02/10/2022 MÉXICO

Economía y Desarrollo archivos - United Explanations

De Ruba Leonel26/09/2022
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El año 2022 podría ser calificado para los países miembros de la Unión Europea como su “annus horribilis”. Las consecuencias de la pandemia y el conflicto bélico entre Ucrania-Rusia han acelerado problemáticas económicas que muestran la actual fragilidad de la unión monetaria.

Luego de muchos años, el Euro ha sufrido una baja abrupta de su valor lo que significó una serie de fluctuaciones en torno a su relación y comparación con el dólar estadounidense. Esto se signó por periodos de una relativa paridad, y por otros, en los cuales el Euro se ha cotizado por debajo de una unidad de dólar. Esta situación se debe a una serie de motivos multicausales que con el devenir de episodios históricos, éstos han logrado acelerar tiempos de incertidumbre en la Unión Europea y su unión económica-monetaria.

¿Qué es la Eurozona o “zona del euro”?

La totalidad de los Estados miembros de la Unión Europea, son parte de la Unión Económica y Monetaria (UEM), coordinando sus políticas económicas tras los objetivos económicos que se impone la propia organización supranacional. Sin embargo, varios países miembros han dado un paso más sustituyendo sus monedas nacionales por la moneda única: el Euro. Estos Estados miembros forman la denominada zona del euro, siendo al día de hoy 19 países los que la conforman, entre los que se pueden destacar: Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, entre otros.

Asimismo, el objetivo común de la zona del euro no resulta sólo dotar de una moneda común a la unión política y aduanera, por el contrario, busca el desarrollo y la estabilización del mercado interior europeo tratando de mantener el nivel de precios y la estabilidad monetaria del euro. Para ello, se crearon una serie de instituciones que permiten su gestión económica de forma mancomunada.

De ahí que, se dispuso la constitución del Banco Central Europeo con sede en Fráncfort, Alemania quien junto a los bancos centrales de los miembros adheridos a la Eurozona conforman el Eurosistema. Este sistema ha establecido una única autoridad que fija la política monetaria y permite coordinar las políticas económicas con todos los países miembros, que tienen una relativa independencia en la toma de decisiones -siempre dentro de lo establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC)- con el fin de alcanzar los objetivos comunes de estabilidad, crecimiento y empleo.

Como consecuencia de esa unión, la economía de cada uno de los miembros de esta política común se encuentra más integrada, con los beneficios y costos de lo que los académicos neoliberales de las relaciones internacionales denominan interdependencia compleja. Básicamente este concepto formulado por los autores Robert Keohane y Joseph Nye, manifiesta que las diversas y complejas conexiones transnacionales e interdependencias entre estados y las sociedades fueron en aumento, declinando la fuerza militar como herramienta política, lo que motiva a una mayor cooperación entre los estados. Esta cuestión fue generando una red que permite fenómenos de integración política, económica y social, pero que son permeables a las consecuencias de los desequilibrios del sistema internacional, sean estos de orden político, económico, militar o de seguridad.

(Foto: Pixabay).

¿Qué le está pasando al Euro?

Como antes se exponía, la caída del Euro no responde a un solo motivo sino que por el contrario tiene múltiples razones, cuya más alta problemática es la incertidumbre. Es sabido que la pandemia de coronavirus resultó un complejo desafío para la humanidad, cuestión que no fue diferente para las proyecciones económicas globales.

Los lockdown o cierre totales que se debieron aplicar en los países para evitar la propagación del virus durante todo el año 2020, perjudicaron al normal desempeño de las actividades económicas afectando con mayor o menor impacto a los países, según su contexto macroeconómico. No obstante, la paralización económica generó incertidumbre colisionando con planes de inversión de capitales privados como públicos alrededor del globo, ralentizando así las tasas de desarrollo y crecimiento.

Entre las medidas para paliar las consecuencias pandémicas, la Unión Europea tomó una serie de decisiones económicas que ampliaron presupuestos públicos, favorecieron a sectores estratégicos y permitieron mayor liquidez, ya sea a través de mecanismos financieros o monetarios. Dentro de estos últimos, la creación de un paquete de estímulo denominado “Plan de Recuperación” inyectó 806.900 millones de euros en diferentes programas, con el objetivo de asistir y mitigar los efectos generados por las medidas sanitarias establecidas.

Esta planificación e inversión acordada entre todos los países de la Unión Europea, si bien supuso un punto de inflexión para mejorar la situación económica y financiera de muchos de sus ciudadanos, o en su defecto de los estados miembros, proyectó una mayor presión al pulso de la economía impulsando velozmente la emisión monetaria, incorporando nuevamente un término económico casi desterrado en la Unión Europea: inflación.

Asimismo, la adopción de férreas sanciones ante la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, logró un efecto boomerang sobre Europa. Su dependencia casi total de los hidrocarburos rusos sea para su industria o para generar electricidad, significó una problemática sin precedentes. La posibilidad de tomar decisiones que restrinjan el gas a las industrias o la posibilidad de la salida del crudo y el gas ruso del comercio internacional, han disparado las tarifas por lo que la presión inflacionaria aumentó los costos de los alimentos y los servicios públicos.

Otra cuestión que atenta contra la estabilidad del euro, es la situación económica de Estados Unidos. Los continuos aumentos de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal del país norteamericano para combatir la inflación, se convierten en un atractivo por los mayores rendimientos que brindan. Es así que atraerán el dinero de las inversiones denominadas en euros a las inversiones denominadas en dólares. Esos inversionistas tendrán que vender euros y comprar dólares para adquirir esos activos. Esto hace que el euro baje y el dólar suba.

En tal sentido, el tipo de cambio generalmente significa o representa la actualidad económica de una moneda, y el de Europa hoy en día no resulta el mejor. Ello explica la debilidades de la Eurozona marcadas por una recesión que ahondará las problemáticas actuales.

La respuesta a la crisis: suba del tipo de interés y disciplina fiscal

La inflación del mes de agosto en la Eurozona marcó niveles récord llegando a un porcentaje del nueve por ciento (9,1%). Como respuesta el Banco Central Europeo (BCE) tomó la decisión de subir los tipos de interés un cero setenta y cinco por ciento (0,75%), dejándolos en el uno veinticinco por ciento (1,25%),  tratándose del aumento más alto de su historia desde su fundación en el año 1999.

Con esta medida, se intenta combatir la inflación para retornarla a un objetivo del dos por ciento (2 %) a medio plazo, en un contexto global en el que otros organismos rectores de las políticas monetarias de diversos Estados han tomado similares decisiones.

Por otro lado, la última reunión del EcoFin  -reunión de los 27 ministros de economía de los países que integran la Unión Europea- y del Eurogrupo, se ha sostenido la necesidad de limitar el gasto público, acotar las ayudas sociales a los grupos más vulnerables que se ven afectados por la crisis y volver a entablar una disciplina fiscal para controlar el déficit junto a los niveles de deuda públicos, con la mira puesta en un freno a la inflación.

Entre las posibilidades se reabre la eventual aplicación del impuesto mínimo global para sociedades del 15%, una medida pactada por unos 140 países con mediación de la OCDE en el 2021. Sin embargo, Hungría ha bloqueado continuamente un acuerdo tal como lo exige el Tratado de Lisboa, esto es así ya que cuándo de decisiones de índole fiscal se refiere el Consejo de la Unión Europea, debe tener una posición unánime. Por ello, Alemania, Francia, Países Bajos, Italia y España alertaron sobre la necesidad de la imposición del impuesto, por lo que, de continuar la actual situación de bloqueo, verían la factibilidad de aplicarlo sin la aprobación del Consejo.

(Foto: Pixabay).

Las consecuencias en Europa

Esta fluctuación constante del Euro no sucedía desde su creación y puesta en funcionamiento en el año 2002, ya que, ni siquiera durante la grave crisis económica de los años 2008-2009, vió mermado su valor. Es un escenario de incertidumbre ya que ha perdido su apreciación en un doce por ciento (12%) en lo que va del año.

Entre las consecuencias más directas, se puede resaltar que el impacto de la depredación del euro pega directo en la producción. El encarecimiento de las materias primas provocará que le sea más gravoso a Europa, adquirir aquello que necesita para manufacturar, restringiendo fuertemente la industria. El resultado de esta situación se manifiesta en caídas paralelas de niveles de crecimiento y pérdidas de puestos de trabajo.

Además, los costos en la energía que se cotizan en dólares se encarecen severamente, perjudican por igual a todos los sectores económicos y sociales sumando una presión a los índices de costo de vida, por lo que, una devaluación del euro aportaría mayores ratios de inflación que afectan el salario como la calidad de vida de los ciudadanos europeos.

Las compañías de capitales estadounidenses o de otros países que basen sus dividendos netamente en dólares serán las más damnificadas, puesto que sus productos y servicios verían cómo incrementan los precios, con lo que los importadores internacionales comprarían menos. Una situación de esta envergadura, promueve una desaceleración de la inversión extranjera directa en la Eurozona.

Este conjunto de posibilidades y situaciones, abren un signo de pregunta mayúsculo sobre el futuro económico de la Unión Europea como la de su estabilidad financiera. Ahora, es tiempo de observar un fenómeno que requiere nuevamente una alta respuesta de coordinación política entre las disímiles realidades de los países europeos, sus objetivos e intereses.


Bárbara Ojeda21/09/2022
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Los mitos y la desinformación en torno a la menstruación dificultan tratar las problemáticas que vienen ligadas a la salud menstrual, como los altos impuestos a los tampones y compresas, y la falta de acceso a agua y saneamiento. Por ello, los derechos menstruales en América Latina -y en el resto del mundo- continúan siendo una asignatura pendiente que debe ser visibilizada. 

Hacia una concepción integral de la menstruación  

El concepto de salud e higiene menstrual (SHM) busca tener un abordaje integral sobre la menstruación, ya que va más allá de los aspectos relacionados con el manejo de la higiene menstrual, contemplando otros factores que la vinculan con la salud, el bienestar, la igualdad de género, la educación, así como al empoderamiento de niñas y mujeres adolescentes y sus derechos. De la misma manera, el debate acerca de los derechos menstruales no pasa únicamente por el acceso a los productos de higiene femenina, también debe abarcar la falta de acceso al agua y saneamiento que sufren una gran cantidad de mujeres latinoamericanas, especialmente aquellas que viven en zonas rurales.  

Fuente: Getty Images

Asimismo, según UNICEF, una gestión de la higiene menstrual saludable y digna implica que las personas menstruantes utilizan un material de gestión menstrual limpio para absorber o recoger la sangre menstrual, que deber ser cambiado en privado tan frecuentemente como sea necesario durante el período menstrual, usando jabón y agua para lavar su cuerpo según lo requieran,  teniendo acceso a instalaciones seguras y convenientes para desechar los materiales de gestión menstrual utilizados. 

Entonces, la menstruación es un factor que entra en juego al pensar en la desigualdad de oportunidades. El hecho de no contar con un entono adecuado y baños seguros e higiénicos, sumado a la desinformación que hay al respecto debido a que aún hoy la menstruación sigue siendo un tabú, tiene como consecuencia la reducción de perspectivas de salud, bienestar y educación para las niñas y mujeres de los sectores sociales más vulnerables.  

Las problemáticas en torno a la menstruación 

El factor económico es esencial para comprender porque muchas mujeres luchan en pos de eliminar el IVA a los productos de higiene menstrual. El gasto anual que tienen las personas menstruantes en productos de higiene, como toallitas higiénicas y/o tampones es muy elevada. Esto lleva a que, como menciona Natalia Haag (Directora de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina), quienes no pueden afrontar ese gasto falten a su trabajo o lugar de estudio, llegando incluso a adoptar métodos de gestión inseguros. De esta manera, la menstruación se convierte en un factor de desigualdad que impide el pleno desarrollo de las personas 

En todos los países latinoamericanos, exceptuando Colombia, se sigue pagando impuestos por menstruar dado a que los tampones y toallas higiénicas llegan a tener un gravamen del 16%. Como resultado de esta problemática, muchas mujeres y niñas deben elegir entre comprar productos para su higiene y salud reproductiva o elementos básicos de subsistencia. 

Fuente: Pixabay

Por otro lado, tener garantizado el acceso al agua y al saneamiento es una condición clave para poder tener un buen manejo de la higiene menstrual. Por eso, contar con servicios e instalaciones deficientes de agua, saneamiento e higiene, tanto en las escuelas como en los hogares, obstaculizan que las mujeres y niñas tengan una buena salud menstrual. Para que esto cambie, se deben promover políticas públicas destinadas a construir instalaciones privadas, seguras e higiénicas donde sea posible limpiarse, así como reemplazar y desechar los productos.

Otro punto a tener en cuenta es la desinformación y la falta de educación sobre la menstruación, lo que lleva a reforzar estigmas sobre las personas menstruantes. Para revertir esta situación , se debe hablar en las escuelas sobre la higiene menstrual, sobre cómo funciona la menstruación y su relación con el embarazo, sus síntomas, etc. Según diversas encuestas recolectadas por el Banco Mundial, hay un 34,8% de niñas que viven en las zonas rurales de Colombia que no saben nada acerca de la menstruación antes de la menarquia, y el 45% de ellas no sabe de donde proviene el sangrado menstrual. Asimismo, el 55% de las niñas encuestadas en la Mosquita (Honduras) afirmaron no sentirse cómodas con asistir a la escuela durante su menstruación.

De esta forma, es necesario que los diferentes establecimientos escolares mejoren sus prácticas pedagógicas sobre la salud sexual y la higiene menstrual teniendo abordaje integral sobre la temática. Esto permitirá, por un lado, adquirir y fortalecer habilidades para manejar la menstruación e higiene personal, y por otro, ayuda a derribar los estigmas y tabúes sobre la menstruación. Sobre este último punto, es importante decir que las campañas de comunicación y las publicaciones, tanto para docentes como para adolescentes, ayudan a disminuir los tabúes, promoviendo que cada vez menos niñas y adolescentes decidan no asistir a la escuela durante su período.

Reflexiones finales

Visibilizar las problemáticas a las que se enfrentan millones de niñas y mujeres al momento de sobrellevar su menstruación es crucial para desmitificar los prejuicios entorno a la misma. Para ello, muchas organizaciones feministas están luchando para que haya un conocimiento por parte de los Estados de los derechos menstruales como parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas menstruantes.

Hasta el día de hoy, en la gran mayoría de los países, hay una ausencia de una política pública sobre la higiene menstrual. La misma debe apuntar a garantizar el acceso a los elementos de gestión menstrual, así como asegurar el acceso a agua potable para mantener la higiene y disponer de un ambiente privado y seguro. A su vez, es fundamental desarrollar campañas de información y dictar educación menstrual. Todo esto supone entender a la menstruación no únicamente como un problema personal, sino también como una demanda que requiere respuestas desde la política pública.

 

 


Ramiro Rubil14/09/2022
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Dejando atrás la primera mitad del año, ya empieza a escucharse los ecos del mundial esperado de fútbol de 2022 , el cual se celebrará por primera vez en la región de Medio Oriente en el país de Qatar. Sin embargo, este evento masivo que se enfrentará a 32 países para competir en un torneo que será televisado y celebrado por millones de personas alrededor del mundo ya se ha encontrado en la situación de algunas controversias alrededor de sus preparaciones, de las particulares costumbres locales, y de las denuncias de corrupcion y soborno que llevaron a Doha a ganar la votacion para ser la sede del mundial.

 

La corrupción de la FIFA

Muchas interrogantes rodearon la celebración de este campeonato desde que se anunció la sede para este año en 2010; pero una de las polémicas más tempranas que surgieron giraban en torno a la corrupción de la misma FIFA, y al hecho de que Qatar habría conseguido alojar al torneo de 2022 a través de sobornos. Una investigación que salió a la luz en abril de 2020, revela que los votos realizados en 2010 para las organizaciones de los mundiales 2018 y 2022 fueron motivados por prestaciones económicas que fueron recibidos por miembros oficiales de la FIFA. Previamente a la votación, ya se habían desestimado dos de los votantes por haber sido captados en cámara recibiendo dichos sobornos, mientras que investigaciones posteriores revelaron que no fueron los únicos, y que muchos de los oficiales que si votaron a favor de Rusia y Qatar tenían las manos manchadas. Entre ellos podemos encontrar algunas de las autoridades mas importantes del futbol latinoamericano, como pueden ser Julio Grondona de Argentina, Nicolás Leoz de Paraguay y Ricardo Teixeira de Brasil.

Momento en el que la FIFA anunciaba que Qatar sería la sede del Mundial de Futbol 2022 (2010). (Imagen Flickr)

La violación de derechos laborales

Otra de las situaciones a las que se tuvo que enfrentar la organización gira en torno a la construcción de la infraestructura necesaria para el mundial, ya que en un tiempo récord Doha se tuvo que encargar de levantar estadios y edificios para alojar y entretener a los participantes, organizadores y espectadores del mundial, y para llevar a cabo semejantes construcciones se aceptó la ayuda de obreros extranjeros. El problema surge cuando empiezan a aparecer denuncias que giran en torno al maltrato, explotación y el impago de salarios en tiempo y forma de obreros que se encuentran en una nación que no es la suya, sin posibilidades de cambiar de trabajo y cuyos reclamos no son escuchados. Esto se pudo ver claramente en agosto de este año, cuando muchos de estos inmigrantes fueron detenidos por las fuerzas policiales de Qatar por manifestarse afuera de las oficinas de “Al Bandany International Group”, una firma constructora partícipe de las construcciones mundialistas. Los obreros en cuestión se encontraban protestando debido a que hace meses trabajan prácticamente gratis ya que no estaban recibiendo los salarios debidos y prometidos por la constructora. Esta situación empeora cuando tenemos en cuenta que Doha no solo arrestó a estos trabajadores, sino que también los deportó a sus países de origen (mayormente otros países de Asia).

El maltrato de obreros extranjeros no es una acusación novedosa en el país del golfo, las denuncias han surgido desde que Doha comenzó a utilizar mano de obra extranjera para la construcción de la infraestructura requerida, y las investigaciones llevan años abiertas. En el año 2015, un grupo de reporteros alemanes que se encontraban en Qatar filmando un documental sobre las construcciones para el mundial y las pobres condiciones laborales fueron arrestados por las autoridades locales, destruyeron su equipo y borraron el material que habían filmado. Posteriormente en 2016, las autoridades qataríes vigilaron, siguieron y detuvieron a periodistas de la BBC que estaban en el país para investigar dichas denuncias y especialmente ciertas acusaciones que indicaban la muerte de cientos de obreros nepalíes causadas por las inhumanas condiciones de trabajo.

Estadio Lusail en construcción, Qatar. (2020) (Imagen Flickr)

Organizaciones como “Human Right’s Watch” y Amnistía Internacional se han encargado especialmente de investigar y denunciar aquellas detenciones que violan directamente la libertad de expresión y también las situaciones en las que no se ha asegurado condiciones apropiadas para la seguridad y la salud de los obreros inmigrantes que se encuentran en el país, muchos de los cuales han sufrido heridas, salarios insuficientes y en algunos casos, la muerte. Estas organizaciones no solo culpan parcialmente a la FIFA por haberle dado el hospedaje del torneo a Qatar sin requerirle una reforma laboral que asegure condiciones laborales apropiadas, sino que también hacen hincapié en otros derechos en los que el Estado qatarí ha fracasado en asegurar y constantemente ignora, como asegurar la igualdad y los derechos de las mujeres, el colectivo LGBTIQ+ y las minorías étnicas. Y aunque estos temas poco tienen que ver con la organización del campeonato mundial de futbol, es importante mencionar que el país huésped no ofrece las mismas garantías y oportunidades ni es seguro para todos, lo cual también va a significar un choque de realidades para aquellas personas del mundo occidental que quieran asistir al mundial, así como también una necesidad de adaptación a las costumbres y leyes locales.

Un claro ejemplo de estas desigualdades podemos encontrar en el sistema penal de Qatar, el cual incluye como delito penado (bajo multa y años de prisión) a las “actividades sexuales entre personas del mismo sexo” o “sodomía”. Esto lleva a que las personas que pertenezcan al colectivo LGBTIQ+ que quieran vivir su sexualidad libremente tengan que exiliarse en el exterior o afronten las penas del estado, la condena social e incluso en algunos casos la muerte, ya que algunas familias siguen practicando la costumbre tribal de “asesinato de honor”.

 

Imagen ilustrativa (Flickr)

Los derechos de las mujeres, aunque la constitución declare la igualdad entre ambos sexos, es otra materia que se encuentra bastante limitada jurídicamente. En Qatar funciona una especie de sistema de tutela, bajo el cual el accionar de las mujeres es muy limitado y necesita el permiso de su guardián o tutor (hermano, padre, marido, etc.) para realizar numerosas actividades como pedir becas universitarias, viajar al exterior, casarse, etc. Por supuesto que estas normas no se aplicarán a las mujeres extranjeras que deseen visitar el país para asistir al evento deportivo, que podrán actuar normalmente, a excepción de ciertas reglas de vestimenta que deberán respetar todos.

Este año se realizó una encuesta en Alemania acerca de la asistencia de su selección nacional en el campeonato mundial de Qatar 2022, en el cual 48% de los entrevistados sostenía que su equipo debería retirarse del evento deportivo por su realización en un país cuyo sistema legal no promueva la igualdad jurídica ni la justicia para todas las personas por igual. Lo mismo opina Philipp Lahm, ex capitán de la selección alemana, el cual no piensa asistir al evento deportivo y culpa a la FIFA por ignorar las controversias en materia de derechos humanos que giran en torno al país del golfo.

El mundial de fútbol es un evento que disfrutan millones de espectadores de todo el mundo, sin importar sus creencias, género, orientación sexual o nacionalidad. Sin embargo, hay personas que no pueden disfrutar del certamen de este año plenamente, sin recordar que se está celebrando porque muchas otras personas sufren día a día la represión, persecución e injusticias provenientes desde el mismo aparato estatal, y muchas otras las sufrieron en las mismas preparaciones para el campeonato. Surge preguntarnos si esta situación se podría haber evitado, o mínimo, si en el futuro la FIFA tendrá en cuenta el respeto más básico por los derechos humanos a la hora de elegir las próximas sedes mundialistas, no sólo para demostrar que se ha alejado de sus días más corruptos, sino también para aprovechar el poder y la influencia que tiene en todo el mundo para sumarse a la promoción y lucha por el respeto de los derechos de todas las personas.


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*El siguiente artículo forma parte de un proyecto de investigación de su autora.

La Unión Europea tiene entre sus objetivos la paz, la libertad y el respeto entre los pueblos, por ello es especialmente interesante el análisis del caso que se da a ambos lados del rio Bidasoa. Que podemos aprender de este caso en Sudamérica.

En relaciones internacionales es habitual que los estados y las organizaciones supranacionales tengan oficinas dedicadas al establecimiento y desarrollo de acuerdos de cooperación. Pero desde hace algún tiempo es que se ha desarrollado con más fuerza la cooperación desde los actores subnacionales.

 ¿Qué es la cooperación descentralizada?

La cooperación descentralizada nace de la idea que la cooperación puede ser responsabilidad de los gobiernos centrales, así como de las organizaciones de la sociedad civil y de los actores subnacionales. Es definida por la Comisión Europea como la “cooperación al desarrollo entre las autoridades locales”, pudiendo entender a dichas autoridades locales de una manera muy amplia. Gobiernos subnacionales, regiones con autonomía (como podrían ser las Comunidades Autónomas de España) o municipios podrían ser considerados.

La cooperación descentralizada tiene algunos problemas, como la limitación en los recursos o la falta de verticalidad en la coordinación para la toma de decisiones. Sin embargo, son muchos los beneficios frente a la cooperación centralizada como es el hecho que se puede tener una mayor cercanía a los actores locales que conocen las problemáticas o que los recursos y acuerdos son llevados a cabo por los actores directamente interesados, logrando así resultados más tangibles en las comunidades en las políticas públicas (y una mayor transparencia en el uso de los fondos utilizados).

(Foto: página web oficial de Euro Ciudad)

¿Eurociudad? Ese raro y admirable caso.

El proyecto de cooperación transfronteriza surge en enero de 1993 cuando Grenet y Galdos hacen oficial el convenio de cooperación transfronteriza. El objetivo central del convenio fue lograr que este continum urbano, ubicado estratégicamente a lo largo de 50km, en una metrópoli europea donde se conciban de manera conjunta políticas en materia de infraestructura, servicio urbano o instrumentos de gobierno.

Para lograr el objetivo, es que la Eurociudad Vasca cuenta con un PBI mayor a la media europea, un potencial científico y de recursos humanos y una oferta cultural reconocida internacionalmente.

Entre los años 1997 y 2000 es que se dan avances significativos en el proyecto. Primero fue la creación de la Agencia transfronteriza para el desarrollo de la Eurociudad Vasca entre la Diputación de Gipuzkoa y el Distrito Bayona-Anglet-Biarritz en 1997 con la finalidad de crear una nueva forma de gobernanza, una visión a largo plazo y una filosofía de gestión de proyectos, entre otras metas compartidas.

Tras un año de trabajo, en 1998 la Agencia empieza a hacer un análisis sobre lo trabajado, el mismo lo publica en el Libro Blanco de la Eurociudad Vasca en el año 2000, con tres objetivos: la protección del patrimonio natural, la coordinación en el desarrollo de espacios comunes acorde a las exigencias de una metrópoli europea y la transformación del corredor de transito en un corredor de desarrollo.

Para lograr los objetivos establecidos en el Libro Blanco es que se crean observatorios temáticos y comisiones sectoriales (dedicados al medio ambiente, la cultura, la sinergia en el ámbito económico, entre otros), se hacen estudios sobre las infraestructuras existentes y el tratamiento de residuos y se crea el primer mapa de la Eurociudad. Otras actividades destacadas en este periodo es la creación de un mapa medio ambiental de la ciudad en el contexto del Congreso Transfronterizo en materia medioambiental para los jóvenes; así como la creación de distintos documentos oficiales en los tres idiomas oficiales.

En el año 2008, esta Agencia vuelve a hacer cambios en su trabajo con dos ejes estratégicos como son el desarrollo sostenible y la movilidad. En el primer caso, se puso en marcha en 2011 la REDVERT (dedicada a brindarle a las comunidades territoriales información sobre los proyectos de planificación y los retos de conservar la biodiversidad de la región) gracias al financiamiento de POCTEFA y AECT; y en materia de movilidad, la Agencia ha trabajado para desarrollar transporte ferroviario de cargas coordinado entre Bayona y San Sebastián (el Eurocité Express).

En la actualidad, algunos proyectos vigentes son el establecimiento de intercambios escolares y de los premios eKop (dedicados a la iniciativa empresarial fronteriza), manteniendo los proyectos REDVERT, de movilidad, el Forum de la Eurociudad (dedicado al debate de las cuestiones comunes), el plan estratégico operativo y el patrocinio de proyectos de interés común.

¿Que podríamos aprender entre las ciudades de Sudamérica?

Resulta interesante el análisis de este caso de cooperación descentralizada para aquellas ciudades fronterizas de Sudamérica. Conglomerados como Concordia y Salto o, especialmente, Rivera y Santana do Livramento pueden aplicar varias de las enseñanzas que nos deja el caso de la Eurociudad.

(Foto: Puente Salto Grande, frontera entre Salto y Concordia.)

En el caso de Concordia, Argentina y Salto, Uruguay, hay Comisiones que coordinan la cooperación centralizada y han llegado a acuerdos en materia económica (otorgando beneficios bancarios a aquellos residentes de ambas ciudades), de desarrollo social, en la protección de los derechos humanos (por medio de políticas comunes para combatir la trata de personas), medioambiental, de defensa y de salud. Además, existe un proyecto llamado “Como es crecer en las zonas de frontera en los países del Mercosur” que promueve un coloquio de los jóvenes de dichas ciudades.

(Foto: Pixabay. Frontera entre Sant’Ana do Livramento y Rivera.)

Rivera, Uruguay, y Sant’Ana do Livramento, Brasil, tal vez por el tipo de desarrollo urbano propio de las ciudades, llevan a cabo una Agenda Urbana Binacional cuya finalidad es el desarrollo inclusivo, sostenible y participativo del tejido urbano donde se integran y han desarrollado una interesante dinámica transfronteriza. En esta agenda, se trabaja especialmente en temáticas como la sustentabilidad ambiental, le mejora en la calidad de vida de los habitantes y la reducción de las asimetrías en el tratamiento de cuestiones de gestión de residuos, entre otras decisiones de políticas públicas.

En conclusion, si bien en Sudamérica tenemos grandes avances en la cooperación descentralizada, lejos estamos de la integración que la Union Europea le brinda a este tipo de estrategias de desarrollo. Seria interesante ver como se progresa en generar lugares conjuntos para la toma de decisiones de estas ciudades fronterizas en materias como el desarrollo, el comercio libre de fronteras y, especialmente, la educación y el impulso de proyectos con lineamientos comunes.


Bárbara Ojeda23/08/2022
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Después de 50 años de que el aborto se convirtió en legal en Estados Unidos, la Corte Suprema anuló el histórico fallo del caso Roe vs. Wade del año 1973, con seis votos a favor y tres votos en contra, gracias al cual se preparará conseguir el derecho al aborto. Esto implica un gran retroceso en términos de obtención de derechos para las mujeres, ya que se pone en peligro la salud sexual y reproductiva de las mismas.

La gente se manifiesta la Marcha por la Libertad Reproductiva contra la nueva ley del aborto durante, la Ley de Protección de la Vida Humana de Alabama, 19 de mayo de 2019. © REUTERS/Michael Spooneybarger

¿Qué fue el caso Roe vs. Wade?

El caso Roe vs. Wade comenzó en el año 1971 cuando una madre joven de Texas, Norma McCorvey, presentó una demanda contra el fiscal del distrito local Henry Wade del estado de Texas por no permitirle llevar a cabo un aborto cuando el embarazo había sido producto de una violación. Para ese entonces, la ley sobre el aborto en Texas era muy prohibitiva, solo se podía abortar en los casos en los que la vida de la mujer corriese riesgo. Este caso es conocido como “Roe vs Wade” dado que Norma se presentó bajo el seudónimo de “Jane Roe”. Finalmente, para el año 1973 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió el fallo a favor de McCorvey con 7 votos a favor y 2 en contra.Asi, se quedo que la mujer, ammparada en el derecho de la privacidad, tenia en su poder la decision sobre si dejo continuar o no con el embarazo.

De esta manera, el caso Roe vs. Wade marcó un antes y un después en la historia de la lucha de las mujeres en pos de la obtención de mayores derechos. A pesar de que para el momento en el que se falló a favor de McCorvey ella ya había dado a luz a su hija , esto significó un hito para las millones de mujeres que vivían en Estados Unidos dado a que implico que el aborto ya no podía ser prohibido durante el primer trimestre de embarazo. Siendo así, el Alto Tribunal catalogó el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como “fundamental”, y consecuentemente las leyes a nivel federal cambiaron a favor de las mujeres.

¿Qué sucedió desde ese entonces?

A pesar del gran avance que fue el fallo del caso Roe vs. Wade, ha seguido existiendo en Estado Unidos un fuerte lobby antiaborto en sectores del gobierno que llevaron a que muchos estados aprueben leyes restrictivas del aborto, las cuales van en contra de la autonomía y del derecho a elegir a las mujeres.

Uno de los casos más importantes y actuales es el de Texas. En este estado, en el año 2021, se redujo a menos de seis semanas el tiempo que tiene la mujer para realizar un aborto si así lo decidiera. Esto da muy poco margen de tiempo y es una traba muy grande a la interrupción voluntaria del embarazo, ya que es difícil detectar un embarazo antes de esa cantidad de meses. Para agregar, la ley de Texas estimula a que los ciudadanos de Estados Unidos denuncien a cualquier persona que sea sospechosa de ayudar a abortar, ofreciéndoles una recompensa de 10.000 dólares a quienes lo hagan.

Por otro lado, la ley de Alabama aprobada en el año 2019 es aún más restrictiva. Esta prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia desde el momento en que se conoce que la mujer se encuentra embarazada. Entonces, se penaliza a la mujer bajo cualquier supuesto, teniendo la posibilidad de ser condenada hasta 99 años de cárcel en caso de realizar el procedimiento, incluso si su embarazo fue producto de una violación.

Lo comentado hasta aquí deja en claro que a las mujeres de Estados Unidos se les sigue vulnerando sus derechos, y que estos nunca están totalmente asegurados. Las mujeres,  que viven insertas en una sociedad patriarcal y desigual, deben seguir luchando para que se escuchen sus voces y se cumplan sus demandas.

¿Qué significa que se haya revocado el fallo del caso Roe vs. Wade?

Actualmente, en Estados Unidos hay 13 estados que tienen normas restrictivas con respecto al aborto que, si bien se encuentran sin efecto, ya están aprobados y ahora pueden entrar en vigor con la decisión de la Corte Suprema de derogar la ley de 1973. Entre estos estados podemos encontrar a: Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Tennessee, Utah, Wyoming y Texas.

De esta forma, la decisión de aplicar el derecho al aborto se encuentra en manos de los estados, algunos ya comenzaron a aplicar restricciones y se estima que unos 26 podrían ilegalizarlo. En consecuencia, los estados que sí permiten el aborto legal podrían recibir una gran cantidad de personas en sus clínicas.

Por otro lado, esto pone en peligro la salud reproductiva de las mujeres, ya que el derecho al aborto forma parte del derecho más amplio a la salud sexual y reproductiva de todas las personas, a la igualdad social y económica. Más aún, se pone en peligro la vida de millones de mejores, dado a que llevara a que ellas busquen otros medios para llevar a cabo un aborto, muchos de los cuales se realizarán de manera clandestina e insegura.

En fin, los derechos reproductivos se están viendo difícilmente amenazados en Estados Unidos, pero cabe remarcar que se organizan gigantescas marchas y movilizaciones para defender el derecho al aborto.

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Así, Estados Unidos se encuentra entre uno de los principales países del mundo occidental que cuentan con las leyes más restrictivas sobre el aborto. Esta situación afecta a miles de mujeres y significa una gran reversión en materia de derechos para este país. Una vez más, son las mujeres quienes deben seguir luchando por poder decidir en materia sexual y reproductiva, y por su autonomía personal.


Bárbara Ojeda25/07/2022
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La violencia simbólica es un tipo de violencia de género que se encuentra arraigada en nuestra sociedad hasta tal punto que la normalizamos llegando, incluso, a ser invisibilizada. La misma funciona como mecanismo de control social que, a través de los usos y las costumbres, reproduce desigualdades de género.

Fuente: Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

¿Qué entendemos por violencia simbólica?

La violencia simbólica puede ser entendida como aquella que, mediante patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduce desigualdad, dominación y discriminación en las formas de relacionarnos con otros, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. De esta manera, la violencia simbólica se manifiesta en diversos aspectos de la vida cotidiana, como en el menosprecio moral, el control económico, el control de la sociabilidad, la descalificación intelectual y la descalificación profesional.

A su vez, la violencia simbólica reproduce estereotipos de género que profundizan las desigualdades existentes entre los hombres y las mujeres. Los estereotipos son todas aquellas representaciones que le asignan características y roles específicos a hombres y mujeres solo por su género. Estas suelen ser generalizaciones e ideas simplificadas que contribuyen a reproducir el discurso patriarcal.

El rol del lenguaje en la violencia simbólica

El lenguaje cumple un rol central en la transmisión de la violencia de género, ya que la misma se reproduce a través de discursos, normas y creencias. Así, la violencia simbólica logra imponerse mediante el lenguaje que, persuadiendo y ordenando, genera conductas que resultan discriminatorias, prejuiciosas y generadoras de estereotipos.

Siguiendo con lo expuesto en el párrafo anterior, este tipo de violencia se interioriza en los mensajes que recibimos diariamente y pasan a ser aceptados socialmente. Un espacio central en el que se reproducen estos discursos es la familia. Esto se debe a que ella es el primer lugar de socialización de los niños y niñas, donde aprenden como deben comportarse e incorporan sus primeros hábitos.

Un ejemplo de este tipo de violencia se puede ver claramente en la división de tareas hacia el interior de los hogares. Si bien hoy en día el feminismo ha avanzado en derribar los estereotipos de género, durante mucho tiempo se creía –e incluso algunos lo siguen creyendo- que solamente las mujeres debían ser las encargadas de las tareas domésticas, de cuidar a los niños y a los adultos mayores.

Otro ejemplo lo podemos encontrar en el mundo de la política, donde muchas mujeres suelen definirse primero como madres, y luego en función de su cargo público; mientras que, por otro lado, es muy difícil encontrar hombres que se definan primero como “padres” y, en segundo lugar, en función de su cargo público.

Los medios de comunicación e información como espacios de reproducción de la violencia simbólica

Los medios de comunicación son uno de los principales espacios donde se transmiten discursos que refuerzan las desigualdades y los estereotipos de género. Esto suele suceder por medio del contenido de noticias, programas de ficción o de entretenimiento. Además, al ser espacios que llegan a gran cantidad de personas, contribuyen a una diseminación masiva y a un fuerte arraigo en la sociedad de este tipo de violencia.

Según un estudio realizado por CONCORTV en 2013, para los/as peruanos/as, la televisión es el medio de comunicación más sensacionalista, mostrando a las personas adultas mayores (49%), niños y niñas (57%), y a la mujer (58%) de forma negativa.

Para agregar, la publicidad es uno de los principales espacios en donde se reproducen estereotipos de cómo deben verse las mujeres, cómo deben actuar y que roles tienen que ocupar. Uno de los efectos más negativos que tiene la publicidad para con las mujeres está relacionada con la imagen que ellas mismas tienen sobre su cuerpo. La publicidad suele mostrar un ideal de belleza femenina y cuerpos inalcanzables, dando lugar a parámetros que son imposibles de alcanzar, pero que generan una mirada sancionatoria hacia aquellas mujeres que no cumplen con los estándares de belleza impuestos.

Fuente: Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar

Sin embargo, se debe reconocer que actualmente se ha logrado un gran avance en el ámbito de la publicidad para no caer en la reproducción de los estereotipos de género. Como menciona Daniela Salgado, muchas marcas, como DOVE y Flores, han realizado publicidades donde muestran cuerpos muy distintos, enfatizando el valor de la diversidad.

La violencia simbólica en los países latinoamericanos

La gran mayoría de los estados latinoamericanos no reconoce la violencia simbólica como una problemática con fuertes consecuencias tanto para los hombres como para las mujeres. Esto es así debido a que, en gran medida, los países latinoamericanos no contabilizan los casos de violencia simbólica, ni tampoco hay una concientización y prevención sobre la misma.

La violencia simbólica suele estar muy naturalizada en los discursos y mensajes que circulan en la sociedad, por lo que es muy difícil reconocerla. De los países latinoamericanos, Argentina es el único que reconoce la violencia simbólica y tiene un registro de las denuncias que se realizan por este tipo de violencia. A su vez, Argentina ofrece planes nacionales, acompañamiento y lleva a cabo relevamientos con el objetivo de prevenir la violencia simbólica.

En cuanto al resto de los países latinoamericanos, siguiendo la clasificación realizada por María Fernanda Romain, nos encontramos con países que tipifican la violencia simbólica como un tipo de violencia contra la mujer, pero sin relevamientos al respecto (Bolivia, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Uruguay y Venezuela); aquellos que no la tipifican de ningún modo, pero que la regulan por medio de normativas en torno a la producción de contenidos audiovisuales y publicitarios (Perú, Colombia, Chile, Honduras, Costa Rica, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, México y Nicaragua); por último, Cuba es el único país que no ofrece ningún tipo de regulación ni normativas para abordar las diversas formas de violencia de género, entre ellas, la violencia simbólica.

¿Cómo construimos un mundo sin violencia simbólica?

Con el fin de visibilizar y luchar contra la violencia simbólica es de vital importancia que quienes trabajan en publicidad y comunicación consulten a personas especializadas en desigualdades de género. De esta forma, se podrán desarrollar soluciones que aborden las problemáticas de género que se reproducen en los medios de comunicación.

No obstante, también es necesario que la sociedad ponga en cuestionamiento el sentido común, a partir del cual se construyen estereotipos de género que reproducen desigualdades, teniendo en mira el objetivo de construir un mundo más igualitario. Entonces, se debe plantear un pensamiento crítico ante las construcciones sociales que definen a los hombres y a las mujeres en base a determinados roles que deben cumplir.


Bárbara Ojeda20/07/2022
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Durante muchos años la educación superior ha sido vista como un espacio privilegiado para los hombres, quienes podían acceder a la esfera pública con éxito, dejando de lado a las mujeres. Sin embargo, en los últimos años hubo un gran avance en materia de un acceso igualitario para las mujeres. Pero cabe preguntarnos, ¿Esta mayor inserción en el sistema educativo se ha traducido en una mayor inserción en la esfera pública?

GETTY IMAGES

La matriculación universitaria femenina en América Latina

Durante mucho tiempo las mujeres se vieron en una situación de marginalidad debido al escaso acceso al sistema educativo superior en comparación con los hombres. No obstante, en los últimos años hubo en América Latina un crecimiento elevado de la matriculación universitaria en las mujeres. Esto da lugar a que ellas tengan mejores oportunidades de acceder al mercado de trabajo y gocen de mayor autonomía económica. Además, un dato no menor es que, en muchos países latinoamericanos, la matriculación femenina no solo se ha equiparado con la masculina, sino que ha alcanzado niveles aún más altos en algunas carreras. Por ejemplo, según el censo del 2011 realizado en la Universidad de Buenos Aires (Argentina), el 60,9% de sus estudiantes son mujeres, y esta tendencia se mantiene hasta el día de hoy. Asimismo, en Brasil y Venezuela se puede encontrar una sobrerrepresentación femenina de entre un 4% y un 10% sobre la matriculación masculina. Es clave destacar que la gran mayoría de las mujeres que acceden a la educación superior logran tener un buen desempeño académico, lo que se ve reflejado en altos porcentajes de egresos anuales.

De la educación superior al mercado de trabajo

El hecho de que se hayan logrado avances en el acceso de las mujeres a los estudios superiores de manera creciente es muy importante para lograr sociedades más igualitarias en las que el género no sea un impedimento a la hora de formarnos como ciudadanos/as de derechos y sujetos políticos. Así, el acceso a la educación superior es un elemento que funciona como determinante al momento de generar una disminución en la brecha de género en el mercado de trabajo. Esto se puede ver reflejado en los países del Sur Latinoamericano (Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay) junto con Costa Rica y República Dominicana: existe una alta diferenciación en la participación de las mujeres en el mercado de trabajo relacionada con los años de inversión educativa. La participación femenina en la población económicamente activa de aquellas las mujeres que han logrado tener acceso al sistema educativo superior o terciario es de entre un 21 % y el 30% más que el resto de las mujeres.

Pese a estos grandes avances, la relación entre educación superior y acceso al mercado de trabajo en las mujeres no se encuentra exenta de diversas disparidades más generales, consecuencia de que aún vivimos en un mundo desigual al que le falta mucho camino por recorrer. No se puede negar que, a mayor nivel educativo, las personas tienen mejores oportunidades de insertarse en el mundo laboral y tener mejores ingresos, lo que les permitirá cumplir sus aspiraciones de ascenso social.

Sin embargo, tampoco se puede negar que las mujeres siguen siendo relegadas al ámbito privado, a las tareas del hogar y de cuidado, y que la brecha salarial de genero sigue existiendo en todos los países de Latinoamérica. Para ilustrar, en El Salvador la tasa de ocupación de las mujeres egresadas universitarias apenas alcanza el 35,5%, mientras para el mismo nivel educativo la tasa de ocupación masculina representa los dos tercios faltantes de la estructura laboral del país. A su vez, el ingreso medio de las mujeres latinoamericanas es de aproximadamente un 53.8%, siendo solamente un poco más elevado que la mitad del ingreso promedio masculino. Cuando se mira esta relación en el caso de las mujeres universitarias, se puede observar que la brecha salarial es menor e incluso tiende a disminuir en algunos sectores de la actividad económica.

Los estereotipos de género en la educación superior

Las desigualdades de género se pueden observar hacia el interior de la educación superior. En los estudios superiores se encuentra una fuerte feminización de ciertas carreras universitarias y terciarias, es decir, hay carreras asociadas a los estereotipos femeninos, que ligan a la mujer con lo emocional, lo social y con el rol de cuidadoras, en las que se puede encontrar un predominio de estudiantes mujeres. Mientras tanto, en las carreras asociadas a ciencias “duras” y a sectores dinámicos y productivos de la economía hay un predominio de estudiantes varones. En tanto entre las carreras relacionadas con roles femeninos podemos encontrar: enfermería, nutrición, educación básica y media y ciencias sociales; entre las carreras que son percibidas como “masculinas” se encuentran, con mayores coincidencias entre los países latinoamericanos, agronomía, ingeniería, arquitectura, ciencias naturales y ciencias exactas.

Fuente: Marco Fernández

El problema de la diferenciación que se hace entre carreras “femeninas” y “masculinas” en base a los roles de género, según la división sexual del trabajo, es que la feminización de ciertas carreras tiene como resultado una infravaloración de las mismas. Por ende, los salarios de las carreras vinculadas a lo social suelen ser mucho más bajos que las carreras de ramas duras, lo que contribuye significativamente a que la brecha salarial se acentué.

Comentarios finales

La distinción que se hace en la educación superior entre carreras propias de hombres o mujeres es una gran traba al momento de que las mujeres elijan aquello a lo que se quieren dedicar, a la vez que, constituye una limitación más en la inserción laboral de las mismas. Así, los estereotipos de género, que funcionan en la educación superior, se ven traducidos en el mercado laboral con menores salarios y peores oportunidades de trabajo para las mujeres.

Por eso, es imprescindible la puesta en marcha de políticas que tengan como objetivo disminuir las desventajas a las que se enfrentan las mujeres en el mundo laboral y educativo, tales como programas de mentoría y empoderamiento de las mujeres para alcanzar puestos de liderazgo, orientación profesional para desmontar las falsas imágenes de las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, cuotas en la educación terciaria y superior para estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables, así como la ampliación de becas.


Bárbara Ojeda18/07/2022
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En América Latina la comunidad LGBTIQ+ ha logrados grandes avances en lo que refiere a la conquista de derechos. A pesar de ello, este colectivo sigue siendo una población socialmente vulnerada y estigmatizada por la fuerte discriminación que sufre hasta el día de hoy. Esta discriminación sistemática funciona como barrera que impide a las personas que conforman parte de la comunidad LGBTIQ+  insertarse en el mercado laboral de manera formal.

La situación de la comunidad LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe

Solo una pequeña porción de la región tiene legislaciones que reconocen las identidades travesti-trans. Entre estos países se encuentran Argentina, Chile, Ecuador y México. Además, Bolivia habilita el cambio registral por vía administrativa para mayores de edad y Colombia permite la modificación del documento de identidad vía Registro Civil. Por su parte, Paraguay, Venezuela, Perú y Brasil tienen nulas o muy restringidas legislaciones sobre identidad de género. Sin embargo, cabe recalcar que son muchos los países que cuentan con legislaciones que brindan protección jurídica contra la discriminación por orientación sexual. Aquí encontramos a países como Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y Uruguay. Mientras tanto, Venezuela, México y Paraguay no cuentan con el agravante de “crímenes de odio” al momento de catalogar los delitos de odio contra la población transgénero y homosexual.

El mercado laboral para las personas travestis, transexuales y transgéneros

Si bien desde los Principios de Yogtakarta declaradas por la ONU se estableció que se les debe garantizar a todas las personas el derecho a un trabajo digno, sin importar su identidad de género y/o su orientación sexual, un 90% de las mujeres trans ejerce el trabajo sexual. Esto deja en evidencia que las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transgéneros, marcadas por una fuerte violencia y estigmatización, llevan a que también se encuentren marginadas en el ámbito laboral.

Según un estudio realizado por la Fundación Huésped, el 70, 7% de las personas travestis, transexuales y transgéneros trabajan por cuenta propia o como autónomas y solo el 13% se encuentra en un trabajo en relación de dependencia. A su vez, solo el 9,8% de las mujeres trans que se encuentran trabajando declararon que reciben aportes jubilatorios. Para agregar, más del 50% de las personas trans que se encuentran empleadas fueron víctimas de situaciones de violencia y acoso en sus espacios de trabajo. Estos datos dejan en evidencia que la cadena de vulneraciones por las que pasan a lo largo de su vida, como el precario acceso a la salud, educación y vivienda, repercute en una mayor dificultad en conseguir un empleo formal.

Para agregar, en Argentina siete de cada diez travestis y mujeres trans nunca tuvieron la posibilidad de tener una entrevista laboral luego de haber asumido su identidad de género autopercibida. A su vez, un 54% de las travesti-trans declararon que les fueron negados puestos de trabajo por su identidad de género.

El cupo laboral travesti-trans en Argentina

Luego de que hayan pasado por el Congreso innumerables proyectos de ley que buscaban promover la inserción laboral para las personas travestis y trans, el 8 de julio de 2021 se sancionó la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans “Diana Sacayan-Lohana Berkins”. La misma establece la inclusión laboral en el Estado de las personas travestis y trans por medio de un cupo mínimo de un 1% en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder legislativo, los ministerios, las empresas del Estado, etc. A su vez, incentiva a que el sector privado contrate a personas que forman parte de este colectivo, y también permite el acceso al crédito para sus emprendimientos productivos.

Archivo Presentes/Ariel Gutraich, Jessie Insfran Pérez

Este es un gran paso en el camino a transformar la desigualdad estructural a la que se ve sometida el colectivo por el simple hecho de llevar con orgullo su identidad de género. No obstante, desde el colectivo travesti y trans se hace hincapié en si bien el cupo es un gran paso y un reclamo histórico fundamental, no alcanza solamente con este ya que supone un “techo”, es decir, un número limitado de personas travesti trans que tendrán asegurado un trabajo formal. Por eso, es necesario hablar de inclusión, lo que supone un proceso amplio en el que todas las personas travestis y trans deberían poder insertarse en el mundo laboral, ya sea en el ámbito privado o público.

La lucha del colectivo LGBTIQ+ en pos de mayores derechos

Diversas organizaciones sociales de la diversidad sexual han llevado a cabo una lucha muy intensa y persistente para que los Estados generen acciones efectivas que mejoren las condiciones de vida de las personas travestis, transexuales y transgéneros, y que reconozcan su identidad de género. Asimismo, existe una tendencia por parte de muchas empresas a realizar contrataciones de personas pertenecientes a este colectivo. Cabe recalcar que esto muchas veces se da solamente por una cuestión de responsabilidad social empresarial o estrategias comerciales y de imagen. Sin embargo, lo importante es que se creen espacios de trabajo que sean seguros y confiables para la comunidad. Esto llevara a que se incremente la productividad de los equipos integrados por personas LGBT+ así como las ganancias de las empresas.

Conclusiones

La comunidad LGBTIQ+ ha sido una de las que más postergadas vio sus demandas sociales e incluso hoy en día siguen luchando para que sus voces sean escuchadas. El cupo laboral travesti-trans es un gran paso para este colectivo, pero es muy difícil que suceda en aquellos países de América Latina y el Caribe que ni siquiera cuentan con legislaciones que reconozcan la identidad de género. Por ello, se debe visibilizar la discriminación y estigmatización por la que pasa la comunidad LGBTIQ+ con el fin de revertir esta situación y contribuir al respeto y reconocimiento de las diversas identidades de género. Así, si bien las leyes no son una solución definitiva a problemáticas sociales históricas, sí son una semilla con la que comenzar a mejorar la calidad de vida de quienes sobrevivieron, de infancias y adolescencias que manifiestan identidad de género disidentes.


Bárbara Ojeda13/07/2022
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Los derechos en materia de igualdad de género han aumentado en los últimos años en una gran cantidad de países de América Latina. Sin embargo, al momento de observar el ámbito de la política nos encontramos con que las mujeres se encuentran con grandes dificultades a la hora de obtener cargos electos, participar en la formulación de políticas públicas y en las estructuras de toma de decisiones.

Fuente: El Búho

Los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el mundo de la política

Hasta el día de hoy, las mujeres deben hacer frente a una serie de barreras estructurales que las ponen en desventaja con respecto a los hombres en diversos ámbitos de la vida. Una de ellas es el hecho de que son ellas quienes siguen teniendo la mayor parte de la responsabilidad de las tareas domésticas y cuidado de niños. Esto queda demostrado en una encuesta que se le realizo a 187 mujeres políticas de 65 países, en la cual el 67% de ellas afirman que tratar de encontrar un equilibrio entre el tiempo dedicado a compromisos familiares y a las actividades políticas es la principal dificultad que deben afrontar al momento de postularse para algún cargo legislativo.

Por otro lado, existe un gran perjuicio acerca de que el ámbito de la política pertenece exclusivamente a los hombres, por lo que las mujeres suelen permanecer excluidas y sus contribuciones no son tomadas en cuenta. Consecuentemente, los hombres suelen contar con “redes tradicionales masculinas” a las que las mujeres no tienen acceso. Esto dificulta que ellas obtengan fondos para financiar sus campañas y participar en las negociaciones que tienen lugar detrás de puertas cerradas.

¿Cómo influyen los estereotipos de género en la representación femenina en la política?

La poca representación de las mujeres en la política esta intrínsecamente relacionada con el sistema que establece una división sexual del trabajo asignado por los roles de género en donde se establecen prácticas y normas sociales diferentes para hombres y mujeres. Esto trae aparejado fuertes desigualdades sociales que son determinantes en cuanto a las oportunidades que tienen hombres y mujeres de acceder al ámbito de la política.

De tal manera, aquellas mujeres que llegan a obtener cargos en la política suelen verse relegadas a áreas tradicionalmente feminizadas como salud, medio ambiente, familia, género y educación. En contraste, es muy difícil que las mujeres sean designadas a cargos que tradicionalmente son ocupados por hombres como economía, finanzas, defensa o relaciones exteriores. Esto da cuenta de que existe una extensión del rol femenino desde el ámbito privado hacia el ámbito público.

Las mujeres de América Latina en cargos directivos gubernamentales

Si bien las mujeres de la región han logrado desplazarse de la esfera del ámbito privado para insertarse en mayor medida en el mercado laboral, su integración en el área de la política es muy lenta. Siendo así, la llegada de las mujeres al Poder Ejecutivo fue muy tardía si se tiene en cuenta que el derecho al voto para las mujeres ocurrió muchos años antes. Para la década de 1970, en América Latina ya comenzaron a haber magistraturas ejercidas por mujeres, pero solo de manera temporal. Recién para el año 1989 la presidencia fue ocupada por primera vez por una mujer a través de elecciones democráticas.

En cuanto al Poder Legislativo, la entrada de las mujeres se dio de manera más temprana, pero en proporciones muy pequeñas y esto no ha cambiado significativamente con el pasar de los años. Actualmente, en América Latina las mujeres ocupan aproximadamente solo el 30% de los escaños parlamentarios. Además, según la ONU, la representación de las mujeres en los cuerpos deliberativos locales en América Latina y el Caribe es del 25%. Por último, la integración de las mujeres al Poder Ejecutivo fue aún más temprano dado a que muchas mujeres entraron a la carrera judicial cuando se obtuvo el derecho a voto.

Hacia una representación política más inclusiva

Un factor clave para aumentar la representación femenina en la política fue la instauración de cupos que establecen que las mujeres deben tener un mínimo de representación (entre un 20% a 40%) en las listas partidarias para las elecciones legislativas. Según la CEPAL esta medida ha sido eficiente ya que ha aumentado la presencia de las mujeres en las legislaturas en alrededor de 9 nueve puntos de porcentaje.

Entre los países que han adoptado cuotas se encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y El Salvador, y Uruguay. Un dato no menor es que, si bien Cuba no cuenta con cuotas, es el país de América Latina que cuenta con mayor representación de mujeres en el parlamento alcanzando un 45,2%.

Este tipo de medidas legislativas, a pesar de que pueda ser muy discutida su efectividad, son centrales para promover la paridad en la política, dándole a las mujeres mayores oportunidades con el fin de que sea posible que se conviertan en líderes que aporten al cambio de los estereotipos culturales.

Comentarios finales

Es fundamental que se promuevan políticas de igualdad como la ley de cuotas debido a que colaboran en pos de derribar las barreras estructurales a las que se deben enfrentar las mujeres tanto en el ámbito de la política como en otras áreas. Sin embargo, en muchos países este tipo de leyes no tiene un seguimiento por lo cual no terminan por llevarse a cabo. Para que esto no ocurra se deben tomar medidas enfocadas en la penalización de las vulneraciones de la norma.

Asimismo, este tipo de medidas también son centrales para fortalecer la legitimidad de las instituciones y de la democracia. La incorporación de las mujeres en la política y otras instancias de decisión ofrece la posibilidad de que haya mayor representación en el sistema democrático, a la vez que, aumenta la transparencia y el desarrollo de un país. Esto se debe tanto por la incorporación de un sector subrepresentado en la esfera pública, como por los aportes específicos que ellas pueden hacer en materia de políticas públicas.