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A pesar de los descubrimientos científicos y de que exista una mayor preocupación al respecto, y en fuerte contraste con la posición de Francia, España tiene en la actualidad la mayor tasa de adopción de maíz Bt de la UE, desde que se introdujo por primera vez en 1998. Los maíces Bt se consideran resistentes a insectos porque están diseñadas para contener Bacillusthuringiensis (Bt), un patógeno tóxico para los insectos de la familia de los lepidópteros, incluido el llamado Taladro del maíz. En 2012 se cultivaron más de 120 hectáreas de maíz Bt en España – 19.5% más que en el año precedente – representando el 90 por ciento de los cultivos transgénicos de la U.E.
¿Por qué entonces dos países que comparten un mismo marco legal europeo, así como condiciones climáticas y edafológicas (de suelo), tienen puntos de vista diametralmente opuestos en esta cuestión?
Claves para entender el caso español
En 2005, la Comisión Europea realizó una evaluación de las tres principales provincias productoras de maíz Bt: Albacete, Lleida y Zaragoza. Mientras que los resultados muestran un rendimiento mayor de las cosechas, el estudio sólo muestra importancia estadística para una provincia, y todo el maíz Bt producido se destinó a la fabricación de piensos para animales.
La evaluación también reportó que el 30% de los agricultores continuaban aplicando insecticidas, aun cuando este tratamiento resultaba inefectivo. A pesar de que el estudio elogia dicho porcentaje como un logro, estos datos se deben contrastar con los recientes descubrimientos sobre el uso de pesticidas: en EEUU el uso de herbicidas aumentó aproximadamente un 7% después de quince años de cultivos Roundup Ready. Sin embargo, este porcentaje habría sido mucho mayor si “los insecticidas aplicados” contaran el patógeno Bt producido por las plantaciones transgénicas, tal y como proponen numerosos entomólogos.
Resulta interesante ver que los agricultores, al ser preguntados acerca de las razones para adoptar el maíz Bt, señalaron “reducir el riesgo de daños causados por las orugas en el maíz”, “obtener un mayor rendimiento”, y “mejor calidad de la cosecha”. Sin embargo, no existe evidencia científica alguna para creer que la tecnología OGM otorga ninguno de estos tres resultados. Además, el estudio no analizó factores que tienen un impacto directo en las tres respuestas proporcionadas, como pueden ser el tipo de suelo, la intensidad de la irrigación, las condiciones climatológicas o la integridad ecológica de los campos.
Los orígenes de la apertura de España a los transgénicos
En 1998, el gobierno español autorizó por primera vez dos variedades de maíz Bt 176, encomendando el proceso de biomonitoreo a las mismas compañías que habían creado dichas variedades. El cambio de gobierno en 2004, desde el espectro de la derecha a uno más de centro, hizo posible que se tuvieran en cuenta las voces de la sociedad civil, y de esta manera, un representante del sector medioambiental fue admitido en la Comisión Nacional de Bioseguridad.
Durante las reuniones del Consejo Europeo, el gobierno español pasó de respuestas “pro-OGM” a “abstención” en la mayoría de los casos. No obstante, es curioso constatar que los votos individuales de los Estados Miembros no son accesibles al público. Afortunadamente, los votos son registrados por ONGs, revelando la incoherencia española entre su posición neutral en instancias de la UE y sus políticas a nivel nacional: el mismo gobierno aprobó 14 nuevas variedades de maíz MON810 en julio de 2005, lo cual aumentó su número total a 40. A pesar de que las variedades de Bt 176 fueron suprimidas de la lista nacional de los transgénicos autorizados en 2005, hoy en día el número total de variantes transgénicas comerciales es de 116.
La diferencia entre los índices de cultivo de maíz transgénico entre Francia y España proviene, por una parte, de la baja movilización de las organizaciones sociales y del insuficiente debate público en España y, por otra parte, del apoyo del gobierno español a las compañías del sector.
En comparación con el caso francés, la débil movilización social en España podría tener su origen en las diferencias de composición sociológica y la historia rural de ambos países. A diferencia de España, Francia vivió el fenómeno de neo-ruralización después de mayo del 68, que desembocó en la creación de fuertes sindicatos agrícolas entregados a la protección de los derechos de los pequeños agricultores (por ejemplo, Confédération Paysanne).
Al mismo tiempo, la población rural española no es tan receptiva a adoptar principios agrícolas no convencionales como la agricultura orgánica, como lo es la francesa. A pesar de que numerosas regiones se han declarado libres de transgénicos, lo cual pone de relieve la desconexión entre el gobierno nacional y la población local, la tendencia productivista del sector agrícola sigue siendo clara, y ello incluye a los transgénicos.
Asimismo, cables revelados por WikiLeaks reflejan que, de acuerdo con Monsanto, el gobierno francés habría contravenido las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio al prohibir MON810 y que, en respuesta, la compañía exigiría compensación por medios judiciales. El gobierno español probablemente vio en ello una amenaza de posibles represalias en caso de seguir el camino de Francia.
Además, dichos cables mostraron que los diplomáticos estadounidenses trabajaban directamente para compañías como Monsanto, dedicadas a productos transgénicos, para así asegurar la adopción de éstos en España. “En respuesta a recientes y urgentes peticiones de [Ministro español de Asuntos Rurales] Josep Puxeu y Monsanto, se requiere la renovación del apoyo del gobierno de Estados Unidos a la postura de España en cuanto a la biotecnología agrícola con base científica, a través de la intervención del gobierno de alto nivel de Estados Unidos”.
También apareció que España y EEUU trabajaron estrechamente para persuadir a la UE de no fortalecer las leyes en biotecnología. En uno de los cables, la embajada de Madrid señala: “Si España cae, el resto de Europa la seguirá”.
Aprendiendo de España
La falta de requisitos y procedimientos transparentes para la adopción y desarrollo de transgénicos continúa siendo un problema tanto a nivel nacional como europeo. Mientras que los registros de transgénicos autorizados en ambos niveles siguen, en principio, abiertos al público, la información aparece limitada y muy técnica.
La falta de información que se proporciona a los agricultores sobre los efectos a largo plazo en la salud y en el medio ambiente tampoco es mera coincidencia. Las conclusiones de la evaluación mencionada anteriormente, indicadas como positivas, están basadas en el hecho implícitamente aceptado de que la información provista a los agricultores continúa siendo insuficiente, al menos en las áreas estudiadas.
La falta general de estudios científicos independientes también resulta llamativa. En lugar de llevarse a cabo por el CSIC (la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas), los estudios se elaboran primero por las propias compañías, tras realizar únicamente un test de 90 días, claramente insuficiente comparado con el periodo de dos años requerido para productos farmacéuticos.
Agencias gubernamentales o europeas pueden llevar a cabo más investigaciones a tal efecto, pero generalmente dichas agencias seleccionan la evidencia científica según su conveniencia e incluyen entre sus miembros a personas en clara situación de conflicto de intereses.
Además, la débil movilización social y el acallamiento de voces críticas provenientes de ONGs y de la sociedad civil han desempeñado un papel central en la rápida propagación de los transgénicos. Es más, el país ha sido deliberadamente convertido en dependiente de los subsidios agrícolas provenientes de Bruselas, lo cual ha dejado a las comunidades locales en situación de particular vulnerabilidad a las decisiones supranacionales, en cuyos foros tienen muy poca o ninguna voz. Esta situación no beneficia en modo alguno a los pequeños agricultores, pero resulta en cambio muy atractiva para las compañías transnacionales.
La connivencia de los poderes políticos con el sector privado, ya conocida antes de las revelaciones de WikiLeaks, fue también puesta en evidencia por los repentinos cambios de política de los ministros de agricultura antes y después de su elección. No se puede eludir la politización de la cuestión, pero lo que se necesita es una mayor y mejor información, transparencia y participación social para prevenir así decisiones parciales por parte de los agricultores, decisiones políticas orientadas al beneficio privado en lugar del común y el acallamiento de sectores sociales clave en este proceso.
Foto de portada: Corn Kernels por gun4hire, via stock.xchng
Ésta es una traducción por Patricia Diez de un artículo originalmente publicado en inglés en la revista Our World 2.0 de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU)
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