Alejandra Macedo
Desde el anuncio de la propagación de la COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los gobiernos nacionales han realizado esfuerzos para abordar los efectos de la emergencia en sus sociedades. De esta manera, la gestión a nivel local enfatiza la reactivación en sectores estratégicos de la economía; así también, en la implementación de insumos sanitarios. Con ello, gestionar los factores de vulnerabilidad y de mejora sobre la capacidad de respuesta ante la propagación del virus.
El efecto de la COVID-19 en países andinos alcanza otras dimensiones, agravando la situación de los pueblos indígenas. En esa línea, el Estado Plurinacional de Bolivia enfrenta los efectos de la pandemia en medio de una crisis política e institucional que tiene lugar luego de las elecciones nacionales del mes de octubre de 2019. Su situación adquiere relevancia de acuerdo al último censo nacional en 2012: 49,3% de la población boliviana se autoidentifica como indígena.
A continuación, se presenta el contexto por el que ha pasado el país con respecto a la COVID-19 y cuáles fueron las medidas que se tomaron para aminorar las consecuencias. Posterior a ello, se explica cómo esas medidas no incorporaron una perspectiva pluricultural para el abordaje de la población indígena. A relucir diversas trabas para que los objetivos del gobierno coincidan con la agenda de dichas comunidades. Es relevante destacar su situación por la cantidad de comunidades indígenas que posee y las normativas para poder contrarrestar la situación de vulnerabilidad.
Pueblos indígenas: panorama en Bolivia
A mediados de marzo del 2020, Bolivia empezaba a registrar sus dos primeros casos de COVID-19. En aquella fecha, Aníbal Cruz, ministro de Salud, declaraba a los medios de prensa que la población y el gobierno debían mantenerse serenos, puesto que se contaba con los recursos necesarios para detectar casos y brindar tratamiento sin que el virus se propague. No obstante, hacia inicios de julio del mismo año, el Ministerio de Salud publicaba cifras que demostraban el incremento de contagios; siendo la media de casos por día era de mil contagiados aproximadamente.
En consecuencia, se decretaron medidas de contención ante la propagación del virus como el aislamiento social, entre otras restricciones dirigidas a reducir el aforo de lugares públicos seguido por la declaración del estado de emergencia sanitaria ante la cuarta ola de COVID-19. Asimismo, un paso importante para el tratamiento de la emergencia sanitaria ocurre cuando Bolivia inicia la campaña de vacunación contra el virus de la COVID-19 en febrero de 2021. Hasta la fecha – 20 de enero de 2022 – al 43.1% de su población inoculada con las dos dosis de vacuna de Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer y Janssen, según el registro de la organización Our World in Data. No obstante, la información respecto del programa de inmunización de las comunidades indígenas es escasa.
El cuarto informe regional “Pueblos indígenas y vacunación contra la COVID-19” concluye que es necesario adoptar un sistema de inmunización intercultural desde donde se contemple y respete el idioma local además de las dimensiones de salud propias de los pueblos y comunidades. De lo contrario, si los Estados mediante sus centros de salud carecen de información desagregada sobre al impacto de la COVID-19 en su territorio, las campañas de vacunación no lograrían proteger a la población objetivo.
A propósito, Sheyla Huesembe Rodríguez, secretaria de salud de la Central Indígena de Pueblos de la Amazonía de Pando (CIPOAP) resalta las campañas de sensibilización para la aplicación de vacunas en las comunidades debido al temor propiciado por la primera ola de COVID-19 en Bolivia, siendo así que prohibían el ingreso del personal de salud a sus áreas. El primer esfuerzo llega con el trabajo de la Representación de la OPS/OMS en Bolivia – establecida en 1957 – junto al Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) en el proceso de vacunación que inicia en el Servicio Departamental de Salud (SEDES) Pando.
Hacía el otro lado del problema
La atención para los pacientes con COVID-19 son gratuitos; sin embargo, en áreas rurales la falta de implementos para la atención de primer nivel dificultan el acceso a estos servicios. Además, estos no están adaptados a los usos y costumbres para atender a la población indígena. Sobre aquello, comenta Marisol Amblo, responsable de la Brigada 5 de vacunación en el territorio indígena Movima, lo siguiente:
“Se ha coordinado con el corregidor de esta comunidad, se le ha dado una charla previa a la vacunación sobre los efectos y los beneficios de esta vacuna, sobre la primera dosis, la segunda dosis y los cuidados que deben tener posterior a recibirla”.
En la misma línea, se elaboró una guía denominada “Medidas básicas de bioseguridad frente al COVID-19 para el territorio indígena de la Nación Monkoxi de Lomerío”, basada en el “Protocolo de medidas básicas de bioseguridad frente al Covid-19 para las comunidades indígenas de las tierras bajas de Bolivia” que elaboró el CEJIS frente a las necesidades y realidades del Territorio Indígena de la Nación Monkoxi de Lomerío, de Santa Cruz. Se rescata de este documento la adecuada comunicación desde una perspectiva intercultural. Dado que, la información que se difunde es en lengua castellana, considerando que las lenguas de mayor uso son: aymara, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, araona, baure, bésiro, canichana, guaraní, entre otras.
Aunque el progreso en el programa de vacunación se ha visto frustrado debido a que la presentación del carné de vacunación entraría en vigencia desde 1 de enero de este año para ingresar a instituciones públicas, supermercados, bancos, iglesias, y otros lugares públicos. Luego, esta medida fue suspendida el 19 de enero, sin siquiera llegar a ponerse en marcha debido a la presión de grupos antivacunas vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS). Y, de esta forma, la desinformación respecto al esquema de vacunación alimenta dudas y atenta contra el sistema de salud pública.
Si bien hemos orientado el tono de este artículo hacia el problema sanitario, es relevante incluir una mirada amplia que recoja evidencia sobre el impacto de la emergencia en otras áreas de la agenda indígena. Al cerrar puntos de acceso en el transporte terrestre entre provincias, se produjeron pérdidas en la producción agrícola y ganadera. De hecho, se logró denunciar la pérdida en la producción de leche por día debido al contexto de las medidas de bioseguridad por las reducidas ventas durante el confinamiento.
En el sector educativo, las clases en las zonas rurales sufrieron graves retrasos por la ausencia de infraestructura digital que soporte el modelo de educación remota. A diferencia del área urbana, existen barreras para adaptar esta nueva metodología.
El desarrollo en discurso
Como medida paliativa ante la recesión económica, el gobierno aplicó el Plan Nacional de Preservación y Generación de Empleo para incentivar las actividades productivas. Sin embargo, los beneficios no son equitativos para la población, en particular, sobre las comunidades indígenas. Respecto al sector educativo, al cual hemos hecho referencia previamente, se evalúa el Decreto Supremo N° 4260. Aquella normativa resalta las condiciones en las cuales el Estado boliviano debe brindar el servicio educativo en el contexto actual. Pero, no agrega consideraciones propias para la población indígena pendientes con la brecha digital.
Toribia Lero Quispe, diputada de Cochabambas por Comunidad Ciudadana, alertó mediante la Agencia EFE el abandono que sufre este sector de la población en Bolivia. La falta de programas adaptados a las necesidades de los pueblos indígenas en los países de América Latina y el Caribe no varía en grandes proporciones. Es decir, la imagen descrita en este artículo es casi homogénea hacia otras realidades.
A manera de corolario, la respuesta del gobierno boliviano no ha alcanzado las expectativas de los pobladores en las comunidades indígenas. Ha demostrado una visión centralista con respecto a la capacidad de respuesta para toda la nación boliviana. Además de ello, la mayoría de las medidas de respuesta frente a los problemas que aquejan las necesidades indígenas han sido elaboradas de manera rápida, sin prestar atención a las propiedades de las naciones indígenas. Dando a conocer la alerta por proponer mejores y renovadas medidas no solo en Bolivia, sino en el resto de países que comparten frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia.
Aquello que se plantea es que no solo el ciudadano urbano tendrá el sustento gubernamental necesario para combatir la pandemia; sino también los olvidados pobladores de la zona indígena. Será mejorar las estrategias y los planes necesarios para combatir la pandemia. De manera que, la información cualitativa que recojan las instituciones, como la Defensoría del Pueblo, fungen un rol relevante.
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