Renta Básica Universal: política económica y derecho humano

Con frecuencia se piensa que la Renta Básica Universal es una política parasitaria o clientelar, pero esta idea resulta equivocada. La RBU debe comprenderse como una política económica seria y, al mismo tiempo, como un derecho humano: un piso firme y seguro que garantiza la dignidad de las personas y les permite diversificar sus actividades, cuidar su salud física y mental, asumir nuevos retos y potenciar su productividad.

¿Qué es la Renta Básica Universal?

La Renta Básica Universal (RBU), también denominada Renta Básica Incondicional (RBI), Renta Básica Garantizada (RBG), Ingreso Básico Universal (IBU), Ingreso Mínimo Vital (IMV), Ingreso Ciudadano o simplemente Renta Básica (RB), es una asignación monetaria directa otorgada por el Estado a todas las personas integrantes de la sociedad, sin ningún tipo de condición.

¿Por qué no es un subsidio? A diferencia de los subsidios o de los programas de asistencia social implementados por el gobierno, la RBU no exige requisitos ni condiciones específicas para su acceso. Factores como la situación socioeconómica, la edad, el sexo, el género, la orientación sexual, la discapacidad, la lengua, la religión o el nivel educativo no restringen ni limitan el derecho de las personas a recibir este ingreso.

De acuerdo con Daniel Raventós, doctor en Ciencias Económicas y presidente de la Red Renta Básica, la renta básica se distingue de los subsidios convencionales en tres aspectos fundamentales: la trampa de la pobreza y del desempleo, los costes administrativos y la estigmatización. El primero se refiere al desincentivo que enfrentan las personas beneficiarias para buscar y desempeñar un trabajo remunerado, ya que ello implica la pérdida total del subsidio. El segundo alude a los elevados costes de operación y gestión derivados del censo, registro, revisión e implementación de los subsidios condicionados. El tercero consiste en la exposición constante de los grupos solicitantes, quienes sufren segregación y revictimización al ser clasificados, tanto institucional como socialmente, como “necesitados”, “olvidados”, “holgazanes” o incluso “fracasados”.

Por tanto, la RBU no es —ni pretende ser— un subsidio. Al contrario, busca fungir como un pago generalizado, directo e indiscriminado para todas las personas, independientemente del estilo de vida que decidan llevar.

Financiamiento y alcance de la RBU

Raventós ha señalado en diversas ocasiones que la financiación de esta propuesta se basa en una amplia redistribución de la renta, y no en la creación de masa monetaria ni en el endeudamiento, como suele pensarse. En ese sentido, el Estado debe impulsar una reforma fiscal progresiva que permita recaudar más de quienes poseen mayores recursos y, de este modo, realizar un pago regular, individual y no focalizado que asegure los principios de universalidad e incondicionalidad.

Mediante un monto igual o superior a la línea de pobreza, la RBU buscaría cubrir las necesidades vitales, distribuir la riqueza de manera equitativa, ampliar las libertades y erradicar la pobreza en un territorio determinado. Esto sin importar si una persona tiene ingresos bajos o elevados, ni siquiera si cuenta con un empleo remunerado o con capital suficiente para solventar su subsistencia: la RBU establece, siempre y en todas partes, una cobertura del 100 %.

Experiencias internacionales

Ahora bien, en sentido estricto, la Renta Básica Universal solo se ha aplicado como política nacional y permanente de protección social en Irán. Sin embargo, en las últimas décadas distintas localidades del mundo han puesto en marcha modelos o proyectos que, de una u otra forma, se vinculan con esta propuesta.

Irán

En el marco de las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos, el gobierno iraní aprobó en 2010 la Ley de Reforma de los Subsidios Establecidos. Esta medida sustituyó los subsidios masivos destinados a los sectores alimentario y energético por transferencias incondicionales en efectivo de aproximadamente 4 dólares mensuales para más de 70 millones de residentes, lo que equivalía al 29 % del ingreso familiar promedio en el país. La iniciativa mostró, al menos hasta la agudización de la crisis cambiaria y el incremento de la presión internacional, que la ciudadanía utilizó esos recursos para expandir pequeñas empresas, no se desincentivó la oferta laboral y se benefició especialmente a los grupos más empobrecidos.

Alaska

Desde 1982, el Fondo Permanente de Alaska (APF, por sus siglas en inglés) funciona como un programa único de transferencia, mediante el cual se distribuye anualmente a las y los residentes del estado un porcentaje de las rentas petroleras, con el objetivo de estabilizar la salud financiera de las familias, fortalecer la economía local y fomentar una prosperidad compartida.

Finlandia

En el país nórdico, el Instituto de Seguridad Social (Kela) llevó a cabo un experimento en el que dos mil personas desempleadas, seleccionadas al azar, recibieron 560 euros mensuales entre 2017 y 2018. ¿El resultado? Las y los participantes reportaron una mejora en su estado anímico y psicológico, una reducción en los niveles de estrés, ansiedad y depresión, un incremento en sus capacidades cognitivas, una mayor confianza en las instituciones gubernamentales y, en algunos casos, lograron reincorporarse al mercado laboral.

Madhya Pradesh

Entre 2011 y 2012, la Asociación de Mujeres Autónomas, en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), impulsó un proyecto de renta básica en el estado de Madhya Pradesh, India, a través de dos estudios distintos. En el primero, hombres y mujeres de ocho aldeas recibían, de manera individual, un pago mensual de 200 rupias (aproximadamente 2,80 USD), mientras que cada niño percibía 100 rupias. En el segundo estudio, los adultos de una aldea tribal obtenían un ingreso mensual de 300 rupias, en tanto que los niños recibían la mitad de esa cantidad. La percepción de este ingreso, en ambos casos, mejoró la salud, la asistencia escolar y la nutrición de las comunidades.

Maricá

Brasil, por su parte, implementa desde 2019 el modelo de Renta Básica de Ciudadanía (RBC) en el municipio de Maricá, el cual ha beneficiado a más de la mitad de sus habitantes y constituye actualmente el mayor programa de renta básica en América Latina. Las personas beneficiarias reciben directamente un pago mensual de 230 mumbucas, una moneda digital exclusiva de Maricá gestionada por el banco comunitario Mumbuca. Este beneficio busca sacar a miles de personas de la pobreza, influir en el debate público sobre los programas de transferencias en efectivo y fomentar una economía solidaria en la ciudad. Entre los logros más relevantes del programa destacan: la superación en un 105 % del umbral de pobreza en 2023, el otorgamiento de préstamos sin intereses a residentes y pequeñas empresas, así como la compatibilidad del programa con otras políticas y servicios públicos.

Kenia

El caso de Kenia también es destacable. En 2016, la organización sin ánimo de lucro GiveDirectly, junto con investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) y del Laboratorio de Acción contra la Pobreza, puso en marcha un programa multifacético y digital que contempla la entrega de 23 dólares mensuales en aproximadamente 290 aldeas, además de transferencias en modalidades de pago único, a corto plazo (dos años) y a largo plazo (doce años). Hasta ahora, los efectos han sido positivos: mejoró la seguridad alimentaria de los hogares; se fortaleció la salud física y mental de los beneficiarios; disminuyó la violencia doméstica; aumentó la tasa de ocupación; se incrementó la escolarización y la inflación se mantuvo en torno al 1 %.

Irlanda

Actualmente, la República de Irlanda está diseñando un programa que, según el ministro de Cultura, Patrick O’Donovan, contará con una estructura de renta básica prometedora destinada a valorar la cultura y la creatividad. La iniciativa Basic Income for the Arts (BIA) otorgará 325 euros (283 libras esterlinas) semanales a 2.000 artistas que cumplan los requisitos y residan en el país, en ciclos de tres años. Esta medida da continuidad a una prueba piloto realizada entre 2022 y 2025, cuyo objetivo fue apoyar al gremio artístico en la superación de la crisis provocada por la COVID-19. Los resultados fueron altamente alentadores: disminuyeron los niveles de estrés y ansiedad, se redujo la dependencia de otras prestaciones sociales y aumentó la productividad de las y los artistas.

Cataluña

Por otro lado, en Cataluña sigue pendiente la implementación del Plan Piloto de Renta Básica Universal (RBU), cuyo objetivo es combatir la exclusión social, dignificar la vida, reducir las desigualdades, garantizar el cumplimiento del artículo 34 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y universalizar el apoyo del Estado de bienestar. Según Sergi Raventós, director de la Oficina del Plan Piloto para implementar la RBU en Cataluña, la propuesta consiste en una protección individual, universal, suficiente e incondicional para 5.000 personas, con una duración de dos años. Se prevé que las personas adultas reciban 800 euros mensuales, mientras que los menores de edad perciban 300 euros al mes. Asimismo, el sociólogo estima que gran parte de la financiación del proyecto recaería en el 20 % más rico de la población, lo que permitiría mejorar la calidad de vida del 80 % restante, incrementar la capacidad de emancipación de las juventudes, impulsar la independencia económica de las mujeres, fomentar el emprendimiento y reducir la jornada laboral.

RBU-Iniciativa Europea: un esfuerzo democrático regional

La historia de la RBU-Iniciativa Europea comenzó con la presentación de la Iniciativa Ciudadana Europea por la Renta Básica Incondicional (ICE-RBI), una propuesta civil que buscó instaurar un esquema de rentas básicas en todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Su objetivo era garantizar la existencia material de las personas y promover su plena participación en la vida social, como parte de la política económica comunitaria.

La ICE-RBI basó sus argumentos en la declaración conjunta del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, emitida en 2017, en la que se afirmó que la UE y sus Estados miembros apoyarán sistemas de protección social eficientes, sostenibles y equitativos para luchar contra la desigualdad.

Desde entonces, se reconoció que los valores de la democracia, la libertad, la dignidad humana, la igualdad, la tolerancia, el pluralismo y la solidaridad, consagrados en el Tratado de la Unión Europea (TUE), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), constituyen los pilares esenciales para una RBI satisfactoria.

La iniciativa fue registrada por activistas y representantes de colectivos defensores de la RBI el 15 de mayo de 2020. Sin embargo, la petición solo alcanzó 296.365 firmas, lejos del millón requerido por la Comisión Europea para someter a discusión su adopción e implementación, motivo por el cual fue rechazada el 20 de julio de 2022.

A pesar de este aparente fracaso, la ICE-RBI mantuvo su propósito de impulsar una renta básica que complemente y transforme el Estado de bienestar, transitando de un modelo meramente compensatorio hacia uno de carácter emancipador. En ese contexto, la iniciativa adoptó el nombre RBU-Iniciativa Europea, con la intención de crear lazos de confianza, cooperación y respeto con organizaciones e individuos de todo el mundo que comparten esta causa.

Esta nueva etapa busca difundir los beneficios de una RBU a nivel global, integrando principios como la justicia climática, la transformación socioecológica y la democratización de los servicios públicos y sociales, en beneficio de todas las personas.

La RBU como derecho humano fundamental

Más allá de estas experiencias, por definición, la Renta Básica Universal puede considerarse un derecho humano, pues no se inscribe en los modelos tradicionales de seguridad ni de asistencia social. No exige una cotización previa ante una aseguradora que cubra el riesgo social derivado del trabajo realizado, ni se limita a apoyar únicamente a grupos específicos en situación de vulnerabilidad. Más bien, la RBU se fundamenta en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, los mismos que caracterizan a los 30 derechos humanos reconocidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La renta básica es universal porque corresponde a todas las personas, sin exclusión alguna; interdependiente porque está vinculada con otros derechos humanos, especialmente los económicos y sociales; indivisible dado que el reconocimiento de un ingreso mínimo incondicional no sustituye ningún otro derecho, sino que contribuye a garantizarlos e integrarlos de mejor manera; y progresiva en la medida en que el Estado la establecería y ampliaría gradualmente, asegurando su cumplimiento y adaptándola a las necesidades de la población, siendo la actualización conforme al índice inflacionario un ejemplo claro de esa adaptación.

Una razón adicional para considerar la RBU como un derecho humano fundamental es su estrecha relación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948, particularmente con los siguientes artículos:

• • • • Artículo 3 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

• • • • Artículo 22 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

• • • • Artículo 23.3 Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
      • Artículo 25 Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

En este sentido, la renta básica dispone de una base jurídica sólida y de alcance internacional que respalda tanto su urgencia como su viabilidad.

Asimismo, la RBU es plenamente compatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, entre los que destacan:

• • • • ODS 1. Fin de la pobreza
      • ODS 2. Hambre cero
      • ODS 3. Salud y bienestar
      • ODS 5. Igualdad de género
      • ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico
      • ODS 10. Reducción de las desigualdades
      • ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

La RBU es, en efecto, un derecho clave para alcanzar estos objetivos. Su establecimiento garantizaría un ingreso permanente que permitiría satisfacer necesidades básicas —como la alimentación— sin menoscabar derechos ya consagrados, como la salud y la educación públicas. Además, contribuiría a reducir las desigualdades económicas y a combatir la pobreza mediante la creación de un ‘piso parejo’; incrementaría el poder adquisitivo de la población y, en consecuencia, dinamizaría el consumo privado; reconocería el valor del trabajo doméstico, históricamente realizado por las mujeres; priorizaría la salud física y mental frente al desgaste laboral; y permitiría que las personas económicamente activas negociaran mejores salarios o dedicaran tiempo a otras labores, como los cuidados o la creación artística.

Convergencia: renta básica, crisis e inteligencia artificial

Ante las recurrentes crisis económicas, la concentración excesiva de la riqueza y la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en los espacios de trabajo, el debate no es si podemos costear la RBU, sino si es aceptable seguir sosteniendo —con nuestro cuerpo, nuestro tiempo y nuestra vida— un modelo económico profundamente desigual y hostil.

La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 evidenció la fragilidad de las economías nacionales y la insuficiencia de políticas públicas para enfrentar emergencias de gran magnitud. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial (BM), la desaceleración económica, las cuarentenas y las medidas de distanciamiento físico incrementaron la informalidad laboral, redujeron salarios, aumentaron el desempleo, profundizaron las desigualdades internas y entre países, y obligaron a millones de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) a detener sus actividades. 

En este contexto, la RBU aparece como un mecanismo humanitario y de protección social capaz de garantizar un ingreso mínimo incondicional y mejorar la calidad de vida de trabajadores y trabajadoras, mujeres, infancias, juventudes, personas discapacitadas, migrantes y de la sociedad en general. Su implementación permitiría enfrentar crisis futuras con mayor estabilidad, reducir la vulnerabilidad de los hogares y fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos.

A esta dimensión se suma la transformación tecnológica impulsada por la IA. La automatización y el reemplazo de tareas humanas por sistemas inteligentes plantean un escenario de incertidumbre laboral: millones de empleos podrían desaparecer o transformarse radicalmente. Frente a ello, la RBU se convierte en una herramienta estratégica para garantizar seguridad económica en un mundo donde el trabajo remunerado ya no puede ser la única fuente de sustento.

Esta es una explicación sin fines de lucro.