Julián Machuca Castro
La captura de Nicolás Maduro en la madrugada del 3 de enero de 2026 fue interpretada, en gran parte de los círculos analíticos occidentales, como el punto de inflexión definitivo del ciclo bolivariano. Esa lectura, aunque comprensible desde una perspectiva centrada en el liderazgo personalista, incurre en un error conceptual de fondo: confundir la caída de un caudillo con el colapso del sistema que lo sostenía. El caso venezolano ofrece, precisamente, una demostración empírica de por qué esa equivalencia no se sostiene.
Lo que el 3 de enero inauguró no fue una transición democrática, sino una mutación sistémica. El chavismo no colapsó: se reorganizó bajo nuevas condiciones de legitimidad interna, adaptó su arquitectura de poder a las presiones del entorno internacional y encontró en los hermanos Rodríguez una dirección capaz de articular continuidad con renovación de fachada. Comprender ese proceso exige abandonar los marcos interpretativos binarios —régimen versus oposición, autoritarismo versus democracia— y adoptar una lectura estructural del poder en Venezuela.
El día que el mundo confundió una operación con una transición
A las 2:00 a.m. del 3 de enero de 2026, helicópteros militares estadounidenses sobrevolaron Caracas en la operación de mayor envergadura que Washington ha ejecutado en América Latina desde la intervención en Panamá de 1989. Antes del amanecer, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, acusados de narcoterrorismo. La operación fue rápida, quirúrgica y aparentemente concluyente.
Sin embargo, en Caracas, el estado mayor del chavismo —Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello— ya disponía de un plan de contingencia. La evidencia disponible, incluyendo los reportes del Miami Herald sobre mediaciones cataríes en 2025, sugiere que ese plan no fue improvisado. Según dichas fuentes, mediadores cataríes presentaron a la administración Trump al menos dos propuestas formales en abril y septiembre de 2025 que delineaban un mecanismo de transición en el que los hermanos Rodríguez actuarían como la versión institucionalmente más viable del chavismo para Washington.
Este dato reencuadra el análisis: lo ocurrido el 3 de enero no fue únicamente una operación de seguridad nacional estadounidense. Fue también el resultado de una negociación en la que las élites chavistas participaron activamente en el diseño de su propia supervivencia política. La lección metodológica es clara: en sistemas de poder autoritario maduro, la transición no ocurre a pesar de las élites, sino frecuentemente a través de ellas.
Los Rodríguez: arquitectura de un poder sostenido
Para evaluar con rigor la nueva versión del chavismo es indispensable analizar a sus protagonistas sin caer en dos trampas simétricas: el angelismo que los presenta como reformadores genuinos y el reduccionismo que los descarta como simples continuistas con nuevo envoltorio. Ambas lecturas son analíticamente insuficientes.
Delcy Rodríguez no es una heredera del sistema: es una de sus arquitectas más consistentes. Nacida en Caracas en 1969, es hija de Jorge Antonio Rodríguez, fundador de la Liga Socialista, muerto bajo custodia del Estado en 1976. Ese episodio no es un dato biográfico menor: constituye el núcleo emocional e ideológico que atraviesa a ambos hermanos. Para ellos, la revolución no es únicamente un proyecto político; es una forma de reparación histórica. Esta dimensión subjetiva tiene implicaciones directas sobre su voluntad de negociar: están dispuestos a adaptar las formas, no el fondo.
Su trayectoria institucional es igualmente reveladora. Ministra de Comunicación, canciller, presidenta de la Asamblea Constituyente y vicepresidenta ejecutiva desde 2018, Delcy ha operado durante más de dos décadas en el núcleo duro del poder. El episodio conocido como Delcygate en 2020 —su presencia en Madrid pese a sanciones europeas vigentes— evidenció la amplitud de sus redes internacionales. El levantamiento posterior de esas sanciones no fue un gesto de buena voluntad: fue el reconocimiento tácito de que su interlocución resultaba funcionalmente necesaria para actores externos.
Jorge Rodríguez cumple un rol estructuralmente distinto pero complementario. Psiquiatra de formación —dato que suele subestimarse en los análisis, pero que ilumina su capacidad para leer contextos de presión y calibrar umbrales de negociación—, ha ocupado posiciones clave durante más de dos décadas: vicepresidente, alcalde de Caracas, presidente del CNE, ministro de Comunicación y, desde 2021, presidente de la Asamblea Nacional. Su poder no se expresa en términos mediáticos sino en el diseño silencioso de acuerdos, marcos normativos y equilibrios internos. Donde Delcy proyecta liderazgo visible, Jorge garantiza gobernabilidad estructural.
Juntos encarnan un modelo de poder que resulta más sofisticado que el de sus predecesores: menos confrontacional en las formas, igualmente sólido en su sustancia. Han logrado algo que muy pocos actores del chavismo consiguieron: mantenerse en posiciones centrales durante más de dos décadas sin depender exclusivamente de la legitimidad electoral directa ni del carisma personal. Su poder descansa en el control institucional, las redes de lealtad construidas progresivamente y la capacidad de adaptación táctica.
“Lo que hoy se presenta como transición no es otra cosa que una reorganización interna: el poder no cambió de manos, simplemente se reordenó entre las mismas.”
La nueva configuración del poder en Venezuela
Uno de los rasgos más significativos de esta etapa es la velocidad y precisión con que se ejecutó la consolidación del poder en el período inmediato posterior al 3 de enero. No fue una purga indiscriminada ni una transición negociada con la oposición: fue una redistribución estratégica de posiciones, operada desde dentro del sistema y apoyada en la presión selectiva de actores externos.
La salida de Vladimir Padrino López del Ministerio de Defensa constituyó la señal más inequívoca de este proceso. Sustituir a una figura que durante más de una década controló el componente militar implicaba un riesgo considerable; que se ejecutara en los primeros días revela que el nuevo liderazgo identificó correctamente la prioridad estratégica: antes que cualquier reforma política, era necesario asegurar la lealtad de las Fuerzas Armadas. En los sistemas autoritarios, el control del aparato coercitivo es condición de posibilidad de cualquier otra maniobra.
En paralelo, se produjo una reconfiguración del gabinete que desplazó figuras heredadas de la etapa anterior y fortaleció el círculo de confianza de Delcy. La permanencia en el poder más allá de los plazos formalmente establecidos refuerza un patrón conocido en la historia del chavismo: la legalidad se adapta a la necesidad política, no a la inversa. Al mismo tiempo, la apertura selectiva hacia actores internacionales y la participación activa en acuerdos regionales expresan un giro pragmático orientado a estabilizar el régimen sin desmantelarlo.
El resultado de este proceso no es una ruptura con el modelo anterior, sino su versión optimizada: una estructura que ha demostrado mayor capacidad de adaptación precisamente porque ha interiorizado que la rigidez ideológica es, en el actual contexto geopolítico, un lujo que no puede permitirse.
La variable Cabello: el poder que nadie puede ignorar
Diosdado Cabello no es un funcionario incómodo que los hermanos Rodríguez toleran por inercia burocrática. Es el principal vector de inestabilidad interna del nuevo gobierno, y su permanencia en el poder no es un accidente: es el resultado de un cálculo político que Delcy Rodríguez ha ejecutado con una precisión que merece análisis detenido.
Desde agosto de 2024, Cabello controla el Ministerio del Interior: el SEBIN, la Policía Nacional Bolivariana, el sistema penitenciario y las unidades especiales de acción. Sin embargo, su poder real no reside en el organigrama institucional, sino en tres redes paralelas que operan al margen del Estado formal. La primera: los colectivos armados con control territorial efectivo en zonas de Caracas y en los estados fronterizos, que actúan como mecanismo de coerción difusa en ausencia de orden institucional. La segunda: las estructuras vinculadas al narcotráfico, cuya protección estatal ha sido documentada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y que constituyen una fuente autónoma de financiamiento y poder. La tercera: una fracción militar de lealtad estrictamente personal, que no responde a la cadena de mando institucional sino directamente a él.
Un actor con ese perfil no requiere un golpe de Estado para desestabilizar un gobierno. Le basta con retirar su cooperación o soltar el control sobre esas redes para que el caos operativo haga el trabajo. Esta asimetría define la naturaleza del dilema que enfrenta Delcy Rodríguez: Cabello es simultáneamente un activo necesario y una amenaza estructural que no puede ser neutralizada por medios convencionales.
La respuesta estratégica de Delcy no ha sido la confrontación sino la cooptación progresiva. La lógica es la de la absorción: en lugar de intentar eliminar una fuente de poder que no puede controlar directamente, el objetivo es atar esa fuente al proyecto político propio a través de vínculos que generen costos crecientes para cualquier desviación. La herramienta más reveladora de esta estrategia es la incorporación de Daniella Cabello —hija de Diosdado— a responsabilidades gubernamentales y su inclusión en viajes de representación oficial.
Este movimiento no es sentimental ni casual. Es una operación de ingeniería política calculada: al integrar a la hija en el proyecto del Rodrigato —término que designa el aparato de poder de los hermanos Rodríguez—, se le comunica al padre que su familia tiene un lugar en el futuro del sistema, que su legado tiene continuidad institucional. Simultáneamente, se eleva el costo político de una eventual ruptura: desestabilizar el tablero implicaría ahora comprometer también la posición de su propia descendencia. No es gestión de alianzas ordinaria. Es una disuasión estructurada por compromiso mutuo.
“Están pelando bolas si creen que la revolución se va a acabar.” — Diosdado Cabello, 2026. No es retórica populista. Es una coordenada geopolítica que el Rodrigato no puede ignorar.
El mensaje que Venezuela envía al mundo
El caso venezolano post-Maduro produce tres lecciones de política exterior que trascienden la coyuntura regional y tienen implicaciones para la comprensión de los sistemas autoritarios contemporáneos.
La primera concierne al precedente geopolítico establecido por la operación del 3 de enero. Una intervención militar unilateral de Estados Unidos en América Latina puede ejecutarse en el siglo XXI con escasa condena internacional cuando el objetivo es suficientemente impopular y cuando la operación se enmarca en categorías jurídicas aceptadas —en este caso, el narcoterrorismo—. Cuba y Nicaragua observaron con alarma. Brasil y Colombia respondieron con ambivalencia diplomática calculada. Ningún actor regional movió ficha de manera significativa. Esto no es trivial: establece un umbral de tolerancia para la acción unilateral que otros actores —en otras coyunturas, con otros objetivos— podrán invocar como referente.
La segunda lección confirma empíricamente lo que la literatura sobre autoritarismo resiliente viene argumentando desde hace dos décadas: los regímenes no colapsan cuando caen sus líderes. Colapsan cuando se desintegra la arquitectura de intereses que los sostiene. En Venezuela, esa arquitectura —militar con cuotas de poder económico, empresarios vinculados al Estado, burocracia partidaria, redes paramilitares— permanece intacta. El Rodrigato no es la superación del sistema chavista; es su versión funcionalmente actualizada.
La tercera lección es de particular relevancia para Colombia. El nuevo escenario abre una ventana de oportunidad pragmática que Bogotá no debería desperdiciar, pero tampoco sobreestimar. Un Rodrigato orientado a la recomposición internacional puede ser un interlocutor más funcional que Maduro. Sin embargo, negociar con un gobierno de fachada reformista sigue siendo negociar con el mismo sistema que persiguió sistemáticamente a la oposición, expulsó más de seis millones de ciudadanos y destruyó la economía más diversificada de la región.
El chavismo no murió. Mutó.
Cuando el helicóptero que transportaba a Maduro despegó de Caracas en la madrugada del 3 de enero de 2026, la narrativa dominante quiso ver el cierre de un ciclo histórico. Lo que en realidad se inauguró fue un capítulo más complejo y, en varios sentidos, más difícil de enfrentar analítica y políticamente.
La mutación del chavismo no es cosmética: es estructural. El Chavismo 1.0 fue la revolución con renta petrolera, capaz de comprar lealtades internas y proyectar influencia regional. El Chavismo 2.0 fue la revolución en contracción, sostenida por la coerción cuando los recursos escasearon y el apoyo popular se erosionó. El Chavismo 3.0 es cualitativamente distinto: es la revolución que ha aprendido a hablar el lenguaje de sus adversarios. Reformas de fachada, apertura económica selectiva, gestos de distensión hacia Washington, participación en mecanismos regionales —todo ello calculado para preservar la sustancia del poder mientras se renueva su presentación externa—.
Los hermanos Rodríguez operan con plena conciencia de las restricciones de su entorno. Saben que la legitimidad erosionada durante la etapa de Maduro deberá reconstruirse progresivamente, sin que exista un atajo institucional disponible. Saben que Washington los observa con un pragmatismo frío que puede revertirse en cualquier ciclo político estadounidense. Saben que Diosdado Cabello representa una variable de inestabilidad que la estrategia de cooptación puede contener pero no resolver estructuralmente. Y saben que los seis millones de venezolanos en el exterior constituyen un testimonio permanente y políticamente activo de lo que el sistema produjo.
La advertencia más importante para la región es esta: el Chavismo 3.0 es más difícil de criticar que el 2.0 precisamente porque es más presentable. Un régimen que ha aprendido a gestionar su imagen internacional, que cuenta con interlocución táctica con Washington y que puede exhibir ciertos indicadores de apertura, genera una dinámica de normalización que opera en su favor. La comunidad internacional tiende a estabilizar su atención en lo urgente; lo que deja de serlo tiende a normalizarse, con independencia de que sus causas estructurales permanezcan intactas.
Venezuela no ha completado ninguna transición. Ha completado una reorganización. La diferencia no es semántica: una transición implica la transferencia efectiva del poder hacia nuevos actores y el desmantelamiento de las estructuras que sostenían el régimen anterior. Una reorganización implica la continuidad de esas estructuras bajo nuevas condiciones de operación. El Rodrigato es, en el mejor de los escenarios posibles, un paso necesario pero insuficiente en dirección a un cambio real. En el escenario menos optimista, es la demostración de que el poder autoritario, cuando tiene suficiente tiempo y capacidad de adaptación, puede reinventarse indefinidamente.
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