Luciana Gómez
En torno a la migración convergen organizaciones de distinto tipo: políticas, religiosas, culturales o partidarias. Cada una intenta responder al fenómeno desde su propio marco de valores y con los recursos de los que dispone. No obstante, esas miradas fragmentadas sumadas a las limitaciones materiales suelen delimitar el alcance de sus intervenciones.
Entre los múltiples actores que intervienen en la gobernanza migratoria, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) destaca por su alcance y reconocimiento internacional. Integrada al Sistema de Naciones Unidas desde 2016 y con 175 Estados miembros, combina asistencia humanitaria, asesoría técnica e implementación de programas en gestión de flujos, retorno voluntario y apoyo a migrantes vulnerables. Su labor se sostiene en la idea de que la “migración en condiciones humanas y de forma ordenada beneficia a los migrantes y a la sociedad”. Sin embargo, su protagonismo no está exento de brechas: su presencia y capacidad operativa varían significativamente entre regiones, y suelen verse condicionadas por la disponibilidad de financiamiento y la voluntad política de los gobiernos asociados.
Programas de la OIM en Asia y el Pacífico
Con el objetivo de adaptar la asistencia a las necesidades de las personas migrantes, desarrollar sus competencias, reconocer sus cualificaciones y facilitar su acceso a empleos de mejor calidad, se diseñó PROMISE: el Programa de Reducción de la Pobreza por Medio de la Migración Segura, el Desarrollo de Capacidades y la Colocación Laboral Mejorada. El programa parte de una realidad innegable: alrededor de tres millones de personas migran anualmente hacia Tailandia desde Camboya, la República Democrática Popular Lao y Myanmar. Este flujo migratorio visibiliza dos problemáticas críticas: la exposición a abusos y discriminación durante los trayectos migratorios, y la inserción en un mercado laboral desde puestos altamente precarizados.
Actualmente, el programa se encuentra en su segunda fase (2021–2025), lo cual es un dato relevante. Esta continuidad representa un reconocimiento tanto de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, que lo financia, como de los países receptores respecto de que la primera etapa (2015–2021) generó aprendizajes suficientes para justificar su prolongación. Este recorrido permitió ajustar la articulación con actores regionales y nacionales, fortalecer instituciones para garantizar sostenibilidad y perfeccionar el desarrollo de habilidades, tanto técnicas como blandas. La Fase 2 avanza con un presupuesto de 7.650.000 francos suizos.
Destaco dos elementos del portal de la Agencia Suiza: la incorporación de una perspectiva de género y un enfoque que reconoce las distintas etapas del proceso migratorio. Por su parte, en la página oficial de la OIM, las acciones se presentan principalmente a través de historias de vida: relatos potentes y necesarios, pero que no reemplazan la evidencia sistematizada. Se menciona que más de 680.000 trabajadores migrantes se beneficiaron de alguna de sus actividades. Sin embargo, a pocos meses de finalizada la implementación, aún no existe una evaluación integral que permita determinar cuántos lograron empleos formalizados, en qué medida mejoraron sus condiciones laborales, cuántas mujeres accedieron a certificaciones pertinentes, o bajo qué criterios se impartieron los distintos módulos de formación. Menos aún se dispone de una perspectiva clara sobre la viabilidad del programa en el actual contexto global.
La sensibilidad política y fundamentada en derechos humanos es evidente en el diseño del programa; sin embargo, la ausencia de una sistematización completa y continua —con datos comparativos, desagregación de género y un registro consolidado de las intervenciones— limita la posibilidad de comprender su alcance real.
Migración, clima y seguridad humana en el Pacífico
En el Pacífico, donde la vida cotidiana transcurre entre la belleza de las islas y la fragilidad que impone un clima cada vez más extremo, la migración adquiere un significado particular. Migrar ya no responde únicamente a la búsqueda de empleo o educación: para muchas comunidades, la movilidad empieza a funcionar como una estrategia de supervivencia. Entre 2008 y 2017, la región concentró cerca del 81% de todos los desplazamientos por desastres a nivel mundial. Y todo indica que el avance del cambio climático, con su aceleración de tormentas, erosión costera y aumento del nivel del mar, solo profundizará esa tendencia.
Desde 2015, la OIM comenzó a consolidar su compromiso dentro de las Naciones Unidas con un equipo dedicado a los desplazamientos vinculados al clima. Con el paso de los años, la problemática ganó visibilidad y validación global, hasta cristalizar en la Estrategia Institucional sobre Migración, Medio Ambiente y Cambio Climático 2021–2030. Hoy, la organización cuenta incluso con un portal exclusivo para abordar cuestiones ambientales.
En este marco, dos proyectos se destacan en el Pacífico. El primero es el PCCMHS – Fase II, financiado por Nueva Zelanda, que busca hacer de la migración una opción segura y planificada, y no una salida forzada por desastres o deterioro ambiental. Su intervención se articula en torno a tres ejes: fortalecer la capacidad adaptativa de las comunidades, mejorar la planificación de la movilidad en contextos de riesgo y promover políticas locales que integren la migración como estrategia de resiliencia climática. El programa opera en once países —desde Fiyi y Kiribati hasta las Islas Marshall y Tuvalu— donde el clima extremo ya condiciona la vida de las comunidades.
El segundo es el Project for Disaster Displacement Response in the Pacific (PRDD), implementado entre 2019 y 2022 en Fiyi, Islas Marshall, Islas Salomón, Tonga y Vanuatu, con financiamiento de la Unión Europea por 3,2 millones de euros. Su objetivo central era reducir el riesgo e impacto del desplazamiento por desastres, asegurando que las comunidades estuvieran mejor preparadas y protegidas cuando el desplazamiento resultara inevitable.
Aunque cada programa tiene su propio alcance, ambos comparten focos de intervención similares. En primer lugar, la generación de evidencia constituye la columna vertebral: recopilar y sistematizar datos en contextos donde la información ambiental, demográfica y migratoria es limitada y fragmentada. A partir de esa base empírica, un segundo componente consiste en analizar las políticas existentes y acompañar el desarrollo de nuevos marcos normativos. Finalmente, ambos programas promueven procesos de capacitación dirigidos tanto a actores comunitarios como a instituciones estatales. Lo que distingue la segunda fase del proyecto PCCMHS es que suma un esfuerzo explícito por articular actores regionales y nacionales, intentando consolidar una gobernanza más coordinada.
Algunas claves para pensar lo que sigue
El estudio de programas de esta índole abre preguntas de todo tipo, algunas de ellas incluso de carácter filosófico cuando se examina de cerca el financiamiento internacional. ¿Por qué un gobierno o una agencia decide invertir en tal región y no en otra? ¿Por qué este programa en particular y no otro? La articulación con organismos del sistema de Naciones Unidas suele generar cierta confianza en quienes aportan recursos: se espera un funcionamiento profesional y alineado con estándares internacionales. Sin embargo, ese mismo modelo de financiamiento limita la capacidad de proyección a largo plazo. No es un detalle menor que el compromiso de los países donantes de destinar el 0,7% del PNB a la cooperación internacional fue asumido en 1970 —hace ya 55 años— y aún está lejos de cumplirse, si es que todavía puede esperarse. A esto se suma un escenario global saturado por conflictos y crisis humanitarias que, en los próximos años, probablemente reoriente fondos hacia emergencias más visibles y urgentes. Es razonable anticipar, entonces, que los programas dedicados exclusivamente al cambio climático enfrenten presiones significativas. Quedará por ver si la temática logra consolidarse como un eje transversal de la política exterior y de la cooperación al desarrollo, del mismo modo que hoy lo son —al menos discursivamente— los derechos humanos, la igualdad de género y la participación comunitaria.
En conjunto, las iniciativas analizadas —tanto las orientadas a la migración laboral como aquellas vinculadas al cambio climático— coinciden en que los proyectos se diseñan con enfoques respetuosos y atentos a las realidades locales, pero operan en contextos donde los recursos estatales son limitados y fluctuantes, la capacidad institucional es asimétrica y los impactos climáticos avanzan más rápidamente que los procesos de planificación. La documentación pública describe actividades, metodologías y objetivos, pero ofrece pocas pistas aún sobre su impacto concreto y qué aprendizajes comunitarios están orientando las decisiones posteriores.
Al observar la región con mayor distancia, emerge una tendencia incipiente pero prometedora: un interés creciente por la prevención, especialmente respecto del cambio climático, seguido por programas de retorno y asistencia humanitaria que reconocen la importancia de las distintas etapas de la migración. Sin embargo, esta orientación preventiva aún es incipiente.
En la práctica, sigue predominando la intervención una vez que los riesgos ya se han materializado y los derechos han sido vulnerados.
Esto nos lleva a una última cuestión, más política y quizás más incómoda, que vale la pena dejar planteada. Los resultados de la prevención rara vez son visibles, conmovedores o medibles en términos inmediatos. A diferencia de los operativos de rescate o reconstrucción, la prevención no produce imágenes heroicas ni cifras espectaculares; no es fácilmente comunicable y, por lo tanto, tampoco suele traducirse en réditos políticos. Resta saber si los programas orientados a anticipar riesgos y fortalecer resiliencias podrán ganar terreno en un mundo donde las grandes hazañas son las que más recaudan.
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