fundamentales sobre el funcionamiento de la democracia y el papel de las autoridades en su garantía. Melissa Ayala ofrece un valioso recuento de estos cuestionamientos. En la audiencia, la sociedad civil presentó diversos argumentos para sostener que la democracia debe ser reconocida como un derecho humano.
En concreto, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), CIVICUS, Fundación Multitudes, Derechos Digitales y la Universidad Rafael Landívar presentaron argumentos y análisis jurídicos encaminados a que la Corte reconozca la democracia como un derecho humano autónomo, entendido como una garantía en sí misma para la vigencia del Estado de derecho.
Las organizaciones subrayaron que este derecho se encuentra amparado por diversas disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellas los derechos políticos, la libertad de expresión, asociación y reunión, así como las garantías judiciales y los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, destacaron que la democracia ya ha sido reconocida en la Carta Democrática Interamericana.
En ese sentido, señalaron que “la democracia no se limita a la celebración de elecciones libres, periódicas y transparentes, sino que implica la existencia de condiciones que permitan el ejercicio pleno de otros derechos humanos”. Por ello, solicitaron a la Corte declarar, mediante una interpretación evolutiva del corpus juris interamericano, que la democracia constituye un derecho humano autónomo, cuya protección trasciende los sistemas políticos y los procesos electorales, y se vincula estrechamente con la participación sustantiva, la protección del espacio cívico y la independencia judicial.
Los argumentos de los Estados
En el debate entre los Estados se evidenciaron dos posturas contrapuestas. Por un lado, un bloque encabezado por Guatemala sostuvo que la democracia debe ser reconocida y protegida como un derecho fundamental; por otro, países como Estados Unidos y México defendieron que debe entenderse únicamente como una forma de gobierno.
En este contexto, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Andrea Pochak, señaló que reconocer la democracia como un derecho permitiría brindar una protección más integral en la región. Según explicó, ello contribuiría a evitar interpretaciones fragmentadas, facilitar la respuesta frente a retrocesos autoritarios y generar efectos en múltiples ámbitos.
La propuesta cuenta con el respaldo de Guatemala —país que impulsó la solicitud—, así como de Brasil, Colombia y Uruguay, que consideran que elevar la democracia a la categoría de derecho humano fortalecería la institucionalidad y la protección de la ciudadanía. En contraste, Estados Unidos rechazó esta posibilidad al argumentar que incluso los regímenes democráticos pueden incurrir en violaciones de derechos humanos. Por su parte, México advirtió que una expansión excesiva de los conceptos jurídicos podría resultar contraproducente, al restringir interpretaciones y excluir otras vías de protección. En total, siete países participaron activamente en las audiencias, mientras que Panamá y Chile remitieron sus posiciones por escrito.
¿Por qué podría establecer estándares sobre paridad?
Como se ha señalado, la definición de este derecho tiene implicaciones de gran alcance. Entre ellas, sobresale la posibilidad de que, a través de esta Opinión, se establezcan estándares sobre la paridad de género en la democracia, tal como lo han planteado diversos actores.
La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) solicitó a la Corte que reconozca la paridad en la vida pública y política como un principio y una obligación jurídica de carácter permanente. Asimismo, subrayó la necesidad de adoptar medidas positivas —incluidas acciones afirmativas— para alcanzarla, así como de proporcionar orientaciones específicas a los Estados sobre las políticas más adecuadas para su implementación, con base en los avances de los Estados miembros de la OEA y en la Ley Modelo de Paridad entre Mujeres y Hombres en el Estado y en la Vida Pública y Política elaborada por la propia CIM.
En esa misma línea, el 17 de marzo de 2017, CEJIL y la campaña GQUAL instaron al Tribunal a reconocer la paridad de género como un componente estructural, permanente y exigible de la democracia representativa en el derecho interamericano. Sostuvieron que una Opinión en ese sentido permitiría afirmar que la paridad constituye una obligación estatal derivada del derecho a la igualdad sustantiva y de los derechos de participación política y pública, así como precisar las medidas que los Estados deben adoptar para garantizarla y las consecuencias jurídicas de su incumplimiento.
Estas solicitudes no surgen en el vacío, sino que se apoyan en precedentes existentes. Tanto la CIDH como la CoIDH han sostenido de manera consistente que la democracia trasciende los procesos electorales y posee un contenido sustantivo. Desde esta perspectiva, han destacado elementos esenciales como el pluralismo, la protección y ampliación del espacio cívico, la atención a la desigualdad estructural y la pobreza, así como la eliminación de las barreras de género en la participación política. Estas dimensiones —en particular la última— se vinculan estrechamente con el principio de igualdad y no discriminación, que no solo exige a los Estados abstenerse de discriminar, sino también adoptar medidas concretas para garantizar una igualdad efectiva.
Sin embargo, la paridad de género en los ámbitos político y público ha tenido una presencia marginal en la jurisprudencia interamericana. Cabe subrayar que la paridad en la esfera política y en el ejercicio del poder público constituye una manifestación concreta de la igualdad de las mujeres, por lo que su cumplimiento debe ser permanente y sostenido en el tiempo. Se trata de una medida de representación que, si bien puede apoyarse en acciones afirmativas —entendidas como tratos diferenciados a favor de grupos históricamente excluidos—, trasciende su carácter instrumental para consolidarse como un principio estructural de la democracia.
En esa misma línea, el 17 de marzo de 2017, CEJIL y la campaña GQUAL instaron al Tribunal a reconocer la paridad de género como un componente estructural, permanente y exigible de la democracia representativa en el derecho interamericano. Sostuvieron que una Opinión en ese sentido permitiría afirmar que la paridad constituye una obligación estatal derivada del derecho a la igualdad sustantiva y de los derechos de participación política y pública, así como precisar las medidas que los Estados deben adoptar para garantizarla y las consecuencias jurídicas de su incumplimiento.
Estas solicitudes no surgen en el vacío, sino que se apoyan en precedentes existentes. Tanto la CIDH como la CoIDH han sostenido de manera consistente que la democracia trasciende los procesos electorales y posee un contenido sustantivo. Desde esta perspectiva, han destacado elementos esenciales como el pluralismo, la protección y ampliación del espacio cívico, la atención a la desigualdad estructural y la pobreza, así como la eliminación de las barreras de género en la participación política. Estas dimensiones —en particular la última— se vinculan estrechamente con el principio de igualdad y no discriminación, que no solo exige a los Estados abstenerse de discriminar, sino también adoptar medidas concretas para garantizar una igualdad efectiva.
Sin embargo, la paridad de género en los ámbitos político y público ha tenido una presencia marginal en la jurisprudencia interamericana. Cabe subrayar que la paridad en la esfera política y en el ejercicio del poder público constituye una manifestación concreta de la igualdad de las mujeres, por lo que su cumplimiento debe ser permanente y sostenido en el tiempo. Se trata de una medida de representación que, si bien puede apoyarse en acciones afirmativas —entendidas como tratos diferenciados a favor de grupos históricamente excluidos—, trasciende su carácter instrumental para consolidarse como un principio estructural de la democracia.
¿Cuáles son los precedentes?
Conviene subrayar que este planteamiento no es novedoso, sino que cuenta con importantes antecedentes en el ámbito internacional, tanto en Naciones Unidas como en la CIM. En el sistema de la ONU, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de CEDAW), a través de su Recomendación No. 40 sobre la representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los espacios de toma de decisiones, ha consolidado su postura y proporcionado a los Estados una de las guías más completas en la materia.
Silvia Serrano Guzmán identifica cuatro aportes esenciales de esta Recomendación. En primer lugar, sostiene que la igualdad política de las mujeres solo se alcanza mediante una paridad 50/50, por lo que las cuotas inferiores resultan insuficientes y deben ajustarse. En segundo lugar, afirma que la paridad no es una medida temporal, sino un principio permanente de distribución igualitaria del poder, aunque pueda apoyarse en acciones afirmativas. En tercer lugar, destaca la necesidad de contar con un marco jurídico sólido, integral e interseccional, acompañado de mecanismos de rendición de cuentas, producción de datos y aplicación en todos los niveles de toma de decisiones. Finalmente, subraya que este marco debe complementarse con medidas orientadas a atender las causas estructurales de la desigualdad, como la sobrecarga de cuidados que enfrentan las mujeres.
Por su parte, la CIM ofrece a la Corte IDH una fuente adicional para sustentar la incorporación del tema de la paridad de género en su Opinión Consultiva. En particular, la reciente Ley Modelo de Paridad entre Mujeres y Hombres en el Estado y en la Vida Política y Públicasistematiza y retoma los desarrollos del Comité CEDAW en la materia.
Conclusión
En suma, esta Opinión Consultiva representa una oportunidad histórica para la CoIDH. Si bien su papel suele ser predominantemente reactivo, su función interpretativa es clave para definir el alcance de los derechos humanos y, por ello, debe aprovechar este momento para avanzar en el desarrollo de su jurisprudencia. En un contexto de deterioro democrático, resulta indispensable reconocer los retrocesos sin limitarse a una postura defensiva que deje de lado las deudas pendientes. Entre ellas, la igualdad de género en la participación política sigue siendo un desafío central, por lo que esta Opinión ofrece una ocasión excepcional para que la Corte emita un pronunciamiento claro y firme en favor de la paridad.
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