Lucía Castillo Jerez
El pasado 25 de marzo de 2026, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución histórica que califica la trata transatlántica de esclavos como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia. Más allá del reconocimiento simbólico, el debate reabre una pregunta clave: ¿qué implica reconocer un crimen histórico cuyas consecuencias siguen vigentes?
Introducción
El pasado 25 de marzo de 2026, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que marca un punto de inflexión en la forma en que la comunidad internacional aborda la esclavitud transatlántica.
La propuesta, presentada por Ghana y la comunidad africana, obtuvo 123 votos a favor, 3 en contra y 52 abstenciones, logrando que el organismo califique la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia.
Lejos de tratarse únicamente de una declaración simbólica, el texto pone en el centro del debate internacional el hecho de que las consecuencias de la esclavitud no pertenecen solo al pasado, sino que siguen estructurando el presente.
¿Qué significa hablar de trata de africanos esclavizados y esclavitud racializada?
La trata transatlántica de esclavos fue un sistema organizado de captura, transporte y venta de millones de personas africanas hacia América entre los siglos XV y XIX. No se trató de episodios aislados, sino de una red global sostenida por potencias europeas que convirtió a seres humanos en mercancía.
No fue solo explotación laboral: fue un sistema que definió quién podía ser considerado plenamente humano y quién no.
No todas las formas de esclavitud en la historia fueron iguales, por lo que el concepto de «esclavitud racializada» agrega una dimensión clave. En este caso, la condición de esclavo se basaba en la raza y se transmitía de generación en generación. Esto significa que no se esclavizaba a una sola persona, se condenaba a sus descendientes a la misma condición.
Fue el primer régimen mundial que convirtió a los seres humanos en propiedad hereditaria, transferible y permanente.
A través de leyes, prácticas económicas y discursos políticos, se consolidó una jerarquía racial que organizó el orden social y económico durante siglos. Desde las bulas papales hasta los códigos coloniales, distintos instrumentos jurídicos legitimaron esta lógica y la incorporaron al funcionamiento del sistema internacional.
¿Por qué es relevante hoy?
Uno de los aspectos más importantes de la resolución es que no se limita a reconocer un hecho histórico, sino que subraya algo más incómodo: sus consecuencias siguen vigentes.
No se trata únicamente de memoria histórica, sino de estructuras que continúan organizando la vida social, económica y política. Desigualdades persistentes en el acceso a la riqueza, a la educación, a la salud o a oportunidades laborales no pueden entenderse completamente sin considerar el impacto histórico de la esclavitud y del orden racial que esta contribuyó a construir.
Las consecuencias de la esclavitud siguen afectando a millones de personas en todo el mundo.
Durante siglos, este sistema no solo explotó mano de obra, sino que también estableció jerarquías raciales que definieron quién tenía acceso a derechos, recursos y reconocimiento. Aunque las formas legales de esclavitud fueron abolidas, muchas de esas desigualdades se transformaron y adaptaron, pero no desaparecieron.
En este sentido, la resolución de la ONU plantea entender la esclavitud no como un evento cerrado, sino como un proceso histórico con efectos acumulativos. Esto permite explicar por qué determinadas regiones del mundo siguen enfrentando mayores niveles de pobreza, por qué ciertos grupos sociales están sobrerrepresentados en situaciones de vulnerabilidad o por qué persisten formas de discriminación que no pueden atribuirse únicamente a factores actuales.
La cuestión clave: la reparación
Uno de los aspectos más sensibles del debate es el de la «justicia reparadora». No se trata solo de reconocer la gravedad histórica de la esclavitud, sino de asumir las consecuencias que ese reconocimiento implica en el presente.
La resolución establece que los crímenes vinculados a la trata de africanos esclavizados y a la esclavitud racializada no prescriben, lo que significa que sus efectos no se agotan en el tiempo y que los Estados pueden ser considerados responsables incluso siglos después.
Si el daño persiste, también lo hace la responsabilidad. En consecuencia, la reparación deja de ser un gesto simbólico para convertirse en una exigencia política concreta.
Esto abre la puerta a distintas formas de reparación: desde disculpas oficiales hasta compensaciones económicas, pasando por la restitución de bienes culturales, reformas institucionales y garantías de no repetición. Sin embargo, no todas estas medidas tienen el mismo nivel de aceptación ni implican los mismos costos políticos.
El problema es que, en este punto, el consenso se quiebra. Muchos Estados están dispuestos a reconocer el daño histórico, pero se muestran reticentes a asumir compromisos que puedan traducirse en obligaciones materiales o legales.
Memoria, educación y disputa por el pasado
Otro eje central de la resolución es el lugar de la memoria. La ONU no solo propone reconocer lo ocurrido, sino también construir una narrativa histórica que permita comprender sus efectos en el presente.
En este sentido, insta a los Estados a promover programas educativos sobre la esclavitud, preservar la memoria histórica, impulsar investigaciones académicas y avanzar en la restitución de bienes culturales a sus países de origen.
La forma en que se enseña la historia influye directamente en cómo se interpretan las desigualdades actuales. Invisibilizar estos procesos contribuye a naturalizar las diferencias; en cambio, incorporarlos permite entender que muchas de las brechas contemporáneas tienen raíces profundas.
Además, la memoria no es neutral. Es un campo de disputa donde se definen responsabilidades, se legitiman relatos y se construyen identidades. Por eso, decidir qué se recuerda y cómo se recuerda también es una forma de ejercer poder.
Un voto dividido: qué dice la política internacional
Aunque la resolución fue aprobada por una amplia mayoría, el patrón de votación expone divisiones profundas en la comunidad internacional.
Estados Unidos, Argentina e Israel votaron en contra, mientras que numerosos países occidentales optaron por la abstención.
Más allá del consenso general sobre la gravedad histórica de la esclavitud, el desacuerdo aparece cuando se discuten sus implicancias actuales.
Reconocer la esclavitud como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia no es solo una declaración simbólica. Implica abrir el debate sobre responsabilidades, reparación y posibles obligaciones jurídicas en el presente.
En este punto, muchos Estados adoptaron una posición cautelosa. Aceptar ese reconocimiento puede derivar en demandas políticas, económicas o legales que cuestionen el orden actual.
El voto de Argentina
Uno de los elementos más llamativos de la votación fue la posición de Argentina. A primera vista, esta decisión parece contraintuitiva, ya que Argentina no tuvo colonias en África ni participó directamente en la trata transatlántica de esclavos, y su identidad histórica está profundamente asociada a procesos de inmigración masiva.
Sin embargo, en política internacional, las decisiones de política exterior no se explican únicamente por la historia nacional, sino también por alineamientos estratégicos.
El voto argentino no puede leerse solo en términos históricos, sino como una señal política en el marco de su posicionamiento internacional.
En este caso, la coincidencia con Estados Unidos refleja un patrón de acercamiento diplomático. Washington ha sido históricamente reticente a respaldar iniciativas que puedan derivar en demandas de reparación económica o responsabilidades legales por la esclavitud.
Desde esta perspectiva, el rechazo a la resolución no implica necesariamente negar la gravedad histórica del fenómeno, sino evitar las implicancias jurídicas y políticas que podrían desprenderse de su reconocimiento. La Cancillería sostuvo que el texto no estuvo abierto a modificaciones y que no correspondía jerarquizar determinados crímenes de lesa humanidad por sobre otros.
Esto abre un debate interesante: ¿puede un país desvincularse de su propia trayectoria histórica para alinearse con una posición global?
En el caso argentino, el voto sugiere una priorización de la estrategia internacional por sobre su historia como sociedad construida a partir de migraciones.
Conclusión
La resolución aprobada por la Asamblea General no cambia por sí sola las estructuras globales, pero sí redefine el marco del debate. Al calificar la esclavitud como el crimen de lesa humanidad más grave de la historia, la ONU no solo reconoce una injusticia pasada, sino que también interpela al presente.
El verdadero desafío no es solo recordar lo ocurrido, sino decidir qué hacer con ese legado, porque, en última instancia, la discusión no es únicamente histórica: es política, económica y profundamente actual. Y, sobre todo, es una discusión sobre responsabilidades que muchos Estados todavía no están dispuestos a asumir.
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