21/11/2017 BARCELONA

América Latina archivos - United Explanations
Escena de "Carmen". Foto vía WikimedaCommons.

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Eduardo Galeano dijo una vez: “En Argentina las locas de la Plaza de Mayo serán un día un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria". Hoy, México vive una grave crisis humanitaria en materia de desapariciones forzadas. Una crisis que afecta principalmente a las mujeres que, además, son las que se han puesto al frente para combatir el fenómeno. Con esto se ha empezado una batalla social y legal que, desde el plano nacional e internacional, señala al gobierno mexicano.


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#DesdeVenezuela: El Mercosur arremete contra Venezuela activando su cláusula democrática. Los principales estados de la organización presionan al gobierno de Maduro en una ofensiva que puede desestabilizar la región de Latinoamérica. En este artículo, analizamos las claves de este nuevo conflicto con los expertos académicos Luis Quintana, Vicente Márquez, y Alfredo Ordóñez.


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El Ejército de Liberación Nacional (ELN) nació, en 1964, de la convergencia de dos ideas: la Revolución Cubana y la Teología de la Liberación. Desde entonces, se convirtió en la segunda guerrilla de Colombia. Ahora, después de medio siglo de guerra, el ELN se suma a un proceso de paz histórico que ha llevado al entendimiento entre el gobierno y las FARC. ¿Estamos ante la paz definitiva en Colombia?


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El testimonio de ‘Mamá Angélica’, una mujer que luchó 34 años por encontrar a su hijo Arquímedes y a más de 7.000 desaparecidos por la violencia de los militares y del grupo terrorista Sendero Luminoso, durante las décadas de los ‘80 y ‘90 en Ayacucho, la región más golpeada por el terrorismo en Perú. En agosto de 2017 se sentenciaron estos crímenes como atentados contra los DD.HH. y, ahora, sus responsables son buscados por la justicia.


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En el siguiente artículo (perteneciente a una serie de tres, puedes consultar aquí el primero), explicaremos cómo, con el paso del tiempo, se pensó que los modelos de control de la corrupción de algunas empresas en los EE.UU. podrían ser válidos para la administración pública. Este modelo, que se conoce como el de ‘agente-principal’ (a-p en adelante), sin embargo, no tuvo los resultados esperados y supuso un gasto público inmenso.

El enfoque agente-principal o racionalista

El enfoque agente-principal nace de la teoría empresarial a principios de los años 80 para abordar  los problemas de control que los accionistas (el principal) ejercían sobre los directivos (el agente) de la empresa. Este enfoque, inspira todavía códigos de buena conducta y medidas de control interno señala Lozano, se fundamenta básicamente en tres ideas: se entiende que los accionistas, o el principal, estarán siempre interesados en controlar a los directivos, el  agente; se presume que el agente y el principal tendrán normalmente intereses diversos y; que el primero tendrá casi siempre más información que el segundo -lo que conducirá a una mayor discrecionalidad por parte del agente que buscará satisfacer sus intereses traicionando al principal.

Según el enfoque racionalista el agente realiza constantes cálculos para que sus acciones u omisiones le reporten cuanto más beneficio mejor. Autor: Alexas_Fotos
vía Pixabay

Según este enfoque, y algunos autores como Rose-Ackerman, Klitgaard o Bardhan, el funcionario o empleado público (agente) abusará de su posición ante la falta de la mínima supervisión, pudiendo reducir la calidad de los servicios y dañando el erario público para asegurarse una comisión o renta, ya que la ciudadanía y los representados son incapaces (por mucho que quieran) de realizar una labor efectiva de monitoreo  o establecer un sistema de rendición de cuentas. En otras palabras, el agente es tomado como un individuo que realiza constantes cálculos tal que sus acciones u omisiones para maximizar su beneficio, por lo que cuanta mayor información tenga el agente en relación al principal, más difícil será la labor  de monitoreo por parte de este último.

Esta lógica, que bebe del utilitarismo clásico, se renovó posteriormente con el aporte de la teoría más liberal, sufriendo una serie de variantes por lo que pasó a llamarse ‘teoría de la Rational Choice’ (Teoría de la Elección Racional). Una de esas variantes es situar al individuo en un libre mercado permanente donde cada vez que hace una elección (lo que implica infinitas no-elecciones) es consciente de ella, porque lo hace buscando maximizar su bienestar o felicidad personal en libertad. Además, el sujeto dispone de un alto grado de información sobre aquello que está eligiendo -y lo que no- ya que, ¿quién mejor que uno mismo para saber lo que es mejor para él o lo qué le hará más feliz?

El combate contra la corrupción enfocado como un problema de a-p desde la teoría de la elección racional tomará al individuo como un ser racional cuyo involucramiento en un acto de corrupción será fruto de la elección racional. Es decir, realizará un cálculo entre la probabilidad de tener éxito en el delito (y el beneficio en forma dinero, estatus, etc.), y la probabilidad de ser denunciado, además de la probabilidad de ser sancionado (y el monto de la multa más el daño a su imagen) por el delito. Así al menos lo señalan Rose-Ackerman o Robert Klitgard.

Así, el modelo a-p vuelve el foco de atención hacia el individuo, especialmente hacia el agente, asumiéndolo como ser racional y potencialmente “corrompible”. Por ello,  será necesario controlarle (monitoreo a través de la transparencia), y en el caso de que -aun así- se involucre en un acto corrupto: sancionarle (incrementando la probabilidad de sanción a través de nuevos tipos penales, mecanismos de investigación, etc.), asumiendo, a su vez, que el principal (la ciudadanía o el representado) va a ejercer esta función. La sanción no sólo funciona como castigo, claro está, sino como elemento disuasorio a imponer por la justicia luego de que el corrupto sea denunciado por el principal. Ésta es una lógica aparentemente sencilla y efectiva que guiaría gran parte de las recomendaciones e iniciativas anticorrupción de algunos de los más influyentes organismos intergubernamentales, como el Banco Mundial, el fondo Monetario Internacional o la OCDE, y  algunas ONGs durante el último cuarto de siglo hasta nuestros días.

Políticas y reformas generadas a partir del enfoque agente-principal, ¿han tenido éxito?

En los últimos años, y tras una época de intentos de reformas y políticas anticorrupción, buena parte de los economistas y politólogos entendidos en la materia coinciden en  una idea: las reformas anticorrupción han fallado. De hecho, en países con una corrupción generalizada el problema parece haber empeorado aseguran Johnston, Mungiu-Pippidi, Lawson, Persson/Rothstein/Teorell (Escuela de Gotemburgo), Jiménez o Marquette/Peiffer.

Sede de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Viena, Austria. Autor: Peterburg23 vía Wikimedia Commons

Estas políticas se han aplicado en multitud de estados miembros de la llamada ‘comunidad internacional’, especialmente, en la década de los 90. Sin embargo, el caso latinoamericano demuestra ser un fracaso. Sus estados, firmando y ratificando la gran mayoría de convenciones internacionales, nunca cosechaó mayores avances en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, ni en el índice de control efectivo de la corrupción del Banco Mundial.

Una de esas convenciones, se gnera a raíz de que en 1997 se cree la Oficina sobre Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC), siendo la corrupción uno de los principales temas a tratar. De esta manera, en 2003, la UNODC impulsó la Convención de las Naciones Unidas Anticorrupción 2003 (UNCAC), la cual promueve la cooperación jurídica internacional (en sus páginas 31-43), el reconocimiento y la unificación de tipos penales (p. 18-30) y técnicas de investigación (p. 51-54), así como promueve la transparencia (p. 9-11) y la participación ciudadana en los asuntos públicos y privados (p. 15-16), entre otros. La UNCAC es probablemente uno de los mayores esfuerzos anticorrupción en términos de cooperación internacional, especialmente desde la perspectiva jurídica, y amplia, en el sentido que confronta con múltiples manifestaciones de la corrupción en el mundo. La UNCAC apela pues a las leyes, a los gobiernos y a la sociedad civil a hacer cumplir con el Estado de derecho robusteciéndolo y armonizando los unos a los otros. De hecho, tras 10 años de aprobarse, 140 estados han firmado el Convenio, lo que ha ayudado a legislar nuevas leyes si cabe, o completar anteriores iniciativas legislativas cuyo propósito era luchar contra la corrupción.

Uno de esos estados es Colombia, el cual ha cumplido con todas las recomendaciones desde el 2003. No obstante, en su Estatuto Anticorrupción (2011) reconoce que: pese haber ratificado tratados y convenios internacionales en desarrollo de los cuales ha expedido leyes y decretos tendientes a perseguir los actos de corrupción y a sus actores, no se han conseguido grandes avances en la lucha contra este fenómeno (2011:7). Entre las leyes y decretos a los que se refiere, se encuentran aquéllas que han llevado a la creación de contralorías, veedurías ciudadanas y procuradurías tanto a nivel nacional como regional, reforzando también al Defensor del pueblo y creando un Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Además, también creó un Consejo Presidencial para el Buen Gobierno y la Transparencia, entre otros organismos, actualmente agrupados en una ‘Comisión Nacional para la Moralización’ (2011:35). Este crecimiento en el número de instituciones y leyes, además de suponer un enorme gasto al erario público, ha favorecido muchas veces la ralentización de los procesos de denuncia e investigación, y no necesariamente la reducción de los casos de soborno, prevaricación, nepotismo, etc. en la administración pública.

Buen intento, pero…

Viñeta del año 1878 en la que se observa el Secretario del Interior, Carl Schurz, limpiando la Oficina India en el Departamento del Interior. Autor: Bob Burkhardt vía Wikimedia Commons

En general, se puede decir que algunas medidas a partir del enfoque agente-principal han propiciado la multiplicación de instituciones de control y sanciones para corruptos, tanto administrativas como penales que, algunas veces, ha promovido una especie de populismo punitivo. Las iniciativas de transparencia se han alzado como una solución efectiva a la corrupción hasta el punto que muchas veces se equipara la instauración de ‘gobiernos transparentes’ con el fin de la corrupción, cuando no hay ciudadanía interesada en fiscalizar y pedir cuentas. En palabras del profesor de Derecho procesal penal del Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid, Boye Tuset: “la moderna exigencia de transparencia ha devenido en una suerte de obsesión por la misma, que sustituye la ideología y la acción política por la rendición de cuentas sobre pagos, ingresos y gastos.”

En este sentido, el “remedio” de la transparencia, que una mayoría de propuestas pone como prioridad, podría empeorar la “enfermedad”, ya que, en contextos de corrupción generalizada, donde la corrupción sustituye a la norma formal en términos prácticos, más transparencia sólo significaría “sacar las malas prácticas y corrupción a los balcones”. Esto provocaría una mayor sensación de corrupción, por su evidente normalización, alentando posiblemente a más individuos a sumarse a “lo establecido”, tal y como apuntan la Escuela de Gotemburgo o la politóloga rumana Mungiu-Pippidi. Y algo parecido pasa con la sanción. Si el actor corrupto tiene la expectativa de que nadie lo va a denunciar, o que, de efectuarse la denuncia, ésta no llegue a buen puerto: “¿por qué ser el único idiota en no tomar un poco para mí?”. Todo parece indicar pues, que se trata de una cuestión de confianza y expectativas sobre el comportamiento de los demás, instituciones incluidas. Por esto, no hay acción colectiva para comenzar a combatir la corrupción. La corrupción sistémica, por tanto, es sobre todo un problema de acción colectiva.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro


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En el siguiente artículo, que constituye el primero de una serie de tres, pretendemos analizar brevemente cómo se ha construido un discurso hegemónico sobre la corrupción, muchas veces pesimista y engañoso según algunos autores como Orlando (2004) o Gil Villa (2013) en el que se sugiere que unas culturas o religiones son más corruptibles que otras. En algunos casos, estos discursos incluso, estaban dotados por un componente racista injustificable.

¿Qué entendemos por cultura?

Cuando en este artículo hablamos de “cultura”, nos referimos a lo que en un sentido popular se entiende como “nosotros”: “nosotros los latinos”, “nosotros los mexicanos”, “nosotros los negros”, “nosotros los mestizos”, etc. Ese “nosotros” siempre se refiere a un elemento identitario, que, en relación a la corrupción, se asocia a ideas como lastre u obstáculo.

“El problema es la cultura”

Imagen de Samuel P. Huntington en el World Economic Forum, en Davos, Suiza. Autor: Peter Lauth

En uno de sus textos menos conocidos, “Modernización y Corrupción” (1968), Samuel P. Huntington relaciona directamente altos niveles de corrupción con falta de modernización política. En él establece que “las diferencias entre los niveles de corrupción entre las sociedades ‘modernas’ y ‘desarrolladas’ del ‘mundo Atlántico’ respecto a Latinoamérica, África y Asia, reflejan en gran medida las diferencias de la modernización y desarrollo político” (Huntington, 1968:253). El estadounidense responsabiliza a la prominencia de la “cultura” en la esfera estatal de la falta de reformas del Estado, ya que:

“si la cultura de la sociedad no distingue entre el rol del rey como una persona privada y su rol como Rey, es imposible acusar al rey de corrupción cuando toma dinero público (…) entonces sólo cuando tal distinción es clara, es posible comenzar a definir algunos comportamientos como corruptos”, Huntington, 1968:253.

Un policía pelea con un manifestante hoy, miércoles 24 de mayo de 2017, en la Explanada de los Ministerios, en Brasilia (Brasil). Autor: Periódico Resumen vía Flickr

Razonamiento que finalmente conduce a Huntington a decir, en una suerte de predicción determinista, que los países “mulatos” de América Latina (Panamá, Cuba, Venezuela, Brasil, República Dominicana y Haití) tendrán más altos niveles de corrupción ya que en ellos parece haber mayor desigualdad y mucha menor rigidez en la estructura social que en los países “indios” (México, Ecuador, Guatemala, Perú y Bolivia) o países “mestizos” (Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay) (Huntington, 1968:258). En resumen, su propuesta de modernización del Estado tendría como objetivo principal contrarrestar la cultura de algunas sociedades que mantendrían “normas tradicionales” e impidirían alcanzar los principios deseables bajo los cuales las instituciones funcionen.

Uno de los primeros y más influyentes autores que introducen los factores culturales en la academia es Max Weber mediante “La Ética Protestante y el Espíritu Capitalista” (1905). Weber pretendía explicar las diferencias entre el desarrollo industrial de los países protestantes respecto al resto del mundo a través de variables religiosas y culturas políticas. De la misma forma, Inglehart (1990) encontró que el 75% de la variación en el índice de la percepción de la corrupción se explicaba por factores culturales, lo que le llevó a asegurar que la convivencia de “valores tradicionales” con iniciativas para la modernización del Estado, sería un detonante de actos de corrupción. Los estudios sobre la corrupción hasta los años 70, con cierto sesgo determinista (cultural), parecen sugerir que, en pos del cambio entre la relación de los ciudadanos con los recursos públicos, ciertas pautas culturales deben ser modificadas o mantenerse bien alejadas de la administración pública, dejando a las culturas anglosajonas y religión protestante como paradigmas estructurales para el desarrollo económico y probidad.

Ni la cultura, ni la religión

Más adelante, se entendió que, aunque la cultura influye en las preferencias, ideas y pautas de comportamiento de los individuos, ésta no es determinante ni suficientemente explicativa. Así, aunque La Porta en 1997 mostrara que el catolicismo y el islam tenían un efecto positivo en la corrupción, debido a su composición jerárquica. Dos años más tarde, y con una muestra más grande, la correlación encontrada anteriormente (bajo esa perspectiva culturalista) entre religión y corrupción fue identificada como débil por el mismo autor, así como por por Leila Shadabia en su artículo “The Impact of Religion on Corruption”. Shadabia, llega a dos conclusiones: lo que se asocia con altos niveles de corrupción (IPC de TI) es el número de religiones más que el tipo de religión, ya que la religión en general funcionaría como una barrera interna para evitar “malas acciones/pecados”, y segundo, la corrupción y su control no son el resultado de ninguna religión, ya que son las instituciones y el gobierno las que imponen mayoritariamente las normas dentro de su jurisdicción y competencias.

En todo caso, el factor religión tiende a perder peso en favor del tipo de Estado y de los medios de comunicación ya que son éstos los actuales creadores de normas sociales tanto formales como informales.

La cultura de lo corrupto

La cultura o civilización, en un sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos (como la comedia) o capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. En esta línea, también se pueden encontrar trabajos que hablan de “Cultura la corrupción” se refieren a la capacidad de incorporar como hábito la práctica o vía corrupta. La corrupción ha sido banalizada o asumida como “lo normal” por la mayoría de los integrantes de una sociedad. En estos lugares, la corrupción, aunque criticada, es aceptada como remplazante de los medios formales para establecer intercambios no sólo entre público-privado, sino entre privado-privado (por ejemplo, en la firma de un contrato de venta de bienes raíces).

Gil Villa dice sobre México que la corrupción ha alcanzado un tratamiento popular en clave de humor como si fuera una operación de inversión conceptual, dando la vuelta a la versión oficial y extrayendo lo positivo de lo negativo, como puede ilustrarse en el siguiente chiste:

¿Sabe usted por qué los mexicanos no somos campeones en corrupción, sino subcampeones? Porque nos pagaron para ocupar el segundo puesto” (Gil Villa, 2008:270).

“Mientras se reparta dinero a manos llenas no habrá democracia”. Ciudadano manifestándose en contra de la corrupción y la falta de democracia en Ciudad Victoria Tamaulipas. Autor: Armando Aguayo Rivera vía Flickr

Podríamos decir, parafraseando a Gil Villa, que más que la cultura de la corrupción o una cultura corrupta, esta forma de corrupción (buro-política), la cual forma parte del día a día de los individuos, compone una “cultura de lo corrupto”, modificando los hábitos y los afectos en torno a la corrupción. La cultura no puede ser corrupta.

Esto condujo al siguiente entendimiento: se debía cambiar a la sociedad para cambiar a las instituciones, discurso que caló en parte de la academia, especialmente en el imaginario colectivo popular que relacionaría causalmente a su cultura, “raza” o fenotipo con la pobre calidad de vida en su país. Esto, alimentado de otros discursos desarrollistas y racistas (como el visto por Huntington en las líneas anteriores), generados desde la época colonial, trasladaría la idea siguiente a muchos ciudadanos de los estados del sur global: “somos pobres porque somos corruptos, no como los blancos, protestantes, etc.”

Ninguna cultura puede ser más corrupta o corruptible que otra

Por tanto, se puede decir que ninguna religión, “etnia” o cultura es más corruptible que otra, como evidenció Shadabi, y que la “cultura de la corrupción” hace referencia a lo habitual del acto, más no significa que mientras más habitual más corruptible sea. Las variables que afectan o generan la corrupción tienen que ver con otras cosas, como veremos en próximos artículos.

Eso sí, tan importante como cambiar el enfoque es cambiar el discurso que desde ciertos sectores se ha venido realizando a la hora de analizar el fenómeno. Necesitamos revertir ese mensaje pesimista y determinista que sobre la corrupción circula dentro de las sociedades poscoloniales.

En pocas palabras, estos discursos deterministas ilustran las consecuencias de la corrupción generalizada en la cultura y la vida en la sociedad (cómo y cuán habitual es la corrupción), pero no las causas, ya que se entiende que ninguna cultura es más corruptible que otra si cuenta con los medios de control (instituciones) anticorrupción necesarios.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro

Puedes consultar aquí la segunda parte del artículo:

[button url=”http://www.unitedexplanations.org/2017/08/23/fallado-las-reformas-anticorrupcion-nos-costado-tanto-dinero/” style=”red”]¿Por qué han fallado las reformas anticorrupción y por qué nos han costado tanto dinero?[/button]



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