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La crisis climática en América Latina constituye una emergencia de derechos humanos que afecta desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables. La reciente Opinión Consultiva OC-32/25 (2025) de la Corte Interamericana marca un hito al declarar la obligación de no causar daños ambientales irreversibles como norma jus cogens, reconociendo por primera vez los derechos de la naturaleza y el derecho humano a un clima sano. En Perú, donde el 55,1% de la pobreza extrema se concentra en zonas rurales dependientes de ecosistemas frágiles y se ha perdido la mitad de los glaciares andinos en cinco décadas, persiste una brecha entre el marco normativo y la realidad. A pesar de contar con la Ley Marco sobre Cambio Climático, el país enfrenta déficits presupuestales, descoordinación institucional y falta de integración climática en proyectos extractivos. La justicia climática exige reformas institucionales efectivas, debida diligencia empresarial reforzada, protección de defensores ambientales y un enfoque diferenciado para grupos vulnerables que garantice equidad social e intergeneracional.