Carola Bizzi
Mientras Argentina reclama soberanía sobre Malvinas en foros internacionales, empresas israelíes y españolas operan en sus aguas con licencias británicas. Un análisis desde la interdependencia compleja sobre cómo los actores transnacionales están redefiniendo la disputa por la ZEE argentina.
El propósito del siguiente artículo es realizar una breve composición de la situación actual de la Zona Económica Exclusiva Argentina en la zona de Malvinas. Analizaremos desde la interdependencia compleja, aspectos como la explotación de hidrocarburos en la región, los permisos de pesca ilegítimos y el rol de los estados involucrados en la dinámica, frente a empresas transnacionales que inciden, complejizan y alteran la agenda de su política exterior.
Marco regulatorio internacional
Para ello debemos comprender el marco regulatorio en el que esta cuestión se encuentra inserta. De acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), la Zona económica exclusiva (ZEE), es un área más allá del mar territorial y adyacente a este que no se extenderá luego de doscientas millas marinas desde las líneas de base desde las cuales se mide el mar territorial, en la cual el Estado ribereño tiene derecho soberano para explorar, explotar, conservar y administrar los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho, del lecho y del subsuelo marino. También tiene derechos sobre otras actividades de explotación económica, como la producción de energía a partir del agua, las corrientes y los vientos.
Además de poder ejercer jurisdicción sobre: la instalación y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras; la investigación científica marina; y la protección y preservación del medio marino.[1] En cuanto a lo que en regulación internacional respecta, no debiera dejarse de mencionar la vigencia de las Resoluciones 2065, que invita a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a examinar la situación de Malvinas a la luz de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General; la Resolución 3160 (XXVIII) que declara la necesidad de acelerar las negociaciones previstas en la Resolución 2065 (XX) y la Resolución 31/49 que no sólo reitera la petición de aceleración de las negociaciones sino que también insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras las islas estén atravesando el proceso recomendado en las resoluciones anteriores.[2]
A los fines de este artículo, observaremos al sistema internacional bajo la óptica de la interdependencia compleja, en términos de Keohane y Nye. Entendemos de este modo, que existe multiplicidad de actores internacionales, entre ellos las empresas multinacionales cuya estrechez con los gobiernos centrales suele variar de estado en estado pero es innegable que la participación de organizaciones no controladas completamente por los gobiernos se ha vuelto parte de las relaciones internacionales. Al mismo tiempo, al aumentar la complejidad de los actores y la multiplicidad de canales de conexión en un sistema internacional sin una agenda jerarquizada, es decir, no encabezada por asuntos de defensa, la línea entre lo interno y lo externo comienza a desdibujarse, afectando de esta forma la agenda política de un estado. Dichas empresas multinacionales, pueden actuar, en pos de sus intereses como correas de transmisión, haciendo las políticas de un estado, más sensibles a las de otro. Por lo tanto, podemos decir, que las empresas multinacionales, son actores significativos, tanto independientemente como si fueran utilizadas por los gobiernos.[3]
La interdependencia compleja como lente de análisis
Habiendo establecido el marco regulatorio y teórico dentro del cual desarrollaremos este breve análisis, pasaremos a describir algunos hechos acontecidos en ZEE argentina en Malvinas que van en contra de la normativa internacional establecida al respecto, considerados por Argentina como actos ilegales y unilaterales.
Uno de los hechos es de larga data y consta de la emisión de derechos pesqueros ilegales por parte de Reino Unido en Malvinas, en 2024, 201 licencias fueron otorgadas por el gobierno colonial a empresas pertenecientes a los estados de Taiwán, Corea, Reino Unido y España, 95 de las cuales estaban vinculadas a este último, ya sea completamente o por medio de sociedades mixtas con empresas malvinenses. Si hacemos foco en España, notamos que en 1863, dicho estado reconoció la independencia argentina, aceptando la titularidad argentina sobre los territorios correspondientes al virreinato, incluyendo el archipiélago de Malvinas y sus aguas correspondientes. Además, España reconoció expresamente la soberanía argentina en Malvinas cuando la Comunidad Económica Europea firmó el acuerdo pesquero con Argentina en cumplimiento de las exigencias de la CONVEMAR y las leyes argentinas 23.968, 24.922 y 26.386[4] que reconocen los espacios marítimos de la República Argentina y sientan el régimen de pesca, prohibiendo operar en aguas argentinas a aquellas empresas que no cuenten con los correspondientes permisos entregados por el consejo federal pesquero.
A pesar de todo esto, sus empresas – como Moradiña – proceden a solicitar licencias de pesca al gobierno colonial de Malvinas o a conformar asociaciones con empresas locales para poder operar bajo bandera de las “Falkland Islands”, sin mencionar la pesca que se realiza por parte de buques españoles en la ZEE argentina en condiciones de pesca ilegal, no declarada y no registrada (INDNR), pero eso ya es tema para otro artículo.
Hidrocarburos en disputa: el proyecto Sea Lion
Por otro lado, tenemos el caso de Navitas Petroleum, una petrolera israelí que junto con Rockhopper Exploration, anunciaron que se ha tomado la decisión final de inversión para avanzar con el proyecto Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de las Malvinas. “Tras las aprobaciones, las licencias que cubren el proyecto pasarán a la fase de explotación, que dura 35 años, o más, si es necesario para completar la producción”[5] dicha producción se estima en 500 millones de barriles de petróleo proveniente de las Islas Malvinas.
La empresa Navitas Petroleum será la encargada de la perforación y explotación del yacimiento a 200 km al norte de Puerto Argentino. De acuerdo con el Secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, esta es una situación que amerita un absoluto y enérgico rechazo, ya que nos encontramos ante una situación comparable a la de la Misión Shackleton de 1976 que llevó a la República Argentina a recurrir nuevamente a la Asamblea General, lo cual motivó la resolución 31/49 sobre la prohibición de medidas unilaterales respecto de la cuestión Malvinas.
Adicionalmente, esto va en contra del artículo 2 de la Ley 26.659, que impide a personas o empresas que operen en la Argentina, así como a sus accionistas, participar directa o indirectamente, asociarse o contratar con sujetos que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización de autoridad competente argentina. El incumplimiento de dicho artículo conlleva la inhabilitación por un periodo que puede ir de cinco a veinte años y la retracción de las concesiones hidrocarburíferas. Respecto al proyecto Sea Lion, la cancillería argentina califica de ilegítimas a las empresas operadoras, repudia la pretendida decisión final de aprobación por falta de aprobación para dicha exploración y recuerda la resolución 2065. Asimismo, tal como ocurre en el caso de los buques pesqueros, esto no disuade a las operadoras de continuar con el desarrollo del proyecto e incluso de generar nuevas alianzas en la zona como la de la empresa israelí con JHI Associates mediante la firma de la licencia PL001 por la cual Navitas Petroleum asume el control operativo de otro proyecto colindante con el de Sea Lion, cuya vecindad permitiría proyectar una infraestructura compartida que reduciría costos y optimizaría los tiempos de producción.[6]
A pesar de que Gideon Sa’ar, canciller israelí, ratificó el carácter estratégico de la relación bilateral con Argentina y desmarcó a su estado de las actividades de la filial británica de la empresa de capital privado Navitas Petroleum alegando que el gobierno de Israel no está involucrado de ninguna manera, tales eventos, no sólo han congelado la promesa del presidente argentino de trasladar la embajada a Jerusalén sino que también nos invitan a reflexionar sobre la cuestión Malvinas.
Actores transnacionales y erosión de la soberanía
Dichos acontecimientos han hecho evidente que la disputa por la Zona Económica Exclusiva argentina en Malvinas ya no puede analizarse desde una óptica estrictamente realista, en la que los Estados operan como actores unitarios y la agenda internacional se organiza jerárquicamente en torno a cuestiones de seguridad militar. La realidad que emerge del caso exige, en cambio, ser leída a través de los múltiples canales de conexión desde una óptica de interdependencia compleja donde empresas como Navitas Petroleum y Moradiña, entre otras, actúan como correas de transmisión que hacen más sensible la política de un estado a la de otro y que incluso, pueden reducir la coherencia de las posiciones nacionales, empujando agendas, reduciendo márgenes de maniobra y produciendo tensiones exteriores. Como es el caso del congelamiento de la embajada argentina o la incoherencia entre los buques pesqueros y la posición formal española, estos ejemplos son la manifestación concreta de cómo, bajo condiciones de interdependencia compleja, los intereses económicos transnacionales se superponen con las posiciones soberanas de los Estados y las erosionan desde dentro.
Mientras que el Reino Unido opera desde el control de facto del territorio, ejerce la potestad de otorgar licencias y mantiene una presencia militar disuasoria que funciona como garante último del statu quo. De este modo, en un contexto donde los aspectos económicos han desplazado a los militares, en esta agenda no jerarquizada de la interdependencia compleja, la verdadera batalla hoy en día se libra entre licencias, asociaciones, inversiones y sanciones. Argentina en ese contexto se encuentra en una posición de marcada asimetría y de vulnerabilidad frente a todas las decisiones que se toman unilateralmente en la zona de Malvinas ya que cada barril de petróleo extraído o cada licencia de pesca otorgada impactan en su reclamo soberano sobre las islas.
En definitiva, la legitimidad conferida a Argentina en foros internacionales sobre las islas Malvinas se ve socavada nuevamente, esta vez no por el poderío militar de la potencia opositora sino por las ventajas económicas que esta representa para sus inversores. Por lo tanto, si Argentina aspira a alterar esa asimetría, deberá comprender que la disputa ya no se resolverá únicamente en los foros donde su posición es más fuerte sino que exige una estrategia capaz de operar en el mismo terreno donde hoy pierde: el de las decisiones de inversión, los marcos regulatorios pesqueros y las relaciones con los actores transnacionales que, con o sin el aval de sus gobiernos, están definiendo el futuro del Atlántico Sur.
Esta es una explicación sin fines de lucro.
[1] Naciones Unidas. (1982). Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf
[2] Naciones Unidas, Asamblea General. (1976, 1 de diciembre). Cuestión de las Islas Malvinas (Falkland) (Resolución 31/49, A/RES/31/49).
[3] Keohane, R. O., & Nye, J. S., Jr. (2012). Power and interdependence (4th ed.). Longman.
[4] Lerena, C. A. (2025, 27 de noviembre). El puerto de Vigo lidera la pesca ilegal española en el mar argentino. Perfil.
[5] Niebieskikwiat, N. (2025, 11 de diciembre). Fuerte polémica: en Malvinas dicen que buscarán extraer petróleo en dos años. Clarín. https://www.clarin.com/politica/fuerte-polemica-malvinas-dicen-buscaran-extraer-petroleo-anos_0_liO5u6Vzhy.html
[6] Ortiz, I. (2026, 14 de enero). Malvinas: petrolera israelí adquiere otra licencia para explotar recursos offshore en las Islas Malvinas. iProfesional. https://www.iprofesional.com/energia/446061-malvinas-petrolera-israeli-adquiere-licencia-con-3100-millones-de-barriles
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