01/06/2023 MÉXICO

Derechos Humanos y Seguridad archivos - United Explanations

PUTIN-MILOSEVIC-IMAGEN-e1680189063341.jpg

8min9400

 

En estos días, la Corte Penal Internacional pidió el arresto internacional del líder ruso, al igual que hizo con el bosníaco hace más de dos décadas.

La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra el presidente de la Federación Rusa, alegando su responsabilidad sobre la deportación ilegal de menores ucranianos a Rusia, lo cual se clasificaría como crímenes de guerra. Además, aunque carece de poderes para llevar a cabo las detenciones como también de jurisdicción por no ser la Federación Rusa signataria del acuerdo creador de la misma, la Corte emitió una orden de arresto sobre Maria Alekseuevna Lvova-Belova, quién es la comisionada rusa para los derechos del niño, convirtiendo a ambos funcionarios en algo así como “parias” internacionales, dado que un viaje a un país que suscriba al acuerdo les aseguraría su deportación a los tribunales ubicados en los Países Bajos.

El carnicero de Yugoslavia

Si bien no es el caso más famoso, se trata del primer Jefe de Estado de un país de Europa en ser acusado de crímenes de guerra y genocidio: Solobodan Milošević. En 2001, lo detuvieron por orden de Djindjic, considerado el principal artífice de su caída, quién finalmente fue asesinado dos años más tarde. En la Corte Penal Internacional, se lo acusaba de crímenes realizados en Kosovo (donde se llevó a cabo una “limpieza étnica”), Croacia y Bosnia (país que albergaba una importante comunidad musulmana), donde el ejército serbio dejó un saldo de más de 200.000 muertos y 2.000.000 de personas sin hogar. Sin embargo, la Corte no logró dictar sentencia, dado que fue encontrado muerto en su celda en marzo del 2006.

En Mayo de 1999, el Tribunal acusa al presidente yugoslavo Slobodan Milošević. Esta fue la primera acusación contra un jefe de estado en ejercicio por parte de un tribunal internacional. Imagen Flickr

 

No obstante, al genocida serbio le sobrevivió su esposa. Mirjana Markovic, que también se la puede conocer como Mira, ejerció el poder en su país de una forma perversa, buscando captar el liderazgo del principal partido de la oposición mientras continuaba casada con el líder del país. La señora Markovic es considerada la mujer más poderosa de la historia de Yugoslavia que vivió los últimos 15 años de su vida, casualmente en Moscú.

 

Mira Marjovic, apodada como 'Lady Macbeth de los Balcanes'. Imagen Flirck
Mira Marjovic, apodada como ‘Lady Macbeth de los Balcanes’. Imagen Flirck

 

Nacida a finales de la década de 1950, en el seno de una prominente familia comunista, tanto su padre como su abuelo eran ministro y presidente del partido respectivamente. Vivía junto a su tía en la antigua residencia de un noble local. Es durante su educación que conoce a su futuro marido, también integrante de la élite comunista de la época. Su poder de influencia en el régimen dictatorial de Slobodan llegó a ser tal que arrasó con los Balcanes. Estas  palabras fueron emitidas por quién fue su padrino de bodas: Ivan Stambolic. Sin embargo, tiempo más tarde se convirtió en su opositor y luego, la causa por la cual Mira debió residir en Rusia hasta su muerte, debido a que fue acusada por su muerte. Ciertamente, teniendo en cuenta la manera en que se desarrollaron los hechos, es posible concluir que Solobodan Milošević careció de cualquier tipo de ideas políticas a lo largo de toda su vida, quién de verdad las tenía era Mira.

Después de destruir Croacia y Bosnia, esta pareja decidió ir a por Kosovo, lo cual les trajo su fin, dado que los bombardeos de la OTAN acabaron con esta invasión en el ultimo año del milenio. De esta manera, fue el propio pueblo serbio quién los termino de echar del poder; tras lo cual, Slobodan tendría el extraño honor de ser el primer ex jefe de Estado europeo acusado por los crímenes que anteriormente mencionaba.

Si bien en el caso de Rusia no hay una contraparte femenina, ya que desde el divorcio de Vladimir Putin en 2008 no se ha vuelto a tener información oficial sobre la vida privada del Presidente, resultan interesantes los puntos en común que existen entre ambos líderes. Educados a la usanza comunista, en países considerados “del este” y con un historial de matanzas, que esperemos sean las últimas.

Concluyendo, es pertinente reflexionar en palabras de Hannah Arendt:

La violencia aparece donde el poder está en peligro, pero, confiada a su propio impulso, acaba por hacer desaparecer el poder (…). La violencia que puede destruir el poder; es absolutamente incapaz de crearlo(Sobre la violencia, 1970)


IMAGEN-PRINCIPAL-e1675875596758.jpg

11min16500

El pasado viernes 13 de Enero una tropa conformada por soldados kosovares ingresó a Islas Malvinas justificando que llevan adelante una “misión de paz”. El gobierno argentino se pronunció en contra de la actividad y denunció a Gran Bretaña ante Naciones Unidas  alegando  violación de la resolución 31/49 y 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

 

El conflicto respecto al despliegue de las tropas proveniente de Kosovo tuvo inicio el año pasado luego de que Gran Bretaña hiciera público el plan de enviar miembros de las Fuerzas de Seguridad a las Islas con motivo de realizar una Operación de Paz y  la incorporación de personal de las KBS en el ejército de infantería británico Roulement. El proyecto fue aprobado por diputados de la Asamblea de Kosovo y hasta donde se supo podría durar 3 años. Ante aquel anuncio el gobierno Argentino ya habría elevado un reclamo a Londres  demostrando el rechazo a la actividad que se consideró como una “demostración de fuerza injustificada”  y una “provocación británica”.

 

¿Qué nos dicen las resoluciones?

Argentina basa su reclamo en el apartamiento de resoluciones internacionales. La R. 31/49 porque “Insta a las partes a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso recomendado en las resoluciones arriba mencionadas” y la R. 41/11 que “exhorta a todos los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la Región del Atlántico Sur como Zona de Paz y Cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en la región y la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva”. 

A pesar de los contundentes reclamos realizados por el gobierno argentino para evitar que se lleve adelante dicho proyecto, el viernes 13 de Enero arribaron a la base militar Mount Pleasant lo que se denominó como el “primer grupo KSF compuesto entre 7 y 9 personas”.

 

Imagen Pixabay

 

¿Cuáles son las preocupaciones que surgen a partir del hecho?

En principio, la sistemática violación al Derecho Internacional, al respecto el Ministro de Defensa – Jorge Taiana –  reafirmó semanas atrás que Argentina “cree en el Derecho Internacional, cree en la solución pacífica de las controversias y pide al gobierno británico abrirse al diálogo”.

En segundo lugar, el medio Alemán Junge Welt  plantea la creciente influencia de la OTAN en América Latina, frente al cual podemos agregar el fuerte trabajo por parte del gobierno Chino para extender su presencia sobre el país del Sur. En Neuquén, provincia de la Patagonia, funciona la estación espacial Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) que desde sus inicios en el año 2017 alarmó tanto la Unión Europea y Estados Unidos, por su secretismo y posibles usos militares. Actualmente, se maneja la posibilidad de que China construya una base naval militar en Ushuaia, los beneficios geo-estratégicos y económicos comerciales que significarían para el gran asiático despiertan nuevamente preocupación en sus antagónicos.

Por otra parte, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur – Guillermo Carmona –, expuso su preocupación por la inclusión de un tercer actor en el conflicto Británico-Argentino por Malvinas, una situación sin antecedentes que requiere mantenerse alerta. Asimismo, las autoridades de Serbia han expresado su malestar por la situación, recordando que el Estado separatista de Kosovo es reconocido solo por 83 miembros de la ONU, por lo tanto la oferta de Londres fue interpretado como una intromisión por parte de la OTAN al mismo tiempo que les abre un camino de cooperación para promover su independencia y participar en las ambiciones imperialistas inglesas, según explicó el periodista serbio Marinko Ucur. 

Imagen Flickr

¿Qué acciones tomó Argentina?

Como se explicó anteriormente, Argentina desde un primer momento hizo público su rechazo al proyecto, motivo por el cual reiteró la nota a Naciones Unidas un día antes del arribo de tropas – 12 de Enero-  el Canciller Santiago Cafiero ratificó la postura argentina ante la decisión de enviar personal de la fuerza kosovar al archipiélago, además aprovechó la oportunidad para reafirmar la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Posterior al desembarco de tropas hubo dos momentos claves:

El 24 de Enero, durante la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) los 33 países miembros mostraron un profundo interés por la solución pacífica y definitiva de dichas controversias sobre las Islas, así como también reiteraron “su más firme respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina”.

El 26 de Enero en el marco de reuniones con las autoridades del Comité de Descolonización de las Naciones –  Csaba Kőrösi y Miroslav Jenča – el Secretario Guillermo Carmona denunció la acción unilateral ante Naciones Unidas y manifestó el interés por parte de Argentina en colaborar con el fin de resolver las disputa por medios pacíficos y  la espera por la misión de Buenos Oficios del Secretario General para acercar a las partes.

En resumen, para el país sudamericano el despliegue de personal militar es considerado como una acción colonial de presencia ilegítima y por lo tanto una violación a los Derechos Internacionales. Las denuncias y reclamos realizados hasta la fecha si bien tuvieron una buena recepción por parte de los organismos, todavía no se ha logrado un acercamiento con la parte británica. Se resalta la persistencia del pedido y la tarea de los funcionarios nacionales argentinos quienes deben trabajar en mantener la atención sobre el problema para que no se minimice el planteo argentino y se haga énfasis sobre el desarrollo de políticas soberanas.


imagen-principal-art-ddhh-1280x853.jpg

19min14620

A raíz de la falta de reflexión en la doctrina y los detentadores de justicia, el autor, analiza acerca de la importancia jurídica, pero, sobre todo, social y espiritual de la consulta previa. Considera que el reconocimiento del derecho a consulta previa implica el fortalecimiento de tres elementos: el diálogo, el derecho a la identidad cultural y el respeto a su integridad.

Introducción

El 6 de enero del 2022, el Tribunal Constitucional peruano ejemplificó lo que llamo “un retroceso jurisprudencial”, en el cual desconocía el reconocimiento constitucional y fundamental del derecho a la consulta previa (EXP. No. 03066-2019-PA/TC). Dejando de lado la decisión de la sentencia, nos preocupa sumamente el escaso nivel de argumentación al negar la fundamentalidad de este derecho. Esto trajo a colación, además el reclamo de la Defensoría del Pueblo y las propias comunidades (quienes dicho sea de paso, indicaron que se remitirán a instancias internacionales).

Sin embargo, en la doctrina constitucional nacional se vió poco debate, no sólo por temas dogmáticos sino reflexivos. La consulta previa implica más allá de un mero consultar, posee un trasfondo filosófico y social más profundo. Alejando una perspectiva meramente positivista, la no consulta esconde, en el fondo una conciencia regional de discriminación, individualista, no dialógica que es menester cambiar. La consulta previa no es considerada con la importancia que se merece. En el presente trabajo buscamos contribuir a revertir esta situación a través de argumentos filosóficos, sociales, más que jurídicos. En los objetivos de este artículo se incluye la reflexión y revalorización que implica la consulta previa como una herramienta para lograr el reconocimiento de los derechos humanos de las comunidades indígenas y nativas, asimismo de su contribución al desarrollo democrático, a nivel nacional e interamericano. Es un llamado de atención a las autoridades públicas y a los detentadores de justicia que soslayan estas realidades a través de sus resoluciones o argumentos.

Derecho a la consulta previa 

El derecho a la consulta previa es el derecho a los indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos derechos.

El documento legal más importante que consagra la consulta previa, nos remitimos al Convenio 169 de la OIT donde se indica en el Artículo 6.1: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”

Sin embargo, el Artículo 7 del mismo cuerpo legal es más explícito: “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”. Se desprende de los artículos del Convenio 169 del OTA, de manera insistente y, por cierto, que la consulta previa no solo posee una relevancia económica o social, sino además de autonomía y espiritualidad, aspectos que se profundizarán a continuación.

Permanente lucha de los pueblos originarios sobre el respeto a su desarrollo economico, social y cultural-Imagen Flirck

La consulta previa como un reconocimiento

El diálogo como ideal regulativo

El profesor Roberto Gargarella, un gran referente del constitucionalismo dialógico ha desarrollado en su último libro, como un ideal regulativo, la conversación entre iguales. Que básicamente implica una situación donde “todos los potencialmente afectados tengan la oportunidad de intervenir; como también que esa discusión resulte efectiva, en el sentido de que involucre genuinamente un proceso de corrección mutua y de intercambio de argumentos”. Obviamente no se está hablando de una igualdad en sentido estricto, sino justamente en una misma igualdad de trato y de respeto a través de medidas legislativas que promuevan paliar aquellas desigualdades materiales (raza, sexo, etnia, etc) que tienden a ser causales desproporcionales y arbitrarias de discriminación. Es por ello que se materializa el principio y el derecho a la igualdad cuando a todos se les brinda la oportunidad de participar y dialogar.

Sin embargo, en países o sociedades multiculturales o pluriculturales es donde se hace más difícil este diálogo o conversación debido a varios motivos concretos: a) Por la centralización de las políticas públicas, b) Por la lejanía o ubicación geográfica y c) -quizás la más determinante- Por las distintas formas de concepción. Estos elementos pueden originar mayor dificultad en realizar el diálogo; y por ello, no llegar a un acuerdo o el perfeccionamiento de un consentimiento. Pero más precisamente, sobre todo en sociedades multiculturales, se tiende a la discriminación constante por omisión o acción del Estado, en lo cual involucra indiferencia y falta de reconocimiento hacia aquellos grupos de personas históricamente excluidas y oprimidas como pueden ser las mujeres, los afrodescedienntes o las comunidades indígenas y nativas.

Las organizaciones indígenas rechazan la sentencia del Tribunal Constitucional que niega el derecho a la consulta previa de todos los pueblos indigenas de Perú. Fuente: Pressenza

En la doctrina constitucional, esto se llama como categorías sospechosas en la cual son “aquellos criterios sobre los cuales no pueden efectuarse distinciones entre los individuos; es decir, se presume su inconstitucionalidad por existir un alto grado de probabilidad de discriminación injusta sobre su base”. Ahora bien, conforme al Artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dentro de las categorías sospechosas encontramos de manera implícita (pero explícita en la mayoría de constituciones de la región) al origen étnico indígena; que por lo tanto, una medida legislativa o una omisión estatal respecto a esta categoría sospechosa implicaría una forma de discriminación.

Ante estas ideas expuestas, el derecho a la consulta previa es un claro ejemplo del esfuerzo estatal en la búsqueda de diálogo como ideal regulativo en sociedades multiculturales. Es más, el propio profesor Gargarrella sostiene (al lado de las audiencias públicas y los compromisos significativos o Meaningful Engagement) que la consulta previa forma parte de las innovaciones de este nuevo paradigma constitucional dialógico. Sin embargo, como indica el Convenio 169, la finalidad de la consulta previa es llegar a un acuerdo y consentimiento. Sin ello todo proceso concesionario carecería de legitimidad para realizar sus respectivas obras. Pero surge la pregunta: ¿Si es posible excluir la consulta previa cuando no afecte, por lo contrario, beneficie a la comunidad indígena? Sin embargo, consideramos que ello formaría parte de otra discusión.

El derecho a ser diferente: identidad cultural

Ahora bien, por qué es importante el diálogo (dicho sea de paso, es lo mismo que se preguntó el profesor Gargarella) ¿Qué hay en el fondo de esa discusión? .⦍¿Por qué es necesario considerar las ideas del otro? Porque básicamente el diálogo, el derecho a la participación y expresión forma parte de esa piedra angular de un sistema democrático. ⦎ Porque escuchar al otro fortalece nuestra perspectiva, abriendo nuestro horizonte: otras opiniones, otros intereses y otras formas de vida. Y es justamente lo que conlleva el derecho a la consulta previa: conocer otras culturas de muy distinta concepción y así poder llegar a un acuerdo, ya que recordemos que para nosotros la tierra posee un significado meramente patrimonial; para otros, un significado espiritual profundamente arraigado. La bilateralidad implica conocer al igual.

Comprender estas situaciones fortalece reconocer el derecho a ser diferente: el derecho a la identidad cultural. Muy bien sostiene el profesor Taylor: “(…) podría decir que mi identidad define de alguna manera el horizonte de mi mundo. A partir de mi identidad sé lo que resulta verdaderamente importante para mí y lo que resulta menos importante, sé lo que me atañe profundamente y lo que tiene una significación menor.”

Es por ello que existen otros apartados del Convenio 169 (como el Artículo 2.2.b) que respaldan ello:” Esta acción (la participación de los pueblos) deberá incluir medidas: que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones”. Esto quiere decir, que el derecho a la consulta previa, además de un importancia democrática y funcional, implica una reivindicación a prima facie de la identidad cultural y étnica de un grupo humano.

Llegamos a una conclusión de la presente ponencia: el respeto a la identidad cultural e igualdad de participación van de la mano). Como diría sintéticamente la profesora Fraser: “qué la falta de reconocimiento no es simplemente una cuestión de actitudes perjudiciales que llevan a daños psicológicos, sino que es un problema de estructuras socialmente atrincheradas de interpretación y valoración que impiden la participación equitativa en la vida social (…)”. La consulta previa es (no la única, cabe recalcar) una herramienta de protección a su identidad cultural, a su cosmovisión, a su horizonte moral, pero además a su integridad.

El reconocimiento como integridad

¿Por qué considero que la consulta previa se está convirtiendo en la única herramienta de protección a la integridad de estas comunidades? Veamos estos datos: Según la Naciones Unidas, 3 de los 4 cuatros asesinatos de defensores de derechos humanos ocurren en las Américas. De los cuales 41% eran contrarios a proyectos extractivistas o defendían el derecho a la tierra y a los recursos naturales de los pueblos indígenas. Tras estos datos sumamente alarmantes, se refleja esta desprotección de los defensores de derechos humanos por parte del Estado. Protestar significa casi una muerte asegurada. En ese sentido, la consulta previa se vuelve menos lesiva para las comunidades para expresar su disconformidad o afectación. Recordemos otros episodios lamentables como el Baguazo en nuestro país.

Esta preocupación se manifiesta reflejado en el Artículo 2.2 del Convenio 169: “Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad.” Hay que recalcar que con integridad no se refiere exclusivamente a la afectación física de sus representantes o los miembros de la comunidad; sino además la afectación de la cultura indígena y su relación con la naturaleza y con el medio ambiente, ya que existe un alto grado de consanguinidad para con su alrededor.

Imagen ilustrativa Flickr

Conclusiones

La consulta previa implica más allá de un mero consultar, posee un trasfondo filosófico y social más profundo. Alejando una perspectiva meramente positivista, la no consulta esconde, en el fondo una conciencia nacional de discriminación, individualista, no dialógica que es menester cambiar. La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos. El derecho a la consulta previa comprende tres elementos importantes tratados en el siguiente texto:a)la consulta es un claro ejemplo del esfuerzo estatal en la búsqueda de diálogo como ideal regulativo en sociedades multiculturales( como lo son en gran parte del continente americano); b) la consulta implica comprender diversas situaciones o formas de vida, fortalece reconocer el derecho a ser diferente: el derecho a la identidad cultural, y c) la consulta como un mecanismo de protección cultural, física y su relación con el medio ambiente de la comunidad consultada.

Artículo ganador del
Primer Puesto del Concurso de Ponencias
del  II Congreso Internacional de Derechos Humanos – CDH


WIKIMEDIA-COMMONS-ARG-UK.png

18min23390

Escrito por Florencia Mendieta. 

El presente artículo pertenece a una investigación en desarrollo de su autora. 

 

Actualmente, Argentina permanece embargada en sus exportaciones de material bélico por el Reino Unido, desde el inicio del Conflicto en Malvinas (1982). Por cuatro décadas, tal acción contribuyó a limitar significativamente al Estado argentino en la compra de armamento, sin evitar la intrusión de Gran Bretaña en las cuestiones argentinas de defensa. Años más tarde, el Ministerio de Defensa argentino creó el FONDEF con el fin de financiar el proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Este artículo pretende analizar la creación del FONDEF y si logra mitigar el embargo de armas británico implementado hacia Argentina. 

¿De qué se trata el FONDEF?

En octubre del año 2020, mediante la aprobación unánime del proyecto presentado por el anterior Ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, se obtuvo la promulgación de la ley 27.565, dando lugar a la creación del FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa).  De modo que por primera vez, el Estado argentino cuenta con un fondo de financiamiento para la recuperación, modernización e incorporación de material para el reequipamiento de sus Fuerzas Armadas. Además, este proyecto tiene como finalidad darle un impulso a la industria argentina en materia de defensa. Cabe resaltar que el Fondo Nacional de la Defensa recupera lo que en 1998 se conoció como la Ley de Reestructuración para la Defensa.

Dentro del artículo 4 de la ley 27.565, se determina su composición: “Con el 0.35%  del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado por el Sector Público Nacional para el año 2020, el 0,5% para el año 2021, 0,65% para el año 2022, hasta alcanzar el 0,8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios”, agregando que “este aporte es independiente a los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional”. No obstante, ¿cómo se establecen las prioridades en este sector?. De acuerdo al PLANCAMIL (Plan de Capacidades Militares) del 2011, se analiza los proyectos que precisan requerimientos operativos. Por tanto, en base a ese requerimiento se establece cuál es la mejor opción: si fabricarlo acá, si modernizarlo o si hay necesidad de comprar afuera. Conviene señalar que en el 2021, se ejecutó en su totalidad el presupuesto asignado, el cual por ley fue del 0,5%.

Mientras tanto, seguimos embargados

En abril de 1982, el Reino Unido junto con el apoyo de la Comunidad Económica Europea decidieron intervenir las compras de armamento de Argentina con el fin de influir en el resultado del Conflicto del Atlántico Sur. Estratégicamente, el embargo comenzó por implementarse a través de los principales proveedores de armas a Argentina, que en ese momento eran Francia y Alemania. Pero, ¿por qué el Reino Unido decidió implementar esta política restrictiva hacia Argentina?. Previo al conflicto, Francia le vendió a la Junta Militar argentina cinco misiles Exocet. En el transcurso del conflicto, estos misiles impactaron en las naves HMS Sheffield y Atlantic Conveyor, ocasionando una pérdida de 32 vidas británicas. Evidentemente, la acción militar argentina logró desestabilizar a Gran Bretaña, debido a los daños ocasionados a la Royal Navy. En otras palabras, “Frente a los misiles lanzados desde el aire que rozan la superficie, ¿qué barco puede estar a salvo? El trágico hundimiento del “Sheffield” fue un punto de inflexión en la historia naval porque, después del “Sheffield”, ¿pueden el “Canberra” y otros barcos merodear por el Atlántico Sur?”,  tal como se expresó en un debate parlamentario del Reino Unido en mayo de 1982. Es por este motivo que se comprende porque la Fuerza Aérea argentina es la más afectada, junto a la Armada argentina.

Hundimiento del destructor inglés HMS Sheffield (1982) -Imagen Wikimedia Commons-

 

Si bien, en los meses posteriores diversos países europeos levantaron la sanción económica hacia Argentina, el Reino Unido se mantiene en la misma posición desde 1982.  Conviene remarcar que durante ciertos gobiernos argentinos, esta limitación se ha intensificado mientras que en los gobiernos que proyectan una política exterior argentina compatible a los intereses británicos en el Atlántico Sur, ha menguado. No obstante, el embargo nunca ha cesado completamente, sino que se ha ido modificando de acuerdo a las consideraciones británicas. Es así que desde el Ministerio de Defensa del Reino Unido se expresa lo siguiente: “Nuestra posición general es que continuaremos rechazando licencias para la exportación (licencias indivuales de exportación estándar) y el comercio de bienes que se considere que mejoran la capacidad militar argentina. Sin embargo, cuando el equipo similar ya no esté disponible, podemos otorgar licencias, cuando juzguemos que no son perjudiciales para los intereses de seguridad y defensa del Reino Unido”. Por tanto, Argentina continúa en el listado de los países afectados en su capacidad de adquisición de tecnologías desarrolladas por el Reino Unido o de alguna empresa británica.

Una debilidad estratégica

Ciertamente, Argentina sufre una gran dependencia tecnológica hacia Occidente transformándose en una fuerte debilidad estratégica. El subsecretario de Asuntos Internacionales para la Defensa, Francisco Cafiero, afirmó el pasado 18 de Noviembre, en el marco de la XX Reunión del Grupo de Trabajo Bilateral en Defensa Argentina-Estados Unidos, que: “la recuperación de capacidades del instrumento militar a través del FONDEF (ley del Fondo Nacional para la Defensa) no es una política armamentista orientada a la cuestión Malvinas”. Asimismo, conociendo la histórica alianza entre Reino Unido y Estados Unidos, señaló que Washington podría influir en: “la remoción de la astilla británica vigente a 40 años del fin de la guerra del Atlántico sur”. Cabe recordar que Estados Unidos realizó una oferta a Argentina de cazas F-18 Hornet y F-16 para reemplazar el Mirage de la Fuerza Aérea Argentina. Sin embargo, la propuesta quedó relegada frente a los duros condicionamientos británicos. Suponiendo que Argentina se vea envuelta nuevamente en un conflicto armado con el Reino Unido, no sería lógico que los sistemas de armas que adquiere Argentina dependieran de Estados Unidos, debido a que este es un socio histórico del Reino Unido. La historia nos lo demuestra y significaría “volver a pisar el palito”.

Fotografía del Mirage de la Fuerza Aerea Argentina. -Imagen Creative Commons-

Según la actual DPDN de 2021 (Directiva Política de Defensa Nacional) en la cual se expone la visión de defensa que posee el Estado argentino, se afirma que: “la presencia ilegal e ilegítima del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte usurpa parte de nuestro territorio desde 1833, debe ser tenido presente para el desarrollo de capacidades y el despliegue del instrumento militar siempre en el marco de lo establecido en la Constitución y en la postura y actitud estratégica defensiva”. Es así que la política de defensa y la política exterior argentina no pueden considerarse por separado. Sería erróneo creer que es conveniente que Argentina deba continuar dependiendo de la tecnología militar de Occidente, sabiendo que el Reino Unido es una de las potencias más importantes dentro de la industria militar en el mundo y considera a Argentina como una gran amenaza al desarrollo de sus intereses estratégicos en el Atlántico Sur.

Propuestas en la mira argentina

Bartolomé (2021) afirma que: “(…) en el horizonte aparecen con fuerza Rusia y China en lo que hace a la Fuerza Aérea, el primero de ellos con mucha mejor reputación que el segundo en lo que hace a la calidad de sus productos. O si vamos a seguir con los mismos proveedores de Occidente, pero buscando equipamientos alternativos para suplir los vetos británicos. Ahí puede surgir Israel. Pero esto es un tema que excede al campo militar e incursiona en el campo de lo político”. En el trascurso de estos días, Argentina se encuentra evaluando una propuesta danesa. El pasado 19 de Noviembre, parte del equipo de la Fuerza Aérea viajó a Dinamarca para contemplar “la posibilidad de adquirir aviones cazabombarderos F-16 A/B MLU”. La venta a Argentina está sujeta a revisiones junto a autoridades danesas y estadounidenses.  Asimismo, el país sudamericano está considerando el avión JF-17 Thunder, de fabricación china, y el Tejas, de Hindustan Aeronautic Limited (HAL), de India. Ante esta situación, el Ministro de Defensa, Jorge Taiana, afirma que: “Es una decisión que tiene que tener en cuenta no sólo los aspectos técnicos y la calidad de los sistemas de armas del avión, sino también cuestiones relacionadas con la financiación, los plazos de entrega son decisiones políticas que debe tomar el más alto nivel: el Presidente de la República”.

Fotografía del JF-17 Thunder, de fabricación china. No necesita respuestos de origen británico. -Imagen Flickr-

Por su parte, en lo que concierne a la Armada argentina, se espera recuperar las capacidades de las aeronaves Super Etendard del Comando de Aviación Naval. La Armada argentina está en tratativas con la empresa estadounidense Tasks Aerospace, buscando un proveedor “alternativo” a la empresa británica, Martin Baker. No obstante, las negociaciones no han llegado a un acuerdo.

Super Etendard del Comando de Aviación Naval argentino -Imagen Wikimedia Commons-

¿En qué situación se encuentra el Estado Argentino?

Definitivamente, la defensa nacional argentina es un sector que necesita de inversiones, y que se ha estado descuidando por décadas, ya sea por falta de interés, por falta de presupuesto o por cuestiones ideológicas. La implementación del FONDEF permite recuperar capacidades, pero la gran problemática de Argentina radica en lograr mantenerlas operativas. Por tanto, este presupuesto especial para la defensa no puede permanecer desvinculado de las inversiones como de una planificación a mediano y largo plazo, ya que por cada cien pesos de FONDEF que se asignen para adquirir, modernizar o recuperar material, se deberían asignar tres pesos más en el presupuesto para mantener ese material. Ciertamente, se debe considerar tanto los pro como los contra.

No obstante, ¿el FONDEF mitiga el embargo británico?. La respuesta es que no, debido a que la política restrictiva hacia las exportaciones de material belico del Reino Unido impacta sobre la compra de sistemas de armas que no se pueden fabricar o modernizar en Argentina, mientras que el FONDEF se destina para el reequipamiento de las fuerzas armadas. En otras palabras, el embargo influye sobre las capacidades del aprovisionamiento militar argentino.

En consecuencia, Argentina se encuentra en una situación complicada: el Estado que le usurpa parte de su territorio nacional, es una de las principales potencias en la industria militar, por lo que es difícil aislarse de ella en el mercado internacional de armas. Sin lugar a dudas, esta problemática es de índole estratégico y geopolítico, ambos Estados poseen intereses territoriales en común. Restaría saber sí Argentina tendrá la capacidad de contemplar otras propuestas o permanecerá atada de manos…


De Ruba Leonel05/10/2022
taiwan-usa-pixabay.jpg

27min24070

*Artículo escrito por Leonel De Ruba y Florencia Mendieta

Desoyendo las alertas y las protestas de China, Nancy Pelosi incluyó en su gira asiática una visita inesperada: Taiwán. Sumó un nuevo capítulo a las sensibles relaciones entre Estados Unidos y China provocando una cadena de eventos que alteraron la seguridad mundial. ¿Muestra de poderío  o una “trampa de Tucídides”?

Historiadores y expertos en geopolítica no tardaron en sostener que esta visita de Pelosi se convertiría en la cuarta crisis del Estrecho de Taiwán. La decisión de la “Speaker” de la Cámara de Representantes y tercera en la línea de sucesión presidencial estadounidense no sólo se enmarca en la disputa por el poder global entre las grandes potencias, sino que también en el contexto de cambio del orden mundial vigente.

Pelosi, es una experimentada como reconocida congresista cuyo expertise le permite utilizar e interpretar agudamente las señales y símbolos políticos, más aún en la era de las redes sociales. Aunque muchos analistas critican la toma de esta decisión, definiendola en una posible descoordinación diplomática de la administración Biden, se puede inferir que es una acción decidida en el compromiso de una mayor presencia en el Indo-pacifico y además un capítulo más en la compulsa para dominar la agenda internacional.

¿Por qué Pelosi visitó Taiwán?

En el marco de serias amenazas por parte de China, que no se remiten únicamente a la condena diplomática, sino que implican cuestiones de seguridad y hasta escaladas militares, Pelosi aterrizó en la Isla de Formosa el pasado 2 de agosto, convirtiéndose después de 25 años en la autoridad estadounidense más importante en visitar la isla autogobernada.

Este viaje es la consecuencia del abierto desafío geopolítico que implica el ascenso de China que, en las últimas décadas, ha conseguido un desarrollo militar, político y económico que la ubica ya no como potencia regional sino como una potencia internacional con amplías capacidades y roles para incidir en el orden global, generando rispideces con Estados Unidos, garante del actual sistema internacional. En este contexto debe ubicarse la polémica visita.

La “Speaker” Nancy Pelosi y la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen. (Flickr)

Otra arista la representa la cuestión ideológica y cultural. Nancy Pelosi ha dedicado su carrera pública a defender los principios más importantes del orden liberal: democracia, derechos humanos y libertad. Por su parte, el régimen comunista chino antagoniza con los principios occidentales por su liderazgo autocrático y su consecuente historial de falta de respeto a las libertades individuales y colectivas de las minorías.

Recientemente, Pelosi se ha reunido con disidentes chinos que luchan por la democracia y ha mantenido diálogos con el Dalai Lama, un líder espiritual tibetano exiliado. Además, en 1991 la congresista junto a otros colegas del Congreso estadounidense desplegó en la mismísima Plaza de Tiananmen una pancarta que recordaba a las víctimas de los hechos ocurridos en el corazón de la política china en 1989.

Las crisis del Estrecho de Taiwán, un larga historia

Este fenómeno, que podría parecer como coyuntural, debe entenderse desde una perspectiva histórica, particularmente a la luz de las últimas tres crisis, en las que los actores se repiten.

Primera crisis (1954-1955): Luego de la guerra civil china, los nacionalistas se replegaron en la Isla de Formosa y establecieron allí un gobierno democrático denominado República de China. El régimen comunista gobierna sobre toda la China continental.

En agosto de 1954, la República de China ordenó una invasión de las Islas de Kinmen y Matsu situadas a tan sólo 10 kilómetros del continente. La respuesta de la China de Mao fue bombardear el archipiélago y lograr la toma de las Islas Tachen, ubicadas a 300 kilómetros de Taipéi.

La situación generó preocupación en Estados Unidos, por lo que suscribió un Acuerdo de Defensa Mutua con Taiwán evitando mayores confrontaciones entre las dos Chinas que pudieran desestabilizar la región.

Segunda crisis (1958): Las fuerzas de Mao bombardearon las Islas Kinmen y Matsu con el objetivo de desalojar la ocupación taiwanesa. Pensando en la posibilidad de que una escalada militar condujera a la derrota y posible caída de la República de China, Estados Unidos haciendo uso del pacto de Defensa Mutua proveyó a Taiwán de material bélico, incluso, analizó la posibilidad de emplear armas nucleares.

No obstante, el régimen comunista observando el cariz que generaba el conflicto, y ante el nulo avance militar, anunció un alto al fuego unilateral que logró que cada país volviera a las posiciones que poseía antes del enfrentamiento.

Tercera crisis (1995-1996): Con Taiwán saliendo de una dictadura y caminando una senda democrática, se generó un nuevo conflicto enmarcado en la visita a Estados Unidos por parte del nuevo primer ministro Taiwanés, Lee Teng-Hui.

La visita fue considerada como una “traición” por la China comunista, pues se podría concretar el deseo de Teng-Hui de convertir a Taiwán en un estado soberano. Para evitarlo, Beijing empleó el uso de la fuerza y probó  misiles en la zona contigua a la Isla de Formosa.

Por su parte, Estados Unidos envió una flota naval a la zona, calmando la demostración comunista. Ofuscados por el accionar chino, los taiwaneses eligieron para gobernar al Kuomintang y a Lee por una mayoría absoluta,  demostrando el fracaso de la estrategia china.

Disputa geopolítica en el Indopacífico

A medida que el poder económico, político y militar se acrecienta en China, el Mar de China Meridional y el Estrecho de Taiwán aumentan su peso estratégico. Los océanos y los estrechos continúan poseyendo un alto valor estratégico. El estratega marítimo Alfred Mahan, en su famosa obra: “La influencia del poder naval en la historia”, describió una serie de elementos que constituían el poder naval, concluyendo lo siguiente: “Quién domina los mares, dominará el mundo”. Es evidente que China comprendió este planteamiento desde hace mucho tiempo, por lo que a medida que los Estados logran controlar su soberanía en el mar, la doctrina de Mahan basada en una “geopolítica marítima”, recupera su trascendencia.

Por su parte, Zeno Leoni, especialista en orden internacional, defensa y relaciones entre China y Occidente en Londres afirma que:China ya tiene una gran influencia militar sobre el mar del sur, pero si tuviera a Taiwán, eso les permitiría expandir su influencia naval y tener un control completo de la zona, lo que también tendría implicaciones para el comercio global. Ciertamente, la ubicación de Taiwan es geoestratégica para la proyección del poder naval chino. Durante estos años, China ha desarrollado una política exterior particular, en lo que concierne a Taiwán, conocida como One China Policy”. Ésta intenta garantizar que la isla que se encuentra a 180 kilómetros de las costas chinas no sea parte de alianzas con rivales estratégicos. La relevancia de Taiwán permanece en que es uno de los pasajes comerciales más importantes del mundo, y además, se encuentra ubicada entre dos raíces marítimas directas de China al Pacifico como lo es el Canal de Bashi (localizado entre Filipinas y Taiwán)  y el  Estrecho de Miyako (ubicado entre Japón y Taiwán).

Mapa de China y Taiwán. (Flickr).

Ma Fengshu, academico chino, agrega que Taiwán funciona como un bloque crucial para el desarrollo económico de China y asimismo, posee el mayor potencial de conflicto, dado que existe presencia estadounidense en la isla. Por consiguiente, Fengshu advierte que China debería superar la influencia regional estadounidense explotando la dependencia económica de los Estados de la región, incluyendo a Taiwan.

“Ambigüedad estratégica”: La política de Estados Unidos hacia Taiwán

Para comprender el apoyo estadounidense a Taiwán es preciso remontarse a mediados del siglo XX. En medio del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, Mao Zedong (República Popular de China) se enfrentó al partido nacionalista Kuomintang (República de China). Los nacionalistas recuperaron la isla en 1945, sin embargo, en el año 1949 fueron derrotados por el partido comunista. En este conflicto, Estados Unidos apoyó al Kuomintang, no reconociendo la legitimidad de los comunistas. No obstante, en el año 1971, la Organización de Naciones Unidas le otorgó el reconocimiento a la República Popular de China.

En la actualidad, las relaciones entre Taiwán y Estados Unidos se desarrollan mediante lazos no oficiales, proyectándose en acuerdos comerciales, educativos y culturales. Sin embargo, es pertinente señalar que la política de Estados Unidos hacia Taipéi es explicada como una “ambigüedad estratégica”. La posición tradicional estadounidense es analizada por Stephen Collinson de la siguiente manera: el objetivo es mantener un control sobre el enfrentamiento al disuadir a China manteniendo abierta la posibilidad de una respuesta militar estadounidense. Al mismo tiempo, se pretende privar a Taiwán de las garantías estadounidenses que podrían llevarlo a presionar por su independencia oficial. El objetivo es preservar el statu quo y evitar una guerra en Asia, y ha funcionado, permitiendo a Washington caminar por la cuerda floja de las relaciones con ambas partes”. En otras palabras, la ambigüedad característica de esta posición se encuentra basada en el hecho de que Estados Unidos acepta la política de Pekín de considerar a Taiwán como parte de China, pero se niega a cambiar el status de la isla por los medios militares, vendiendo armas a Taipéi.

La ambigüedad que pregona Estados Unidos en su política exterior hacia Taiwán se cimienta en la importancia de la ubicación geográfica de la isla. Por el momento, Estados Unidos es su principal aliado y proveedor de armas. Washington reconoce que es clave mantener aliados en el Pacifico, que aporten a debilitar y limitar el creciente poderío chino en la región. La política disuasiva de Estados Unidos se fundamenta en la creación de alianzas militares como AUKUS o QUAD. Apoyado en esta red estratégica de socios, el presidente estadounidense Joe Biden señaló que, en caso de que sea necesario, intervendría en defender militarmente a Taiwán.

Taiwán y China. (Wikimedia).

Al respecto, el vocero de China Daily afirma que: “una vez que Taiwán se transforme en una amenaza para la seguridad nacional… debido a las maquinaciones de Estados Unidos, el cálculo estratégico de Beijing cambiará drásticamente”. La estrategia de Pekín en Taiwán no ha sido otra que la “paciencia”, esto le ha facilitado modificar el status quo en la región de una forma sostenida durante años. Sin embargo, los ejercicios militares conjuntos entre las fuerzas militares taiwanesas y estadounidenses, a pocos kilómetros de las costas chinas, suponen una gran amenaza a la seguridad nacional.

En este contexto, Estados Unidos obliga a China a salirse de su “paciencia estratégica” para establecer límites. Un historiador estadounidense, Graham Allison, señaló que las potencias podrían caer en lo que se conoce como la “trampa de Tucídides”. Este concepto permanece vinculado a la creciente conflictividad entre dos potencias: el hegemón (potencia establecida) y el ascenso de otra que le disputa la hegemonía. No obstante, resulta pertinente resaltar un discurso que Xi Jinping sostuvo hace unos años atrás: “No existe tal cosa que algunos llaman la trampa de Tucídides en el mundo. Pero si las potencias repetidamente cometen el error de mal cálculo estratégico, pueden crear tales trampas para ellas mismas”.

“Creciente incertidumbre”

Debido a que China no logró disuadir a Washington de evitar la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, las tensiones entre China y Taiwán aumentaron. Considerando el análisis previo, se detallan posibles escenarios sobre la disputa geopolítica en el Asia Pacifico.

1.“El plan de China para anexar Taiwan”

Este escenario a largo plazo, característico de la política china “paciencia estratégica”, se basa en la decisión de Pekín de ejercer presión sobre los intereses regionales de Taiwán y de invadir paulatinamente su territorio durante los próximos meses. Se normalizarían las actividades militares chinas en Taiwán. China podría esperar que su posición militar dominante y su desvinculación económica de los Estados Unidos fomenten condiciones para forzar el regreso de Taiwán a Pekín dentro de los próximos años, idealmente por “negociación” o por la fuerza, en caso de ser necesario.

Esta situación podría acelerarse únicamente por el declive hegemónico de Estados Unidos. Asimismo, la decisión de Pekín permanece vinculada a las elecciones en China, debido a que una guerra no planificada podría costarle el tercer mandato consecutivo a Xi Jinping (2023). Es posible que las provocaciones estadounidenses hacia Taiwán, en realidad giren en torno a esta cuestión: generar desestabilidad interna dentro del año electoral.

2.“Disuasión integrada

Sabiendo que China es el mayor desafío geopolítico de este siglo, Estados Unidos llevaría adelante una estrategia de “disuasión conjunta” mediante las alianzas militares como AUKUS (Australia, Estados Unidos, Reino Unido) o QUAD (Japón, India, Estados Unidos y Australia). Estos países conforman la red de aliados estratégicos de Estados Unidos en Asia Pacifico, por lo que, a medida que el poder militar chino se incrementa, la competencia estratégica estadounidense también. Ante el creciente nivel de los ejercicios militares chinos en la zona, se observa un significativo incremento en las ventas de equipos militares estadounidenses a Taiwán, estimulando el dilema de seguridad.

En este escenario, se evita que la disuasión falle, ya que tanto China como Estados Unidos se verían altamente perjudicados, especialmente en materia económica y comercial. Cuando las cuestiones de seguridad internacional (dilema de seguridad) sobrepasan las comerciales, la interdependencia que caracteriza el sistema internacional es el punto débil. Este sería el principal objetivo por el cual se aplicaría una estrategia disuasoria.

3. “Estabilidad estratégica

Teniendo en cuenta que ni China ni Estados Unidos se benefician con otro conflicto armado en curso, se prefiere sostener el status quo en la región. Ambos Estados se alejarían de una situación que derive en un conflicto, tratando de mejorar sus esfuerzos en la comunicación diplomática.

En consecuencia, China cesaría los ejercicios militares próximos a la frontera con Taiwán, mientras que Estados Unidos se comprometería a llevar a la práctica la política que aceptaron oficialmente: “One China Policy”. Asimismo, Washington controla el apoyo bipartidista hacia Taiwán. En este escenario, se prioriza la preservación de la seguridad y de los intereses económicos en la zona, disminuyendo los riesgos de conflictividad.

4. “Invasión china a Taiwan

Este escenario prevé la confrontación armada directa entre Estados Unidos y China, producto del aumento de la conflictividad por Taiwán. Un error de cálculo de Occidente implicaría que  la disuasión falle nuevamente (tomando en consideración lo sucedido con Rusia). Una de las posibles razones para el desarrollo del conflicto bélico podría ser que Taiwán obtuviera el reconocimiento como Estado de los países miembros de la OTAN. Claramente, este hecho sería el fracaso de la “One China Policy”. En efecto, el gobierno taiwanes sería un aliado estratégico para el desarrollo de los objetivos de la “OTAN Global” en el Pacifico.

En este caso, el conflicto bélico aportaría al bloqueo del Estrecho de Taiwán. La interrupción del mismo supondría un golpe significativo a la economía internacional debido a que por medio de este se produce un flujo comercial marítimo importante. Asimismo, las rutas marítimas y de aviación regionales que conectan a Asia con el sur y norte de Asia, así como con Medio Oriente también se verían altamente afectadas.

Definitivamente, la visita de Nancy Pelosi a Taipei ha producido una escalada en el conflicto entre Estados Unidos y China. La reunificación de Taiwán es fundamental para la política exterior china, hasta tal punto, que es considerada como un legado para Xi Jinping.

Los temores sobre un posible conflicto en Taiwán se intensifican cada vez más, traduciéndose en el gran temor de Occidente: una confrontación simultánea en dos frentes. Por tanto, el desarrollo de los escenarios planteados solamente dependerá del curso de las políticas que implementen los actores participantes.


Ramiro Rubil14/09/2022
World-Cup-Qatar-2020-Freepik.jpg

14min40480

Dejando atrás la primera mitad del año, ya empieza a escucharse los ecos del mundial esperado de fútbol de 2022 , el cual se celebrará por primera vez en la región de Medio Oriente en el país de Qatar. Sin embargo, este evento masivo que se enfrentará a 32 países para competir en un torneo que será televisado y celebrado por millones de personas alrededor del mundo ya se ha encontrado en la situación de algunas controversias alrededor de sus preparaciones, de las particulares costumbres locales, y de las denuncias de corrupcion y soborno que llevaron a Doha a ganar la votacion para ser la sede del mundial.

 

La corrupción de la FIFA

Muchas interrogantes rodearon la celebración de este campeonato desde que se anunció la sede para este año en 2010; pero una de las polémicas más tempranas que surgieron giraban en torno a la corrupción de la misma FIFA, y al hecho de que Qatar habría conseguido alojar al torneo de 2022 a través de sobornos. Una investigación que salió a la luz en abril de 2020, revela que los votos realizados en 2010 para las organizaciones de los mundiales 2018 y 2022 fueron motivados por prestaciones económicas que fueron recibidos por miembros oficiales de la FIFA. Previamente a la votación, ya se habían desestimado dos de los votantes por haber sido captados en cámara recibiendo dichos sobornos, mientras que investigaciones posteriores revelaron que no fueron los únicos, y que muchos de los oficiales que si votaron a favor de Rusia y Qatar tenían las manos manchadas. Entre ellos podemos encontrar algunas de las autoridades mas importantes del futbol latinoamericano, como pueden ser Julio Grondona de Argentina, Nicolás Leoz de Paraguay y Ricardo Teixeira de Brasil.

Momento en el que la FIFA anunciaba que Qatar sería la sede del Mundial de Futbol 2022 (2010). (Imagen Flickr)

La violación de derechos laborales

Otra de las situaciones a las que se tuvo que enfrentar la organización gira en torno a la construcción de la infraestructura necesaria para el mundial, ya que en un tiempo récord Doha se tuvo que encargar de levantar estadios y edificios para alojar y entretener a los participantes, organizadores y espectadores del mundial, y para llevar a cabo semejantes construcciones se aceptó la ayuda de obreros extranjeros. El problema surge cuando empiezan a aparecer denuncias que giran en torno al maltrato, explotación y el impago de salarios en tiempo y forma de obreros que se encuentran en una nación que no es la suya, sin posibilidades de cambiar de trabajo y cuyos reclamos no son escuchados. Esto se pudo ver claramente en agosto de este año, cuando muchos de estos inmigrantes fueron detenidos por las fuerzas policiales de Qatar por manifestarse afuera de las oficinas de “Al Bandany International Group”, una firma constructora partícipe de las construcciones mundialistas. Los obreros en cuestión se encontraban protestando debido a que hace meses trabajan prácticamente gratis ya que no estaban recibiendo los salarios debidos y prometidos por la constructora. Esta situación empeora cuando tenemos en cuenta que Doha no solo arrestó a estos trabajadores, sino que también los deportó a sus países de origen (mayormente otros países de Asia).

El maltrato de obreros extranjeros no es una acusación novedosa en el país del golfo, las denuncias han surgido desde que Doha comenzó a utilizar mano de obra extranjera para la construcción de la infraestructura requerida, y las investigaciones llevan años abiertas. En el año 2015, un grupo de reporteros alemanes que se encontraban en Qatar filmando un documental sobre las construcciones para el mundial y las pobres condiciones laborales fueron arrestados por las autoridades locales, destruyeron su equipo y borraron el material que habían filmado. Posteriormente en 2016, las autoridades qataríes vigilaron, siguieron y detuvieron a periodistas de la BBC que estaban en el país para investigar dichas denuncias y especialmente ciertas acusaciones que indicaban la muerte de cientos de obreros nepalíes causadas por las inhumanas condiciones de trabajo.

Estadio Lusail en construcción, Qatar. (2020) (Imagen Flickr)

Organizaciones como “Human Right’s Watch” y Amnistía Internacional se han encargado especialmente de investigar y denunciar aquellas detenciones que violan directamente la libertad de expresión y también las situaciones en las que no se ha asegurado condiciones apropiadas para la seguridad y la salud de los obreros inmigrantes que se encuentran en el país, muchos de los cuales han sufrido heridas, salarios insuficientes y en algunos casos, la muerte. Estas organizaciones no solo culpan parcialmente a la FIFA por haberle dado el hospedaje del torneo a Qatar sin requerirle una reforma laboral que asegure condiciones laborales apropiadas, sino que también hacen hincapié en otros derechos en los que el Estado qatarí ha fracasado en asegurar y constantemente ignora, como asegurar la igualdad y los derechos de las mujeres, el colectivo LGBTIQ+ y las minorías étnicas. Y aunque estos temas poco tienen que ver con la organización del campeonato mundial de futbol, es importante mencionar que el país huésped no ofrece las mismas garantías y oportunidades ni es seguro para todos, lo cual también va a significar un choque de realidades para aquellas personas del mundo occidental que quieran asistir al mundial, así como también una necesidad de adaptación a las costumbres y leyes locales.

Un claro ejemplo de estas desigualdades podemos encontrar en el sistema penal de Qatar, el cual incluye como delito penado (bajo multa y años de prisión) a las “actividades sexuales entre personas del mismo sexo” o “sodomía”. Esto lleva a que las personas que pertenezcan al colectivo LGBTIQ+ que quieran vivir su sexualidad libremente tengan que exiliarse en el exterior o afronten las penas del estado, la condena social e incluso en algunos casos la muerte, ya que algunas familias siguen practicando la costumbre tribal de “asesinato de honor”.

 

Imagen ilustrativa (Flickr)

Los derechos de las mujeres, aunque la constitución declare la igualdad entre ambos sexos, es otra materia que se encuentra bastante limitada jurídicamente. En Qatar funciona una especie de sistema de tutela, bajo el cual el accionar de las mujeres es muy limitado y necesita el permiso de su guardián o tutor (hermano, padre, marido, etc.) para realizar numerosas actividades como pedir becas universitarias, viajar al exterior, casarse, etc. Por supuesto que estas normas no se aplicarán a las mujeres extranjeras que deseen visitar el país para asistir al evento deportivo, que podrán actuar normalmente, a excepción de ciertas reglas de vestimenta que deberán respetar todos.

Este año se realizó una encuesta en Alemania acerca de la asistencia de su selección nacional en el campeonato mundial de Qatar 2022, en el cual 48% de los entrevistados sostenía que su equipo debería retirarse del evento deportivo por su realización en un país cuyo sistema legal no promueva la igualdad jurídica ni la justicia para todas las personas por igual. Lo mismo opina Philipp Lahm, ex capitán de la selección alemana, el cual no piensa asistir al evento deportivo y culpa a la FIFA por ignorar las controversias en materia de derechos humanos que giran en torno al país del golfo.

El mundial de fútbol es un evento que disfrutan millones de espectadores de todo el mundo, sin importar sus creencias, género, orientación sexual o nacionalidad. Sin embargo, hay personas que no pueden disfrutar del certamen de este año plenamente, sin recordar que se está celebrando porque muchas otras personas sufren día a día la represión, persecución e injusticias provenientes desde el mismo aparato estatal, y muchas otras las sufrieron en las mismas preparaciones para el campeonato. Surge preguntarnos si esta situación se podría haber evitado, o mínimo, si en el futuro la FIFA tendrá en cuenta el respeto más básico por los derechos humanos a la hora de elegir las próximas sedes mundialistas, no sólo para demostrar que se ha alejado de sus días más corruptos, sino también para aprovechar el poder y la influencia que tiene en todo el mundo para sumarse a la promoción y lucha por el respeto de los derechos de todas las personas.


Hector Lovaiza25/08/2022
Artico.jpg

20min23260

Artículo escrito por Héctor Lovaiza y Florencia Mendieta.
 

Un proverbio Inuit dice: “no se distingue a los amigos de los enemigos hasta que el hielo se quiebra”. Este proverbio engloba el dilatado conflicto geopolítico entre las potencias como Rusia, Estados Unidos y China, aspirantes a explotar esta región, junto a los Estados árticos. El presente artículo analizará la idea de un posible conflicto enmarcado en el cambio climático, siendo este punto geográfico la confirmación fáctica del mismo, originando oportunidades y amenazas con alcance global.

El interés por el Ártico, y el polo norte en su totalidad es reciente, ya que el 26 de abril de 2009 esta región geográfica es atravesada por primera vez por vehículos pertenecientes a una expedición rusa. El Ártico es el área que se encuentra al norte del Círculo Polar Ártico y comprende partes de Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Noruega, Rusia, Suecia, Finlandia  e Islandia, que son los ocho Estados Árticos. Es sustancial aclarar que esta definición tiene un trasfondo evolutivo recurriendo a diversos criterios hasta adquirir la importancia geopolítica esbozada en el primer párrafo.

El Ártico, a diferencia de la otra región polar, la Antártida, cuenta con una población de aproximadamente 4 millones siendo los Inuit la población mayoritaria, esta a su vez cuenta con grupos de diferentes culturas siendo las principales los Thule y los Dorset.

Todo este acervo introductorio es incompleto si no está enmarcado en el Derecho Internacional en general, y en el Derecho Internacional Ambiental en particular, rama específica caracterizada por la multidimensionalidad lo que nos lleva de manera directa al tema central de la cual emergen todas las tensiones, el cambio climático.

El Ártico y el derecho internacional público

Consejo del Ártico

El Ártico, a diferencia de la Antártida, no cuenta con un tratado que establezca reglas respecto del mismo, pero sí existen acuerdos bilaterales y multilaterales como así la Declaración de Ottawa que estableció el Consejo del Ártico. Este es un foro internacional  que cuenta con ocho estados miembros: Estados Unidos, Rusia, Noruega, Dinamarca, Islandia, Canadá, Finlandia y Suecia. Este a su vez cuenta con Estados Miembro observadores como China, Japón y Singapur. En este foro, los gobiernos de los Estados miembros debaten junto a las poblaciones de este espacio los asuntos que enfrenta a ambos sectores.

Derecho Internacional y cambio climático.

Desde el inicio de la era industrial, el cambio climático fue una realidad a causa de la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera provocando un aumento sustancial de la temperatura en la tierra. Por tal motivo en el seno de la ONU, se adoptó en 1992 la “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático”. La misma entiende el cambio climático como: “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparable”. Este es el contexto en el que se encuadra el conflicto por el Ártico, y que promete ser prolongado y agudo a medida que pase el tiempo.

Cuestiones geopolíticas

Es evidente que la acción del calentamiento global ha influenciado en la “inaccesibilidad” que caracteriza esta región tan peculiar y codiciada. El deshielo expuso la existencia de diversos recursos naturales y rutas de navegación, los cuales podrían ser aprovechados por los Estados. Por tanto, a continuación se analizarán los actores geopolíticos que cuentan con la mayor influencia en el continente ártico.

El Estado con más dominio en el Polo Ártico es Rusia, que sostiene firmemente que  la geografía y la historia le otorgan un derecho exclusivo a predominar en la región ártica. De tal manera, Rusia se apoya en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para reivindicar soberanía sobre el lecho marítimo ártico, la cual la considera como su plataforma continental. Asimismo, su extensión geográfica aporta a que el gobierno ruso valore a la ruta marítima del norte como un factor clave en su crecimiento económico. Por este motivo, se ha destinado grandes inversiones rusas en el Ártico, como lo es por ejemplo, la creación de la IAS Snowflake, una estación espacial rusa, la cual contará con todas las instalaciones para desarrollar investigaciones en el área, sobre el uso de recursos renovables. El presidente Putin tiene previsto explotar esta región mediante un plan de inversión que algunos analistas hablan de una cifra de trillones de dólares. Con el fin de controlar la ruta marítima, el Estado ruso ha creado ciertas barreras regulatorias y administrativas a la navegación por buques extranjeros.

(Imagen PIXABAY)

Por su parte, Estados Unidos, es un Estado ártico porque posee soberanía en el territorio de Alaska. Sin embargo, lo denominan el “gigante dormido”, debido a que las  consideraciones geopolíticas más  “duras” han emanado de Rusia y China. Claro está que Estados Unidos se ha enfocado en la dicotomía que supone el cambio climático y la explotación de recursos naturales, pero la actitud china y rusa hacia la región ha influenciado en el cambio de perspectiva estadounidense. En base a las políticas estratégicas árticas por parte de Estados Unidos, se evidencia un creciente interés en la Administración Obama, una gran desatención durante el mandato de Trump, mientras que el gobierno actual se dedica a desmantelar las acciones de su predecesor.

En lo vinculado a China, esta realizó su primera estrategia para el Ártico en el año 2018, definiéndose como un Estadocasi ártico. Claramente, este calificativo muestra sus intenciones en la región, aunque se encuentre un tanto alejada. Su interés radica tanto en la explotación de los intereses energéticos como también en la ruta geoestratégica del nordeste y noroeste para el transporte de mercancías. A través del continente ártico, desde China hasta Holanda existe una distancia de 10.500 km, los cuales pueden ser recorridos durante 22 días. Mientras que por el Canal de Suez, la duración del tramo es del doble de tiempo. El paso nordeste es llamado por China y Rusia como la Ruta de la Seda del Ártico. Esta permite conectar en menor tiempo Europa con Asia.

Desde que Rusia permitió que China sea observador en los asuntos de la gobernanza de la región ártica, los intereses entre ambos Estados fueron en aumento. Mientras que Rusia posee los derechos y la voluntad para desarrollarse en el Polo Ártico, China tiene los recursos económicos y tecnológicos. Además, se han propuesto cooperar en materia de investigación científica.

Por último, uno de los actores más relevantes del Ártico es la Unión Europea, mediante Suecia, Finlandia y Dinamarca. Su política hacia la región proviene desde el año 1973, cuando Dinamarca ingresa a la Comunidad Económica Europea. No obstante, es necesario remarcar que Suecia y Finlandia no poseen litoral ártico, mientras que en el caso de  Dinamarca, que era el único estado ártico europeo, el territorio de Groenlandia decidió abandonar la Unión Europea en el año 1982. De modo que la posición de la UE en el Consejo del Ártico es a modo de ser un invitado permanente a todos los foros. En consecuencia, la UE ha elegido mantener una nueva estrategia para el Ártico, la cual consiste en el Pacto Verde Europeo. El objetivo es alcanzar la neutralidad climática en 2050, así como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55%  para el año 2030. Este se transforma en un elemento clave en la intervención de la UE en el Ártico.

Crecen las tensiones

Tal como se expresó anteriormente, el Polo Ártico está regido por lo que se conoce como el Consejo del Ártico. No obstante, es evidente que las cuestiones geopolíticas de la región influyen en que los Estados remilitaricen el territorio. Por lo que esta situación podría agravarse producto de las tensiones entre la OTAN y Rusia, en el marco de la guerra ruso-ucraniana.

Un enviado especial de la Cancillería rusa, Nikolai Korchunov, pronunció lo siguiente: “La actividad militar se va internacionalizando. La transformación del Ártico en un teatro de operaciones militares es, desde luego, una tendencia muy alarmante”. Moscú permanece preocupada debido al latente ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, debido a que estos son Estados árticos.  Además, es importante señalar que en el caso de que estos dos Estados ingresen a la Alianza Transatlántica, Rusia se encontraría sola en el Consejo del Ártico entre los Estados miembros. Klaus Dodds, un geopolitico británico, sostiene que: Hay peligro de que la tensión vaya en aumento. Al final tendremos en el Consejo Ártico esa división de 7+1, cuando Rusia tenga la mayor capacidad militar en la región. La OTAN probablemente impulsará su presencia en el Ártico con maniobras militares, aviones para compartir información sobre la zona y se asegurará posiciones. Rusia seguirá mostrándose como víctima”.

(Imagen PXAQUÍ)

La guerra de Ucrania desestabiliza la región. Las sanciones económicas impuestas al Estado ruso, por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, podrían funcionar como un desencadenante de un posible conflicto por los recursos estratégicos naturales , como el gas. Este recurso es el pilar de la economía rusa, y además, sería el principal combustible a utilizar en lo que se conoce como la transición energética .

A modo de conclusión, resulta interesante señalar que la región ártica no se encuentra regulada convencionalmente, lo que potencializa una lucha de intereses entre Rusia, China y Estados Unidos. Asimismo, sí no se considera la población autóctona, esta se podría ver afectada fuertemente ante la política agresiva de los Estados en cuestión. En estos días, somos espectadores de una creciente militarización que comienza a ganar terreno en el Polo Norte, dejando atrás una zona que era considerada de paz.