23/03/2023 MÉXICO

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De Ruba Leonel23/02/2023
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En junio de 2019, se anunció la concreción de 20 años de negociaciones entre los bloques europeo y sudamericano para la firma de un acuerdo que se enfoca principalmente en el ámbito económico y comercial, aunque incluye otros dos pilares. Sin embargo, a casi cuatro años de su anuncio, el acuerdo enfrenta dificultades internas y externas por parte de los países involucrados. En este artículo, se analizarán en detalle los pros y contras del acuerdo, así como su futuro en el marco de las relaciones económicas entre ambas regiones.

El 28 de junio de 2019, el entonces presidente argentino Mauricio Macri, quien también era el presidente pro tempore del Mercosur, compareció junto al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en la sala de prensa de la reunión del G20 en Osaka, Japón, para anunciar el “acuerdo en principio” entre la Unión Europea y el Mercosur.

De esta manera, se dieron por finalizadas negociaciones que transcurrieron durante 20 años entre las instituciones de la Unión Europea y los países miembros del bloque supranacional europeo junto a los distintos gobiernos con variopinta identidad ideológica que transcurrieron en los países integrantes del Mercosur .

Comenzaba así una larga y ardua ruta para la ratificación del acuerdo, que creaba un área de libre comercio de una totalidad de 770 millones de potenciales consumidores, estableciéndose así el mayor acuerdo que suscribiría el Mercosur, y uno de los más importantes para la Unión Europea. Sin embargo, desde ambos lados del atlántico se pusieron reparos sobre los términos del acuerdo, sus injerencias en el mercado interno de los países que lo adoptaron ratificar y las consecuencias para sus economías.

¿Cuál es el contenido del acuerdo de libre comercio?

En resumen, este acuerdo implica la creación de una zona de libre comercio que abarca múltiples aspectos del comercio internacional entre ambos bloques regionales. Como se mencionó en la introducción, su importancia radica en que constituye un hecho histórico al establecer un mercado para bienes y servicios que, de alcanzarse su éxito, representaría casi una cuarta parte del PIB global.

Además, garantiza para ambos lados del atlántico el acceso a un mercado estratégico, con un PIB per cápita de USD 34.000, la integración en cadenas de valor, la generación de empleo y el desarrollo de las economías regionales de los estados parte. En consecuencia, promueve el comercio al eliminar los aranceles para el 93% de las exportaciones del Mercosur y otorgar un trato preferencial para casi todo el 7% restante.

El acuerdo en términos de bienes industriales, logra que la Unión Europea liberalice el 100% de su comercio, mientras que el Mercosur lo realice en un 90%. En ese sentido, la Unión Europea de forma inmediata y completa, una vez ratificado el acuerdo, liberalizaría el 80% de los aranceles sobre las exportaciones de productos industriales que provengan del Mercosur. Por otro lado, el Mercosur obtiene plazos amplios de hasta 15 años para liberalizar de forma gradual sectores sensibles a las consecuencias del acuerdo en la economía de los países miembros del bloque sudamericano.

En el mercado de bienes agroindustriales, el acuerdo logra que la Unión Europea (UE) liberalice el 99% de las importaciones agrícolas del Mercosur: para el 81,7% eliminará los aranceles de importación. En tanto, para el 17,7% restante de cuotas o preferencias fijas. Sólo se excluyen algo más de 100 productos.

Es destacable sostener que, en lo que respeta a las cuotas dentro de las cuales se bajará el arancel, determinados productos se regirán por ello para exportar a la UE, y fuera de ellos se mantendrá el arancel actual. En el caso de la carne, que representa grandes exportaciones para Argentina, Brasil y Uruguay se reducirá aranceles en cuotas de 99.000 toneladas anuales (bajará hasta 7,5%), aunque fuera de este cupo por separado se reducirá a 0% el arancel a pagarel ingreso de la carne correspondiente a la Cuota Hilton.

Por otro lado, el acuerdo de libre comercio contiene un apartado para la eliminación de barreras no arancelarias y la facilitación de exportaciones. Dentro de las medidas tendientes a ese objetivo, en los protocolos sanitarios, fitosanitarios y normas técnicas se verán mejoras en el acceso al mercado para ambos bloques, eliminando medidas arbitrarias e injustificadas a través del establecimiento de plazos y procedimientos transparentes que facilitan el flujo comercial.

Acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur. (Foto obtenida de Flickr).

A su vez, el acuerdo contempla la certificación en materia de origen y establece disposiciones sobre liberalización de aduana y despacho, reducción de supervisión física, simplificación y armonización de procedimientos aduaneros, entre otros.

En el sector servicios, los prestadores de la UE y del Mercosur podrán acceder al mercado de la contraparte en las mismas condiciones que los nacionales. Esto estimulará la radicación de inversiones en el sector productivo y en el de servicios mediante partenships, bussines networking, transferencia de know how y asistencia financiera, pero además agregará facilidades para el incremento de la inversión extranjera al otorgar certidumbre y estabilidad a los inversionistas.

Otras cuestiones relevantes son que el Mercosur abre sus mercados de obras públicas a empresas europeas por lo que pueden concurrir a una licitación para estas obras compitiendo en igualdad de condiciones con las locales y el acuerdo expresa que las partes respetarán los derechos laborales según los estándares de la O.I.T., así como la libertad de asociación sindical de los trabajadores y la eliminación del trabajo forzado y el infantil.

Los “Pros” del Acuerdo

Luego de haber realizado una revisión de los rasgos generales del acuerdo, es factible analizar los indicios que permiten abogar por la concreción de este pacto internacional. La apertura comercial y el levantamiento de barreras arancelarias resulta de vital importancia para asegurar un mercado relevante para los productos, servicios y bienes que desean exportarse por parte de ambos bloques.

El potencial de creación de comercio es muy importante considerando que el acuerdo podría aumentar el PBI de un 0,1% anual hasta el 2032 para la Unión Europea y un 0,3% en el Mercosur, según un informe de la London School of Economics. Además, se convertiría en la alianza más poderosa en términos geopolíticos y la zona de libre comercio más grande del mundo

La pandemia del covid-19 y el proceso del fin de la hiperglobalización junto a la creciente incertidumbre geopolítica en la que se destaca la guerra entre Rusia y Ucrania refuerza los argumentos a favor de la ratificación del proceso comercial. Es por eso que resulta un objetivo apetecible para la UE dentro de su estrategia de una búsqueda de autonomía para evitar la extrema dependencia de socios que la pueden condicionar.

La celebración de este pacto interregional se convertiría en una defensa de la globalización comercial y del sistema multilateral que caracteriza al actual orden liberal internacional, frente a la creciente amenaza de la desglobalización y la irrelevancia de los pactos internacionales ante el surgimiento de líderes globales iliberales.

Fotos del Anuncio del Acuerdo en 2019. (Twitter de Jean-Claude Juncker).

Las “Contras” del Acuerdo

Anteriormente, se han enfatizado los beneficios de implementar el acuerdo alcanzado, sin embargo, también debemos considerar las posibles desventajas. Entre ellas, se pueden mencionar los obstáculos para la aprobación y ratificación del acuerdo, los cuales han surgido tanto en Europa como en América.

En torno a la política medioambiental, se levantaron consideraciones y fuertes críticas entre los gobiernos de Brasil como de Francia en torno a la deforestación del Amazonas para el avance de una política agropecuaria tendiente a ganar mayores terrenos para su explotación. Esto choca con el pacto verde que se promueve en la Unión Europea tendiente a mitigar los efectos del cambio climático, entre lo que incluye un veto a la importación de productos que no cumplen con los estándares a favor de reducir el efecto humano sobre el clima.

En relación al escenario internacional, parlamentos de diferentes países miembros de la Unión Europea pusieron reparos en la aprobación del acuerdo, entre los que se destacan, Irlanda, Bélgica y Países Bajos . También el pleno del Parlamento Europeo realizó objeciones sobre el estado y los alcances del acuerdo. En consecuencia, también se oyeron voces en contra del estado del acuerdo y sus alcances por legisladores de países como Argentina, Uruguay y Brasil.

Los lobbies realizados por industrias y agroindustriales repercutieron notablemente en ser una contra del acuerdo. Los gobiernos nacionales de los países miembros de ambos bloques observaron quejas o desacuerdos en torno a los alcances del tratado de libre comercio en razón de que fallan en mayor o menor medida a sus industrias oa los ejes exportables.

Por ejemplo, los agroindustriales de Francia, Bélgica o Países Bajos implementaron varias consideraciones al respecto, expresando que no se encuentran de acuerdo con la ratificación del pacto y manifestando que se opondrán firmemente ante la amenaza que entienden jugarán productos más baratos que serán importados desde los países sudamericanos.

Los problemas internos del Mercosur también deben ser considerados como un obstáculo para el acuerdo. El bajo nivel de desarrollo de sus instituciones, que limita el progreso del bloque regional, junto con el interés predominante de los gobiernos nacionales en lograr objetivos específicos, crea una dinámica compleja que resulta difícil de entender para una organización supranacional como la Unión Europea.

Es por ello, que las rispideces entre Argentina y Uruguay que se dieron en torno al arancel externo común, a la posibilidad de celebrar acuerdos con otros países sin la intervención del bloque regional o a una mayor flexibilidad del bloque, dieron por el suelo la homogeneización política necesaria para ratificar una postura común en torno al acuerdo, que entumeció su consecución.

Además, la pandemia de COVID-19 y sus efectos han llevado a los bloques a prestar atención a las consecuencias sanitarias, sociales y políticas que surgirán a partir de las crisis desatadas. Esto ha llevado a que la discusión entre los bloques haya pasado a un segundo o tercer plano

Otro aspecto interesante y que representa una contra, son las asimetrías entre los bloques regionales. Esta cuestión representa un escollo ya que muchos especialistas entienden que, en vez de cortar las diferencias estructurales entre la Unión Europea y el Mercosur, estas se verán ampliadas pudiendo afectar gravemente los equilibrios u oportunidades para las economías de ambos lados del “charco”.

Rompecabezas Mercosur-UE. (Foto obtenida de Shutterstock).

¿En qué estado se encuentra el Acuerdo UE-MERCOSUR?

Actualmente, las instancias del acuerdo se encuentran paralizadas. Los procesos de adecuación jurídica y la revisión técnica no tuvieron mayores avances, quedando trunca su implementación como la posibilidad de revisión de aquellas clausulas sobre las que desde las tribunas se ha fustigado, pero no se han puesto a revisión en negociaciones para su evaluación.

Es evidente que los cambios de gobierno en ambas partes de la mesa de negociación tienen un impacto significativo en el progreso del acuerdo. Además, los cambios que se han producido en el comercio internacional, como resultado de la tensión geopolítica mundial, con la guerra ruso-ucraniana como uno de los mayores exponentes, así como las consecuencias de la “Coronacrisis“, han tenido un impacto considerable. La disminución de la hiperglobalización, que ha llevado a la relocalización de las cadenas de suministro, junto con el aumento de los precios de los productos básicos y la escasez de insumos clave, son factores importantes que afectan la reactivación del acuerdo

Es por eso, desde su asunción en enero, Lula Da Silva ha promovido una agenda de inserción mundial para Brasil, en lo que uno de sus puntos importantes es el relanzamiento del Mercosur, y con ello, la necesidad de arribar a un acuerdo con la Unión Europea. Desde el otro lado, países antes mayormente reticentes, también han impulsado la necesidad del acuerdo como Francia y Alemania, cuyo canciller realizó recientes visitas a Argentina, Brasil y Chile.

“Una lucecita al final”: la posibilidad de un acuerdo en 2023

El lector podrá analizar la conveniencia de alcanzar un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, según su propio punto de vista. Actualmente, se observa una posible oportunidad para lograr un trato, tal como lo expresó el Cardenal Samoré en su mediación entre Argentina y Chile, cuando ambos países estuvieron al borde de la guerra en 1978, al referirse a una pequeña esperanza o “lucecita” para alcanzar una solución pacífica al conflicto.

2023 puede ser el año que signifique la firma del convenio final y el inicio de la ratificación entre ambos bloques de lo que supondría un acuerdo histórico sin precedentes. Para América del Sur podría iniciar un proceso de mayor integración, para Europa la apertura de un mercado que no le será hostil ni le generará dependencia. Las consecuencias directas ya sean estas positivas o negativas, serán parte del futuro o como dirán los antiguos romanos: “alea iacta est ”.


De Ruba Leonel30/01/2023
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Argentina se ha convertido en un destino atractivo para que miles de mujeres rusas junto a sus familias lleguen al sur del globo terráqueo para parir y migrar hacia un país que les abre las puertas. Este fenómeno ha surgido como una consecuencia inherente de la guerra entre Rusia y Ucrania, sumado a otras cuestiones relacionadas a los relativos bajos costos y la buena calidad de la atención sanitaria del país sudamericano.

A pesar de que Argentina siempre es conocida a nivel global por cuestiones relacionadas a su “imagen de país”, vinculándosela a una recurrente crisis económica, política y social, al inmutable tango que llama la atención en tantos países por su atractiva melodía, a su gastronomía reconocida a nivel global o al buen pie de nuestro capitán de la selección de fútbol, Lionel Messi, también es un país que atesora otras virtudes.

Pese a los problemas que impiden un desarrollo sostenible, Argentina presenta un avanzado índice de desarrollo humano (IDH), convirtiéndose en el segundo país de Latinoamérica en el ranking y el 47° a nivel global, según el último informe 2021-2022 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Esta cuestión permite gozar de un sistema de salud pública y privada que posee una calidad que lo convierte en un atractivo para los migrantes de todas partes del mundo, especialmente de países limítrofes. Sumado a ello, en Argentina existe un sistema de educación pública gratuita primaria, secundaria y superior que posee universidades nacionales reconocidas entre los rankings globales.

En tal sentido, el país austral es conocido por su cálido recibimiento a los migrantes que buscan en la Argentina una posibilidad para residir y progresar, reconociéndose su propia población como un “crisol de culturas”, al estar compuesta de diversas etnias o de ciudadanos que vinieron desde las más diversas partes del mundo a buscar un futuro mejor, sobre todo durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

¿Por qué las familias rusas migran?

Si bien, la guerra ruso-ucraniana ha marcado la agenda global por sus implicancias a nivel político en el sistema internacional, ha generado problemas humanitarios vinculados al desplazamiento de la población que se ve afectada por ella. Los ciudadanos de los dos países en conflicto han visto modificadas de plano el devenir cotidiano de sus vidas.

Es así que los ciudadanos varones rusos fueron convocados, mediante el decreto número 647, a una movilización parcial de las reservas militares para ser reclutados y enviados al frente luego de una exitosa ofensiva de Ucrania que le había hecho perder terreno al régimen moscovita. Esto provoca que se genere una incertidumbre sobre el futuro para habitar y desarrollarse en Rusia por parte de hombres y mujeres que buscan abrir un paraguas que les permita mejorar sus opciones de cara al futuro.

(Foto: Nacimiento en argentina. Pixabay).

La razón es más que justificable. Una posible convocatoria de un padre de familia o de un varón al frente implica no solo la posibilidad irremediable del riesgo de vida en un conflicto bélico, sino que interrumpe la planificación familiar, ya que abruptamente se finaliza una carrera académica, de empleo o social.

Además, la situación internacional rusa luego de la invasión ha sido de “paria” para la comunidad occidental y gran parte del mundo, aplicándole sanciones de carácter político como económico que afectaron en gran medida al país. Entre las sanciones, se destaca una restricción al ingreso a los países de la Unión Europea, Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y Australia para los ciudadanos rusos, generando mayores costos y haciendo más engorrosa la burocracia en la obtención del trámite migratorio.

¿Por qué eligen Argentina?

En primer lugar, se narran ciertas características que destacan a la Argentina como un país de destino receptor de personas migrantes y sus posibles beneficios, sopesando ciertas dificultades estructurales, entre las que se destacan, los serios problemas de orden macroeconómico que impacta fuertemente en el índice de costo de vida, al padecer de altos niveles de inflación.

Los rusos ven a la Argentina como una oportunidad por una combinación de factores que los alientan a considerarla un país de destino. En razón de los problemas macroeconómicos antes referidos, para los extranjeros vivir en Buenos Aires u otras grandes urbes argentinas resulta bastante económico al favorecer el tipo de cambio y poder acceder a una relativa buena prestación de servicios y/o bienes.

Esto también impacta en la posibilidad de lograr obtener una atención sanitaria de calidad de forma poco dispendiosa como, por ejemplo, de forma privada en alguno de los diversos sanatorios destacados por su calidad en los sectores de pediatría, neonatología o maternidad.

El sistema público igualmente goza de prestigio para una correcta atención de mujeres embarazadas y de niños recién nacidos. Según sostienen, los ciudadanos rusos que optaron por radicarse en Argentina, el país sudamericano cuenta con un nivel superior a Rusia en la materia sanitaria.

En otro punto, Argentina posee una laxa legislación migratoria puesto que desde su derecho constitucional se promueve la inmigración. Esta cuestión tiene un anclaje histórico en los padres fundadores de la organización nacional, que buscaron fomentar desde 1853 la población del territorio para su consolidación y lograr así un desarrollo económico a través del fomento de la agricultura, acompañado de políticas públicas como la creación de poblados, la expansión de la red ferroviaria y la educación pública gratuita.

El artículo 25 de la Constitución de la Nación Argentina sostiene lo siguiente: “El Gobierno federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes”. Consecuentemente, la Ley de Nacionalidad Argentina no ha tenido considerables modificaciones desde su sanción en 1869, siendo parcialmente sustituida por el oscuro proceso militar de 1976.

Históricamente, Argentina ha tenido migración de ciudadanos rusos a sus tierras. Durante finales del siglo XIX, acogió judíos rusos que escapaban de los pogromos y la miseria. Luego, continuando con su política de puertas abiertas, recibió exiliados de la primera y segunda guerra mundial como aquellos que se refugiaron durante el sistema comunista de la “cortina de hierro” o de su caída en los años ’90, existiendo una amplia comunidad rusa en el país de la Patagonia.

(Foto: Pasaporte Argentino. Pixabay.)
(Foto: Pasaporte argentino. Pixabay).

Los rusos no requieren de ninguna visa para pisar suelo argentino, y una vez superado los 90 días de visita permitidos por la legislación, de manera rápida como sencilla pueden solicitar su residencia en el país. De hecho, al tener un hijo argentino, la obtención de la ciudadanía se allana considerablemente.

A su vez, el atractivo de poder radicarse en el país por parte de los ciudadanos rusos que buscan radicarse en Argentina halla sustento en que el pasaporte argentino tiene características especiales. Actualmente, goza de la posibilidad de ingresar a 109 países sin visa, 55 se puede solicitar la visa estando en camino y tan sólo 37 países solicitan que previo al viaje se trámite una visa. Su entrada a la Unión Europea está allanada en relación a que no se requiere visado alguno y obtener la visa o “green card” para residir en Estados Unidos es aplicable sin mayores inconvenientes.

La obtención de una ciudadanía argentina para los padres rusos no es solamente una cuestión de visados o trámites regulatorios, sino que les genera una sensación de libertad para el futuro de sus hijos. Entienden que así no pagarán las decisiones del régimen político que actualmente domina el país, y ante una posible “rusofobia” en muchos países, sobre todo en los occidentales, otorgar el pasaporte argentino les permite la opción de acceder a ciertos beneficios de los países del oeste como la educación y el estilo de vida.

A su vez, otros tantos ciudadanos rusos entienden que el contexto de su país no les va a permitir desarrollarse debidamente, por lo que analizan a la Argentina como su lugar para comenzar una nueva vida que incluya una faceta empresarial, sobre todo, para aquellos vinculados al sector económico de servicios tecnológicos o de software.

De todas formas, Argentina no está inventando ni recibiendo ninguna innovación. Desde la globalización, el “turismo de parto” ha sido utilizado por diferentes personas del mundo para conseguir una ciudadanía o gozar de mejores atenciones sanitarias, pero ante una coyuntura que prueba los límites individuales y colectivos, en un contexto de competición geopolítica rígida, nuevamente un país de Sudamérica es un oasis para aquellos hombres y mujeres que buscan un desarrollo en paz, armonía y con perspectivas de futuro.


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A pocos días de iniciar este nuevo año, la región latinoamericana explotó en un conjunto de crisis políticas, si bien estas se venían gestando hace al menos un mes, todas ellas convergieron en esta semana en revueltas sociales y preocupaciones en las dirigencias.

En ese orden de ideas, la estabilidad de las estructuras políticas en varios de estos Estados, no solamente en aquellos que atraviesan crisis sociopolíticas en este momento, evidencian la falta de unidad y cohesión dentro de los partidos que componen la escena de cada país, al mismo tiempo que surgen nuevas alternativas con posturas extremistas que captan la atención de los sectores insatisfechos.

En este artículo se propone una breve presentación de los hechos ocurridos y finalmente una reflexión sobre los mismos:

BRASIL: El primero de enero de 2023 asume Lula da Silva como Presidente de la Nación por elección popular, a diez días de la ceremonia un grupo organizado de más de mil personas identificadas como bolsonaristas atacaron las sede de los poderes del Estado  – Congreso Nacional, el Palacio Presidencial y la Corte Suprema de Justicia –. El actual mandatario calificó el hecho como un intento de golpe de Estado llevado a cabo por la derecha reaccionaria a las que llamó fascistas. El suceso deliberó en la intervención de fuerzas militares para despejar los campamentos y las instituciones, aunque se mantiene la incertidumbre sobre la posible participación de los organismos de seguridad en la embestida, considerando la afinidad de estas con el partido saliente y por algunas pruebas que están siendo investigadas.

PERÚ: Con un historial de crisis institucionales y presidencias removidas en un periodo de seis años, este país vuelve a sufrir las consecuencias de la fragilidad de sus instituciones políticas, apartando la responsabilidad del gobierno sobre el bienestar social y exponiendo a sus ciudadanos a niveles de alta inseguridad.  Durante el mes de diciembre del 2022, el Congreso tenía previsto hacer el cuarto pedido de vacancia contra el entonces presidente Pedro Castillo acusado por la oposición de “incapacidad moral permanente”. Sin embargo, antes de que esto ocurriera, el mandatario anunció de manera temporal el cierre del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia, además la convocatoria a un nuevo Congreso con facultades constituyentes y la reorganización del sistema de justicia. Este combo de noticias sorpresas fueron duramente criticadas por la ultraderecha y tampoco fueron bien recibidas ni respaldadas por las instituciones estatales. Esta decisión fue denominada como un “autogolpe” y como contramedida, el Congreso declaró la destitución de Castillo y la asunción de la Vicepresidenta Dina Boluarte. Desde entonces, el conflicto se desató en la calles mediante movilizaciones ciudadanas, reflejando la insatisfacción con las medidas tomadas por el Congreso y una fuerte represión como respuesta del gobierno de Boluarte. En estos días, trascendió el preocupante número de fallecidos por heridas, más de 40 participantes fueron velados en los últimos días.

Corte Superior de Justicia de Lima- Imagen Flickr

BOLIVIA: Resuena el pedido por la Democracia y el Estado de Derecho. Desde el 28 de Diciembre el gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho permanece detenido acusado de formar parte del Golpe de Estado a Evo Morales en el año 2019. Semanas después , las movilizaciones se han extendido por varios puntos del país, reclamando la libertad del gobernador y otros presos políticos, así como el respeto por la democracia. En efecto, han salido grupos afines al oficialismo a reclamar su posición, de esta parte piden años de cárcel para el gobernador. Por el momento, Camacho llama la lucha nacional contra la “dictadura”, el oficialismo se plantea la posibilidad de nuevas elecciones en Santa Cruz y la UE advierte no llevar adelante acciones que generen un ambiente de mayor violencia social.

CHILE: El 30 de Diciembre, el presidente Boric anunció el indulto para 13 reclusos, lo cual desató una crisis institucional y una serie de reclamos al gobierno. Al comienzo, la oposición no denuncia inconstitucionalidad, pero sí exige investigar para esclarecer los hechos, ya que no se han expuesto motivos de indulto, lo cual juzgan de irresponsable cuando el país atraviesa una “crisis de inseguridad”. Tras la polémica, la Ministra de Justicia – Marcela Ríos- y el Jefe de Gabinete – Matías Meza-Lopehandía- presentaron su renuncia. También ha habido choques en la Corte Suprema y el Senado por rechazar los funcionarios propuestos por el Presidente para cubrir los cargos de Fiscal y el reemplazo de la Ministra saliente.

Gabriel Boric, presidente de Chile- Imagen Flickr

REFLEXIÓN

Lo que vemos aquí no es más que un reflejo de lo que viene sucediendo en Latinoamérica hace años, Enero nos golpea para mantenernos alerta para lo que nos depara este 2023. En menos de dos semanas, nos recuerda que aún mantenemos una deuda como sociedad: la crisis de las democracias contemporáneas. En los últimos años,  presenciamos el desgaste político  junto a la emergencia de nuevos actores no partidarios en la escena y el ascenso de la ultraderecha, ambos como respuesta a la incapacidad de los gobiernos para encauzar las demandas sociales como los niveles de inseguridad criminal, que amenaza el equilibrio interno.

Y si bien, aquí repasamos sobre la situación más actual de 4 países, debemos tener presente que durante el año anterior también presenciamos conflictos políticos en otros países como el caso de Argentina. Los delitos por corrupción, presentes en el aparato estatal, la asimetría que caracteriza a los procesos electorales, sumado a las crisis interna que afecta a los partidos políticos, no logran más que exponer ante los ojos del electorado la fragilidad de nuestras instituciones democráticas.

Por último, también habrá que plantearse el rol y la eficacia de las movilizaciones sociales, que sí décadas atrás supieron copar la escena como actores que venían a reclamar por justicia y representación por parte de sus gobernantes, actualmente es difícil discernir hacia donde se orientan. Este tema es tan extenso que exige otro artículo para ser tratado en profundidad, pero a grandes rasgos lo que se quiere decir es que los años atravesados por crisis políticas y económicas nos han plantado ante una escena actual de tal fragmentación social – entiéndase respecto a ideologías y posturas políticas – que ante el surgimiento de algún conflicto, tanto la opinión pública como las movilizaciones salen a pedir “soluciones” desde su propia realidad y perspectiva moral, y consecuentemente se vuelve cada vez más difícil llegar a un consenso social y tomar decisiones que no alteren a algún sector, que en el peor de los casos, se revelan con extrema violencia.

 

 


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Del reciente proceso electoral de Brasil, se evidenció una gran intensificación en la disparidad de los resultados entre los estados del norte y del sur. Por lo que el presente artículo analizará los resultados electorales en Brasil, durante las pasadas elecciones presidenciales. Y asimismo, se establecerá similitudes y diferencias con el caso italiano, del pasado mes de Septiembre.

Resulta notorio que en el último debate entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro se le otorgó una gran importancia a los Estados del Nordeste. Demasiadas promesas de obras y mejoras (especialmente aquellas relacionadas a la inversión en energía renovable) para un posible segundo mandato, siendo esta observación, el disparador por el cual se estudió la diferencia que existe a favor del candidato del Partido de los Trabajadores en esa parte del país.

Creación propia. Fuente: Resultados publicados por la Justicia Electoral brasileña.

Sin embargo, al corroborar los números con los que el PT había tenido triunfos amplios en el Nordeste y el PL en los Estados del Sur, se transparentó la división Norte-Sur (o Centro-Periferia) presente en otros países, de igual modo que se demostró en las recientes elecciones de Italia.

Una forma de explicar la situación de Brasil, como se menciona anteriormente, es por medio de lo que Lipset y Rokkan (1992) definieron como el “clivaje centro-periferia o identitario”. Este conflicto se encuentra entre la construcción del Estado-Nación centralizado y la resistencia de aquellos grupos minoritarios. Se trata de una oposición a la búsqueda de la unificación nacional y el centro es quién terminará ejerciendo el poder. Es posible ver que existe cierta pugna en los resultados electorales, sin embargo, también podría interpretarse como un suceso que aporta al surgimiento de fenómenos como el “bolsonarismo” en Brasil.

Lula da Silva – Jair Bolsonaro. Imagen Flickr

En el caso del Nordeste, caracterizado por una alta población afroamericana y un atraso en materia económica, su voto podría explicarse como una reacción favorable a la creación de determinados organismos, tales como la secretaria de Promoción de la Igualdad Racial, dependiente del Ministerio de Derechos Humanos, o las Universidades en la región. Pero la teoría de la creación de Universidades como forma de lograr el voto de la región podría ser puesta en duda cuando se analizan las estadísticas: de un total de 11 Universidades creadas durante el periodo 2003-2011, sólo tres permanecen localizadas en el Nordeste. En la segunda vuelta electoral, tanto en Ceará como en Bahía y Pará, el PT obtuvo más del 50% de los votos. No obstante, en el caso del Estado de Ceará y Bahía, el gobierno estadual se encuentra liderado por el mismo partido. Asimismo, el Estado de Pará se trata de un Estado gobernado por el MDB (un partido independiente del PT), pero que es considerado un aliado. Es así que por medio del MDB, Dilma Rousseff fue electa como Presidente del Brasil o que la candidata Simone Tebet, quién quedó tercera en la primera vuelta electoral, llamó abiertamente a votar por el PT en esta segunda vuelta.

Las TCI o la sospecha sobre las motivaciones de los votantes.

Relacionado con el punto anterior, y con la creación de Universidades como forma de atraer el voto de una región, es que podríamos mencionar a las TCI. Pero ¿que son las TCI y porque debería pensar en ellas como un factor determinante al momento de ver una elección?. Las TCIs, o Transferencias Condicionadas de Ingresos, representan una política pública que garantiza un ingreso básico. La CEPAL sostiene que las TCIs se impusieron en Latinoamérica como el principal medio por el cual los gobiernos buscan atender a la población en situación de pobreza. En este sentido, es posible mencionar a la política conocida como Bolsa Familia (la más grande de su tipo en Latinoamérica) que fue creada en la primera administración de Lula da Silva en el año 2004.

Según un estudio de la Universidad Vanderbilt del año 2010, la región Nordeste (y en las áreas no urbanas) es aquella en la cual se registra un mayor nivel absoluto de beneficiarios de esta política, representado en un 46,67% de la población. En términos de Sara Niedzwiecki, la clara atribución de responsabilidad que dicha región le brindó al Gobierno Federal, en manos del PT, podría ser la explicación a los resultados que ha obtenido el partido político en las elecciones, durante los últimos veinte años dentro de los Estados analizados.

Bueno, a todo esto ¿Italia que pinta acá?

Resulta interesante, como el fenómeno que sucedió, o que está sucediendo en Brasil, es muy similar al de la República Italiana, sólo que en esta se originó cuatro años más tarde.

 

Giorgia Meloni (Roma). Imagen Wikimedia Commons

En 2018, cuando el PL, con Jair Bolsonaro como líder, obtenía el triunfo en las elecciones presidenciales brasileñas, en la Republica Italiana, el Movimiento 5 Stelle era la primera opción de los votantes.

En 2022, con múltiples crisis políticas en la última década, Italia estaría entrando en un proceso similar al ocurrido en Brasil durante el periodo 2019-2022. Este hecho se ve reflejado con el ascenso al poder de Giorgia Meloni por medio de Fratelli d’Italia (calificado como un partido populista de derecha). Meloni llega al poder como la representante de un sector, damnificado frente al poder que tiene el Estado supranacional (Unión Europea). Y que además, por medio del dominio racional burocrático, intenta centralizar y normalizar determinados valores y formas de vida.

Será cuestión de esperar y desear que Giorgia Meloni se mantenga durante el resto de la Legislatura y el período 2022-2023 no se convierta en el nuevo año 69 d.C..


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*El siguiente artículo forma parte de un proyecto de investigación de su autora.

La Unión Europea tiene entre sus objetivos la paz, la libertad y el respeto entre los pueblos, por ello es especialmente interesante el análisis del caso que se da a ambos lados del rio Bidasoa. Que podemos aprender de este caso en Sudamérica.

En relaciones internacionales es habitual que los estados y las organizaciones supranacionales tengan oficinas dedicadas al establecimiento y desarrollo de acuerdos de cooperación. Pero desde hace algún tiempo es que se ha desarrollado con más fuerza la cooperación desde los actores subnacionales.

 ¿Qué es la cooperación descentralizada?

La cooperación descentralizada nace de la idea que la cooperación puede ser responsabilidad de los gobiernos centrales, así como de las organizaciones de la sociedad civil y de los actores subnacionales. Es definida por la Comisión Europea como la “cooperación al desarrollo entre las autoridades locales”, pudiendo entender a dichas autoridades locales de una manera muy amplia. Gobiernos subnacionales, regiones con autonomía (como podrían ser las Comunidades Autónomas de España) o municipios podrían ser considerados.

La cooperación descentralizada tiene algunos problemas, como la limitación en los recursos o la falta de verticalidad en la coordinación para la toma de decisiones. Sin embargo, son muchos los beneficios frente a la cooperación centralizada como es el hecho que se puede tener una mayor cercanía a los actores locales que conocen las problemáticas o que los recursos y acuerdos son llevados a cabo por los actores directamente interesados, logrando así resultados más tangibles en las comunidades en las políticas públicas (y una mayor transparencia en el uso de los fondos utilizados).

(Foto: página web oficial de Euro Ciudad)

¿Eurociudad? Ese raro y admirable caso.

El proyecto de cooperación transfronteriza surge en enero de 1993 cuando Grenet y Galdos hacen oficial el convenio de cooperación transfronteriza. El objetivo central del convenio fue lograr que este continum urbano, ubicado estratégicamente a lo largo de 50km, en una metrópoli europea donde se conciban de manera conjunta políticas en materia de infraestructura, servicio urbano o instrumentos de gobierno.

Para lograr el objetivo, es que la Eurociudad Vasca cuenta con un PBI mayor a la media europea, un potencial científico y de recursos humanos y una oferta cultural reconocida internacionalmente.

Entre los años 1997 y 2000 es que se dan avances significativos en el proyecto. Primero fue la creación de la Agencia transfronteriza para el desarrollo de la Eurociudad Vasca entre la Diputación de Gipuzkoa y el Distrito Bayona-Anglet-Biarritz en 1997 con la finalidad de crear una nueva forma de gobernanza, una visión a largo plazo y una filosofía de gestión de proyectos, entre otras metas compartidas.

Tras un año de trabajo, en 1998 la Agencia empieza a hacer un análisis sobre lo trabajado, el mismo lo publica en el Libro Blanco de la Eurociudad Vasca en el año 2000, con tres objetivos: la protección del patrimonio natural, la coordinación en el desarrollo de espacios comunes acorde a las exigencias de una metrópoli europea y la transformación del corredor de transito en un corredor de desarrollo.

Para lograr los objetivos establecidos en el Libro Blanco es que se crean observatorios temáticos y comisiones sectoriales (dedicados al medio ambiente, la cultura, la sinergia en el ámbito económico, entre otros), se hacen estudios sobre las infraestructuras existentes y el tratamiento de residuos y se crea el primer mapa de la Eurociudad. Otras actividades destacadas en este periodo es la creación de un mapa medio ambiental de la ciudad en el contexto del Congreso Transfronterizo en materia medioambiental para los jóvenes; así como la creación de distintos documentos oficiales en los tres idiomas oficiales.

En el año 2008, esta Agencia vuelve a hacer cambios en su trabajo con dos ejes estratégicos como son el desarrollo sostenible y la movilidad. En el primer caso, se puso en marcha en 2011 la REDVERT (dedicada a brindarle a las comunidades territoriales información sobre los proyectos de planificación y los retos de conservar la biodiversidad de la región) gracias al financiamiento de POCTEFA y AECT; y en materia de movilidad, la Agencia ha trabajado para desarrollar transporte ferroviario de cargas coordinado entre Bayona y San Sebastián (el Eurocité Express).

En la actualidad, algunos proyectos vigentes son el establecimiento de intercambios escolares y de los premios eKop (dedicados a la iniciativa empresarial fronteriza), manteniendo los proyectos REDVERT, de movilidad, el Forum de la Eurociudad (dedicado al debate de las cuestiones comunes), el plan estratégico operativo y el patrocinio de proyectos de interés común.

¿Que podríamos aprender entre las ciudades de Sudamérica?

Resulta interesante el análisis de este caso de cooperación descentralizada para aquellas ciudades fronterizas de Sudamérica. Conglomerados como Concordia y Salto o, especialmente, Rivera y Santana do Livramento pueden aplicar varias de las enseñanzas que nos deja el caso de la Eurociudad.

(Foto: Puente Salto Grande, frontera entre Salto y Concordia.)

En el caso de Concordia, Argentina y Salto, Uruguay, hay Comisiones que coordinan la cooperación centralizada y han llegado a acuerdos en materia económica (otorgando beneficios bancarios a aquellos residentes de ambas ciudades), de desarrollo social, en la protección de los derechos humanos (por medio de políticas comunes para combatir la trata de personas), medioambiental, de defensa y de salud. Además, existe un proyecto llamado “Como es crecer en las zonas de frontera en los países del Mercosur” que promueve un coloquio de los jóvenes de dichas ciudades.

(Foto: Pixabay. Frontera entre Sant’Ana do Livramento y Rivera.)

Rivera, Uruguay, y Sant’Ana do Livramento, Brasil, tal vez por el tipo de desarrollo urbano propio de las ciudades, llevan a cabo una Agenda Urbana Binacional cuya finalidad es el desarrollo inclusivo, sostenible y participativo del tejido urbano donde se integran y han desarrollado una interesante dinámica transfronteriza. En esta agenda, se trabaja especialmente en temáticas como la sustentabilidad ambiental, le mejora en la calidad de vida de los habitantes y la reducción de las asimetrías en el tratamiento de cuestiones de gestión de residuos, entre otras decisiones de políticas públicas.

En conclusion, si bien en Sudamérica tenemos grandes avances en la cooperación descentralizada, lejos estamos de la integración que la Union Europea le brinda a este tipo de estrategias de desarrollo. Seria interesante ver como se progresa en generar lugares conjuntos para la toma de decisiones de estas ciudades fronterizas en materias como el desarrollo, el comercio libre de fronteras y, especialmente, la educación y el impulso de proyectos con lineamientos comunes.


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Si bien las candidaturas de Luis Inácio Lula da Silva y Jair Bolsonaro están atrayendo casi toda la atención y la polarización, la autoridad electoral brasileña informó que el país tendrá doce candidatos para la presidencia. Aquí, un análisis de uno por uno.

El 2 de octubre es la fecha marcada para las elecciones a presidente de Brasil y son doce los candidatos que competirán por el lugar en el Palacio do Alvorada. El Tribunal Superior Electoral informó que recibió “ 12 solicitudes de registro de candidaturas para el cargo de presidente de la república ”. Según el Artículo 77 de la Constitución brasileña, habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, si ninguno de ellos, supera el 50% de los votos legalmente emitidos.

(Foto: Palacio do Alvorada, la residencia de los presidentes de la República Federativa de Brasil. Obtenida en Pixabay).

Según múltiples encuestas , los candidatos que están polarizando la elección son el ex presidente Lula da Silva y el actual mandatario, Jair Bolsonaro. Una muestra de esta situación es que algunos sondeos predicen un posible triunfo del representante del PT en una primera vuelta, mientras que otros tuvieron como resultado un acercamiento en la intención de voto hacia el presidente Bolsonaro. Estas encuestas ubican a Ciro Gomes del Partido Democrático Laborista ya Simone Tebet del Movimiento Democrático del Brasil en tercer y cuarto lugar.

El resto de los candidatos tienen una intención de voto menor al 1%, sin embargo, podrían tratarse de números clave para los candidatos mayoritarios porque esta división podría obligarlos a ir a una segunda vuelta.

Uno por uno

Jair Bolsonaro. Es el actual presidente. Fue elegido por el Partido Socio Liberal en el 2018. Su formación fue como militar y ocupa una banca como Diputado, durante más de 25 años, representado al Estado de Rio de Janeiro.

(Foto: Jaír Bolsonaro. Obtenida en Getty Images).

Luis Inácio da Silva. Ex presidente de Brasil y el principal candidato del Partido de los Trabajadores (partido del que es miembro fundador). Entre 2003 y 2010 fue el Presidente de la República de Brasil.

(Foto: Luiz Inácio Lula da Silva. Obtenida de Getty Images)

Ciro Gómez. Es el candidato del Partido Demócrata Laborista y tercero en las encuestas. Presento su candidatura sin un vicepresidente y desde el PDL mencionan que buscan crear una tercera vía. Su formación es como abogado, se graduó de la Universidad Federal de Ceará e hizo estudios en Harvard, y fue Alcalde de Fortaleza, Gobernador de Ceará y dos veces Ministro (durante las administraciones de Itamar Franco y Lula da Silva).

Simone Tebet. Es la única mujer entre los principales candidatos para la presidencia. Es candidata del Partido Movimiento Democrático Brasilero. Es abogada, graduada de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, y ocupa el cargo de Senadora desde 2015. Además, fue presidente de su bancada entre 2018 y 2019.

Felipe de Ávila. Es el candidato por el Partido Nuevo y se trata de la primera vez que se postula para el máximo cargo del país. Es oriundo de San Pablo, tiene estudios de grado en Ciencia Política e hizo una maestría en Administración Pública en Harvard. En el año 2008 fundo el Centro para el Liderazgo Publico, además de dedicarse a la escritura.

José María Eymael. Se trata del candidato del Partido Socialdemócrata Cristiano y esta es la tercera vez que intenta llegar al Palacio do Alvorada (en las dos ocasiones previas obtuvo menos del 1% de los votos). Académicamente se formó como abogado en la Universidad Católica de Rio Grande del Sur. Entre 1986 y 1995 fue Diputado por el Estado de San Pablo.

Leonardo Pericles. Es el candidato de Unión Popular. Oriundo de Minas Gerais, se postuló en Belo Horizonte como candidato a concejal en el año 2008 y como vicealcalde en 2020 y no fue electo en ninguna de las ocasiones. Su formación es como electricista.

Pablo Marçal. Es el candidato del Partido Republicano del Orden Social. Tiene 35 años y es empresario y filántropo, aunque su formación es como abogado. Ha publicado más de 25 libros.

Roberto Jefferson. Es el candidato del Partido del Trabajo de Brasil. Es oriundo de Petropolis y se formo como abogado. Desde 2003 preside el PTB y es el diputado federal con mas años continuados en el cargo con 6 periodos.

Sofía Manzano. Es la candidata del Partido Comunista Brasileño. Es Doctora en Historia Económica y en 2014 fue candidata a vicepresidente del país. Es profesora de la Universidad Estatal del Suroeste de Bahía.

Vera Lúcia Salgado . Candidata del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados. Fue candidata en reiteradas oportunidades (para la cámara de Diputados, para la gobernación de Sergipe y como presidente) pero no fue elegida en ninguna ocasión. Académicamente se formó en Ciencias Sociales en la Universidad Federal de Sergipe.

Soraya Thronicke. Es la candidata del Partido Social Liberal. Oriunda del Estado de Mato Groso del Sur, al que representa en la Cámara de Senadores desde 2019, donde su familia posee varios hoteles. Académicamente se formó como abogada. En las elecciones presidenciales previas apoyo a Jair Bolsonaro.

En datos

Los gráficos muestran datos con respecto a los candidatos que se presentan en las próximas elecciones.

Estudios

(Edición propia para UNEX)

Orígenes

(Edición propia para UNEX)

Género

(Edición propia para UNEX)

Cargos ejecutivos

(Edición propia para UNEX)


Bárbara Ojeda25/07/2022
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La violencia simbólica es un tipo de violencia de género que se encuentra arraigada en nuestra sociedad hasta tal punto que la normalizamos llegando, incluso, a ser invisibilizada. La misma funciona como mecanismo de control social que, a través de los usos y las costumbres, reproduce desigualdades de género.

Fuente: Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

¿Qué entendemos por violencia simbólica?

La violencia simbólica puede ser entendida como aquella que, mediante patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduce desigualdad, dominación y discriminación en las formas de relacionarnos con otros, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. De esta manera, la violencia simbólica se manifiesta en diversos aspectos de la vida cotidiana, como en el menosprecio moral, el control económico, el control de la sociabilidad, la descalificación intelectual y la descalificación profesional.

A su vez, la violencia simbólica reproduce estereotipos de género que profundizan las desigualdades existentes entre los hombres y las mujeres. Los estereotipos son todas aquellas representaciones que le asignan características y roles específicos a hombres y mujeres solo por su género. Estas suelen ser generalizaciones e ideas simplificadas que contribuyen a reproducir el discurso patriarcal.

El rol del lenguaje en la violencia simbólica

El lenguaje cumple un rol central en la transmisión de la violencia de género, ya que la misma se reproduce a través de discursos, normas y creencias. Así, la violencia simbólica logra imponerse mediante el lenguaje que, persuadiendo y ordenando, genera conductas que resultan discriminatorias, prejuiciosas y generadoras de estereotipos.

Siguiendo con lo expuesto en el párrafo anterior, este tipo de violencia se interioriza en los mensajes que recibimos diariamente y pasan a ser aceptados socialmente. Un espacio central en el que se reproducen estos discursos es la familia. Esto se debe a que ella es el primer lugar de socialización de los niños y niñas, donde aprenden como deben comportarse e incorporan sus primeros hábitos.

Un ejemplo de este tipo de violencia se puede ver claramente en la división de tareas hacia el interior de los hogares. Si bien hoy en día el feminismo ha avanzado en derribar los estereotipos de género, durante mucho tiempo se creía –e incluso algunos lo siguen creyendo- que solamente las mujeres debían ser las encargadas de las tareas domésticas, de cuidar a los niños y a los adultos mayores.

Otro ejemplo lo podemos encontrar en el mundo de la política, donde muchas mujeres suelen definirse primero como madres, y luego en función de su cargo público; mientras que, por otro lado, es muy difícil encontrar hombres que se definan primero como “padres” y, en segundo lugar, en función de su cargo público.

Los medios de comunicación e información como espacios de reproducción de la violencia simbólica

Los medios de comunicación son uno de los principales espacios donde se transmiten discursos que refuerzan las desigualdades y los estereotipos de género. Esto suele suceder por medio del contenido de noticias, programas de ficción o de entretenimiento. Además, al ser espacios que llegan a gran cantidad de personas, contribuyen a una diseminación masiva y a un fuerte arraigo en la sociedad de este tipo de violencia.

Según un estudio realizado por CONCORTV en 2013, para los/as peruanos/as, la televisión es el medio de comunicación más sensacionalista, mostrando a las personas adultas mayores (49%), niños y niñas (57%), y a la mujer (58%) de forma negativa.

Para agregar, la publicidad es uno de los principales espacios en donde se reproducen estereotipos de cómo deben verse las mujeres, cómo deben actuar y que roles tienen que ocupar. Uno de los efectos más negativos que tiene la publicidad para con las mujeres está relacionada con la imagen que ellas mismas tienen sobre su cuerpo. La publicidad suele mostrar un ideal de belleza femenina y cuerpos inalcanzables, dando lugar a parámetros que son imposibles de alcanzar, pero que generan una mirada sancionatoria hacia aquellas mujeres que no cumplen con los estándares de belleza impuestos.

Fuente: Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

Sin embargo, se debe reconocer que actualmente se ha logrado un gran avance en el ámbito de la publicidad para no caer en la reproducción de los estereotipos de género. Como menciona Daniela Salgado, muchas marcas, como DOVE y Flores, han realizado publicidades donde muestran cuerpos muy distintos, enfatizando el valor de la diversidad.

La violencia simbólica en los países latinoamericanos

La gran mayoría de los estados latinoamericanos no reconoce la violencia simbólica como una problemática con fuertes consecuencias tanto para los hombres como para las mujeres. Esto es así debido a que, en gran medida, los países latinoamericanos no contabilizan los casos de violencia simbólica, ni tampoco hay una concientización y prevención sobre la misma.

La violencia simbólica suele estar muy naturalizada en los discursos y mensajes que circulan en la sociedad, por lo que es muy difícil reconocerla. De los países latinoamericanos, Argentina es el único que reconoce la violencia simbólica y tiene un registro de las denuncias que se realizan por este tipo de violencia. A su vez, Argentina ofrece planes nacionales, acompañamiento y lleva a cabo relevamientos con el objetivo de prevenir la violencia simbólica.

En cuanto al resto de los países latinoamericanos, siguiendo la clasificación realizada por María Fernanda Romain, nos encontramos con países que tipifican la violencia simbólica como un tipo de violencia contra la mujer, pero sin relevamientos al respecto (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Uruguay y Venezuela); aquellos que no la tipifican de ningún modo, pero que la regulan por medio de normativas en torno a la producción de contenidos audiovisuales y publicitarios (Perú, Colombia, Chile, Honduras, Costa Rica, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, México y Nicaragua); por último, Cuba es el único país que no ofrece ningún tipo de regulación ni normativas para abordar las diversas formas de violencia de género, entre ellas, la violencia simbólica.

¿Cómo construimos un mundo sin violencia simbólica?

Con el fin de visibilizar y luchar contra la violencia simbólica es de vital importancia que quienes trabajan en publicidad y comunicación consulten a personas especializadas en desigualdades de género. De esta forma, se podrán desarrollar soluciones que aborden las problemáticas de género que se reproducen en los medios de comunicación.

No obstante, también es necesario que la sociedad ponga en cuestionamiento el sentido común, a partir del cual se construyen estereotipos de género que reproducen desigualdades, teniendo en mira el objetivo de construir un mundo más igualitario. Entonces, se debe plantear un pensamiento crítico ante las construcciones sociales que definen a los hombres y a las mujeres en base a determinados roles que deben cumplir.


Bárbara Ojeda20/07/2022
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Durante muchos años la educación superior ha sido vista como un espacio privilegiado para los hombres, quienes podían acceder a la esfera pública con éxito, dejando de lado a las mujeres. Sin embargo, en los últimos años hubo un gran avance en materia de un acceso igualitario para las mujeres. Pero cabe preguntarnos, ¿Esta mayor inserción en el sistema educativo se ha traducido en una mayor inserción en la esfera pública?

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La matriculación universitaria femenina en América Latina

Durante mucho tiempo las mujeres se vieron en una situación de marginalidad debido al escaso acceso al sistema educativo superior en comparación con los hombres. No obstante, en los últimos años hubo en América Latina un crecimiento elevado de la matriculación universitaria en las mujeres. Esto da lugar a que ellas tengan mejores oportunidades de acceder al mercado de trabajo y gocen de mayor autonomía económica. Además, un dato no menor es que, en muchos países latinoamericanos, la matriculación femenina no solo se ha equiparado con la masculina, sino que ha alcanzado niveles aún más altos en algunas carreras. Por ejemplo, según el censo del 2011 realizado en la Universidad de Buenos Aires (Argentina), el 60,9% de sus estudiantes son mujeres, y esta tendencia se mantiene hasta el día de hoy. Asimismo, en Brasil y Venezuela se puede encontrar una sobrerrepresentación femenina de entre un 4% y un 10% sobre la matriculación masculina. Es clave destacar que la gran mayoría de las mujeres que acceden a la educación superior logran tener un buen desempeño académico, lo que se ve reflejado en altos porcentajes de egresos anuales.

De la educación superior al mercado de trabajo

El hecho de que se hayan logrado avances en el acceso de las mujeres a los estudios superiores de manera creciente es muy importante para lograr sociedades más igualitarias en las que el género no sea un impedimento a la hora de formarnos como ciudadanos/as de derechos y sujetos políticos. Así, el acceso a la educación superior es un elemento que funciona como determinante al momento de generar una disminución en la brecha de género en el mercado de trabajo. Esto se puede ver reflejado en los países del Sur Latinoamericano (Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay) junto con Costa Rica y República Dominicana: existe una alta diferenciación en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo relacionada con los años de inversión educativa. La participación femenina en la población económicamente activa de aquellas las mujeres que han logrado tener acceso al sistema educativo superior o terciario es de entre un 21 % y el 30% más que el resto de las mujeres.

Pese a estos grandes avances, la relación entre educación superior y acceso al mercado de trabajo en las mujeres no se encuentra exenta de diversas disparidades más generales, consecuencia de que aún vivimos en un mundo desigual al que le falta mucho camino por recorrer. No se puede negar que, a mayor nivel educativo, las personas tienen mejores oportunidades de insertarse en el mundo laboral y tener mejores ingresos, lo que les permitirá cumplir sus aspiraciones de ascenso social.

Sin embargo, tampoco se puede negar que las mujeres siguen siendo relegadas al ámbito privado, a las tareas del hogar y de cuidado, y que la brecha salarial de genero sigue existiendo en todos los países de Latinoamérica. Para ilustrar, en El Salvador la tasa de ocupación de las mujeres egresadas universitarias apenas alcanza el 35,5%, mientras para el mismo nivel educativo la tasa de ocupación masculina representa los dos tercios faltantes de la estructura laboral del país. A su vez, el ingreso medio de las mujeres latinoamericanas es de aproximadamente un 53.8%, siendo solamente un poco más elevado que la mitad del ingreso promedio masculino. Cuando se mira esta relación en el caso de las mujeres universitarias, se puede observar que la brecha salarial es menor e incluso tiende a disminuir en algunos sectores de la actividad económica.

Los estereotipos de género en la educación superior

Las desigualdades de género se pueden observar hacia el interior de la educación superior. En los estudios superiores se encuentra una fuerte feminización de ciertas carreras universitarias y terciarias, es decir, hay carreras asociadas a los estereotipos femeninos, que ligan a la mujer con lo emocional, lo social y con el rol de cuidadoras, en las que se puede encontrar un predominio de estudiantes mujeres. Mientras tanto, en las carreras asociadas a ciencias “duras” y a sectores dinámicos y productivos de la economía hay un predominio de estudiantes varones. En tanto entre las carreras relacionadas con roles femeninos podemos encontrar: enfermería, nutrición, educación básica y media y ciencias sociales; entre las carreras que son percibidas como “masculinas” se encuentran, con mayores coincidencias entre los países latinoamericanos, agronomía, ingeniería, arquitectura, ciencias naturales y ciencias exactas.

Fuente: Marco Fernández

El problema de la diferenciación que se hace entre carreras “femeninas” y “masculinas” en base a los roles de género, según la división sexual del trabajo, es que la feminización de ciertas carreras tiene como resultado una infravaloración de las mismas. Por ende, los salarios de las carreras vinculadas a lo social suelen ser mucho más bajos que las carreras de ramas duras, lo que contribuye significativamente a que la brecha salarial se acentué.

Comentarios finales

La distinción que se hace en la educación superior entre carreras propias de hombres o mujeres es una gran traba al momento de que las mujeres elijan aquello a lo que se quieren dedicar, a la vez que, constituye una limitación más en la inserción laboral de las mismas. Así, los estereotipos de género, que funcionan en la educación superior, se ven traducidos en el mercado laboral con menores salarios y peores oportunidades de trabajo para las mujeres.

Por eso, es imprescindible la puesta en marcha de políticas que tengan como objetivo disminuir las desventajas a las que se enfrentan las mujeres en el mundo laboral y educativo, tales como programas de mentoría y empoderamiento de las mujeres para alcanzar puestos de liderazgo, orientación profesional para desmontar las falsas imágenes de las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, cuotas en la educación terciaria y superior para estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables, así como la ampliación de becas.


Bárbara Ojeda18/07/2022
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En América Latina la comunidad LGBTIQ+ ha logrados grandes avances en lo que refiere a la conquista de derechos. A pesar de ello, este colectivo sigue siendo una población socialmente vulnerada y estigmatizada por la fuerte discriminación que sufre hasta el día de hoy. Esta discriminación sistemática funciona como barrera que impide a las personas que conforman parte de la comunidad LGBTIQ+  insertarse en el mercado laboral de manera formal.

La situación de la comunidad LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe

Solo una pequeña porción de la región tiene legislaciones que reconocen las identidades travesti-trans. Entre estos países se encuentran Argentina, Chile, Ecuador y México. Además, Bolivia habilita el cambio registral por vía administrativa para mayores de edad y Colombia permite la modificación del documento de identidad vía Registro Civil. Por su parte, Paraguay, Venezuela, Perú y Brasil tienen nulas o muy restringidas legislaciones sobre identidad de género. Sin embargo, cabe recalcar que son muchos los países que cuentan con legislaciones que brindan protección jurídica contra la discriminación por orientación sexual. Aquí encontramos a países como Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y Uruguay. Mientras tanto, Venezuela, México y Paraguay no cuentan con el agravante de “crímenes de odio” al momento de catalogar los delitos de odio contra la población transgénero y homosexual.

El mercado laboral para las personas travestis, transexuales y transgéneros

Si bien desde los Principios de Yogtakarta declaradas por la ONU se estableció que se les debe garantizar a todas las personas el derecho a un trabajo digno, sin importar su identidad de género y/o su orientación sexual, un 90% de las mujeres trans ejerce el trabajo sexual. Esto deja en evidencia que las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transgéneros, marcadas por una fuerte violencia y estigmatización, llevan a que también se encuentren marginadas en el ámbito laboral.

Según un estudio realizado por la Fundación Huésped, el 70, 7% de las personas travestis, transexuales y transgéneros trabajan por cuenta propia o como autónomas y solo el 13% se encuentra en un trabajo en relación de dependencia. A su vez, solo el 9,8% de las mujeres trans que se encuentran trabajando declararon que reciben aportes jubilatorios. Para agregar, más del 50% de las personas trans que se encuentran empleadas fueron víctimas de situaciones de violencia y acoso en sus espacios de trabajo. Estos datos dejan en evidencia que la cadena de vulneraciones por las que pasan a lo largo de su vida, como el precario acceso a la salud, educación y vivienda, repercute en una mayor dificultad en conseguir un empleo formal.

Para agregar, en Argentina siete de cada diez travestis y mujeres trans nunca tuvieron la posibilidad de tener una entrevista laboral luego de haber asumido su identidad de género autopercibida. A su vez, un 54% de las travesti-trans declararon que les fueron negados puestos de trabajo por su identidad de género.

El cupo laboral travesti-trans en Argentina

Luego de que hayan pasado por el Congreso innumerables proyectos de ley que buscaban promover la inserción laboral para las personas travestis y trans, el 8 de julio de 2021 se sancionó la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans “Diana Sacayan-Lohana Berkins”. La misma establece la inclusión laboral en el Estado de las personas travestis y trans por medio de un cupo mínimo de un 1% en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder legislativo, los ministerios, las empresas del Estado, etc. A su vez, incentiva a que el sector privado contrate a personas que forman parte de este colectivo, y también permite el acceso al crédito para sus emprendimientos productivos.

Archivo Presentes/Ariel Gutraich, Jessie Insfran Pérez

Este es un gran paso en el camino a transformar la desigualdad estructural a la que se ve sometida el colectivo por el simple hecho de llevar con orgullo su identidad de género. No obstante, desde el colectivo travesti y trans se hace hincapié en si bien el cupo es un gran paso y un reclamo histórico fundamental, no alcanza solamente con este ya que supone un “techo”, es decir, un número limitado de personas travesti trans que tendrán asegurado un trabajo formal. Por eso, es necesario hablar de inclusión, lo que supone un proceso amplio en el que todas las personas travestis y trans deberían poder insertarse en el mundo laboral, ya sea en el ámbito privado o público.

La lucha del colectivo LGBTIQ+ en pos de mayores derechos

Diversas organizaciones sociales de la diversidad sexual han llevado a cabo una lucha muy intensa y persistente para que los Estados generen acciones efectivas que mejoren las condiciones de vida de las personas travestis, transexuales y transgéneros, y que reconozcan su identidad de género. Asimismo, existe una tendencia por parte de muchas empresas a realizar contrataciones de personas pertenecientes a este colectivo. Cabe recalcar que esto muchas veces se da solamente por una cuestión de responsabilidad social empresarial o estrategias comerciales y de imagen. Sin embargo, lo importante es que se creen espacios de trabajo que sean seguros y confiables para la comunidad. Esto llevara a que se incremente la productividad de los equipos integrados por personas LGBT+ así como las ganancias de las empresas.

Conclusiones

La comunidad LGBTIQ+ ha sido una de las que más postergadas vio sus demandas sociales e incluso hoy en día siguen luchando para que sus voces sean escuchadas. El cupo laboral travesti-trans es un gran paso para este colectivo, pero es muy difícil que suceda en aquellos países de América Latina y el Caribe que ni siquiera cuentan con legislaciones que reconozcan la identidad de género. Por ello, se debe visibilizar la discriminación y estigmatización por la que pasa la comunidad LGBTIQ+ con el fin de revertir esta situación y contribuir al respeto y reconocimiento de las diversas identidades de género. Así, si bien las leyes no son una solución definitiva a problemáticas sociales históricas, sí son una semilla con la que comenzar a mejorar la calidad de vida de quienes sobrevivieron, de infancias y adolescencias que manifiestan identidad de género disidentes.


Bárbara Ojeda13/07/2022
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Los derechos en materia de igualdad de género han aumentado en los últimos años en una gran cantidad de países de América Latina. Sin embargo, al momento de observar el ámbito de la política nos encontramos con que las mujeres se encuentran con grandes dificultades a la hora de obtener cargos electos, participar en la formulación de políticas públicas y en las estructuras de toma de decisiones.

Fuente: El Búho

Los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el mundo de la política

Hasta el día de hoy, las mujeres deben hacer frente a una serie de barreras estructurales que las ponen en desventaja con respecto a los hombres en diversos ámbitos de la vida. Una de ellas es el hecho de que son ellas quienes siguen teniendo la mayor parte de la responsabilidad de las tareas domésticas y cuidado de niños. Esto queda demostrado en una encuesta que se le realizo a 187 mujeres políticas de 65 países, en la cual el 67% de ellas afirman que tratar de encontrar un equilibrio entre el tiempo dedicado a compromisos familiares y a las actividades políticas es la principal dificultad que deben afrontar al momento de postularse para algún cargo legislativo.

Por otro lado, existe un gran perjuicio acerca de que el ámbito de la política pertenece exclusivamente a los hombres, por lo que las mujeres suelen permanecer excluidas y sus contribuciones no son tomadas en cuenta. Consecuentemente, los hombres suelen contar con “redes tradicionales masculinas” a las que las mujeres no tienen acceso. Esto dificulta que ellas obtengan fondos para financiar sus campañas y participar en las negociaciones que tienen lugar detrás de puertas cerradas.

¿Cómo influyen los estereotipos de género en la representación femenina en la política?

La poca representación de las mujeres en la política esta intrínsecamente relacionada con el sistema que establece una división sexual del trabajo asignado por los roles de género en donde se establecen prácticas y normas sociales diferentes para hombres y mujeres. Esto trae aparejado fuertes desigualdades sociales que son determinantes en cuanto a las oportunidades que tienen hombres y mujeres de acceder al ámbito de la política.

De tal manera, aquellas mujeres que llegan a obtener cargos en la política suelen verse relegadas a áreas tradicionalmente feminizadas como salud, medio ambiente, familia, género y educación. En contraste, es muy difícil que las mujeres sean designadas a cargos que tradicionalmente son ocupados por hombres como economía, finanzas, defensa o relaciones exteriores. Esto da cuenta de que existe una extensión del rol femenino desde el ámbito privado hacia el ámbito público.

Las mujeres de América Latina en cargos directivos gubernamentales

Si bien las mujeres de la región han logrado desplazarse de la esfera del ámbito privado para insertarse en mayor medida en el mercado laboral, su integración en el área de la política es muy lenta. Siendo así, la llegada de las mujeres al Poder Ejecutivo fue muy tardía si se tiene en cuenta que el derecho al voto para las mujeres ocurrió muchos años antes. Para la década de 1970, en América Latina ya comenzaron a haber magistraturas ejercidas por mujeres, pero solo de manera temporal. Recién para el año 1989 la presidencia fue ocupada por primera vez por una mujer a través de elecciones democráticas.

En cuanto al Poder Legislativo, la entrada de las mujeres se dio de manera más temprana, pero en proporciones muy pequeñas y esto no ha cambiado significativamente con el pasar de los años. Actualmente, en América Latina las mujeres ocupan aproximadamente solo el 30% de los escaños parlamentarios. Además, según la ONU, la representación de las mujeres en los cuerpos deliberativos locales en América Latina y el Caribe es del 25%. Por último, la integración de las mujeres al Poder Ejecutivo fue aún más temprano dado a que muchas mujeres entraron a la carrera judicial cuando se obtuvo el derecho a voto.

Hacia una representación política más inclusiva

Un factor clave para aumentar la representación femenina en la política fue la instauración de cupos que establecen que las mujeres deben tener un mínimo de representación (entre un 20% a 40%) en las listas partidarias para las elecciones legislativas. Según la CEPAL esta medida ha sido eficiente ya que ha aumentado la presencia de las mujeres en las legislaturas en alrededor de 9 nueve puntos de porcentaje.

Entre los países que han adoptado cuotas se encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y El Salvador, y Uruguay. Un dato no menor es que, si bien Cuba no cuenta con cuotas, es el país de América Latina que cuenta con mayor representación de mujeres en el parlamento alcanzando un 45,2%.

Este tipo de medidas legislativas, a pesar de que pueda ser muy discutida su efectividad, son centrales para promover la paridad en la política, dándole a las mujeres mayores oportunidades con el fin de que sea posible que se conviertan en líderes que aporten al cambio de los estereotipos culturales.

Comentarios finales

Es fundamental que se promuevan políticas de igualdad como la ley de cuotas debido a que colaboran en pos de derribar las barreras estructurales a las que se deben enfrentar las mujeres tanto en el ámbito de la política como en otras áreas. Sin embargo, en muchos países este tipo de leyes no tiene un seguimiento por lo cual no terminan por llevarse a cabo. Para que esto no ocurra se deben tomar medidas enfocadas en la penalización de las vulneraciones de la norma.

Asimismo, este tipo de medidas también son centrales para fortalecer la legitimidad de las instituciones y de la democracia. La incorporación de las mujeres en la política y otras instancias de decisión ofrece la posibilidad de que haya mayor representación en el sistema democrático, a la vez que, aumenta la transparencia y el desarrollo de un país. Esto se debe tanto por la incorporación de un sector subrepresentado en la esfera pública, como por los aportes específicos que ellas pueden hacer en materia de políticas públicas.