Oriol Vallès09/05/2018
Los buzones anónimos de denuncia sirven para sacar a la luz casos de corrupción y malas prácticas tanto en el ámbito público como en el privado. Pero, ¿existen en España buzones de denuncia seguros que verdaderamente garanticen el anonimato? ¿Han sido, hasta el día de hoy, un método eficaz en España para combatir los casos de corrupción con seguridad para el denunciante? ¿Cuál es el papel de las administraciones públicas y de la sociedad civil?
Andy Philipps Zeballos23/08/2017
En el siguiente artículo (perteneciente a una serie de tres, puedes consultar aquí el primero), explicaremos cómo, con el paso del tiempo, se pensó que los modelos de control de la corrupción de algunas empresas en los EE.UU. podrían ser válidos para la administración pública. Este modelo, que se conoce como el de ‘agente-principal’ (a-p en adelante), sin embargo, no tuvo los resultados esperados y supuso un gasto público inmenso.
El enfoque agente-principal nace de la teoría empresarial a principios de los años 80 para abordar los problemas de control que los accionistas (el principal) ejercían sobre los directivos (el agente) de la empresa. Este enfoque, inspira todavía códigos de buena conducta y medidas de control interno señala Lozano, se fundamenta básicamente en tres ideas: se entiende que los accionistas, o el principal, estarán siempre interesados en controlar a los directivos, el agente; se presume que el agente y el principal tendrán normalmente intereses diversos y; que el primero tendrá casi siempre más información que el segundo -lo que conducirá a una mayor discrecionalidad por parte del agente que buscará satisfacer sus intereses traicionando al principal.
vía Pixabay
Según este enfoque, y algunos autores como Rose-Ackerman, Klitgaard o Bardhan, el funcionario o empleado público (agente) abusará de su posición ante la falta de la mínima supervisión, pudiendo reducir la calidad de los servicios y dañando el erario público para asegurarse una comisión o renta, ya que la ciudadanía y los representados son incapaces (por mucho que quieran) de realizar una labor efectiva de monitoreo o establecer un sistema de rendición de cuentas. En otras palabras, el agente es tomado como un individuo que realiza constantes cálculos tal que sus acciones u omisiones para maximizar su beneficio, por lo que cuanta mayor información tenga el agente en relación al principal, más difícil será la labor de monitoreo por parte de este último.
Esta lógica, que bebe del utilitarismo clásico, se renovó posteriormente con el aporte de la teoría más liberal, sufriendo una serie de variantes por lo que pasó a llamarse ‘teoría de la Rational Choice’ (Teoría de la Elección Racional). Una de esas variantes es situar al individuo en un libre mercado permanente donde cada vez que hace una elección (lo que implica infinitas no-elecciones) es consciente de ella, porque lo hace buscando maximizar su bienestar o felicidad personal en libertad. Además, el sujeto dispone de un alto grado de información sobre aquello que está eligiendo -y lo que no- ya que, ¿quién mejor que uno mismo para saber lo que es mejor para él o lo qué le hará más feliz?
El combate contra la corrupción enfocado como un problema de a-p desde la teoría de la elección racional tomará al individuo como un ser racional cuyo involucramiento en un acto de corrupción será fruto de la elección racional. Es decir, realizará un cálculo entre la probabilidad de tener éxito en el delito (y el beneficio en forma dinero, estatus, etc.), y la probabilidad de ser denunciado, además de la probabilidad de ser sancionado (y el monto de la multa más el daño a su imagen) por el delito. Así al menos lo señalan Rose-Ackerman o Robert Klitgard.
Así, el modelo a-p vuelve el foco de atención hacia el individuo, especialmente hacia el agente, asumiéndolo como ser racional y potencialmente “corrompible”. Por ello, será necesario controlarle (monitoreo a través de la transparencia), y en el caso de que -aun así- se involucre en un acto corrupto: sancionarle (incrementando la probabilidad de sanción a través de nuevos tipos penales, mecanismos de investigación, etc.), asumiendo, a su vez, que el principal (la ciudadanía o el representado) va a ejercer esta función. La sanción no sólo funciona como castigo, claro está, sino como elemento disuasorio a imponer por la justicia luego de que el corrupto sea denunciado por el principal. Ésta es una lógica aparentemente sencilla y efectiva que guiaría gran parte de las recomendaciones e iniciativas anticorrupción de algunos de los más influyentes organismos intergubernamentales, como el Banco Mundial, el fondo Monetario Internacional o la OCDE, y algunas ONGs durante el último cuarto de siglo hasta nuestros días.
En los últimos años, y tras una época de intentos de reformas y políticas anticorrupción, buena parte de los economistas y politólogos entendidos en la materia coinciden en una idea: las reformas anticorrupción han fallado. De hecho, en países con una corrupción generalizada el problema parece haber empeorado aseguran Johnston, Mungiu-Pippidi, Lawson, Persson/Rothstein/Teorell (Escuela de Gotemburgo), Jiménez o Marquette/Peiffer.
Estas políticas se han aplicado en multitud de estados miembros de la llamada ‘comunidad internacional’, especialmente, en la década de los 90. Sin embargo, el caso latinoamericano demuestra ser un fracaso. Sus estados, firmando y ratificando la gran mayoría de convenciones internacionales, nunca cosechaó mayores avances en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, ni en el índice de control efectivo de la corrupción del Banco Mundial.
Una de esas convenciones, se gnera a raíz de que en 1997 se cree la Oficina sobre Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC), siendo la corrupción uno de los principales temas a tratar. De esta manera, en 2003, la UNODC impulsó la Convención de las Naciones Unidas Anticorrupción 2003 (UNCAC), la cual promueve la cooperación jurídica internacional (en sus páginas 31-43), el reconocimiento y la unificación de tipos penales (p. 18-30) y técnicas de investigación (p. 51-54), así como promueve la transparencia (p. 9-11) y la participación ciudadana en los asuntos públicos y privados (p. 15-16), entre otros. La UNCAC es probablemente uno de los mayores esfuerzos anticorrupción en términos de cooperación internacional, especialmente desde la perspectiva jurídica, y amplia, en el sentido que confronta con múltiples manifestaciones de la corrupción en el mundo. La UNCAC apela pues a las leyes, a los gobiernos y a la sociedad civil a hacer cumplir con el Estado de derecho robusteciéndolo y armonizando los unos a los otros. De hecho, tras 10 años de aprobarse, 140 estados han firmado el Convenio, lo que ha ayudado a legislar nuevas leyes si cabe, o completar anteriores iniciativas legislativas cuyo propósito era luchar contra la corrupción.
Uno de esos estados es Colombia, el cual ha cumplido con todas las recomendaciones desde el 2003. No obstante, en su Estatuto Anticorrupción (2011) reconoce que: pese haber ratificado tratados y convenios internacionales en desarrollo de los cuales ha expedido leyes y decretos tendientes a perseguir los actos de corrupción y a sus actores, no se han conseguido grandes avances en la lucha contra este fenómeno (2011:7). Entre las leyes y decretos a los que se refiere, se encuentran aquéllas que han llevado a la creación de contralorías, veedurías ciudadanas y procuradurías tanto a nivel nacional como regional, reforzando también al Defensor del pueblo y creando un Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Además, también creó un Consejo Presidencial para el Buen Gobierno y la Transparencia, entre otros organismos, actualmente agrupados en una ‘Comisión Nacional para la Moralización’ (2011:35). Este crecimiento en el número de instituciones y leyes, además de suponer un enorme gasto al erario público, ha favorecido muchas veces la ralentización de los procesos de denuncia e investigación, y no necesariamente la reducción de los casos de soborno, prevaricación, nepotismo, etc. en la administración pública.
En general, se puede decir que algunas medidas a partir del enfoque agente-principal han propiciado la multiplicación de instituciones de control y sanciones para corruptos, tanto administrativas como penales que, algunas veces, ha promovido una especie de populismo punitivo. Las iniciativas de transparencia se han alzado como una solución efectiva a la corrupción hasta el punto que muchas veces se equipara la instauración de ‘gobiernos transparentes’ con el fin de la corrupción, cuando no hay ciudadanía interesada en fiscalizar y pedir cuentas. En palabras del profesor de Derecho procesal penal del Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid, Boye Tuset: “la moderna exigencia de transparencia ha devenido en una suerte de obsesión por la misma, que sustituye la ideología y la acción política por la rendición de cuentas sobre pagos, ingresos y gastos.”
En este sentido, el “remedio” de la transparencia, que una mayoría de propuestas pone como prioridad, podría empeorar la “enfermedad”, ya que, en contextos de corrupción generalizada, donde la corrupción sustituye a la norma formal en términos prácticos, más transparencia sólo significaría “sacar las malas prácticas y corrupción a los balcones”. Esto provocaría una mayor sensación de corrupción, por su evidente normalización, alentando posiblemente a más individuos a sumarse a “lo establecido”, tal y como apuntan la Escuela de Gotemburgo o la politóloga rumana Mungiu-Pippidi. Y algo parecido pasa con la sanción. Si el actor corrupto tiene la expectativa de que nadie lo va a denunciar, o que, de efectuarse la denuncia, ésta no llegue a buen puerto: “¿por qué ser el único idiota en no tomar un poco para mí?”. Todo parece indicar pues, que se trata de una cuestión de confianza y expectativas sobre el comportamiento de los demás, instituciones incluidas. Por esto, no hay acción colectiva para comenzar a combatir la corrupción. La corrupción sistémica, por tanto, es sobre todo un problema de acción colectiva.
Andy Philipps Zeballos21/08/2017
En el siguiente artículo, que constituye el primero de una serie de tres, pretendemos analizar brevemente cómo se ha construido un discurso hegemónico sobre la corrupción, muchas veces pesimista y engañoso según algunos autores como Orlando (2004) o Gil Villa (2013) en el que se sugiere que unas culturas o religiones son más corruptibles que otras. En algunos casos, estos discursos incluso, estaban dotados por un componente racista injustificable.
¿Qué entendemos por cultura?
Cuando en este artículo hablamos de “cultura”, nos referimos a lo que en un sentido popular se entiende como “nosotros”: “nosotros los latinos”, “nosotros los mexicanos”, “nosotros los negros”, “nosotros los mestizos”, etc. Ese “nosotros” siempre se refiere a un elemento identitario, que, en relación a la corrupción, se asocia a ideas como lastre u obstáculo.
En uno de sus textos menos conocidos, “Modernización y Corrupción” (1968), Samuel P. Huntington relaciona directamente altos niveles de corrupción con falta de modernización política. En él establece que “las diferencias entre los niveles de corrupción entre las sociedades ‘modernas’ y ‘desarrolladas’ del ‘mundo Atlántico’ respecto a Latinoamérica, África y Asia, reflejan en gran medida las diferencias de la modernización y desarrollo político” (Huntington, 1968:253). El estadounidense responsabiliza a la prominencia de la “cultura” en la esfera estatal de la falta de reformas del Estado, ya que:
“si la cultura de la sociedad no distingue entre el rol del rey como una persona privada y su rol como Rey, es imposible acusar al rey de corrupción cuando toma dinero público (…) entonces sólo cuando tal distinción es clara, es posible comenzar a definir algunos comportamientos como corruptos”, Huntington, 1968:253.
Razonamiento que finalmente conduce a Huntington a decir, en una suerte de predicción determinista, que los países “mulatos” de América Latina (Panamá, Cuba, Venezuela, Brasil, República Dominicana y Haití) tendrán más altos niveles de corrupción ya que en ellos parece haber mayor desigualdad y mucha menor rigidez en la estructura social que en los países “indios” (México, Ecuador, Guatemala, Perú y Bolivia) o países “mestizos” (Chile, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay) (Huntington, 1968:258). En resumen, su propuesta de modernización del Estado tendría como objetivo principal contrarrestar la cultura de algunas sociedades que mantendrían “normas tradicionales” e impidirían alcanzar los principios deseables bajo los cuales las instituciones funcionen.
Uno de los primeros y más influyentes autores que introducen los factores culturales en la academia es Max Weber mediante “La Ética Protestante y el Espíritu Capitalista” (1905). Weber pretendía explicar las diferencias entre el desarrollo industrial de los países protestantes respecto al resto del mundo a través de variables religiosas y culturas políticas. De la misma forma, Inglehart (1990) encontró que el 75% de la variación en el índice de la percepción de la corrupción se explicaba por factores culturales, lo que le llevó a asegurar que la convivencia de “valores tradicionales” con iniciativas para la modernización del Estado, sería un detonante de actos de corrupción. Los estudios sobre la corrupción hasta los años 70, con cierto sesgo determinista (cultural), parecen sugerir que, en pos del cambio entre la relación de los ciudadanos con los recursos públicos, ciertas pautas culturales deben ser modificadas o mantenerse bien alejadas de la administración pública, dejando a las culturas anglosajonas y religión protestante como paradigmas estructurales para el desarrollo económico y probidad.
Más adelante, se entendió que, aunque la cultura influye en las preferencias, ideas y pautas de comportamiento de los individuos, ésta no es determinante ni suficientemente explicativa. Así, aunque La Porta en 1997 mostrara que el catolicismo y el islam tenían un efecto positivo en la corrupción, debido a su composición jerárquica. Dos años más tarde, y con una muestra más grande, la correlación encontrada anteriormente (bajo esa perspectiva culturalista) entre religión y corrupción fue identificada como débil por el mismo autor, así como por por Leila Shadabia en su artículo “The Impact of Religion on Corruption”. Shadabia, llega a dos conclusiones: lo que se asocia con altos niveles de corrupción (IPC de TI) es el número de religiones más que el tipo de religión, ya que la religión en general funcionaría como una barrera interna para evitar “malas acciones/pecados”, y segundo, la corrupción y su control no son el resultado de ninguna religión, ya que son las instituciones y el gobierno las que imponen mayoritariamente las normas dentro de su jurisdicción y competencias.
En todo caso, el factor religión tiende a perder peso en favor del tipo de Estado y de los medios de comunicación ya que son éstos los actuales creadores de normas sociales tanto formales como informales.
La cultura o civilización, en un sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos (como la comedia) o capacidades adquiridas por el hombre en cuanto miembro de la sociedad. En esta línea, también se pueden encontrar trabajos que hablan de “Cultura la corrupción” se refieren a la capacidad de incorporar como hábito la práctica o vía corrupta. La corrupción ha sido banalizada o asumida como “lo normal” por la mayoría de los integrantes de una sociedad. En estos lugares, la corrupción, aunque criticada, es aceptada como remplazante de los medios formales para establecer intercambios no sólo entre público-privado, sino entre privado-privado (por ejemplo, en la firma de un contrato de venta de bienes raíces).
Gil Villa dice sobre México que la corrupción ha alcanzado un tratamiento popular en clave de humor como si fuera una operación de inversión conceptual, dando la vuelta a la versión oficial y extrayendo lo positivo de lo negativo, como puede ilustrarse en el siguiente chiste:
“¿Sabe usted por qué los mexicanos no somos campeones en corrupción, sino subcampeones? Porque nos pagaron para ocupar el segundo puesto” (Gil Villa, 2008:270).
Podríamos decir, parafraseando a Gil Villa, que más que la cultura de la corrupción o una cultura corrupta, esta forma de corrupción (buro-política), la cual forma parte del día a día de los individuos, compone una “cultura de lo corrupto”, modificando los hábitos y los afectos en torno a la corrupción. La cultura no puede ser corrupta.
Esto condujo al siguiente entendimiento: se debía cambiar a la sociedad para cambiar a las instituciones, discurso que caló en parte de la academia, especialmente en el imaginario colectivo popular que relacionaría causalmente a su cultura, “raza” o fenotipo con la pobre calidad de vida en su país. Esto, alimentado de otros discursos desarrollistas y racistas (como el visto por Huntington en las líneas anteriores), generados desde la época colonial, trasladaría la idea siguiente a muchos ciudadanos de los estados del sur global: “somos pobres porque somos corruptos, no como los blancos, protestantes, etc.”
Por tanto, se puede decir que ninguna religión, “etnia” o cultura es más corruptible que otra, como evidenció Shadabi, y que la “cultura de la corrupción” hace referencia a lo habitual del acto, más no significa que mientras más habitual más corruptible sea. Las variables que afectan o generan la corrupción tienen que ver con otras cosas, como veremos en próximos artículos.
Eso sí, tan importante como cambiar el enfoque es cambiar el discurso que desde ciertos sectores se ha venido realizando a la hora de analizar el fenómeno. Necesitamos revertir ese mensaje pesimista y determinista que sobre la corrupción circula dentro de las sociedades poscoloniales.
En pocas palabras, estos discursos deterministas ilustran las consecuencias de la corrupción generalizada en la cultura y la vida en la sociedad (cómo y cuán habitual es la corrupción), pero no las causas, ya que se entiende que ninguna cultura es más corruptible que otra si cuenta con los medios de control (instituciones) anticorrupción necesarios.
Ésta es una explicación sin ánimo de lucro
[button url=”https://www.unitedexplanations.org/2017/08/23/fallado-las-reformas-anticorrupcion-nos-costado-tanto-dinero/” style=”red”]¿Por qué han fallado las reformas anticorrupción y por qué nos han costado tanto dinero?[/button]
Andy Philipps Zeballos28/08/2015
La corrupción es uno de los mayores obstáculos tanto para el crecimiento económico como para la redistribución de la riqueza. Algunos países que hoy podríamos llamar “limpios de corrupción” tenían una corrupción generalizada y sistémica en el pasado, ¿qué hicieron algunos estados para hacer de la corrupción un comportamiento excepcional? ¿Y qué se pueden hacer para reducir sus niveles en el resto de estados?
Anna Medrano02/02/2015
La Iniciativa Ciudadana Europea pretende ampliar la democratización de la Unión Europea. Más allá de la democracia representativa, apuesta por una mayor participación e implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Por primera vez, los ciudadanos pueden impulsar iniciativas legislativas en el ámbito internacional.
Sara Calle Herrera04/07/2014
Cuando hablamos de bancarrota moral estamos haciendo alusión a un juego de palabras con el que se ha venido definiendo el status quo de entidades o instituciones financieras que, por estar desprovistas de moralidad y ética, han provocado (tanto por acciones como por omisiones) la Gran Recesión.
Fernando Ntutumu07/05/2014
‘Los españoles reeligieron a 40 de los 69 alcaldes corruptos que compitieron en 2011’ se hacía eco un periódico español el 16 de abril de 2012 sobre las últimas elecciones locales celebradas en nuestro país. Ahora bien, ¿qué es la corrupción? En este post te lo explicamos.
El Opinador14/01/2014
“Muchos sonidos a mi alrededor zumban, resuenan como miles de avispas penetrando en mis oídos cansados, incesantes acaban con mi poca paciencia herida a lo largo de tres kilómetros de la enorme serpiente metálica”
La Reforma Energética propuesta por el ejecutivo federal mexicano fue aprobada el 12 de diciembre pasado y consiste en la modificación de los artículos 25, 27 y 28 constitucional. Con esta reforma el sector petrolero y eléctrico de México quedan abiertos a la inversión de capital extranjero.
De esta legislación se desprenden dudas sobre la legalidad del proceso, la corrupción en el sector petrolero y su legitimidad debido a las manifestaciones en contra de la reforma.
La reforma energética rompió un paradigma histórico para México, dado que el Estado Mexicano había estado a cargo de la explotación de los hidrocarburos desde que en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas decretara la expropiación petrolera debido al mal manejo que hicieron las compañías extranjeras.
Este cambio en la Constitución es considerado por un sector de la población mexicana, principalmente por la izquierda, como un atentado a la soberanía nacional, una traición a la historia y a la patria. Su argumento es que la economía de México se basa en el petróleo, por lo que aseguran confiarlo a compañías extranjeras pondrá en riesgo a la nación y su soberanía; además, debemos considerar los riesgos ambientales que la reforma conlleva.
Con la apertura a capital de extranjero, la izquierda considera a la reforma como la consumación de la privatización de Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Es menester plantear lo que sucede fuera del círculo rojo de la Reforma Energética: La administración del Presidente Enrique Peña Nieto (EPN) se ha caracterizado por impulsar las reformas, pero la mayoría de los mexicanos no entienden en qué consiste a detalle cada una de éstas, ni su porqué. Para el grueso de la población, la política reformista de EPN es ininteligible; mientras tanto, otros nos esforzamos por entenderlas. Así no funciona una democracia.
Y en este sentido, el hermetismo que ya evidenciaron algunos medios y analistas es una situación que entorpece la labor periodística. La falta de transparencia y de difusión por parte de los legisladores sobre las leyes secundarias de la Reforma Energética tampoco ayuda a solucionar el proceso; éstas las conoceremos a partir de febrero de 2014.
Además de todo ello, quedan por analizar varias aristas que evidencian la ignominia de nuestros “electos” representantes y su Reforma Energética.
El proceso para reformar los mencionados artículos constitucionales sorprendió a propios y a extraños debido al poco tiempo en que tardó en lograrse. Aunque los legisladores priistas aseguren que se lleva años trabajando en reformas petroleras, una reforma de este calado era impensable hasta ahora, ya que los hidrocarburos eran intocables.
Es por esta aprobación de la reforma en tiempo récord que surgieron sospechas respecto a la legalidad en dicho proceso. Sin embargo, hay que decirlo claramente, el proceso legislativo, fuera de lo establecido en la ley, no es fijo. Por ello la forma, tiempo o procedimiento en el que sucedió la legislación no va en contra de la ley mexicana.
Lo único que delimita al proceso legislativo en México son normas jurídicas, fuera de éstas cualquier tipo de procedimiento para legislar es legal. Pero es necesario señalar algunas circunstancias que ensuciaron el proceso de aprobación de la Reforma Energética.
Uno de los políticos mexicanos percibido como de los más corruptos por la población es Carlos Romero Deschamps. Líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), también es senador por el partido del gobierno (PRI) y se ha caracterizado por presumir sus riquezas y las de sus hijos en redes sociales.
Desde hace años se ha criticado a este tipo de personajes en la política mexicana, su continuidad y la impunidad que los rodea. El caso de la Reforma Energética está estrechamente ligado al sindicato petrolero. No se dejaron esperar las críticas y durante casi todo el proceso de reforma no se puso el tema sobre la mesa.
Entre el 9 y 10 de diciembre no se había mencionado al sindicato y de pronto, mágicamente, se incluyó ese punto en la minuta. El oficialismo utilizó al sindicato como una fuente de prestigio y se quedó corto respecto a lo que la oposición deseaba. Con una simple acotación al poder del sindicato petrolero no se acaba con la corrupción, debido a que es un subsistema alto complejo y que ha permeado en distintos sectores de la paraestatal PEMEX.
Bono de 35 millones: Se presume que esta cantidad se le dio a cada diputado para que pasaran la Reforma Energética en fast track, es decir, para que la aprobaran sin debatir, lo más rápido posible y sin cambiar una sola coma.
La Reforma Energética presenta cuatro modalidades de contratos para la participación de empresas privadas en la exploración y extracción de hidrocarburos: de servicios, de utilidad o producción compartida, de licencia, y “otras”. El problema es que este último apartado no especifica cuáles o de qué tipo, lo que deja incertidumbre.
Ésta es una herramienta legal que el partido de izquierda, Partido de la Revolución Democrática (PRD), pretende utilizar para echar abajo la Reforma Energética. En términos generales, el PRD pretende conseguir un número determinado de firmas ciudadanas que no estén de acuerdo con la reforma para que sea improcedente.
El presidente de la Comisión de Energía en el Senado, David Penchyna, senador por el PRI, ya había anticipado que la consulta ciudadana no serviría de nada y un día después, su bancada le colocó un candado legislativo que evidenció el periodista Jenaro Villamil.
Algunos periodistas y analistas han considerado las acciones del PRD como simuladoras, puesto que estuvieron con el presidente en gran parte del proceso legislativo y sus medidas opositoras llegaron demasiado tarde.
Casi una semana antes de que la Reforma Energética fuera avalada por el Senado de la República, el líder de izquierda Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sufrió un infarto.
López Obrador es líder del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). Es la figura principal de la oposición y uno de los más acérrimos críticos del PRI, del PAN, de Carlos Salinas (Presidente entre 1988-1994), de Peña Nieto y de la derecha en general, a quienes en esta ocasión trató de “vendepatrias”. Incluso amenazó con denunciar al presidente por traición a la patria.
AMLO había encabezado la lucha en “defensa del petróleo” con marchas, protestas, convocatorias y firmas en la capital del país, al tiempo que emitía el discurso (nacionalista) sobre la pérdida de la soberanía si se privatizara PEMEX.
El movimiento que encabezaba Obrador pareció perder fuerza tras sufrir el dirigente un infarto. Dado que los otros representantes de la izquierda no tienen capacidad de convocatoria comparable a la del tabasqueño, las protestas parecieron mermarse.
A pesar de ello, las protestas se dejaron sentir por todos lados, en las calles, a las afueras y dentro de los recintos legislativos, asociaciones civiles, de expertos, en los medios, online, impresos y redes sociales.
Todo esto evidencia la ignominia de esta reforma: hermetismo, falta de transparencia, corrupción y la falta de seguridad jurídica ponen en tela de juicio la Reforma Energética. Por si fuera poco, existe además un claro descontento de un sector de la población, lo cual hace pensar a los ciudadanos si la Reforma Energética, a pesar de mantener la legalidad en las formas, ha sido realmente legítima.
Ésta es una explicación sin ánimo de lucro
Marta Pérez25/01/2012
El presupuesto participativo, considerado una experiencia modelo de política pública, se enfrenta a limitaciones diversas pero avanza día a día en las relaciones entre el Estado y la sociedad. ¿Podríamos extrapolar este experimento social?
Cristina Buhigas Schubert02/01/2012
Con la entrada del año toca hacer balance del anterior. ¿Cómo se percibió el pasado año 2011 en términos de corrupción? Transparency International nos desvela el misterio a través de su índice anual que evalúa a 183 países y territorios. Lo analizamos en United Explanations.
