Desaparición forzada de personas el América Latina: entre la impunidad y la negación de los Estados

Este artículo analiza las desapariciones forzadas en América Latina como una crisis estructural persistente, caracterizada por la impunidad y la negación estatal. Asimismo, identifica los principales obstáculos que impiden garantizar la verdad, la justicia y una búsqueda efectiva de las personas desaparecidas.

Lamentablemente, la historia de América Latina ha estado profundamente atravesada por las desapariciones forzadas de personas: desde la Argentina de Videla, pasando por el Chile de Pinochet, el Perú de Fujimori, la Nicaragua de Somoza, la Guatemala de Ríos Montt y la llamada Guerra Sucia en México, por mencionar algunos ejemplos. Sin embargo, ningún país ha logrado sustraerse por completo a este grave flagelo.

Lo más preocupante es que, lejos de desaparecer, el fenómeno no solo persiste, sino que se expande, alimentado por la impunidad. Además, se ha transformado y reconfigurado, vinculándose cada vez más con grupos criminales y con la participación de diversos actores no estatales.

El fenómeno en la región

Las desapariciones forzadas se han consolidado como un fenómeno estructural en América Latina, aunque con manifestaciones diferenciadas. En Brasil, el Estado ha impulsado la creación del Observatorio de Personas Desaparecidas con el objetivo de analizar a fondo las causas, contextos y patrones de este fenómeno. Datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública indican que, entre 2015 y 2024, se registraron más de 756,000 desapariciones.

En Nicaragua, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos presentó ante la Asamblea General de la ONU la existencia de una política estatal orientada a reprimir la disidencia mediante graves violaciones a derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En Venezuela, Amnistía Internacional documentó en un informe “el uso generalizado de la desaparición forzada tras las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 28 de julio de 2024”, enmarcadas en una política de Estado orientada a castigar a quienes cuestionarán al Gobierno.

Por su parte, en Honduras, la falta de registros oficiales evidencia la debilidad institucional frente a una crisis compleja vinculada a la violencia, la migración forzada, la trata de personas y los conflictos sociales, con especial impacto en niñas, niños y adolescentes. En El Salvador, las desapariciones han resurgido en un contexto marcado tanto por políticas de mano dura como por la acción de pandillas que ocultan a sus víctimas. En Guatemala, el problema persiste, especialmente en las infancias, con raíces en redes de trata que se remontan al conflicto armado. Incluso en Costa Rica, históricamente ajena a este fenómeno, se ha registrado un incremento reciente asociado a disputas entre grupos criminales.

Por su parte, en Colombia, las desapariciones continúan,  aún despues del acuerdo de paz, ocurriendo de forma cotidiana, tanto en contextos vinculados al conflicto armado como fuera de ellos, donde se utilizan como mecanismo de control territorial. En México, la crisis alcanza niveles alarmantes: más de 132,000 personas desaparecidas, miles de fosas clandestinas y alrededor de 83,000 cuerpos y restos sin identificar en instituciones forenses evidencian, junto con niveles de impunidad casi absolutos, que no se trata de hechos aislados, sino de una práctica sistemática y sostenida en el tiempo.

La falta de cifras

A pesar de la magnitud del fenómeno, persisten graves deficiencias en su registro, así como una falta de voluntad política en diversos gobiernos para documentarlo plenamente, en gran medida por el costo que implica reconocer su verdadera dimensión.

A ello se suma un contexto adverso: en muchos países, las instituciones están debilitadas por la corrupción, la violencia o la infiltración del crimen organizado. En consecuencia, gran parte de la población evita denunciar por temor a represalias, lo que contribuye al subregistro.

En México, esta problemática se refleja en un debate reciente que resulta ilustrativo de lo que ocurre en la región respecto a la forma de contabilizar las desapariciones. Actualmente, los casos se documentan a partir de un reporte —administrativo o denuncia— que puede presentarse ante fiscalías, comisiones de búsqueda o incluso mediante plataformas digitales; a partir de ello, se genera un registro formal que se integra al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, administrado por la Comisión Nacional de Búsqueda. No obstante, se ha planteado limitar el conteo a las carpetas de investigación, es decir, a los expedientes iniciados por la fiscalía, lo que implicaría contabilizar únicamente aquellos casos en los que exista una denuncia formal.

Históricamente, el registro no se ha basado únicamente en este criterio debido a que, en diversas regiones del país, el control territorial lo ejercen poderes fácticos violentos, lo que  genera desconfianza, lo que inhibe la denuncia. Por ello, diversas voces han advertido que un cambio en la metodología podría derivar en una reducción artificial de las cifras oficiales, políticamente conveniente para la Presidenta Claudia Sheinbaum.

No obstante, es fundamental subrayar que, más allá de las cifras, es indispensable mantener el norte ético. Como ha señalado Santiago Aguirre, cada persona desaparecida tiene nombre y apellido y son personas que le faltan a alguien; es hija, hermana, amiga, parte de una familia que la busca. Por ello, incluso un solo caso exige la acción del Estado y la garantía de justicia.

Impunidad y negación

En la mayoría de los casos de desaparición, se repiten dos patrones: la impunidad y la negación del fenómeno por parte de las autoridades. En Nicaragua, por ejemplo, el gobierno ha desestimado los hallazgos de organismos internacionales. En El Salvador, el amplio respaldo a las políticas de mano dura —que ha posicionado a Nayib Bukele entre los mandatarios con mayores niveles de aprobación a nivel mundial, con alrededor de 94 %— coexiste, sin embargo, con la persistencia de desapariciones con un patrón de impunidad.

En México, el debate se ha intensificado recientemente. El 2 de abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remitió la situación del país a la Asamblea General, en una decisión sin precedentes. Esta medida indica la existencia de indicios de desapariciones generalizadas o sistemáticas, lo que podría configurar crímenes de lesa humanidad, y refleja la preocupación por la insuficiencia de las acciones estatales.

Esta determinación es excepcional: por primera vez, el Comité activa este mecanismo frente a un país, tras más de una década de recomendaciones reiteradas para prevenir, investigar y sancionar estos hechos, buscar a las personas desaparecidas, identificar restos humanos y garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, pese a avances normativos e institucionales, la crisis no solo persiste, sino que se ha agravado.

Por su parte, el gobierno mexicano ha rechazado el informe, calificándolo de tendencioso y negando la participación estatal, al atribuir las desapariciones exclusivamente al crimen organizado. Frente a ello, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y académicos han señalado que esta postura desconoce la evidencia acumulada y el marco jurídico internacional, que reconoce la responsabilidad estatal también por omisión o aquiescencia: cuando las autoridades conocen el riesgo y no actúan para prevenirlo, o cuando son incapaces de investigar y sancionar, incumpliendo su deber de debida diligencia.

Aunque la Presidenta ha sostenido que los hechos no corresponden a la administración de su partido, el Presidente del CED ha precisado que su análisis no se limita a un periodo específico. No obstante, las cifras oficiales parecen contradecir la postura de la Presidenta Sheinbaum: los restos humanos sin identificar han aumentado de aproximadamente 52,000 en 2021 a cerca de 72,000 en 2026.

A pesar de las tensiones, el Presidente del Comité ha insistido en la necesidad de mantener objetivos comunes: prevenir las desapariciones, buscar a las personas desaparecidas, investigar los casos y erradicar el fenómeno, siempre en favor de las víctimas y sus familias.

A manera de conclusión

En suma, las desapariciones forzadas en América Latina constituyen una crisis estructural marcada por la impunidad, la debilidad institucional y, con frecuencia, la negación por parte de las autoridades. La ausencia de registros confiables y de voluntad política profundiza el problema y prolonga el sufrimiento de las víctimas. Por ello, la respuesta debe orientarse a garantizar verdad, justicia y una búsqueda efectiva que coloque a las víctimas en el centro.

Esta es una explicación sin fines de lucro.