11/05/2026 MÉXICO

Categoría: América Latina

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El crecimiento de liderazgos conservadores en Sudamérica suele reducirse al desgaste de los oficialismos progresistas. Pero el fenómeno es más complejo: fuerzas liberales y de derecha lograron interpretar demandas sociales concretas como seguridad, estabilidad económica y eficiencia estatal que hoy ocupan un lugar central en la región. De Milei en Argentina a Kast en Chile, de Paz Pereira en Bolivia a la segunda vuelta peruana, el patrón se repite: cuando cambian las prioridades de la sociedad, o el oficialismo se adapta o le da entrada directa a otro partido.


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La coexistencia de sistemas de justicia en el Perú no es un debate teórico, es una realidad cotidiana en los Andes y la Amazonía. Sin embargo, el reconocimiento constitucional de la jurisdicción especial (Art. 149) ha funcionado durante décadas como una isla aislada del sistema ordinario. Hoy, la realidad nos exige pasar del reconocimiento pasivo […]

Alex Berrones30/04/2026
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Lo que las autoridades ecuatorianas y el Pentágono celebraron como un golpe contra el narcoterrorismo resultó ser la destrucción de una finca campesina en Sucumbíos. La operación «Exterminio Total», ejecutada en marzo de 2026, dejó a 27 familias sin sustento, incluyó torturas documentadas por la OMCT y expuso las fallas de la inteligencia militar ecuatoriana. Detrás del operativo se perfila un modelo de seguridad que fusiona contratistas privados, cooperación estadounidense y lógicas extractivistas en territorios rurales.

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El presidente de Colombia Gustavo Petro anunció que el país se retirará del sistema de arbitraje inversor-Estado (ISDS), un mecanismo que permite a inversores extranjeros demandar a gobiernos ante tribunales internacionales. La decisión no es aislada: desde la Unión Europea hasta países del sur global cuestionan un sistema que, según sus críticos, debilita la capacidad de los Estados para legislar en interés público. América Latina concentra el 31% de los casos a nivel mundial.

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Las desapariciones forzadas en América Latina constituyen una crisis estructural persistente, marcada por la impunidad y la negación de los Estados. Este análisis recorre la situación en distintos países de la región e identifica los principales obstáculos que impiden garantizar la verdad, la justicia y una búsqueda efectiva de las personas desaparecidas.

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La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un mecanismo intergubernamental creado en 2011 para el diálogo y concertación política, con el objetivo de promover la integración política, económica, social y cultural, así como el desarrollo de sus 33 países miembros. Por lo general, los Estados se reúnen anualmente (aunque esto puede cambiar dependiendo […]

Carola Bizzi07/04/2026
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Mientras Argentina reclama soberanía sobre Malvinas en foros internacionales, empresas israelíes y españolas operan en sus aguas con licencias británicas. Un análisis desde la interdependencia compleja sobre cómo los actores transnacionales están redefiniendo la disputa por la ZEE argentina.

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La creación de la alianza militar Shield of the Americas, formalizada en marzo de 2026 bajo el liderazgo de Estados Unidos, marca un punto de inflexión en la geopolítica latinoamericana. En este artículo se analiza cómo la coalición —integrada inicialmente por doce naciones— busca configurarse como un bloque de defensa y control frente al «narcoterrorismo» […]

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La crisis climática en América Latina constituye una emergencia de derechos humanos que afecta desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables. La reciente Opinión Consultiva OC-32/25 (2025) de la Corte Interamericana marca un hito al declarar la obligación de no causar daños ambientales irreversibles como norma jus cogens, reconociendo por primera vez los derechos de la naturaleza y el derecho humano a un clima sano. En Perú, donde el 55,1% de la pobreza extrema se concentra en zonas rurales dependientes de ecosistemas frágiles y se ha perdido la mitad de los glaciares andinos en cinco décadas, persiste una brecha entre el marco normativo y la realidad. A pesar de contar con la Ley Marco sobre Cambio Climático, el país enfrenta déficits presupuestales, descoordinación institucional y falta de integración climática en proyectos extractivos. La justicia climática exige reformas institucionales efectivas, debida diligencia empresarial reforzada, protección de defensores ambientales y un enfoque diferenciado para grupos vulnerables que garantice equidad social e intergeneracional.