02/10/2022 MÉXICO

COVID-19 archivos - United Explanations

De Ruba Leonel30/05/2022
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En enero de 2020, desde China se popularizó un término sanitario para denominar una enfermedad que rápidamente sería parte de la cotidianeidad de nuestras vidas: COVID-19. Ese virus, nacido como una epidemia, generó una crisis sin precedentes y transformó cabalmente a la geopolítica mundial. A dos años de su aparición, China aún toma políticas nacionales para su lucha que siguen afectando sistémicamente el devenir económico y político del orbe.

(Fotografía hecha por: Yang Jianzheng/VCG via Getty Images)

Es factible caracterizar a China como “la fábrica del mundo, cuestión que la ha convertido en una potencia económica cuyas tasas de crecimiento impactan fuertemente en el desarrollo económico del planeta.  En consecuencia, la evolución económica mundial está atada al éxito de las políticas nacionales que se aplican en el país asiático, más allá de las situaciones globales que se dan en otros actores.

Esas políticas nacionales chinas generan un shock sistémico en el concierto internacional que impacta fuertemente en las cadenas globales de valor. El peso de esas decisiones se define en que gran parte de las empresas del mundo dependen de insumos o bienes intermedios que son necesarios para el desarrollo de otros sectores productivos, cuyo rotulo lleva impreso el famoso: made in China.

El mundo ha debido enfrentarse a una problemática que perturba su economía por la creación desde el gobierno chino de una política sanitaria cuyo objetivo fue y es erradicar al virus de COVID-19 de sus tierras, denominándola “COVID Cero”. A través de esa decisión, China aplicó los llamados “lockdown” o sea cierres abruptos de regiones, provincias o ciudades en los que se prohibía básicamente cualquier tipo de actividades humanas, excepto aquellas conocidas como “esenciales”.

Está política fue diseñada a razón del momento inicial de la epidemia y como respuesta rápida al problema sanitario de magnitud que afectaba severamente la salud poblacional china; puesto que se repetían las imágenes de ciudadanos afectados por el virus falleciendo en calles, o los servicios hospitalarios saturados por dicha razón. Asimismo, el reciente virus no tenía registro científico alguno por lo que la medicina no hallaba el tratamiento adecuado que tuviera eficacia médica en su lucha y así poder aplicarlo masivamente.

Con el avance de una epidemia, que luego se transformó en pandemia, permitió una respuesta -aunque tardía- a nivel global. La Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia, y los países en mayor o menor medida tomaron decisiones similares, pero también fueron hallando las alternativas sanitarias que permitieron obtener otro tipo de herramientas para su lucha mediante el conocimiento científico como vacunas, tratamientos, etc.

Aunque se fueron relajando las medidas sanitarias en el resto de los países en relación a los confinamientos extremos, la política desarrollada por el gobierno del Partido Comunista Chino, no varió en ese sentido. Al contrario, desde abril de este año, que se siguieron extendiendo las prolongadas cuarentenas como cierres de regiones y ciudades que produjeron severos deterioros al desarrollo económico chino, pero también internacional.

El “COVID Cero” y la nueva ola de contagios

La política sanitaria china de respuesta rápida al COVID-19 tuvo un determinado éxito para las necesidades políticas y sanitarias del país, ya que, con el cierre programado el gobierno chino pudo ir desarrollando otras tácticas como avances científicos que permitieran combatir la enfermedad, sin la necesidad de recurrir a medidas extremas como las aplicadas primariamente.

China se convirtió en un productor en escala de insumos médicos como barbijos, pistolas infrarrojas de lectura de temperatura corporal, y otros implementos necesarios. Además, destinó cientos de millones de dólares al desarrollo de medicamentos y vacunas que permitieran una solución científica para combatir los efectos que generaba la enfermedad en la población mundial.

(Fotografía obtenida vía Pixabay)

Al tener efecto las primeras medidas contra el COVID-19, y permitir así un cierto relajamiento de las medidas restrictivas, los países intentaron volver a una normalidad accediendo a liberar conexiones internacionales y el regreso al desarrollo de las actividades como antes del impacto global generado por el virus. Ello originó que el virus mutara generando cepas que convertían a la enfermedad en más contagiosa o más agresiva, logrando un cierto nivel de pánico no sólo entre la población sino en los gobiernos, porque se causaron reinfecciones o contagios masivos que eran difíciles de abordar.

Ante este nuevo escenario, China volvió a tomar nuevamente las primeras medidas restrictivas aplicando fuertes cierres que afectaron a diversas y distintas regiones del país durante el año 2021 y el año 2022. Actualmente, implican alrededor de más de 45 ciudades cerradas, cuya población está en alrededor de 400 millones que representan el 40% del PBI chino. En el último tiempo, Shanghái se ha convertido en el paradigma de esta política sanitaria por el impacto que genera tener clausurada y detenida al área metropolitana más grande de Asia.

Lockdown, las cadenas globales de valor y su implicancia en el mundo

¿Cómo es que una política sanitaria que se toma a nivel nacional agrega un condicionante más a la problemática global que perjudica los estándares de desarrollo económico global? Ello se explica en la interdependencia compleja que ha generado que el mundo se encuentre conectado generando lazos que van más allá de los canales tradicionales de la política y la diplomacia.

Retomando el concepto de que China es la fábrica del mundo, es necesario entender que con la expansión de la globalización durante los años noventa, las empresas tomaron políticas de internacionalización que significaron crear redes de producción instaladas por diferentes partes del planeta buscando así optimizar los costos -mayormente salariales- y en acelerar la producción a demanda. Esa política fue auspiciada por una mejora sustancial de las comunicaciones y la logística, destacándose el shipping.

Básicamente, esto significa que un teléfono móvil, un refrigerador o una laptop puede ser diseñados en el estadounidense Silicón Valley, pero se termina confeccionando en una fábrica instalada en algún otro punto del orbe, como puede ser el complejo industrial de Shanghái o de Wuhan.

(Fotografía hecha por: mjunior via Getty Images)

El apagón de regiones o ciudades enteras efectuado por el gobierno chino se tradujo en que aquellas empresas transnacionales que dependían de algún sector estratégico que se desarrolla en este país, hayan sentido el shock que significa el cese de la provisión de los productos que comercializan. Para graficar ello, la ciudad de Shanghái no sólo se destaca por su cantidad de habitantes, sino que es uno de los lugares más importantes para la industria manufacturera, tecnológica y logística mundial.

Es allí donde se concentra el 46% de la producción china de semiconductores, así como el equipamiento industrial esencial para sectores productivos alrededor del mundo. Además, según las estadísticas de 2021, desde su puerto se exporta el 20% del PBI de la República Popular China, por lo que afectó de sobremanera a muchas cadenas de valor globales que tienen su epicentro en este hub del comercio internacional.

Para citar ejemplos, Quanta es el mayor fabricante de computadores portátiles del mundo por contrato a demanda, produciendo entre otras la MacBook que está detenida en su elaboración -pese a que este año había informado un envío de 72 millones de laptops- . También Tesla informó que posee cerrada su fábrica de autos eléctricos en Shanghái que produce alrededor de 2000 vehículos por día.

Sumado a estos datos, es para resaltar el gran cuello de botella que se ha generado en el mundo del transporte marítimo. El cierre del puerto de Shanghái representa un grave problema para el costo de los embarques de productos en el mundo, recortando la disponibilidad de containers para el traslado de bienes y generando un problema más que importante para la distribución de productos a nivel mundial, todavía más cuando el resto de los países ha retornado a niveles de consumo previos a la pandemia.

(Fotografía obtenida a través GettyImages)

El mundo también paga las consecuencias

Xi Jinping y el politburó chino, asumen que esta política de “COVID Cero” conlleva ciertos perjuicios, pero sostienen que es su mejor herramienta para luchar contra la enfermedad en el país más poblado del mundo. Aunque para el regimen comunista no han sido de agrado las quejas que ha esbozado la Organización Mundial de la Salud al respecto.

China enfrenta no sólo problemas “indoor” en función de estas políticas, como la ralentización de su economía, las dificultades de acceso a alimentos o sanidad y el desgaste psicológico por parte de su población, ante este tipo de decisiones que generan hartazgo. A su vez, también enfrenta las medidas “outdoor “que se traducen en las presiones internacionales de alza de precios, la caída de la producción como desarrollo global, y posiblemente, la reducción de inversiones directas extranjeras en su economía por no considerarlo un actor confiable.

Mientras tanto, el orbe suma otro capítulo a la incertidumbre social, política y económica. En este último plano, las restricciones chinas se suman al impacto del conflicto ruso-ucraniano lo que podría retrasar el crecimiento hasta un 5% del PBI mundial y así se alimenta fuertemente el espiral inflacionario que afecta al acceso de bienes de consumo básicos en la mayoría de los países del mundo.

El concierto internacional será difícil de cambiar. Con la crisis del COVID-19, se ha marcado un supuesto “principio del fin” para la hiperglobalización, pero será muy arduo desarticular en el mediano plazo las grandes cadenas globales de valor, puesto que las interdependencias entre los principales actores económicos del mundo son muy profundas como para cambiarlas de raíz, sin antes no tener consecuencias imprevistas.


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Desde hace mas de una década, las debilidades estructurales en la región de América Latina han acrecentado considerablemente las brechas sociales. Este contexto particular genera a su vez grandes desafíos para la recuperación económica post COVID-19 en la región. La pobre gestión de servicios públicos de calidad de los estados es una limitante para la ejecución de los planes de recuperación post pandemia, teniendo como consecuencia una contracción del 7,3% de su PIB. Además, la deuda pública alcanzó el 7.7% del PBI de la región en abril, según datos del Fondo Monetario Internacional -FMI-, con una pérdida equivalente a 7 años de crecimiento económico, una tasa de desempleo del 10,7% y una tasa de pobreza de 33,7% de la población total, aumentando las brechas de desigualdad. El presente artículo analiza cómo las debilidades de larga data que afronta la región, sumado al endeudamiento generado para financiar las medidas de emergencia representa grandes desafíos para la recuperación de la región en 2022.

"[Foto:Toma aérea de los edificios en el barrio de tugurios de la comuna 13 en Medellín, Colombia vía Freepik]
“[Foto:Toma aérea de los edificios en el barrio de tugurios de la comuna 13 en Medellín, Colombia vía Freepik]”

El turismo es uno de los sectores económicos más afectados en América Latina debido al COVID-19. En algunos países caribeños este sector representaba el 50% de su PBI. Esto puede observarse con la quiebra de LATAM y Solways Tours Argentina, una operadora exclusivamente mayorista de perfil multidestino, debido a las restricciones sanitarias, la reducción de la movilidad y los cierres fronterizos como medidas contra la pandemia del COVID-19. Estas pérdidas económicas conllevaron a muchas personas a migrar según la CEPAL, en donde en el 2020 se estimó que había 11,9 millones de migrantes en Latinoamérica y 40 millones de migrantes latinoamericanos en todo el mundo.

Sin embargo, los países trabajan en políticas y acuerdos para frenar la migración, como también aumentar los sectores productivos para coadyuvar a generar mejores condiciones de vida y desarrollo, como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM). Pese a ello, existen factores externos que afectan la recuperación económica de los países, como el lento proceso de vacunación, donde solo el 13,6% de la población de la región ha completado el esquema de la vacunación, y el incremento de distintas cepas. Asimismo, los riesgos macroeconómicos como la posible reversión de la política monetaria acomodaticia de Estados Unidos, que afecta de forma directa a Latinoamérica (es realmente complicado que la inflación vuelva a valores inferiores), lo que conlleva a tasas bajas de interés.

En el 2020 la región cerró con una deuda promedio de 79.3% del PBI, un 10,4% mas que el PIB regional del 2019, según datos del FMI. En esa línea, con datos de la Escuela de Administración de Empresa -EAE Business School-, entre los países con mayor endeudamiento de la región, se encuentra Brasil con el 100% de su deuda del PIB, y Argentina con el 97%. En contraste, según datos del FMI, se estima que Perú cerrará este año con un aumento del 8,5% en su PIB, Chile con 6,2%, Argentina con 5,8%, Colombia con 5,1%, México con 5% y Brasil con 3,6%. Mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL- estima que Latinoamérica crecerá un 2,9% para el siguiente año, en donde el déficit conllevará a generar que la deuda pública sea del 79,3% del PIB.

Por lo anterior, se puede observar que Latinoamérica tendrá una recuperación y crecimiento económico a corto plazo, los cuales se verán afectados por los daños estructurales como el la exacerbación de la deuda pública, pobreza, desigualdad socioeconómica, al igual que las crisis coyunturales de índole política y social, que afectarán las distintas políticas fiscales y por ende, la distribución del gasto público, frenando el crecimiento económico.

Medidas para afrontar el shock económico

Foto: Prensa libre
Foto: Prensa libre

Entonces, cabe cuestionarse: ¿cómo mejorar la inversión y manejar los presupuestos que coadyuven a enfrentar las consecuencias, retos y amenazas del COVID-19 en la región? Una de las soluciones es implementar una eficiente gestión de la administración, estructurar presupuestos transparentes enfocados a combatir las consecuencias derivadas de la pandemia. Asimismo, es necesario que se implementen políticas de emergencia transversales y sectoriales que no solo transformen sino fortalezcan la inversión pública y privada, así como la reactivación económica sostenible. Más allá de las políticas fiscales, se debe invertir en políticas industriales y tecnológicas para impulsar el crecimiento, aumentar la productividad de las naciones, elevar la empleabilidad de calidad, el turismo y comercio, para que de esta forma, se genere más desarrollo en la región, que minimice las consecuencias tanto históricas como catastróficas que dejará la pandemia.

Tal como señala el informe “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad” de la CEPAL, en el 2020 se alcanzó uno de los niveles más bajos de inversión en la región, cerrando con un 17,9% del PIB, con la caída de mercado ocupados hasta un 0,9%, participación femenina de 46,9%, con una tasa de 12,5% de pobreza extrema, 33,7% de pobreza, aumento del 2,9% de desigualdad en cuanto a la distribución del ingreso, deuda pública hasta del 72% y deuda externa del PIB de 56,3%. Estas cifras representan las brechas tan desiguales en la región convirtiéndose en obstáculos para el acceso a los derechos, el bienestar y el optar a mejores oportunidades, por ende a mejores condiciones de vida y a un desarrollo integral.

Este shock económico evidencia la vulnerabilidad socioeconómica de la región y las proyecciones indican que estos niveles solo continuarán en aumento para cerrar el año, representando grandes desafíos para el 2022. Más aún, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- se espera una tasa de crecimiento inferior de -1,1%, impidiendo alcanzar los niveles pre-crisis del COVID-19, debido a que la tasa de crecimiento actual no es sostenible y a la poca productividad a causa del desempleo. Estos factores conllevan a contraer parte del PIB que afecta la economía. En la siguiente imagen se encuentran los principales desafíos para la región en 2022 según IPSOS.

Por lo que, es necesario fortalecer los ingresos tributarios, reducir la evasión fiscal, generar mayor acceso a la liquidez internacional y a los mecanismos multilaterales, que faciliten el manejo de la deuda, como también fortalecer la banca de desarrollo regional para aumentar de esta forma, la capacidad de préstamos y de respuestas a la pre y post pandemia. Además, es necesario establecer un mecanismo multilateral de reestructuración de la deuda para hacer frente a las obligaciones contraídas con los acreedores privados. También crear instrumentos innovadores para mejorar el acceso al financiamiento e incluir de esta forma a los países de ingreso medio -como lo son los países de Latinoamérica- en todas las iniciativas de alivio de la deuda y acceso a liquidez (CEPAL, 2021).

Latinoamérica necesita invertir en oportunidades de emprendimientos, digitalización e innovación, que han tenido auge en la pandemia con el trabajo virtual remoto. Debido a que en complejo escenario, la región continúa necesitando reestructurar sus políticas sociales, económicos y políticas para superar la crisis e invertir en productividad, ya que, si bien la inversión se recuperará a medida que las economías se normalicen, volver a los niveles anteriores de inversión a la pandemia será un proceso lento y altamente vulnerable hacía los reveses en el entorno actual de expectativas persistentemente bajas de crecimiento a largo plazo. Paralelamente, es necesario crear e implementar entornos legales que faciliten la creación y crecimiento de nuevas empresas, el desarrollo de mercados financieros y capital de riesgo que garanticen la financiación de estas empresas, abriéndose al comercio y reduciendo las barreras arancelarias.

 

 


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La Covid-19, ligada a la crisis económica, ha destinado el inicio de una materia incierta para los ciudadanos y sus gobiernos. No obstante, no todos tiran de la misma cuerda. La popularidad de Nayib Bukele y la forma de comunicación que utiliza puede darle un giro al declive que recibe las autoridades iberoamericanas. A partir de un breve recuento de Sánchez, una gestión comunicativa concreta y confiada, podrá explicar cómo es que Bukele, a pesar de los fallos en la gestión estatal, ha logrado guardar la esperanza salvadoreña.

Luego de dos años como presidente, Nayib Bukele aumenta su popularidad entre los ciudadanos, pese a que en los últimos días algunas variantes de la Covid-19, como la variante Delta, han generado un aumento de casos significativos, además de que la suma total de vacunados ronda solo el 27% de su población. Por otro lado, en el 2020 la economía salvadoreña cayó 7.9% y a inicios de este año la pobreza ha subido 7.4%. Este escenario es común comparado con la realidad iberoamericana, sin embargo, hay un cuadrante distintivo, la confianza en el gobierno de Nayib Bukele ha crecido en los últimos meses.

Presidente Nayib Bukele conmemorando el bicentenario de El Salvador. [Fuente: Twitter. @PresidenciaSV]

Contexto político

Salvador Sánchez, expresidente salvadoreño, dejó el cargo con uno de los niveles más bajos de popularidad con -35% , según una encuesta hecha por la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, CID Gallup. Además de ello, en julio del presente año se emitió una orden de arresto en su contra por el “Caso Desfalco” . Según Rodolfo Delgado, fiscal general, Salvador Sánchez participó en una operación de desfalco en la que el Estado derivó poco más de 351 millones de dólares al Frente Farabundo Maratí para la Liberación Nacional (FMLN) cuando era vicepresidente de Mauricio Funes, ex-mandatario en el periodo 2009-2014. El dinero se entregaba entre esos años a los exfuncionarios de manera mensual como un aumento en sus salarios, todo ello ocurrió en la casa presidencial.

Comunicado de prensa de la Fiscalía General de la República sobre el Caso Desfalco. [Fuente: vía Twitter @FGR_SV]
Curiosamente fue considerado como un presidente alejado de sus ciudadanos sin interés en la seguridad pública, según Miguel Montenegro, director de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador. Sumado a ello, Córdova & Rodríguez, afirman que el apoyo a la democracia y las instituciones cayó más de 10 puntos entre los años 2004 y 2016. Asimismo, la desconfianza en la protección de los derechos humanos y la percepción de la inseguridad han aumentado en la última década. 

Ahora bien, el presidente Nayib Bukele no ha hecho grandes méritos para combatir dichas percepciones, ha destituido a los principales magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, junto al fiscal general, actuando en contra de los procesos para acabar con la corrupción salvadoreña. Sumado a ello, Bukele, el presidente millennial, adoptó medidas rápidas para combatir la situación epidemiológica mundial, de forma desordenada e improvisada (situación muy común), las cuales incluyeron desaciertos como emitir decretos vía Twitter con respecto a medidas sanitarias: ”El Decreto Ejecutivo 22, regulará la cuarentena especial que empieza mañana a las 00: 00hrs. Todos tendrán algo que reclamar. Pero tenemos que hacerlo, por nuestro país.Estas disposiciones causarán muchas molestias, problemas, romperán nuestra cotidianidad. # 15DíasPorSv ” , afirmó Nayib Bukele. Incluso, antes de la pandemia, ordenó la destitución de varios funcionarios. Además, implementó medidas muy violentas para combatir la inseguridad ciudadana, como autorizar el uso de la fuerza letal tanto para defensa propia, como el de la ciudadanía, y restricciones denigrantes en las cárceles como aislamiento masivo. ¿Violencia más violencia? No genera buenos resultados.

Primera parte del documento del Decreto Ejecutivo 22. [Fuente: Twitter. @PresidenciaSV]
En ese marco, ¿cómo es que Bukele ha logrado tener más del 70% de popularidad entre los salvadoreños? Lo podemos sintetizar de la siguiente manera: Para un gobierno en crisis, una “comunicación de crisis”. González Herrero, profesor de Comunicación de la Universidad de Saint Louis, afirma que la “comunicación de crisis” es la capacidad de una entidad para mejorar los efectos del riesgo o incertidumbre, con el propósito de mejorar su imagen y reputación frente a una crisis. Si bien es cierto, la “comunicación de crisis” se ha utilizado principalmente en el ámbito empresarial, los gobiernos también han adoptado dicha forma de comunicación; en este caso, Bukele ha sabido aplicarlo correctamente.

Estrategia comunicacional

Consideremos el antecedente del gobierno salvadoreño mencionado anteriormente, la desconfianza que generó Salvador Sánchez; la seguridad ciudadana había sido un tema ignorado. Para ello, Pustjens (2020), afirma que una de las reglas de la “comunicación de crisis” es responder rápidamente ante ella para fomentar la confianza y el liderazgo, algo que Bukele logró capitalizar, puesto que en su primer año de mandato la tasa de homicidios por habitante se redujo en un 40%.

[Fuente: Twitter. @PresidenciaSV]
Por otro lado, cuando en El Salvador se inició a indagar sobre el coronavirus, Bukele tomó varias de las medidas más radicales en la región, como la prohibición del ingreso de personas que provenían de regiones donde se había dado la propagación del virus, como Europa , principalmente, así como una cuarentena sumamente estricta desde el primer día de su implementación, como solo permitir la compra de alimentos y medicinas dos veces a la semana y un seguimiento de ello mediante los documentos de identidad. En una adecuada gestión de la “comunicación de crisis” ello se define como: hechos y no palabras, puesto que se destacan las medidas políticas, sociales, etc., para mejorar la respuesta ante la crisis. Ello se puede contemplar, además, en el accionar de la Secretaría de Comunicaciones, la cual informa activamente sobre el trabajo que se viene dando para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19. “Para avanzar rápidamente, ha sido vital el trabajo de más de 25 mil personas. Este talento humano, se ha encargado de toda la logística: desde almacenamiento y traslado, hasta la aplicación en cada salvadoreño que ha recibido la vacuna contra el # COVID19 ”, destacó la Secretaría de Comunicaciones a fines de septiembre.

Por ende, Bukele muestra simpatía a sus ciudadanos mediante un tipo específico de comunicación, creando un ambiente propicio que le brinde más del 70% de popularidad. Si bien es cierto, no es una cifra abrumante, es un caso atípico con respecto a varios presidentes iberoamericanos, incluso, considerando que las medidas tomadas en la crisis mundial actual no han tenido resultados cien por ciento efectivos.

El conocimiento y aplicación de los diferentes tipos de comunicación gubernamental guarda importancia en el ámbito internacional, por ejemplo, como el mencionado, puesto que mejorará la conformación de lazos entre gobernantes y gobernados por medio de la confianza transmitida en los mensajes expresados ​​y su nivel de practicidad para los efectos deseados de dichos mensajes, sobre todo en épocas de crisis como la que vivimos actualmente, donde hemos podido visualizar muchos intentos por parte del aparato estatal para contener y tranquilizar a la población.

 


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La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha llevado a la práctica totalidad de los países a implantar medidas políticas y jurídicas extraordinarias y limitativas de derechos para hacer frente al virus. Estas medidas han venido acompañadas de estados de excepcionalidad constitucional para que los derechos fundamentales de los ciudadanos sigan vigentes a pesar de estar temporalmente limitados o suspendidos.


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La pandemia de COVID-19 ha desencadenado no solo una crisis sanitaria, sino una crisis económica sin precedentes en los últimos cincuenta años que obliga a ciudadanos de todo el mundo a pensar formas de resistir y superarlas con mirada crítica e histórica. Desde Perú escriben Crysteri Hidalgo, Norma Zorrilla, Daniel García y Andy Philipps*.


Rosa Gauditano09/06/2020
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La pandemia mundial del COVID-19 ha llegado a 83 pueblos indígenas, según la Articulación de los Pueblos Indígenas en Brasil (APIB). Hasta el día 4 de junio, en estas comunidades, había 2.178 casos detectados de coronavirus y 211 fallecidos por coronavirus. El epicentro de la epidemia se encuentra en el estado de Amazonas, donde han constatado que 28 profesionales de la salud que atienden los pueblos indígenas  estaban contaminados con COVID-19. Ya han muerto 42 indios Kokama de Alto Solimões.