La Constitución Argentina de 1853/1860, tanto en su preámbulo como en los artículos 20 y 25, promovió la inmigración —especialmente la europea— con el fin de fomentar el desarrollo de la Nación. En ese marco, estableció que los extranjeros gozan en el territorio nacional de los mismos derechos civiles que los ciudadanos. Sin embargo, la historia de la legislación migratoria argentina revela un vaivén constante entre políticas de apertura y de restricción. Esto no debería sorprendernos si recordamos que la propia evolución de los derechos humanos también ha estado marcada por una sucesión de avances y retrocesos.










