En América Latina la comunidad LGBTIQ+ ha logrados grandes avances en lo que refiere a la conquista de derechos. A pesar de ello, este colectivo sigue siendo una población socialmente vulnerada y estigmatizada por la fuerte discriminación que sufre hasta el día de hoy. Esta discriminación sistemática funciona como barrera que impide a las personas que conforman parte de la comunidad LGBTIQ+  insertarse en el mercado laboral de manera formal.

La situación de la comunidad LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe

Solo una pequeña porción de la región tiene legislaciones que reconocen las identidades travesti-trans. Entre estos países se encuentran Argentina, Chile, Ecuador y México. Además, Bolivia habilita el cambio registral por vía administrativa para mayores de edad y Colombia permite la modificación del documento de identidad vía Registro Civil. Por su parte, Paraguay, Venezuela, Perú y Brasil tienen nulas o muy restringidas legislaciones sobre identidad de género. Sin embargo, cabe recalcar que son muchos los países que cuentan con legislaciones que brindan protección jurídica contra la discriminación por orientación sexual. Aquí encontramos a países como Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú y Uruguay. Mientras tanto, Venezuela, México y Paraguay no cuentan con el agravante de “crímenes de odio” al momento de catalogar los delitos de odio contra la población transgénero y homosexual.

El mercado laboral para las personas travestis, transexuales y transgéneros

Si bien desde los Principios de Yogtakarta declaradas por la ONU se estableció que se les debe garantizar a todas las personas el derecho a un trabajo digno, sin importar su identidad de género y/o su orientación sexual, un 90% de las mujeres trans ejerce el trabajo sexual. Esto deja en evidencia que las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transgéneros, marcadas por una fuerte violencia y estigmatización, llevan a que también se encuentren marginadas en el ámbito laboral.

Según un estudio realizado por la Fundación Huésped, el 70, 7% de las personas travestis, transexuales y transgéneros trabajan por cuenta propia o como autónomas y solo el 13% se encuentra en un trabajo en relación de dependencia. A su vez, solo el 9,8% de las mujeres trans que se encuentran trabajando declararon que reciben aportes jubilatorios. Para agregar, más del 50% de las personas trans que se encuentran empleadas fueron víctimas de situaciones de violencia y acoso en sus espacios de trabajo. Estos datos dejan en evidencia que la cadena de vulneraciones por las que pasan a lo largo de su vida, como el precario acceso a la salud, educación y vivienda, repercute en una mayor dificultad en conseguir un empleo formal.

Para agregar, en Argentina siete de cada diez travestis y mujeres trans nunca tuvieron la posibilidad de tener una entrevista laboral luego de haber asumido su identidad de género autopercibida. A su vez, un 54% de las travesti-trans declararon que les fueron negados puestos de trabajo por su identidad de género.

El cupo laboral travesti-trans en Argentina

Luego de que hayan pasado por el Congreso innumerables proyectos de ley que buscaban promover la inserción laboral para las personas travestis y trans, el 8 de julio de 2021 se sancionó la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans “Diana Sacayan-Lohana Berkins”. La misma establece la inclusión laboral en el Estado de las personas travestis y trans por medio de un cupo mínimo de un 1% en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder legislativo, los ministerios, las empresas del Estado, etc. A su vez, incentiva a que el sector privado contrate a personas que forman parte de este colectivo, y también permite el acceso al crédito para sus emprendimientos productivos.

Este es un gran paso en el camino a transformar la desigualdad estructural a la que se ve sometida el colectivo por el simple hecho de llevar con orgullo su identidad de género. No obstante, desde el colectivo travesti y trans se hace hincapié en si bien el cupo es un gran paso y un reclamo histórico fundamental, no alcanza solamente con este ya que supone un “techo”, es decir, un número limitado de personas travesti trans que tendrán asegurado un trabajo formal. Por eso, es necesario hablar de inclusión, lo que supone un proceso amplio en el que todas las personas travestis y trans deberían poder insertarse en el mundo laboral, ya sea en el ámbito privado o público.

La lucha del colectivo LGBTIQ+ en pos de mayores derechos

Diversas organizaciones sociales de la diversidad sexual han llevado a cabo una lucha muy intensa y persistente para que los Estados generen acciones efectivas que mejoren las condiciones de vida de las personas travestis, transexuales y transgéneros, y que reconozcan su identidad de género. Asimismo, existe una tendencia por parte de muchas empresas a realizar contrataciones de personas pertenecientes a este colectivo. Cabe recalcar que esto muchas veces se da solamente por una cuestión de responsabilidad social empresarial o estrategias comerciales y de imagen. Sin embargo, lo importante es que se creen espacios de trabajo que sean seguros y confiables para la comunidad. Esto llevara a que se incremente la productividad de los equipos integrados por personas LGBT+ así como las ganancias de las empresas.

Conclusiones

La comunidad LGBTIQ+ ha sido una de las que más postergadas vio sus demandas sociales e incluso hoy en día siguen luchando para que sus voces sean escuchadas. El cupo laboral travesti-trans es un gran paso para este colectivo, pero es muy difícil que suceda en aquellos países de América Latina y el Caribe que ni siquiera cuentan con legislaciones que reconozcan la identidad de género. Por ello, se debe visibilizar la discriminación y estigmatización por la que pasa la comunidad LGBTIQ+ con el fin de revertir esta situación y contribuir al respeto y reconocimiento de las diversas identidades de género. Así, si bien las leyes no son una solución definitiva a problemáticas sociales históricas, sí son una semilla con la que comenzar a mejorar la calidad de vida de quienes sobrevivieron, de infancias y adolescencias que manifiestan identidad de género disidentes.

Los derechos en materia de igualdad de género han aumentado en los últimos años en una gran cantidad de países de América Latina. Sin embargo, al momento de observar el ámbito de la política nos encontramos con que las mujeres se encuentran con grandes dificultades a la hora de obtener cargos electos, participar en la formulación de políticas públicas y en las estructuras de toma de decisiones.

Los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el mundo de la política

Hasta el día de hoy, las mujeres deben hacer frente a una serie de barreras estructurales que las ponen en desventaja con respecto a los hombres en diversos ámbitos de la vida. Una de ellas es el hecho de que son ellas quienes siguen teniendo la mayor parte de la responsabilidad de las tareas domésticas y cuidado de niños. Esto queda demostrado en una encuesta que se le realizo a 187 mujeres políticas de 65 países, en la cual el 67% de ellas afirman que tratar de encontrar un equilibrio entre el tiempo dedicado a compromisos familiares y a las actividades políticas es la principal dificultad que deben afrontar al momento de postularse para algún cargo legislativo.

Por otro lado, existe un gran perjuicio acerca de que el ámbito de la política pertenece exclusivamente a los hombres, por lo que las mujeres suelen permanecer excluidas y sus contribuciones no son tomadas en cuenta. Consecuentemente, los hombres suelen contar con “redes tradicionales masculinas” a las que las mujeres no tienen acceso. Esto dificulta que ellas obtengan fondos para financiar sus campañas y participar en las negociaciones que tienen lugar detrás de puertas cerradas.

¿Cómo influyen los estereotipos de género en la representación femenina en la política?

La poca representación de las mujeres en la política esta intrínsecamente relacionada con el sistema que establece una división sexual del trabajo asignado por los roles de género en donde se establecen prácticas y normas sociales diferentes para hombres y mujeres. Esto trae aparejado fuertes desigualdades sociales que son determinantes en cuanto a las oportunidades que tienen hombres y mujeres de acceder al ámbito de la política.

De tal manera, aquellas mujeres que llegan a obtener cargos en la política suelen verse relegadas a áreas tradicionalmente feminizadas como salud, medio ambiente, familia, género y educación. En contraste, es muy difícil que las mujeres sean designadas a cargos que tradicionalmente son ocupados por hombres como economía, finanzas, defensa o relaciones exteriores. Esto da cuenta de que existe una extensión del rol femenino desde el ámbito privado hacia el ámbito público.

Las mujeres de América Latina en cargos directivos gubernamentales

Si bien las mujeres de la región han logrado desplazarse de la esfera del ámbito privado para insertarse en mayor medida en el mercado laboral, su integración en el área de la política es muy lenta. Siendo así, la llegada de las mujeres al Poder Ejecutivo fue muy tardía si se tiene en cuenta que el derecho al voto para las mujeres ocurrió muchos años antes. Para la década de 1970, en América Latina ya comenzaron a haber magistraturas ejercidas por mujeres, pero solo de manera temporal. Recién para el año 1989 la presidencia fue ocupada por primera vez por una mujer a través de elecciones democráticas.

En cuanto al Poder Legislativo, la entrada de las mujeres se dio de manera más temprana, pero en proporciones muy pequeñas y esto no ha cambiado significativamente con el pasar de los años. Actualmente, en América Latina las mujeres ocupan aproximadamente solo el 30% de los escaños parlamentarios. Además, según la ONU, la representación de las mujeres en los cuerpos deliberativos locales en América Latina y el Caribe es del 25%. Por último, la integración de las mujeres al Poder Ejecutivo fue aún más temprano dado a que muchas mujeres entraron a la carrera judicial cuando se obtuvo el derecho a voto.

Hacia una representación política más inclusiva

Un factor clave para aumentar la representación femenina en la política fue la instauración de cupos que establecen que las mujeres deben tener un mínimo de representación (entre un 20% a 40%) en las listas partidarias para las elecciones legislativas. Según la CEPAL esta medida ha sido eficiente ya que ha aumentado la presencia de las mujeres en las legislaturas en alrededor de 9 nueve puntos de porcentaje.

Entre los países que han adoptado cuotas se encuentran: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y El Salvador, y Uruguay. Un dato no menor es que, si bien Cuba no cuenta con cuotas, es el país de América Latina que cuenta con mayor representación de mujeres en el parlamento alcanzando un 45,2%.

Este tipo de medidas legislativas, a pesar de que pueda ser muy discutida su efectividad, son centrales para promover la paridad en la política, dándole a las mujeres mayores oportunidades con el fin de que sea posible que se conviertan en líderes que aporten al cambio de los estereotipos culturales.

Comentarios finales

Es fundamental que se promuevan políticas de igualdad como la ley de cuotas debido a que colaboran en pos de derribar las barreras estructurales a las que se deben enfrentar las mujeres tanto en el ámbito de la política como en otras áreas. Sin embargo, en muchos países este tipo de leyes no tiene un seguimiento por lo cual no terminan por llevarse a cabo. Para que esto no ocurra se deben tomar medidas enfocadas en la penalización de las vulneraciones de la norma.

Asimismo, este tipo de medidas también son centrales para fortalecer la legitimidad de las instituciones y de la democracia. La incorporación de las mujeres en la política y otras instancias de decisión ofrece la posibilidad de que haya mayor representación en el sistema democrático, a la vez que, aumenta la transparencia y el desarrollo de un país. Esto se debe tanto por la incorporación de un sector subrepresentado en la esfera pública, como por los aportes específicos que ellas pueden hacer en materia de políticas públicas.