02/08/2021 BARCELONA

La Europa de la vergüenza: barrios de los que la vista quiere escapar

Millones de personas viven en asentamientos infrahumanos en la Unión Europea. Destacan los que podemos encontrar en España, Portugal o Francia.

 


 

La pobreza es una de las grandes problemáticas de la sociedad internacional actual. Podemos definirla, según la RAE, como la falta o la escasez. Según cifras oficiales de Naciones Unidas, alrededor del 10 % de la población mundial vive bajo el umbral de pobreza extrema, lo que es igual a menos de 1,9 dólares al día. De esos 783 millones de personas, la mayoría de ellas se encuentra en el África Subsahariana y la Asia Meridional, en países especialmente golpeados por conflictos.

La pobreza también tiene género: existen 122 mujeres en situación de pobreza por cada 100 hombres, apunta la ONU.

Estas personas carecen de acceso a los servicios básicos, como fuentes de agua potable, saneamiento, salud y educación, entre otros factores. Tampoco poseen la capacidad de participar en el proceso político, lo que facilita aún más que sus derechos se vulneren. Además, se ven obligados a trabajar en condiciones insalubres e inseguras.

La pandemia provocada por la covid-19 no ha hecho sino mermar aún más las precarias condiciones de vida en las que ya se encontraban. A las consecuencias medioambientales del cambio climático y económicas de los conflictos armado, se unen ahora las provocadas por el desastre económico mundial. Según el Banco Mundial, para 2021 la cifra de personas que sufren extrema pobreza podría elevarse hasta los 150 millones. Y, aunque la mayoría se encuentren en núcleos rurales, se está produciendo una elevación en las áreas urbanas.

La pobreza se relaciona estrechamente con la exclusión social. Entendemos esta como la discriminación de un grupo de personas por razones de sexo, etnia, religión, convicciones políticas o ideológicas, origen social o condición socioeconómica. A estos colectivos se les priva, en primer lugar, de un nivel de vida adecuado, pero también de la inserción laboral y social. Esta situación deriva en la inexistencia de unos derechos civiles, políticos, culturales, sociales, laborales y económicos. En algunos sitios, como el Caribe y Latino América, esta exclusión tiene incluso raíces históricas.

Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2004 hasta 2008, apunta que “junto a la pobreza, la discriminación constituye otra fuente recurrente de inhabilitación y de negación de derechos, libertad y dignidad“. A lo que añade que, a pesar de los numerosos esfuerzos de la comunidad internacional, “el racismo y las prácticas racistas continúan produciéndose de manera sutil, viciosa e insidiosa, estando presentes en la vida cotidiana a través de una variedad de maneras de socialización”.

Asentamientos informales como la única vía de escape

La falta de recursos empuja a los ciudadanos a vivir en asentamientos informales que no requieren las condiciones de vida indicadas para ello. Se trata de poblados construidos en los que sus integrantes viven hacinados, y que carecen de cualquier tipo de servicio, incluidos el suministro de energía, la recogida de residuos o el transporte. Suelen encontrarse en lugares inseguros y la calidad estructural de las viviendas resulta pésima, que no cumplen con las normas urbanísticas, por lo que se denominan asentamientos informales.

Las principales causas de este fenómeno son, por un lado, la incapacidad de hacer frente al gasto de una vivienda al carecer de ingresos (o al menos, los suficientes), y por otro, la falta de inversión en infraestructura de los gobiernos. También entran en juego los diferentes conflictos que obligan a sus habitantes a huir de estos países en guerra para no perecer en ella.

La alta demanda de personas que tratan de llegar a Occidente ha provocado un colapso en muchos casos, como muestran los campamentos de refugiados en Grecia. La extrema derecha ha visto aquí la oportunidad de impedir su entrada en en el continente potenciando un clima de terror por el miedo a que ocurra un atentado o cualquier ultraje como robos o agresiones, y que han derivado en muchos casos en un rechazo generalizado de la población a acoger a estos migrantes.

El impacto de la covid-19 ha hecho que los habitantes se hayan visto aún más vulnerables. Estos lugares  han supuesto altos focos de contagio, debido a la imposibilidad de mantener una distancia y una higiene adecuadas. Uno de los principales problemas para mantener esa higiene es la falta de acceso a agua potable. Esta crisis ha acentuado la brecha digital ya existente, pues debido a la falta de ordenadores y conexión a internet, los niños y adolescentes que se encontraban cursando sus estudios no han podido continuar con ellos.

Además, ante la imposibilidad de trabajar, muchos han perdido todos sus recursos.

El tercer mundo a unos pasos del primero

Cuando pensamos en pobreza extrema, nuestra mente se traslada a países como Nigeria, México o Ucrania, lugares azotados por conflictos y que se encuentran en vías de desarrollo. Sin embargo, nos olvidamos de Occidente. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa afirma que millones de personas viven en asentamientos infrahumanos en el continente, entre los que podemos destacar a España, Portugal o Francia, entre muchos otros.

Pese a ser un país del denominado primer mundo, la ONU advierte de que España vive en una situación de pobreza generalizada. Philip Alston, antiguo relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, afirma la existencia de dos Españas muy diferentes, donde los ricos son quienes siempre salen beneficiados. En función a los datos expuestos por la organización 2018, el 26,1% de la población se encontraba en riesgo de exclusión. Incluso la tasa nacional de desempleo es mayor que la media de la Unión Europea. El último informe AROPE eleva esta cifra hasta los 12,3 millones de personas.

Desde Cáritas denuncian que casi el 15% ha sufrido discriminación por razones étnicas.

Madrid y La Cañada Real

A tan solo 5 kilómetros de la capital española se encuentra uno de los mayores ejemplos de asentamiento infrahumano y de la gran exclusión social que se ha generado alrededor. La Cañada Real es un poblado construido a lo largo de los 14 kilómetros que ocupa la Cañada Real Galiana en Madrid, una antigua ruta pecuaria que da nombre a este asentamiento. Su límites administrativos afectan no solo a Madrid, sino también a Rivas-Vaciamadrid y Coslada.

 

Concejales del Ayuntamiento de Madrid visitan la Cañada Real en 2018. Imagen: Wikimedia Commons.

 

Desde sus orígenes allá por los años 60, su tamaño no ha hecho sino aumentar. Actualmente se calcula que entre unas 8.000 y 10.000 personas habitan en la Cañada. Sus habitantes son, sobre todo, inmigrantes y personas de etnia gitana, dos de los colectivos más marginados actualmente en nuestra sociedad. Hombres, mujeres, niños y niñas tratan de sobrevivir a pesar de las duras condiciones a las que se enfrentan.

La existencia de un mercado de droga en el poblado ha provocado una mala imagen de sus habitantes, siendo esta una de las principales razones por las que se produce su exclusión. A ello se suma el racismo y la aporofobia, que genera el pensamiento de que estas personas son delincuentes.

A la precariedad de las vivienda y los servicios se une ahora el cese del suministro eléctrico. Generalmente, los enganches de luz ilegales han sido permitidos por las  diferentes autoridades. Sin embargo, desde antes de la ola de frío conocida como Filomena, la compañía eléctrica Naturgy cortó el suministro, restringiendo  un derecho humano y dejando a miles de familias sin luz, y por tanto, sin la posibilidad de calentarse en uno de los momentos más duros del temporal. A consecuencia de ello, se han producido incluso fallecimientos de personas de avanzada edad.

París y el Boulevard Ney

París es la ciudad de la luz, pero también del chabolismo. Uno de sus exponentes es el bidonville asentado en el Boulevard Ney. En él, sus habitantes viven rodeados de basura y ratas, al borde de una vía de tren abandonada. Al igual que en caso de la Cañada, se trata de personas de etnia gitana provenientes de Rumanía, en su mayoría.

 

Instantánea del Boulevard Ney en París. Imagen: Más Planeta Azul.

 

La ya desmantelada Jungla de Calais era otra muestra de este fenómeno. Miles de personas convivían en un espacio de cuatro kilómetros cuadrados. La diferencia con el anterior es que, en este caso, su población se componía de migrantes que trataban de cruzar hacia Reino Unido. A la espera de ser trasladados a centros de acogida, muchos de ellos decidieron trasladar sus tiendas al norte de París, donde ahora conviven junto a un colectivo drogodependiente en otro campamento, en la Colline du Crack (la colina del crack). En este último, ubicado en Porte de la Chapelle, se han estado reuniendo durante una década los consumidores de crack. En 2019, fue desmantelado, pero los habitantes se trasladaron solo uno metro más lejos, a Porte d’Aubervilliers. Las condiciones aquí son aún peores, pues a las ya mencionadas anteriormente, como la insalubridad o la carencia de servicios básicos, se  une ahora el peligro de las drogas, en las que muchos migrantes han caído. El resultado que se obtiene de todo esto es una mayor exclusión social por parte del resto de la ciudadanía, que ve en ellos un peligro no solo por el consumo de estupefacientes sino también por los comportamientos delictivos que le achacan.

Portugal y el 6 de Maio

El 6 de Maio, ubicado en Amadora, es otro de los símbolos de la marginalización, un gueto apenas a cinco kilómetros de la capital en el que muchos tratan de sobrevivir. Sus habitantes, romaníes y afrodescendientes, han sido continuamente estigmatizados y se les acusa de vivir al margen de la ley.

 

Instantánea del barrio 6 De Maio en Lisboa. Imagen: Pinterest: Anouche Yuruten.

 

Ante la falta de educación y la imposibilidad de acceder a un empleo, muchos de ellos han hecho de las actividades delictivas como el tráfico de drogas o el robo su forma de vida. Su demolición comenzó en 2016, pero aún hoy el proceso sigue en marcha.

Qué se está haciendo desde las instituciones

La erradicación de la discriminación pasa por el desarrollo de una política de Estado contra discriminación racial y a favor de la diversidad. Resulta imperativo el igual acceso a la justicia, la participación política y el disfrute de los diferentes derechos fundamentales, a fin de alcanzar una verdadera igualdad. La erradicación de la desigualdad es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Sus propuestas son mantener el aumento de las ganancias del 40% más pobre de la ciudadanía en un índice por encima de la media nacional; impulsar la ayuda oficial al desarrollo para los países más necesitados; fomentar la inclusión social, política y económica de toda la población, asegurar la igualdad de oportunidades; aprobar políticas de protección social, salarial y fiscal; mejorar la regulación y supervisión de los organismos y mercados financieros; garantizar más representación y participación de las regiones en desarrollo en la toma de decisiones de los organismos financieros y económicos internacionales; y favorecer la migración y movilidad seguras de las personas.

A fin de garantizar su cumplimiento, la organización cuenta con una serie de Principios Rectores en materia de Extrema Pobreza y Derechos Humanos que fueron aprobados en 2012 y que cuentan con una serie de principios básicos y específicos y ciertos requisitos de aplicación. Además, establece la obligatoria cooperación internacional de los estados de acuerdo con su capacidades y la obligación de prevención de la violación de los derechos humanos por parte de las entidades no estatales.

La ONU también ofrece un Programa para los Asentamientos Humanos que promueve pueblos y ciudades bien planificados que reúnan las condiciones de vida adecuadas y que permitan el acceso al empleo y los servicios básicos para permitir la integración de los mismos.

Por otro lado, la UE también establece la lucha contra la pobreza y la exclusión social como uno de sus objetivos específicos en lo referente a la política social, cuya base jurídica se encuentra en los artículos 19, 145 a 150 y 151 a 161 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sin embargo, los países occidentales han llevado a cabo prácticas que nada tienen que ver con las formuladas por las instituciones.

En el caso de España, las autoridades se han desentendido tradicionalmente de este tipo de asentamientos, dejando a estas personas totalmente desprotegidas. Existe un Pacto Regional firmado por los tres ayuntamientos afectados, Madrid, Coslada y Rivas, pero que de poco ha servido ya que la situación se ha mantenido igual, e incluso ha ido a peor. No se ha reubicado a las familias en ninguna vivienda, al igual que tampoco se ha producido su integración laboral. El posicionamiento de la ONU ha sido claro, y su actual relator especial, Olivier De Schutter, ha calificado a la Cañada Real de “catástrofe humanitaria”, acusando al país de incumplir el derecho internacional al anteponer el interno. El relator reclama al ejecutivo medidas urgentes para paliar la situación, argumentando que la obligación de la Comunidad de Madrid a responder a esa crisis no exime al gobierno central de actuar como parte del Tratado Internacional.

En Francia, durante los últimos años, se ha venido produciendo un fuerte aumento de los desalojos forzosos, tal y como apuntan diferentes ONG. La política francesa al respecto ha venido consistiendo en desalojar a los habitantes de estos tugurios reubicarlos unos días en algún hotel. En 2020, se han producido más de mil desalojos, cuyo efecto no es el de la eliminación de los barrios marginales sino del traslado de estos a otras partes de la ciudad, tal y como explica Manon Fillonneau, del Colectivo Nacional de Derechos Humanos Rom Europe. De igual manera, la ONU también ha reprochado a Francia que miles de personas vivan en la calle, a pesar de ser uno de los países pioneros en la defensa de los derechos humanos. Naciones Unidas recuerda que la práctica de los desalojos forzados supone una grave violación de los mismos.

La situación en Portugal es la misma. La ONU, tras la realización de un informe que mostraba las inadecuadas condiciones de vida de las gentes que habitan el 6 de Maio, pidió al gobierno nacional que las demoliciones y los desalojos se realizaran de acuerdo con las normas internacionales y se garantizara el acceso a una vivienda digna. Desde Amnistía Internacional denuncian los episodios de violencia y tortura que se producen por parte de las autoridades y que han quedado impunes, como es el caso de los cargos presentados contra 18 agentes por la fiscalía municipal de Amadora a causa de las agresiones perpetradas contra seis individuos afroamericanos y que el juez instructor rechazó.

Italia no es la excepción que rompe la regla. El pasado mayo de 2019, 500 personas de origen romaní fueron desalojadas a la fuerza, dejándolas a su suerte en unas condiciones precarias y sin acceso a una vivienda.

Ante la falta de actuación de los organismos internacionales y las acciones llevadas y no llevadas a cabo por los estados, la tarea humanitaria recae en las ONG, que tratan de ofrecer alternativas frente a los abusos de los más vulnerables.

El paradigma de Occidente

Entre primer y tercer mundo no hay tantas diferencias, al menos en cuanto a derechos humanos se refiere. Pese a ser los defensores de estos y realizar continuas intervenciones en países en conflicto a fin de asegurar el cumplimiento de las normas internacionales y los derechos fundamentales de la ciudadanía, vemos como Occidente los incumple sistemáticamente dentro de sus fronteras.

Las violaciones de los derechos humanos están a la orden del día. La falta de supervisión, pero sobre todo de intervención por parte de los organismos judiciales internacionales, provoca esa sensación de superioridad sobre la ley que las instituciones estatales se autoconceden. Y, mientras nos encargamos de realizar misiones de paz y seguridad en el otro lado del mundo, ni siquiera somos capaces de cumplir con ello dentro de nuestras fronteras.

Esta es la Europa de la vergüenza, la que nadie quiere ver, pero que no deja de crecer.

 

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.

 

 

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Beatriz Silva Sánchez

Madrid, España. Soy estudiante de Periodismo en la universidad Carlos III de Madrid. Viajar, la fotografía o la lectura son algunos de mis hobbies favoritos. Email: [email protected]


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