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Las grandes corporaciones encontraron en América Latina en general, pero en Argentina en particular, una tierra hecha a su medida: Grandes recursos naturales para explotar, un lugar donde poder maximizar sus ganancias económicas y, sobre todo, un puñado de gobiernos dispuestos a hacer la vista gorda ante la depredación ambiental que llevan a cabo las multinacionales. Un combo que entusiasma a cualquier empresario.

Con este panorama, Argentina profundizó su modelo económico extractivo que, en el último tiempo, deterioró el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes con prácticas tales como la megaminería a cielo abierto en sus provincias andinas, la producción de alimentos transgénicos en sus tierras fértiles, la fracturación hidráulica o fracking en sus grandes reservas petroleras y la contaminación industrial totalmente desmedida en las zonas urbanas.

El desembarco de grupos multinacionales se dio bajo la promesa de grandes ganancias económicas para la población y para el Estado. Pero rápidamente esa teoría se echó por tierra al ver las grandes consecuencias que ello tenía para el ecosistema, lo que motivó a los vecinos de las ciudades afectadas a organizarse en asambleas de lucha popular ante una clase política cómplice que decidió callarse.

Megaminería: Negocio para muy pocos

Los empresarios mineros y los funcionarios que impulsan ese negocio conocen la época en la que en Argentina gobernó el matrimonio Kirchner (2003-2015) cómo “la década minera”, ya que hubo una proliferación de explotaciones en toda la zona cordillerana. En 2002 había 18 proyectos en el país, mientras que para 2014 ya había cerca de 600 bases mineras que, entre otras cosas, gastan 10 millones de litros de agua potable por día para realizar su trabajo.

En estas grandes explotaciones de recursos naturales, los grupos económicos multinacionales como la estadounidense Barrick Gold o la Osaka Mining Corporation gastan cerca de 100 toneladas de explosivos por día para extraer los minerales que necesitan. Por ejemplo, por cada gramo de oro que obtienen generan 4 toneladas de escombros, provocando una destrucción irreparable de la Cordillera de Los Andes. Además, cometen graves abusos respecto de los pequeños poblados aledaños que, ante este marco, han fundado cerca de 50 asambleas vecinales para pedir el cierre de las minas.

El desastre ambiental que llevan a cabo estas corporaciones logra dimensionarse si se tiene en cuenta que, en septiembre de 2015, la empresa Barrick Gold volcó, sin darse cuenta (según la propia empresa), cerca de 1.000 millones de litros de agua cianurada al Río Jáchal en la provincia de San Juan. Al cumplirse un año de ese hecho ha habido un segundo derrame, lo que ha provocado movilizaciones vecinales para exigir respuestas políticas ante la contaminación de un río que abastecía de agua y recursos a buena parte de esa provincia andina.

Ante este segundo derrame de cianuro, el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, no pudo hacer oídos sordos a los reclamos populares (como sí hizo en ocasiones anteriores) y decidió multar a la empresa con 9 millones de dólares y paralizar la mina Veladero. Sin embargo, un mes después, empezó a funcionar de nuevo con la excusa de que la minería genera el 34% del PIB de esa provincia. La pregunta es: ¿A que coste genera la minería el 34% del PIB de San Juan? Al de la destrucción total del medio ambiente y la calidad de vida de cientos de poblados.

Para colmo, a principios de año, el actual presidente, Mauricio Macri, quitó a las mineras la obligación de pagar la irrisoria suma del 3% de las regalías, lo que hace que el Estado deje de recibir cerca de los 8.000 millones de pesos argentinos que aportaba ese sector. Lo cierto es que, además de recibir incontables beneficios impositivos, las mineras tienen subsidiadas las tarifas de electricidad, agua, gas y combustibles para el transporte que utilizan.

Ante esta situación, la mano amiga del gobierno es aún más desesperanzadora. Eso lo saben los activistas antiminería que delante de cada movilización reciben la represión de un sector de la policía provincial destinado a “monitorear” los movimientos contrarios a la megaminería. Y cada uno de estos episodios de represión policial deja ver la complicidad de un Estado que, lejos de estar del lado de las asambleas populares, las reprime con balazos de goma.

Parex Klaukol: la contaminación que controla el Estado

Parex Klaukol, una empresa propiedad de Parex Group (con sede central en Francia), es una de las corporaciones líderes en la fabricación industrial y venta de productos para el sector de la construcción. Una de las plantas en la que Parex Klaukol produce para toda América del Sur se ubica en el municipio de La Matanza, en Argentina. Allí, la empresa lleva realizando su trabajo desde finales de la década de los ’70.

A pesar de sus abusos, no fue hasta el año 2009 que los vecinos comenzaron a denunciar la fábrica, por vía penal, por la contaminación que produce en el lugar, que ya ha causado cerca de 70 muertes en un radio de 1 kilómetro a la redonda. Lo que despertó la inquietud de los habitantes del barrio La Merced fue que explotó una tolva que dejó las casas bajo cenizas durante 3 días.

Las cenizas y las partículas que salen diariamente de las chimeneas de Parex Klaukol no son más que restos de elementos elaborados con fungicidas, pesticidas y demás productos químicos altamente contaminantes. Estos productos producen cáncer y graves enfermedades respiratorias y dermatológicas que los vecinos vienen denunciando, sin recibir respuesta de la justicia o del poder político. Por otra parte, los remedios para curar esas patologías tienen un coste muy elevado teniendo en cuenta que las familias de la zona son de clase obrera y que no reciben medicamentos del sistema de salud pública.

Una vez esta causa se llevó ante la justicia, se realizó un estudio en el que se sometió a 30 chicos de 5 años a análisis hematológicos. El resultado fue que los 30 tenían metales pesados en sangre. Ante esto, los peritos judiciales que intervinieron en la causa confesaron a los vecinos que el lugar es inhabitable, y los denunciantes afirman que les dijeron que estaban en una “cámara de gas” donde poco a poco se iba a ir deteriorando el panorama ambiental. Un ejemplo de eso es que el agua potable de las cercanías de la planta de Parex Klaukol cuenta con 16 metales pesados.

Con toda esta contaminación confirmada en los estudios judiciales, ¿por qué el Estado no hace nada? ¿Por qué las empresas hacen lo que quieren? Este no es más que otro caso de complicidad del poder político con los grandes grupos empresariales.

Ante la inacción judicial, la asamblea de vecinos empezó a hacer acampadas en la puerta de la fábrica y como respuesta recibieron amenazas por parte de la empresa. Una de las principales voces opositoras a la multinacional francesa, Susana Aranda, denunció cerca de 30 amenazas. En la última ocasión, fue intercedida por un grupo de personas que le pusieron un revólver en la cabeza y la obligaron a tragarse varias pilas de relojes que le produjeron severos daños en su salud.

Hay que tener en cuenta que como la sede central de Parex Klaukol se ubica en Francia, allí recibe severos controles ambientales por parte del Estado. Ante esta situación, ¿cuál fue la estrategia de la empresa? Externalizar la producción a un país periférico de América del Sur donde el Estado no ejerce estos controles.

Monsanto y la invasión de los transgénicos

El agronegocio y la producción de alimentos es un capítulo más de la política extractiva, rentista y conservadora que se viene imponiendo a lo largo de Sudamérica bajo el paraguas de grandes corporaciones, como Monsanto, que lo único que hacen es llevar a cabo una depredación ambiental inaudita. Esta expansión se ha llevado a cabo a través del avasallamiento de pueblos originarios y a la destrucción de bosques nativos para expandir la frontera del monocultivo de transgénicos como la soja, el maíz y la caña de azúcar.

En Argentina se produjo un modelo de producción a gran escala con semillas modificadas genéticamente con el objetivo de resistir al herbicida que la acompaña este modelo productivo, el glifosato. Ahora, ¿quién produce la semilla transgénica? Monsanto. Y, ¿quién produce el herbicida con glifosato? Monsanto. Es decir, Monsanto produce las únicas semillas que resisten al herbicida que la misma empresa produce. Un negocio redondísimo. Aunque no tanto para el país ya que las tierras donde se produce la soja quedan improductivas.

Hoy, Argentina tiene 20 millones de tierras cultivadas con soja y maíz que luego se vende a China para alimentar a sus animales, pero parte se consume en el mercado interno en forma de harinas y demás productos muy nocivos para la salud humana. Para seguir con el negocio, Monsanto ya tiene preparado un portafolio de distintos tipos de productos para avanzar en el campo de las frutas y hortalizas: berenjena, tomate, vid, papaya y otras, además de la patata, que ya fue lanzada al mercado

Ante esto, empiezan a surgir muchas marchas populares para detener la producción de transgénicos y dar lugar a un modelo de producción y consumo de productos orgánicos como los que se comen en Rusia, Canadá y Hungría, entre otros países.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.