19/10/2021 BARCELONA

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Maria Gomez11/10/2021
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Vigilia por las víctimas del genocidio, 7 abril de 2014 [Foto: NBC News]
Mercado en Kigali, Ruanda. [Foto: USAID vía Pixnio] https://pixnio.com/es/gente/multitud/ruanda-mercado-escena-abiertas-mercados-negocios

Este pequeño país de los lagos africanos fue epicentro de la atención internacional, entre los meses de abril y junio de 1994. El mundo observó con estupor, la ferocidad de la violencia étnica, en uno de los mayores genocidios de la humanidad. La crueldad desplegada entre los miembros de los clanes hutus y tutsis, se cobró la vida de millones de ruandeses y forzó el desplazamiento de cientos de miles.

La segregación y la dominación militar, política, económica, de una etnia por sobre otras, es una dinámica ancestral y a la vez vigente, en gran parte del territorio africano. El fin del proceso colonizador europeo y el dibujo de los nuevos mapas fronterizos, no hizo más que incentivar esas rivalidades. Los límites nacionales fueron trazados desde una perspectiva europea, sin tener en consideración la composición demográfica local. De ese modo los flamantes países independientes albergaron en su seno a etnias adversarias.

En el caso ruandés, los tutsi y los hutus son los pueblos originarios de la región. Siendo los primeros miembros de clase nobiliaria, con varios reyes entre su linaje, los tutsi se han vinculados desde siempre a las prácticas militares, y a las actividades ganaderas. Los hutus son en número la amplia mayoría,  tradicionalmente  vasallos de los nobles tutsi, y  agricultores.

La independencia de  Ruanda fue proclamada en 1962, concluyendo con el período del mandato colonial belga. Aunque la constitución republicana, y la conformación de un gobierno local no consiguieron instaurar la paz, sino  agudizar el sometimiento racial.

El monopolio de la fuerza pública en manos del clan de los hutus, enfatizó la discriminación, la persecución y la exclusión de los tutsis.

La estructura política y gubernamental se desdibujó a lo largo de las siguientes décadas,  en  líderes autoritarios con baja legitimidad democrática. El sistema económico  anclado en la extracción de productos primarios, se mantuvo subvencionado por la asistencia financiera internacional. Las variaciones climáticas como sequías, o grandes lluvias, desnudaron la vulnerabilidad productiva, ocasionando grandes hambrunas para la población.

El Colapso de 1994

La noche del 6 de Abril de 1994 el país comenzó a teñirse de sangre. Un misil tierra-aire derrumbaba el avión presidencial sobre la pista del aeropuerto de Kigali. El magnicidio se registró por partida doble, ya que la aeronave trasladaba no sólo al presidente ruandés, Juvenal Habyarimana, sino también a su par Cyprien Ntayamira de Burundi. En las horas que sucedieron al ataque, la Primera Ministra Agathe Uwilingiyimana, y un grupo de soldados belgas (miembros de las Naciones Unidas), también cayeron asesinados.

 

Los clanes hutus pusieron en marcha en ese mismo momento, los programas de exterminio. A los decesos en los edificios gubernamentales, le sucedieron múltiples masacres de civiles. Se estima que entre 800.000 y un millón de ciudadanos tutsis, fueron abatidos por la propia población hutus en espacios rurales y urbanos. Miles de tutsis se marcharon a Uganda, a la República Democrática del Congo y a Burundi en búsqueda de refugio.

Finalmente las tropas del Frente Patriótico tomaron el control de la capital, el 18 de julio de 1994, poniendo fin al gobierno hutus y a su plan de exterminio. Un análisis de Martínez, J.  sobre el infierno del genocidio ruandés, refiere que entre los meses de abril y junio de ese año, el país perdió un 11% de la población, y de ese porcentaje los tutsi decrecieron en un 80%.

La reconstrucción comenzó con  la implementación de la Corte Internacional para Ruanda de Naciones Unidas (CPIR), este acto jurídico sentó el precedente para la sentencia por los cargos de genocidio. La formación del primer gobierno nacional de consenso (2000), integró por primera vez a funcionarios de ambas etnias. Es en este punto de la historia política ruandesa, cuando se consolida  la figura de Paul Kagame; un líder hutus formado académicamente y con trayectoria militar. Desde comienzo del milenio Kagame ejerce con un estilo marcadamente personalista la primera magistratura de su país, y  sobre un programa de objetivos  multidimensionales se ha propuesto pacificar la sociedad y reconstruir la magra base económica.

Un nuevo siglo, una nueva etapa

Dos décadas después de haber comenzado su mandato, Kagame aún continua en funciones, y los indicadores macroeconómicos dan cuenta de sus logros. La reconstrucción se ratifica en un crecimiento sostenido del PIB, así como en la apertura comercial de una economía  emergente. La progresión de la base demográfica, ha dotado a la nación de una gran franja etaria joven y activa laboralmente. Elementos que se ven enriquecidos por las graduales mejoras en los sistemas sanitarios, y en los niveles de educación. La unión social es otro de los méritos del presidente, la renovación de los símbolos nacionales (himno y bandera), y la eliminación del uso político de los mecanismos de diferencias étnicas, han contribuido con la tan ansiada igualdad social.

Sin embargo a pesar de haber favorecido una mayor equidad en la distribución del ingreso, el estilo de gobernanza del presidente Kagame, esta sujeto a críticas. La restricciones en la alternancia de los cargos públicos, la elevada concentración de atribuciones presidenciales y los magros índices democráticos, oscurecen la calidad institucional del país. Su estilo personalista, se enfrenta con el crecimiento de las denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre desapariciones forzadas y asesinatos de opositores. Como el caso de Venant Abayisenga, miembro de la fuerza  Desarrollo y Libertad para Todos (DALFA-Umurinzi); quién hizo declaraciones públicas sobre torturas sufridas en los días de encarcelamiento y cuyo paradero sigue siendo aún desconocido. Se suman las denuncias por falta de libertad de expresión, contra blogueros que expusieron en la red social  YouTube,  los abusos de las fuerzas de seguridad en los meses del confinamiento por la pandemia del COVID-19, contra las mujeres. Dieudonné Niyonsenga (conocido Cyuma Hassan) y Fidèle Komezusenge, fueron apresados luego de revelar ese video.

Ruanda representa el arquetipo de la renovación y marca la senda de la resiliencia. Los efectos de las reformas multidimensionales: educativas, económicas, culturales y políticas, iniciadas a comienzo de este este siglo están dando frutos.  Este pequeño país africano ha edificado una estructura institucional política estable; ha dado paso a la apertura económica al mundo, y ha rediseñado su modelo social que por tradición presentaba rasgos de alta fragmentación, para dar paso a una comunidad integrada y pacífica.

 

 

 

 

 


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Actualmente, la tecnología es parte de nuestra vida diaria. Las redes sociales, páginas webs y foros se han convertido en espacios de interacción, difusión y visibilización de las diversas problemáticas, controversias o de la misma realidad que cada uno como individuo o como colectivo vive. En esta realidad, el feminismo ha encontrado un medio, el ciberespacio, para lograr la deconstrucción de lo establecido durante años, donde el rol de la mujer ha sido marginado y exiliado, donde las posiciones de poder han sido fundamentales en las construcciones de las personas. Por lo que la aparición del ciberfeminismo como la cooperación entre mujeres, máquina y nueva tecnología, según la filósofa experta en cibernética y feminismo Sadie Plant, ha servido para dar una perspectiva más activa de la acción transformadora de la sociedad. Convirtiendo a las mujeres en víctimas que buscan esta desconstrucción social y transformadora que se da desde el ciberespacio.


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La retirada de Estados Unidos de Afganistán ha abierto un sinfín de preguntas con respecto no solo a la influencia norteamericana en regiones tan alejadas de su territorio como Afganistán, sino sobre las capacidades reales del país americano como Estado hegemónico indiscutible en el sistema internacional. Sin embargo, presumir el declive norteamericano en la esfera internacional a partir de la anticipada retirada de Afganistán y calificarlo como una derrota en su política exterior sería un gran error que no deberíamos cometer. Se trata simplemente de una redefinición de intereses.

Luego de asumir su mandato el pasado 20 de enero de 2020, muchos analistas consideraban la victoria de Joe Biden como el retorno a una administración más moderada y menos confrontativa hacia sus principales aliados y hacia su antagonista en la esfera internacional: China. Sin embargo, hay un elemento que todavía persiste en la actual administración norteamericana, que hereda de su predecesor Donald Trump, y es una política exterior destinada a identificar a China como el principal enemigo de los valores norteamericanos.

La nueva doctrina de Biden tiene como eje primordial la distinción entre dos sistemas políticos antagónicos, representados por la democracia norteamericana y la autocracia china; un juego de suma cero que no puede mantener su coexistencia en la política mundial.

Es así que la administración norteamericana buscará solo cooperar en aquellas áreas donde se pueda manifestar un interés en común con China, como el medio ambiente, pero responderá enérgicamente en todos aquellos ámbitos donde presente oposición, en especial el económico, militar y tecnológico.

China, China y más China

Si bien los esfuerzos norteamericanos por controlar y detener a las amenazas del  terrorismo y de la yihad global fueron la piedra angular que definieron su doctrina de seguridad estos últimos 20 años, hoy sus preocupaciones giran en torno a la competencia con grandes potencias, como Rusia y China, en los diferentes dominios del sistema internacional.

De acuerdo al informe anual sobre amenazas mundiales a la seguridad nacional de Estados Unidos (en inglés ATA), confeccionado en abril de 2021, China representa el mayor desafío para la seguridad norteamericana y las normas internacionales de Occidente. Según el documento desclasificado, el interés del Partido Comunista Chino (PCCh) por expandir la influencia china implica socavar la seguridad económica y política norteamericana, fomentando nuevas normas internacionales basadas en el sistema autoritario chino. Si bien el informe no sugiere un enfrentamiento militar entre ambos países, sí considera una intensificación de la presencia china en las llamadas “zonas grises”, espacios geográficos donde conviven diferentes autoridades de poder delimitadas por el margen de la legalidad de un conflicto latente.

Durante estas últimas décadas, y producto de intensas políticas orientadas al desarrollo industrial chino y al crecimiento sostenido, el gigante asiático se permitió realizar los avances militares y tecnológicos necesarios para influir y forzar a regiones vecinas a aceptar las preferencias de Beijing, desde  su reclamo por la soberanía de Taiwán hasta la creciente tensión en la frontera con India y las intimidaciones a sus rivales en el mar meridional de China. Además, de acuerdo al documento, Beijing buscará  expandir su presencia político, económica y militar en el exterior a partir de la renombrada nueva ruta de la seda, desafiando los intereses económicos norteamericanos y la de sus aliados.

Así, consciente de la creciente amenaza del país  asiático, es que Biden ha decidido relocalizar sus esfuerzos en China, mirando, además, con atención a Rusia, y dejando atrás Afganistán.

Abandonar la guerra de Afganistán no implica la derrota estadounidense sino una redefinición estratégica de sus intereses de seguridad nacional. Terminar con lo que se conoce como la guerra ininterrumpida más larga de la historia norteamericana obedece a esta nueva apreciación de sus amenazas, lo cual requiere de una reorientación masiva de sus recursos, tiempo y esfuerzos hacia un enemigo cuya sombra se acrecienta a pasos inconmensurables.

Sin cooperación no habrá hegemonía

La retirada de Afganistán ha mostrado un factor de suma relevancia para pensar la política de seguridad nacional norteamericana y su relación con el resto del mundo en las siguientes décadas. Si bien Estados Unidos persiste como el único poder en el sistema internacional con la capacidad militar y la influencia política para determinar el curso de acción de las diferentes regiones del mundo, esa atribución resolutiva es cada vez menos absoluta y unidireccional. Biden, a diferencia de Trump, es consciente del gran costo económico, militar y político que implica sostener los intereses estadounidenses por fuera de sus fronteras nacionales sin la ayuda de sus aliados.

Nótese que, en el momento que se escriben estas líneas, Estados Unidos en conjunto con Reino Unido y Australia realizaron un histórico tratado de seguridad (Aukus) el cual supone un esfuerzo cooperativo para contrarrestar la influencia china en el Asia-Pacífico. El tratado, cuyo objetivo es la creación de submarinos a base de propulsión nuclear (más rápidos y más difícil de detectar) con el uso de tecnología estadounidense, ha sido motivo de diversas interpretaciones siendo incluso condenado por la embajada de China en Washington, acusando a los países de una “mentalidad de guerra fría y prejuicios ideológicos”.

Lo que se considera la mayor alianza militar-estratégica entre los países después de la segunda guerra mundial nos permite vislumbrar lo mencionado con anterioridad. Estados Unidos está decidido a contener la expansión China, pero para ello necesita de la ayuda internacional. Sin embargo, la necesidad de cooperación no implica priorizar acuerdos con sus históricos aliados (véase la situación y marginalización del bloque europeo  en el Aukus). Es por esto que debe mencionarse que

las próximas alianzas de Norteamérica no serán exclusivamente producto de su histórica relación con sus pares, sino  de la utilidad geográfica y política que representen estos para los intereses norteamericanos.

Si bien el caso afgano puede significar cierto costo político para la administración de Biden en la esfera doméstica y una derrota simbólica al excepcionalísimo norteamericano frente a sus aliados, [la retirada de Afganistán es solo el comienzo de una política orientada a  la  redefinición  de los intereses estratégicos-militares norteamericanos a mediano y largo plazo], donde se buscará  relocalizar sus esfuerzos y capacidades militares hacia enemigos cuya presencia representen una verdadera amenaza a sus intereses nacionales. Ese lugar lo ocupa hoy China.

 


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La Covid-19, ligada a la crisis económica, ha destinado el inicio de una materia incierta para los ciudadanos y sus gobiernos. No obstante, no todos tiran de la misma cuerda. La popularidad de Nayib Bukele y la forma de comunicación que utiliza puede darle un giro al declive que recibe las autoridades iberoamericanas. A partir de un breve recuento de Sánchez, una gestión comunicativa concreta y confiada, podrá explicar cómo es que Bukele, a pesar de los fallos en la gestión estatal, ha logrado guardar la esperanza salvadoreña.

Luego de dos años como presidente, Nayib Bukele aumenta su popularidad entre los ciudadanos, pese a que en los últimos días algunas variantes de la Covid-19, como la variante Delta, han generado un aumento de casos significativos, además de que la suma total de vacunados ronda solo el 27% de su población. Por otro lado, en el 2020 la economía salvadoreña cayó 7.9% y a inicios de este año la pobreza ha subido 7.4%. Este escenario es común comparado con la realidad iberoamericana, sin embargo, hay un cuadrante distintivo, la confianza en el gobierno de Nayib Bukele ha crecido en los últimos meses.

Presidente Nayib Bukele conmemorando el bicentenario de El Salvador. [Fuente: Twitter. @PresidenciaSV]

Contexto político

Salvador Sánchez, expresidente salvadoreño, dejó el cargo con uno de los niveles más bajos de popularidad con -35% , según una encuesta hecha por la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, CID Gallup. Además de ello, en julio del presente año se emitió una orden de arresto en su contra por el “Caso Desfalco” . Según Rodolfo Delgado, fiscal general, Salvador Sánchez participó en una operación de desfalco en la que el Estado derivó poco más de 351 millones de dólares al Frente Farabundo Maratí para la Liberación Nacional (FMLN) cuando era vicepresidente de Mauricio Funes, ex-mandatario en el periodo 2009-2014. El dinero se entregaba entre esos años a los exfuncionarios de manera mensual como un aumento en sus salarios, todo ello ocurrió en la casa presidencial.

Comunicado de prensa de la Fiscalía General de la República sobre el Caso Desfalco. [Fuente: vía Twitter @FGR_SV]
Curiosamente fue considerado como un presidente alejado de sus ciudadanos sin interés en la seguridad pública, según Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. Sumado a ello, Córdova & Rodríguez, afirman que el apoyo a la democracia y las instituciones cayó más de 10 puntos entre los años 2004 y 2016. Asimismo, la desconfianza en la protección de los derechos humanos y la percepción de la inseguridad han aumentado en la última década. 

Ahora bien, el presidente Nayib Bukele no ha hecho grandes méritos para combatir dichas percepciones, ha destituido a los principales magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, junto al fiscal general, actuando en contra de los procesos para acabar con la corrupción salvadoreña. Sumado a ello, Bukele, el presidente millennial, adoptó medidas rápidas para combatir la situación epidemiológica mundial, de forma desordenada e improvisada (situación muy común), las cuales incluyeron desaciertos como emitir decretos vía Twitter con respecto a medidas sanitarias: ”El Decreto Ejecutivo 22, regulará la cuarentena especial que empieza mañana a las 00: 00hrs. Todos tendrán algo que reclamar. Pero tenemos que hacerlo, por nuestro país.Estas disposiciones causarán muchas molestias, problemas, romperán nuestra cotidianidad. # 15DíasPorSv ” , afirmó Nayib Bukele. Incluso, antes de la pandemia, ordenó la destitución de varios funcionarios. Además, implementó medidas muy violentas para combatir la inseguridad ciudadana, como autorizar el uso de la fuerza letal tanto para defensa propia, como el de la ciudadanía, y restricciones denigrantes en las cárceles como aislamiento masivo. ¿Violencia más violencia? No genera buenos resultados.

Primera parte del documento del Decreto Ejecutivo 22. [Fuente: Twitter. @PresidenciaSV]
En ese marco, ¿cómo es que Bukele ha logrado tener más del 70% de popularidad entre los salvadoreños? Lo podemos sintetizar de la siguiente manera: Para un gobierno en crisis, una “comunicación de crisis”. González Herrero, profesor de Comunicación de la Universidad de Saint Louis, afirma que la “comunicación de crisis” es la capacidad de una entidad para mejorar los efectos del riesgo o incertidumbre, con el propósito de mejorar su imagen y reputación frente a una crisis. Si bien es cierto, la “comunicación de crisis” se ha utilizado principalmente en el ámbito empresarial, los gobiernos también han adoptado dicha forma de comunicación; en este caso, Bukele ha sabido aplicarlo correctamente.

Estrategia comunicacional

Consideremos el antecedente del gobierno salvadoreño mencionado anteriormente, la desconfianza que generó Salvador Sánchez; la seguridad ciudadana había sido un tema ignorado. Para ello, Pustjens (2020), afirma que una de las reglas de la “comunicación de crisis” es responder rápidamente ante ella para fomentar la confianza y el liderazgo, algo que Bukele logró capitalizar, puesto que en su primer año de mandato la tasa de homicidios por habitante se redujo en un 40%.

[Fuente: Twitter. @PresidenciaSV]
Por otro lado, cuando en El Salvador se inició a indagar sobre el coronavirus, Bukele tomó varias de las medidas más radicales en la región, como la prohibición del ingreso de personas que provenían de regiones donde se había dado la propagación del virus, como Europa , principalmente, así como una cuarentena sumamente estricta desde el primer día de su implementación, como solo permitir la compra de alimentos y medicinas dos veces a la semana y un seguimiento de ello mediante los documentos de identidad. En una adecuada gestión de la “comunicación de crisis” ello se define como: hechos y no palabras, puesto que se destacan las medidas políticas, sociales, etc., para mejorar la respuesta ante la crisis. Ello se puede contemplar, además, en el accionar de la Secretaría de Comunicaciones, la cual informa activamente sobre el trabajo que se viene dando para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. “Para avanzar rápidamente, ha sido vital el trabajo de más de 25 mil personas. Este talento humano, se ha encargado de toda la logística: desde almacenamiento y traslado, hasta la aplicación en cada salvadoreño que ha recibido la vacuna contra el # COVID19 ”, destacó la Secretaría de Comunicaciones a fines de septiembre.

Por ende, Bukele muestra simpatía a sus ciudadanos mediante un tipo específico de comunicación, creando un ambiente propicio que le brinde más del 70% de popularidad. Si bien es cierto, no es una cifra abrumante, es un caso atípico con respecto a varios presidentes iberoamericanos, incluso, considerando que las medidas tomadas en la crisis mundial actual no han tenido resultados cien por ciento efectivos.

El conocimiento y aplicación de los diferentes tipos de comunicación gubernamental guarda importancia en el ámbito internacional, por ejemplo, como el mencionado, puesto que mejorará la conformación de lazos entre gobernantes y gobernados por medio de la confianza transmitida en los mensajes expresados ​​y su nivel de practicidad para los efectos deseados de dichos mensajes, sobre todo en épocas de crisis como la que vivimos actualmente, donde hemos podido visualizar muchos intentos por parte del aparato estatal para contener y tranquilizar a la población.

 


Alonso Navarro03/10/2021
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El Estado al que llamamos Emirato Islámico de Afganistán ha sufrido un revés a los pequeños avances que venía alcanzando en los últimos 20 años respecto a su propia consolidación como un estado democrático. Ahora se ve sometido al gobierno talibán el cual es considerado un sinónimo de violaciones de Derechos Humanos y terrorismo internacional. 

 

Los combatientes talibanes toman el control del palacio presidencial afgano en Kabul. Tomado del portal de noticias France 24.

El enemigo de mi enemigo es mi…¿amigo?                

Desde los años 50s, Estados Unidos ha tenido importante interés en Afganistán debido a la creciente industria dedicada a la construcción de infraestructuras, además de desempeñarse como Estado tapón ante el avance de la Unión Soviética y el socialismo. Gran sorpresa fue que en 1978 la Revolución Saur, una revolución dirigida por el Partido Democrático Popular de Afganistán, impusiera un gobierno con características socialistas en Afganistán, y que al año siguiente, en 1979, efectivos del ejército soviético se establecieran en territorio afgano.

Es entonces cuando los Estados Unidos bajo la administración Reagan decide intervenir y, también, aquellos a quienes alguna vez llamaron “combatientes de la libertad”, los muyahidines o yihadistas. Los llamados combatientes de la libertad fueron la herramienta que los americanos utilizaron para convertir a Afganistán en el “Vietnam” de la Unión Soviética; y a cambio estos recibían los instrumentos necesarios -armas- para emprender su guerra santa contra los no creyentes, pues recordemos que un Estado socialista alienta el ateísmo. Nada más blasfemo para un Yihadista y, que a su vez, es la base de su discurso de liberación.

 

El camino al infierno está lleno de la satisfacción de mis intereses

“¡Lo hicimos!” eso debieron pensar los americanos cuando, en septiembre de 1988, las tropas soviéticas se retiraron tras una guerra de desgaste que no llegaba a su fin y que en el futuro sería señalada como una de las tantas razones de la caída de la Unión Soviética. El gobierno pro soviético cayó rápidamente al no contar con el apoyo de la URSS y, de ese modo, Afganistán vio su territorio convertido en terreno de una guerra civil entre la veintena de etnias que conforman su población a fin de llenar el vacío de poder.

Hagamos una pausa, Afganistán está compuesto por distintas etnias y cada una de ellas tiene una interpretación propia de la religión islámica. Existen otras diferencias culturales y sociales pero lo verdaderamente importante es la religiosidad. Una de estas etnias es la Pastún, cuna de los jóvenes estudiantes-guerreros instruidos en un islamismo fundamentalista y que luchan por el sueño de construir una utopía yihadista. Estos jóvenes son los talibanes.

 

Mira lo que hemos creado      

Tras años de guerra civil, en 1996, Afganistán vio la mayor avanzada militar hecha por una de las etnias beligerantes. Los talibanes, a través de una serie de operaciones y golpes militares, avanzaron hacia Kabul donde no encontraron resistencia alguna al ya haberse marchado las tropas gubernamentales. Fue así que se instaló por primera vez el Emirato Islámico de Afganistán, siendo incluso reconocido por los Estados Unidos.

Es cuando las violaciones a los derechos humanos iniciaron, en especial hacia las mujeres y niñas quienes sufrieron una invisibilización sistemática dentro de la sociedad afgana, aunque claro, no se intervino el país hasta aquel fatídico año 2001. El atentado a las torres gemelas por parte de Al Qaeda, grupo terrorista el cual operaba desde Afganistán, y la posterior negativa del gobierno talibán para entregar a los culpables fue la razón de la invasión americana y de la OTAN.

 

Parece que Afganistán necesita un poco más que libertad

Ahora bien, tomar el control de las principales ciudades como la capital Kabul y deponer al gobierno talibán en 2001 no fue algo difícil en realidad, estamos hablando de Estados Unidos y sus aliados después de todo. Sin embargo, los principales cuestionamientos se propiciaron con la instalación de una guerra asimétrica, dígase de los ejércitos más grandes y preparados del mundo contra la resistencia talibán en las zonas rurales.

La comunidad internacional y las potencias instaladas en suelo afgano eran conscientes de que no podían estar ahí para siempre, así que las esperanzas reposaban en una idea: el desarrollo. Como explicaría el ahora ex-jefe de Estado Ashraf Ghani en un TED talks, la clave se encontraba en la construcción de un Estado de derecho que garantice el gobierno de la ley, asegure los derechos básicos de sus ciudadanos, controle las finanzas internas, logre acuerdos internacionales y, principalmente, combata la corrupción.

Esta democratización que se intentó instalar en Afganistán se acompañó con misiones de los Estados Unidos y la OTAN, los cuales buscaban acabar con el terrorismo en la región y crear/preparar un ejército afgano capaz de defender su propio territorio.

 

¿Qué salió mal entonces?

Casi todo, el desarrollo humano traducido en su Índice de Desarrollo Humano (IDH) son cruciales para entender el nivel de prosperidad, acceso a servicios básicos, disfrute de derechos y la calidad de vida que hay en un país. Para el año 2001 ocupaba el puesto 174 de 178 países analizados, para el 2019 ocupaba el 170 de 189.

 

Gráfico sacado de: Calvillo, José. Afganistán: dos décadas de conflicto. 

 

 

Es relevante mencionar el índice de percepción de la corrupción, si bien el ahora ex gobierno de Ashraf Ghani ha hecho avances, lo cierto es que la corrupción aún afecta a los ciudadanos en cada aspecto de su vida. Aunado a esto, las tierras controladas por los talibanes son usadas para el cultivo de drogas (narcotráfico), y la situación de los campesinos que emplean es aún más penosa debido a que el 80% de los ingresos son recibidos sólo por los traficantes y procesadores de heroína.

Gráfico sacado de: Calvillo, José. Afganistán: dos décadas de conflicto.

 

“Ustedes tienen los relojes, nosotros el tiempo”

Proverbio afgano

Este proverbio explica la estrategia talibán. En la llamada guerra asimétrica los talibanes han cometido atentados terroristas en las principales ciudades y se han mantenido en pie de lucha en las provincias montañosas de difícil acceso que le significaban un dominio total de tales terrenos. Esta situación continua de conflicto junto a la incapacidad de la comunidad internacional y el propio gobierno afgano de solidificar un Estado, han afectado la seguridad de sus habitantes y han propiciado un Estado fallido. No importó cuántas tropas, de qué países fueran, o que tan bien instruidos estuvieran los soldados afganos; lo único que los talibanes hicieron fue esperar.

 

Tras veinte años en suelo afgano, los Estados Unidos se encontraron en la misma posición que sus antiguos contrincantes soviéticos. Terminaron cansados de sus muertos, de los miles de millones de dólares gastados, abatidos por un enemigo al que no han podido vencer y al que con el paso del tiempo han ido cediendo terreno. Es así que Obama en el 2016 empezó el retiro de tropas (Castro, 2018), luego, Trump y el acuerdo de Doha que se basaba en la promesa de no utilizar Afganistán como base para ataques contra los Estados Unidos; también, los talibanes negociaron con el gobierno afgano un futuro político para su país y, por último, la final ejecución del acuerdo por parte del presidente Biden.

 

A la fecha de la publicación de este artículo, el pueblo afgano, sus mujeres y sus niñas están solas ante el nuevo gobierno islamista, sometidos a la Sharia (llamémoslo un código de comportamiento basado en proverbios religiosos) interpretados de manera radical. Sin el tío Sam que intervenga y con la OTAN que no actuará a menos que EE.UU lo haga; con la indiferencia de otras potencias como China y Rusia que buscan rutas comerciales o influencia regional antes que defender los Derechos Humanos, el futuro que le avecina a los que no logren salir de Afganistán es oscuro y en el mejor de los casos, incierto. Existe un posible escenario bajo el ojo atento de la comunidad internacional: la presente posibilidad de que los talibanes, ahora en el gobierno, prefieran la diplomacia sobre el terrorismo. En tal caso, se abre camino para tomar acciones respecto a la situación humanitaria; sin embargo, esto depende de la palabra talibán la cual ha probado valer muy poco no habiendo mejor ejemplo que la situación actual.

Referencia

 

2.Castro, J. (2018). El eterno conflicto afgano: las mismas piezas en diferente posición sobre el tablero. En I. E. Estratégicos, Panorama Geopolítico de los conflictos 2018 (págs. 147 – 170). Ministerio de Defensa de España.

 

 

 


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Debido a la retirada de las tropas estadounidenses, asciende la preocupación sobre la situación de la población vulnerable como las mujeres, niños y niñas en Afganistán. Ante la respuesta de la comunidad internacional, se elabora una serie de apuntes sobre las implicancias para los derechos humanos a raíz de la ocupación del grupo Talibán en el país.


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Las vacunas contra el covid fueron financiadas con los recursos públicos, pero las farmacéuticas lucraron con ellas. La vacunación en América Latina avanza lento porque la Facilidad Covax fracasó.  Las licencias obligatorias reducirían las muertes en el sur global, pero Europa se opone.

En Finlandia, mi tierra natal, mis amigos publican fotos de festivales de verano. Como ya el 70 % de la población se ha vacunado, pueden vivir sin miedo. Al mismo tiempo el Perú, país donde  resido actualmente, tiene las tasas de mortalidad más altas del mundo. Puedo sentir el apartheid de las vacunas en carne y hueso.

“El mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico”, advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebrey

“El precio de este fracaso se pagará con vidas y medios de subsistencia en los países más pobres del mundo”, aseguró Gebreyesus en su discurso en el que condenó el egoísmo de los países ricos y compañías.

 

Actualmente, la vacunación está avanzando rápidamente en los países occidentales. Algunos países incluso tienen un problema con el excedente de las vacunas. Es así como para agosto del 2021, Canadá podría vacunar a sus ciudadanos 5 veces, mientras en los países más pobres del mundo solo se ha vacunado al 1,1% de la población.

La situación podría cambiar con la liberación de las patentes. En ese caso, las vacunas podrían producirse de manera masiva en todo el mundo, lo que haría que su precio cayera.

Sin embargo, las compañías farmacéuticas protegen los derechos de propiedad intelectual, es decir, ocultan “la receta” de las vacunas.

Los derechos de propiedad intelectual están destinados a garantizar que las empresas farmacéuticas obtengan beneficios por el desarrollo de nuevos productos.

Funciona de la siguiente manera: una empresa farmacéutica decide desarrollar un nuevo fármaco en su laboratorio. Por lo general, hay investigadores universitarios involucrados en el proceso, como el desarrollo de un fármaco es tanto una investigación científica como un negocio con fines de lucro.

La empresa tiene que asumir un riesgo empresarial: si el medicamento no resulta efectivo, la empresa sufre una pérdida. Si se demuestra que el fármaco funciona, la empresa tiene el derecho de patentarlo, es decir, venderlo de manera exclusiva y obtener mayores beneficios. La patente es una recompensa por el riesgo asumido.

Sin embargo, la vacuna contra el COVID no se desarrolló de esta manera. Las empresas farmacéuticas no asumieron ningún riesgo financiero, porque recibieron casi la totalidad de la financiación de fondos públicos. Por ejemplo, el 97 % de la inversión para desarrollar la vacuna de AstraZeneca llegó de los bolsillos de los ciudadanos europeos.

LA NECROPOLÍTICA DE LAS VACUNAS

El término desarrollado por Michael Foucault explica el uso del poder social y político para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo algunas deben morir. Con su necropolítica, el nacionalismo de las vacunas; mi continente natal, Europa está produciendo muerte en el sur global. Al final han sido beneficiados los accionistas de las empresas farmacéuticas: en 2020, la cotización de las acciones de AstraZeneca subió al nivel más alto de su historia.

FACILIDAD COVAX, UN FRACASO

En vez de abrir las patentes, la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Europea y el Gobierno de Francia establecieron una alianza llamada Facilidad Covax. El propósito del programa humanitario era garantizar vacunas también en el sur global. Sin embargo, ha resultado ser una cortina de humo.

El acuerdo es parte de un arreglo neocolonial y consta de dos partes. La primera parte garantiza a los países ricos el derecho a la compra directa: pueden comprar la cantidad de vacuna que quieran antes que otros. Si sobra algo, esos lotes se enviarían como “ayuda humanitaria” a los países en desarrollo. Fue con la ayuda de Covax que Canadá logró comprar suficientes dosis para vacunar cinco veces a su población. No obstante, los países con poder adquisitivo menor adquirieron pocos lotes.

LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS SALVARÍAN VIDAS

Las desigualdades en la distribución de las vacunas se subsanarían, en parte, modificando El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS). Este acuerdo regula los derechos de propiedad intelectual antes mencionados.

Los países en desarrollo están exigiendo a la Organización Mundial del Comercio que se utilice la dispensa de los ADPIC para suspender las patentes (en inglés, TRIPS waiver) – pero la Unión Europea se opone a la iniciativa. (La postura de cada país se puede consultar en la página web de Médicos sin Fronteras.)

La postura de las naciones ricas puede volverse contra ellos. Es en aquellos países donde la población no ha sido vacunada donde están surgiendo nuevas variantes virales cada vez más agresivas – como la cepa del hongo negro de la India. Si estas mutaciones persisten, es posible que las vacunas existentes ya no sean efectivas. Nadie está a salvo hasta que todos estén a salvo.

Aunque las empresas farmacéuticas se resisten a hablar de ello, existe evidencia histórica de los beneficios de abrir patentes. Durante la epidemia de VIH del siglo XXI, los activistas de salud pública de Sudáfrica, en particular la Campaña de Treatment Action, fundada en 1998, levantaron un juicio contra el Estado sudafricano por violar los derechos de salud pública. Querían que las patentes de los medicamentos antirretrovirales utilizados para tratar el VIH se abrieran bajo la licencia obligatoria.

Los activistas ganaron el juicio. Poco después, se produjo medicamentos antivirales en países africanos a un precio 97% más barato que antes. Eso ayudó a controlar la epidemia del VIH.

La pandemia ha enseñado a la humanidad que el pensamiento tecnológico llamado techno fix no basta para resolver los problemas más severos y globales. Cuando surge una crisis (pandemia), no basta con centrarse en una solución tecnológica (vacuna). Es necesario desafiar las relaciones de poder y al capital del sistema mundo de hoy en día.



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