Alex Berrones
Lo que las autoridades ecuatorianas y portavoces del Pentágono celebraron como un golpe contra el narcoterrorismo terminó siendo otro exceso militar en el marco de la cooperación entre estos dos países. Es así como lo dieron a conocer las y los periodistas de Sucumbíos, quienes, a pocas horas de las explosiones y con recursos limitados, llegaron a la comunidad San Martín del Cantón Lago Agrio para registrar los hechos.
Al notar que las cenizas no podían ser de un centro de operaciones criminales, iniciaron con las investigaciones y, «como cadáver flotando en el agua», la verdad pronto se asomó. La operación conjunta «Exterminio Total» no habría desmantelado ningún campamento del crimen organizado; en su lugar, dejó a 27 familias campesinas sin su única fuente de sustento.
El operativo, ejecutado el 6 de marzo de 2026 y oficializado mediante el boletín N° 182 del Ministerio de Defensa, fue anunciado por el ministro Gian Carlo Loffredo como la destrucción del refugio del líder criminal de los Comandos de la Frontera, Jonathan Tole Collazos, quien es señalado como el responsable de la emboscada que cobró la vida de 11 militares ecuatorianos en el Alto Punino.
La urgencia política por mostrar una «victoria rápida» parece haber nublado el juicio táctico. La narrativa oficial hablaba de un campamento con capacidad para albergar a cincuenta insurgentes. Sin embargo, la realidad que emergió de los escombros fue diametralmente opuesta.
La zona bombardeada era una propiedad de 150 hectáreas adquirida en 2018 por José Peña. En lugar de un arsenal, las fuerzas armadas aniquilaron más de cincuenta cabezas de ganado, maquinaria especializada de ordeño y bodegas de queso. El único armamento hallado en el lugar fue una escopeta y treinta municiones.
Una práctica que podría revelar un modelo, no un fallo
La intervención militar, amparada en la declaratoria de Conflicto Armado Interno (CANI) impulsada por el gobierno de Daniel Noboa, no fue un ataque aéreo repentino, sino una escalada de asedio que duró casi una semana.
Los testimonios documentados revelan que el hostigamiento comenzó el 1 de marzo con sobrevuelos rasantes y la quema de viviendas periféricas.
El 3 de marzo, tropas terrestres incursionaron en la propiedad y, lejos de seguir protocolos de detención, cometieron atrocidades contra civiles. De acuerdo con la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), cuatro trabajadores rurales fueron trasladados a Lago Agrio y sometidos a interrogatorios bajo métodos de tortura: sufrieron asfixia, golpes con culatas de fusil, descargas eléctricas y fueron amenazados de muerte.
La operación culminó el 6 de marzo con el bombardeo estratégico y la quema de las instalaciones por parte de los militares.
¿Incapacidad estatal o cálculo político?
El desastre operativo en Sucumbíos expone una preocupante precariedad en el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y en la inteligencia militar ecuatoriana, pero también revela las peligrosas asimetrías de la cooperación internacional.
Mientras el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, y las cuentas oficiales de las Fuerzas Armadas de Ecuador se vanagloriaban del operativo al compartir videos de la explosión como un hito del intercambio de información, la realidad en el terreno demostró que las fuerzas especiales de EE. UU. proporcionan tecnología (como drones y biometría), pero delegan la ejecución —y el «trabajo sucio»— a las tropas locales.
Cabe reflexionar: ¿los gobiernos habrían informado sobre su error si este no hubiese ocupado la primera plana de los diarios del mundo, o son prácticas normales de sus compromisos con los «empresarios de la seguridad»?
Es por ello que, para comprender cómo el Estado llegó a bombardear a sus propios ciudadanos, es necesario analizar la reconfiguración estratégica del gobierno.
Ecuador enfrenta un colapso de seguridad innegable: la tasa de homicidios saltó de 5,8 por cada 100.000 habitantes en 2017 a una proyección de 48,1 para 2025, con un récord de más de 9.200 muertes violentas anuales.
Ante esta desesperación, la administración Noboa ha buscado atajos controversiales. La confirmación de reuniones estratégicas desde marzo de 2025 entre el presidente y Erik Prince, fundador de la firma de mercenarios Blackwater, marcó un punto de inflexión. Analistas advierten que Ecuador podría estar adoptando un modelo de «minerales por seguridad».
En este esquema, los contratistas militares privados asumen la capacitación en guerra urbana y la protección de enclaves extractivos. La fusión del Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas parece allanar el camino legal para este modelo. En provincias como Sucumbíos, las comunidades locales pasan a ser vistas como obstáculos en el mapa de operaciones de las corporaciones.
La negación oficial
Lejos de asumir responsabilidades por este fallo, la respuesta del gobierno ha sido atrincherarse. El ministro del Interior, John Reimberg, ha intentado justificar la acción argumentando que los grupos criminales utilizan fincas productivas como «fachadas».
Esta retórica del «enemigo interno» es peligrosa porque criminaliza de facto a los campesinos de la frontera, replicando el trágico modelo de estigmatización colombiano, que llevó, entre otros lamentables casos, a los falsos positivos.
Mientras la maquinaria estatal busca imponer una narrativa de «victoria total» en un entorno hostil para la prensa (con más de 160 agresiones a periodistas), la bancada legislativa de oposición ha iniciado un proceso de fiscalización para desentrañar quién autorizó el bombardeo y cuál es el verdadero rol de las fuerzas extranjeras en el país.
¿Qué queda para José?
Para el propietario de la finca, solo quedan escombros y cenizas donde antes había un proyecto productivo. Como él mismo relató a la prensa tras el asedio, cuando intentó acercarse a sus tierras para entender qué pasaba, los militares —que mantenían retenidos a sus trabajadores— le impidieron el paso y lo recibieron a tiros. Tras perder sus 150 hectáreas, su maquinaria y más de cincuenta cabezas de ganado, Peña ha anunciado una demanda contra el Estado. Este proceso judicial pondrá a prueba la independencia de unos tribunales ya asediados por presiones ejecutivas.
Hoy, los inmensos cráteres en San Martín no solo representan la ruina económica de una familia campesina, sino que simbolizan el peligroso rumbo de la nación. La declaratoria de conflicto interno ha abierto la puerta a métodos de guerra desproporcionados.
Delegar la seguridad a lógicas de contratistas privados y aplicar tácticas de exterminio con bombas de 500 libras en territorios rurales no solo fracasa en debilitar a las verdaderas mafias, sino que dinamita el tejido social, entregando a los jóvenes fronterizos un argumento más para ser seducidos por los carteles que el gobierno prometió desmantelar.
Esta es una explicación sin fines de lucro.
¿Quieres recibir más explicaciones como esta por email?
