El caso de Filipinas ante la Corte Penal Internacional

La llamada “guerra contra las drogas” en Filipinas, impulsada por Rodrigo Duterte, dejó miles de personas asesinadas en operativos marcados por graves violaciones a derechos humanos y una profunda impunidad. Las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales llevaron a la intervención de la Corte Penal Internacional y abrieron un debate sobre la tensión entre la justicia penal internacional y la soberanía de los Estados. Este artículo analiza los antecedentes de la “guerra contra las drogas”, los crímenes cometidos en su marco y su abordaje desde el derecho internacional.

La “guerra contra las drogas” en Filipinas

Debido a su ubicación geográfica en el sudeste asiático, Filipinas se convirtió durante décadas en un punto estratégico para el tráfico internacional de drogas. Diversos cárteles transnacionales utilizaron el país como centro de tránsito, mientras que grupos criminales locales participaron activamente en el narcotráfico mediante redes de distribución y el uso de “mulas” para transportar pequeñas cantidades de droga al extranjero.

En la década de 1990, Filipinas fue incorporada temporalmente a la “guerra contra las drogas” impulsada por Estados Unidos. Incluso, la Administración para el Control de Drogas (DEA) realizó operaciones dentro del país. Con el inicio del nuevo milenio, el negocio del narcotráfico se expandió considerablemente. En 2010, un informe de la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de Estados Unidos estimó que el comercio ilegal de drogas en Filipinas generaba entre 6,4 y 8,4 mil millones de dólares anuales.

En este contexto, Rodrigo Duterte consolidó su carrera política como alcalde de Dávao. Durante su administración fortaleció la actuación del llamado Escuadrón de la Muerte de Dávao, grupo vinculado con ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes y personas usuarias de drogas. Aunque gran parte de la prensa difundió la idea de que Dávao se había convertido en una de las ciudades más seguras del mundo, diversos informes cuestionaron esas afirmaciones y señalaron que los datos sobre criminalidad habían sido manipulados. En realidad, la región registraba algunos de los índices más altos de violencia del país y la ciudad de Dávao concentraba cerca del 45 % de los incidentes violentos del país.

Apoyado en esta narrativa de “mano dura”, Duterte se postuló a la presidencia en 2016 con la promesa de erradicar las drogas ilegales y matar a miles de presuntas personas usuarias y traficantes, a quienes responsabilizaba del aumento de la criminalidad. La estigmatización sistemática de las personas usuarias de drogas, presentadas como una amenaza para la sociedad filipina, fortaleció enormemente su popularidad y le permitió ganar las elecciones presidenciales, cargo que ocupó hasta 2022.

Poco después de asumir la presidencia en junio de 2016, Duterte lanzó oficialmente su campaña antidrogas y ordenó públicamente a la policía “matar, matar y matar”. Los principales objetivos de esta política fueron personas pobres que vivían en comunidades urbanas marginadas.

Los crímenes cometidos bajo la “guerra contra las drogas”

La “guerra contra las drogas” impulsada por Duterte provocó la muerte de al menos 6.221 personas, según cifras oficiales de la policía, aunque organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra real podría superar las 30.000 víctimas. Incluso el propio gobierno filipino reconoció que, en numerosos casos, la policía actuó con desprecio absoluto por el debido proceso y las garantías legales. Investigaciones realizadas por medios de comunicación, Human Rights Watch y otros organismos documentaron prácticas sistemáticas de fabricación de pruebas: policías colocaban armas o drogas junto a los cuerpos de las víctimas para justificar los asesinatos como supuestos actos de legítima defensa. En octubre de 2021, el Departamento de Justicia de Filipinas publicó un informe que vinculaba directamente a agentes policiales con al menos 52 ejecuciones de este tipo.

El impacto sobre las comunidades más pobres fue devastador. Miles de familias quedaron marcadas por las redadas y asesinatos ocurridos en barrios hacinados, donde incluso niños y niñas presenciaron ejecuciones violentas. La impunidad fue prácticamente total: entre miles de casos documentados, solo uno concluyó con la condena de policías, principalmente porque el asesinato fue grabado en video. La defensa abierta y reiterada de Duterte de estas políticas profundizó aún más la histórica impunidad frente a las violaciones de derechos humanos en Filipinas.

La violencia también se desarrolló en el contexto de un sistema de justicia penal profundamente debilitado, caracterizado por procesos extremadamente lentos y tribunales incapaces de resolver los casos con rapidez. Además de las ejecuciones, la campaña antidrogas provocó el arresto y encarcelamiento masivo de decenas de miles de personas acusadas de delitos relacionados con drogas, agravando la sobrepoblación penitenciaria del país. A ello se sumó la incapacidad de muchas víctimas y sus familias para acceder a la justicia, ya fuera por falta de recursos económicos o por miedo a represalias.

Entre los principales responsables de la ejecución de esta política se encuentra Ronald Marapon Dela Rosa, quien formó parte de la Policía Nacional Filipina durante más de tres décadas. Ocupó diversos cargos en la región de Dávao, incluido el de director de la policía de Dávao entre 2012 y 2013. Posteriormente, fue jefe de la Policía Nacional Filipina entre 2016 y 2018, precisamente durante el periodo más intenso de la campaña antidrogas, y más tarde dirigió la Oficina de Correcciones del país.

Intervención internacional

A medida que las denuncias internacionales crecían, Duterte respondió acusando a organismos internacionales de intervenir en los asuntos internos de Filipinas. Reiteradamente, advirtió a las Naciones Unidas y a otros actores internacionales que no impusieran sus valores ni “interfirieran” en la soberanía del país. Su discurso agresivo —que incluyó amenazas directas contra personas funcionarias de la ONU— atrajo aún más atención internacional, pero también reforzó su popularidad dentro de Filipinas.

Con el objetivo de evitar una investigación internacional, el gobierno filipino desplegó una intensa campaña diplomática y de desinformación ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Como resultado, en septiembre de 2019 se aprobó una resolución mucho más limitada de lo esperado: en lugar de crear una investigación independiente sobre las ejecuciones, el Consejo estableció un programa de “cooperación técnica” con el gobierno filipino. Diversas organizaciones de derechos humanos criticaron duramente esta decisión, mientras las ejecuciones continuaban. En este contexto, Filipinas notificó en 2018 su retiro de la Corte Penal Internacional, decisión que entró formalmente en vigor un año después.

El caso ante la Corte Penal Internacional

Por los crímenes ya narrados, el 10 de febrero de 2025 la Fiscalía de la CPI solicitó una orden de arresto contra Duterte por presuntos crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, tortura y violación. La Corte concluyó que existían motivos razonables para considerar que el expresidente era responsable, como coautor indirecto, del crimen de lesa humanidad de asesinato cometido en Filipinas entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.

El 11 de marzo de 2025, Duterte fue arrestado por la Policía Nacional Filipina e Interpol en cumplimiento de una orden emitida por la CPI. Posteriormente, el 23 de abril de 2026, una sala de primera instancia confirmó por unanimidad los cargos presentados por la Fiscalía y remitió el caso a la siguiente etapa procesal. El desarrollo de este juicio será clave para determinar el alcance de la responsabilidad penal internacional de Duterte.

Por su parte, el 11 de mayo de 2026, la CPI hizo pública una orden de arresto contra Dela Rosa por su presunta participación en un plan sistemático para asesinar a personas consideradas criminales o vinculadas con el uso, la venta o la producción de drogas entre 2011 y 2019. Sin embargo, hasta ahora no ha sido detenido.

¿Cuáles son los obstáculos?

En Filipinas existe un importante sector político y social que considera que la CPI está vulnerando la soberanía nacional e interviniendo en los asuntos internos del país. Esta percepción ha dificultado cualquier intento de detener a Dela Rosa, quien actualmente ocupa un escaño en el Senado filipino y mantiene importantes alianzas políticas.

El 13 de mayo de 2026, alrededor de las 7:30 p. m., mientras el Senado sesionaba en Manila, una transmisión en vivo captó sonidos de explosiones y disparos. Aunque nunca se aclaró quién realizó los disparos, el episodio reflejó el clima de tensión política que rodea el caso. Esa misma noche, Dela Rosa permaneció dentro del Senado después de que el entonces presidente de la cámara, Alan Peter Cayetano, anunciara que recibiría “custodia de protección”. Dela Rosa ha negado reiteradamente haber cometido delitos. Queda claro que la policía filipina enfrentará enormes dificultades para detenerlo. El caso de Dela Rosa se ha convertido así en un ejemplo emblemático del conflicto entre la justicia penal internacional y los límites políticos y jurídicos impuestos por los Estados.

Políticas sistemáticas de violencia estatal e impunidad

La “guerra contra las drogas” en Filipinas no solo dejó miles de víctimas y profundas heridas sociales, sino que también evidenció cómo los discursos de seguridad y “mano dura” pueden derivar en políticas sistemáticas de violencia estatal e impunidad. El caso de Rodrigo Duterte y de otros funcionarios, como Ronald Marapon Dela Rosa, representa uno de los mayores desafíos contemporáneos para la Corte Penal Internacional, particularmente frente a gobiernos que invocan la soberanía nacional para rechazar mecanismos internacionales de rendición de cuentas. Más allá de las decisiones judiciales que eventualmente adopte la CPI, este caso ya constituye un precedente fundamental sobre los límites del poder estatal, la responsabilidad por crímenes de lesa humanidad y la necesidad de garantizar justicia para las miles de víctimas de la violencia antidrogas en Filipinas.