La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así que hoy se cumple su setenta aniversario. Por primera vez, los países acordaban los derechos y libertades que merecen una protección universal. Se trata, además, de un texto fundacional de tipo declarativo que se ha ido complementando con otros textos vinculantes.
Entender el feminismo de hoy no es posible sin echar la vista atrás y reivindicar las luchas que tantas mujeres llevaron a cabo en el pasado. Por ello, en este artículo te presentamos un breve repaso histórico de los movimientos feministas.
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) cerró sus puertas a finales de diciembre de 2017, tras 24 años de actividad. El tribunal ha emitido 90 sentencias, entre ellas, destacan las de los genocidas Ratko Mladic y Radovan Karadzic. En United Explanations analizamos las más de dos décadas de actividad de este tribunal y la implicación de este tipo de juzgados en la resolución de conflictos.
Esta recopilación exhaustiva analiza las claves legales de lo que ha sucedido en los últimos meses en el conflicto catalán. Un repaso en el que hablamos de derecho a la privacidad, libertad de reunión, expresión e información; derecho a la integridad física y proporcionalidad de las actuaciones policiales; la detención de "los Jordis" y los miembros del Govern; y la aplicación del artículo 155.
Desde la victoria electoral de Donald Trump, los incidentes racistas han ido en aumento en EE.UU. Se habla del llamado “efecto Trump”, puesto que la derecha racista del país se ha visto energizada por el nuevo presidente, quien no ha dudado en coquetear con ella antes y después de su elección.
El siglo XX se caracterizó por el desarrollo y universalización de los derechos humanos. Sin embargo, también fue un siglo, como lo es el siglo XXI, en el que se produjeron violaciones masivas y graves de estos derechos. Así pues, se tiene la percepción de que los derechos humanos se vulneran de forma sistemática, pero al mismo tiempo el incremento de la información permite conocer lo que sucede en distintos rincones del mundo.
Un punto de inflexión en cuanto a la formulación y el reconocimiento jurídico de los derechos humanos fue el fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). El desastre de la guerra conllevó una mayor concienciación de la necesidad de proteger la dignidad humana. Después de 1945, se desarrollaron algunas tendencias o procesos respecto a los derechos humanos. Jordi Bonet Pérez enumera los siguientes puntos básicos: la internacionalización de los derechos humanos, la consolidación del reconocimiento jurídico de los derechos económicos y sociales, la formulación jurídica del reconocimiento de los derechos, los procesos de descolonización, la presencia de aspectos sociopolíticos relevantes entorno al desarrollo de las políticas de derechos humanos y la consolidación de reivindicaciones nuevas en materia de derechos humanos.
La bipolarización de la Guerra Fría
Tras la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada con un amplio consenso en 1948, las Naciones Unidas se volcaron en la construcción de un sistema universal de protección de los derechos humanos. El problema principal fue que el tratado internacional que debía convertir en norma jurídica el contenido de la Declaración topó con el enfrentamiento ideológico de la Guerra Fría. Por ello, ya en 1952 se decidió elaborar dos tratados diferentes que dieran respuesta a ambas opciones político-jurídicas.
El muro de Berlín durante la guerra fría (Foto: Edward Valachovic, via Wikipedia)
Aunque fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, los Pactos Internacionales no entrarían en funcionamiento hasta diez años después. Actualmente, más de 150 estados forman parte de los Pactos, por lo que se puede afirmar que son prácticamente universales. Sin embargo, no debemos olvidar su distinto alcance o protección. Mientras que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) especifica que todos los estados parte deben respetar y asegurar los derechos enunciados, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) les obliga a tomar medidas hasta el máximo de sus recursos para lograr progresivamente la plena realización de los derechos. Así pues, el PIDCP exige la efectividad de los derechos contenidos y el PIDESC se refiere a un compromiso progresivo. Se trata, pues, de deberes con diferente alcance.
Los derechos políticos y civiles reciben el nombre de derechos de primera generación, puesto que empezaron a esbozarse en el contexto de las revoluciones liberales del siglo XVIII, mientras que los económicos y sociales se conocen como derechos de segunda generación, ya que tuvieron su origen teórico más tarde, en el siglo XIX. Los primeros ponen el acento en la libertad, una aspiración de la revolución burguesa, mientras que los segundos subrayan la igualdad, una aspiración de la revolución del proletariado. Durante los últimos años, también se han formulado los derechos de tercera generación, como el derecho a la paz, el derecho al desarrollo o el derecho al medio ambiente. Éstos han llegado a las Naciones Unidas mediante algunas resoluciones de la Asamblea General. Por otra parte, algunas iniciativas de la sociedad civil y de distintas instituciones, como el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, han defendido los derechos humanos emergentes y han llevado a cabo propuestas programáticas. Entre los derechos humanos emergentes, podemos citar, por ejemplo, el derecho a una renta básica o el derecho a la movilidad universal.
Los Pactos: derechos y garantías
Ambos Pactos mantienen algunas coincidencias, como el primer artículo, que proclama el derecho a la autodeterminación. A pesar de que inicialmente se consideró que era un derecho esencialmente político, finalmente se llegó a la conclusión de que conformaba un derecho colectivo necesario para el ejercicio de otros derechos humanos. También hay otros derechos presentes en ambos Pactos, como la libertad de crear y participar en sindicatos o la necesidad de proteger a la familia, por lo que se refuerza así la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos.
Centrándonos ya en cada pacto por separado, el PIDCP incluye derechos que pueden ser derogados en caso de emergencia pública y otros que no pueden ser derogados en ninguna circunstancia. En este segundo grupo, encontramos, entre otros, el derecho a la vida o las prohibiciones de la tortura, la esclavitud o el encarcelamiento por deudas contractuales. Los derechos inderogables constituyen el núcleo duro de la protección internacional de derechos humanos, ya que deben ser respetados por todos y en todo momento, sin excepciones. Por su parte, en el PIDESC se describen derechos como el derecho al trabajo (artículos 6 y 7), el derecho a un nivel de vida adecuado y a no pasar hambre (artículo 11), el derecho a la salud (artículo 12) o el derecho a la educación (artículos 13 y 14).
El Consejo de Derechos Humanos (Foto: UN Photo/Jean-Marc Ferre)
El sistema internacional de protección de derechos humanos dispone de una serie de mecanismos convencionales para garantizar el cumplimiento de las disposiciones de los tratados internacionales. Podemos distinguir entre mecanismos contenciosos y no contenciosos. Los primeros prevén la posibilidad de llevar una controversia entre los estados parte ante la Corte Internacional de Justicia. Los convenios internacionales que se refieren al genocidio, al apartheid, a la discriminación racial y a la tortura incluyen este tipo de mecanismos. Por su parte, los mecanismos no contenciosos engloban medidas como la presentación de informes periódicos por parte de los estados parte o la recepción de quejas emitidas por particulares.
El funcionamiento correcto de los mecanismos no contenciosos implica la existencia de un órgano de control formado por expertos independientes. En el caso de los derechos civiles y políticos, tenemos el Comité de Derechos Humanos, que fue establecido por el propio PIDCP. En lo referente a los derechos socioeconómicos, el órgano es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1985). El Protocolo Facultativo del PIDESC, que fue aprobado en 2008 y entró en vigor en 2013, es relevante porque fijó mecanismos de denuncia e investigación para el PIDESC.
Una progresión heterogénea
Hoy en día el grado de protección de ambos tipos de derechos sigue sin ser equivalente, porque los derechos económicos y sociales no gozan del mismo nivel de garantía que los derechos civiles y políticos. Primero, como son derechos de comportamiento, la ausencia de su disfrute no siempre comporta la posibilidad de demandar al Estado o a un particular por su vulneración para lograr la reparación. Víctor M. Sánchez, profesor de derechos humanos, habla de “una degradación de la exigibilidad jurídica de los derechos sociales”.
Foto vía anticapitalistes.net
Además, los derechos económicos y sociales requieren la intervención del Estado para ser realizados. De hecho, el artículo 2.1 del PIDESC explicita que la obligación de comportamiento exigible al Estado para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos sociales comporta su intervención directa en la economía nacional. Sin embargo, en pleno siglo XXI, los derechos económicos y sociales se enfrentan a nuevos retos. Desde finales del siglo XX, las teorías liberales contrarias a la regulación y participación estatales en la economía se impusieron con fuerza, siendo Ronald Reagan y Margaret Thatcher sus máximos exponentes. Asimismo, el desarrollo de la globalización económica, con un aumento de las relaciones comerciales entre países, la flexibilización de las condiciones laborales y la creciente ausencia de regulaciones estatales en materia económica, ponen en mayor riesgo el cumplimiento de estos derechos, que implican una intervención del Estado para corregir las desigualdades imperantes.
En este escenario y sin una exigibilidad jurídica de los derechos sociales, comprobamos que estos derechos siguen vulnerándose de forma sistemática. La crisis internacional que vivimos desde hace casi diez años también ha manifestado la falta de cumplimiento de estos derechos, puesto que el trabajo o la vivienda conforman algunos de los problemas más destacados incluso en los estados occidentales. Por este motivo, diversas entidades luchan por la exigibilidad de estos derechos. Éste es el caso del Observatori DESC, que defiende que tanto los derechos civiles y políticos como los derechos socioeconómicos y culturales son derechos fundamentales de las personas y promueve la necesidad de más y mejores garantías para los derechos sociales y económicos, entre ellas la posibilidad de hacerlos exigibles en juzgados y tribunales.
Este año se cumple el 70 aniversario de los Juicios de Núremberg, también conocidos como Procesos de Núremberg, que tuvieron como objetivo determinar las responsabilidades de los dirigentes y colaboradores del régimen nazi encabezado por Adolf Hitler. Estos juicios suponen el origen de los desarrollos internacionales en materia de justicia penal.
El 1 de diciembre de 1955 Rosa Parks se negó a levantarse de su asiento del autobús en Montgomery para dejar su sitio a un pasajero blanco, lo que originó el boicot de los autobuses y el inicio del llamado movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos. El pasado mes de diciembre se cumplió el 60 aniversario de este hecho. Sin duda, el citado movimiento consiguió grandes logros, pero todavía hoy en día somos testigos de numerosos episodios de discriminación racial en Estados Unidos.
El 20 de noviembre se cumplieron 40 años de la muerte del dictador Franco. Sin embargo, después de cuatro décadas las víctimas del franquismo siguen luchando por la reparación, el reconocimiento y la memoria histórica. La dictadura franquista conllevó ejecuciones, desapariciones forzadas y vulneraciones sistemáticas de los derechos y libertades políticas, sociales y culturales.
El uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales de diferentes Estados, sujeto siempre a una gran polémica, ha causado lesiones e incluso víctimas mortales en múltiples ocasiones. ¿Dónde ponemos los límites? Amnistía Internacional ha elaborado una nueva guía que arroja luz sobre este controvertido asunto.
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