27/02/2020 BARCELONA

Nacho Eguiguren, autor en United Explanations

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El calentamiento global es una hecho innegable. Sin embargo, el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no opina lo mismo. El magnate se está rodeando de negacionistas del cambio climático y altos cargos relacionados con el entramado de la industria energética estadounidense. ¿Cuál es la política ambiental de Trump? ¿Quiénes son las personas clave de su equipo en esta materia? Te lo contamos todo.


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La industria del petróleo ha sabido impulsar el aparato productivo de Argentina durante casi 70 años, desde aquella lejana creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en 1922, hasta la privatización de esa misma empresa en 1992. Un proceso que fue extremadamente poco transparente y que incluyó sobornos en el Parlamento y falsos diputados votando a favor de la entrega de uno de los sectores estratégicos más importantes para el desarrollo de la nación.

Las empresas multinacionales avanzaron en el negocio de los hidrocarburos en toda América Latina dando paso a una nueva forma de colonialismo de la región. Argentina no se vio exenta de este proceso ya que sufrió el desembarco de empresas que operan a su antojo sobre el territorio bajo el ala protectora de los respectivos gobiernos.

La “innovación” que trajeron las grandes petroleras con su llegada a Argentina fue la técnica de extracción de hidrocarburos no convencional, que comúnmente se conoce como fracking o fractura hidráulica, y que fue vetada en países como Francia por ser altamente contaminante, de alto riesgo para la población y uno de los motores del calentamiento global.

Sede central de YPF en el barrio de Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina [Foto: Martin Barland vía WikimediaCommons].
Sede central de YPF en el barrio de Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina [Foto: Martin Barland vía WikimediaCommons].

El principio del fin

Durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, en la década de los ’90, Argentina se vio sometida a un proceso de privatizaciones que dejó al Estado debilitado ante el avance de las grandes compañías extranjeras. Con una industria nacional desmantelada que ya no contaba con un sector tan valioso como el de los hidrocarburos, la administración nacional dejó todos los recursos a los grandes capitales que venían de afuera, y lo único que logró fue aumentar el desempleo y la pobreza.

El gobierno de Menem hizo la vista gorda ante el vaciamiento que sufrieron las reservas de gas y petróleo de YPF, permitiendo que las empresas privadas se llevaran 5.000 millones de barriles de crudo para sus países. Esto afectó gravemente al autoabastecimiento que podía ostentar Argentina. Además, las promesas de inversiones que hicieron las corporaciones brillaron por su ausencia, ya que Repsol, que era la accionista mayoritaria de YPF, se llevó de Argentina el 95% de sus ganancias.

Miles de poblados que nacieron al calor del crecimiento de la petrolera estatal se convirtieron, de pronto, en pueblos fantasma a causa del éxodo a las grandes ciudades. Al mismo tiempo, los trabajadores desocupados fundaron el movimiento piquetero que, a través de cortes de rutas, pedían una solución laboral para esta etapa de flexibilización que estaban atravesando.

La ley del negocio y la apropiación del agua

¿Representa el fracking una nueva etapa de la guerra por el petróleo? Muchos expertos opinan que sí. Un pionero en la materia fue Estados Unidos que, ante la situación de dependencia externa de petróleo y gas, decidió implementar el fracking como modo de extracción que garantizara el abastecimiento. Por eso en EE.UU. se habla de “independencia petrolífera”. Sin embargo, las consecuencias de esta “independencia” son terribles: terremotos, inundaciones, agua contaminada, sequías y destrucción de la flora fueron sólo algunas de las mismas.

Tanques de agua preparados para el proceso de fracturación hidráulica de terreno [Foto: Joshua Doubek vía WikimediaCommons].
Tanques de agua preparados para el proceso de fracturación hidráulica de terreno [Foto: Joshua Doubek vía WikimediaCommons].

La técnica de extracción de hidrocarburos no convencionales consiste en una perforación de 4.000 metros de profundidad, aproximadamente, hecha de forma vertical y horizontal, que atraviesa la roca madre que luego se vuela con explosivos. Una vez superado este proceso, se rellenan las zonas perforadas con agua, arena y más de 600 sustancias químicas que hacen aflorar el gas  que está impregnado en la roca. ¿Cuál es el problema? Que estos productos químicos, y el propio gas, migran hacia las reservas de agua, lagos o ríos próximos produciendo una contaminación irreparable para los pueblos aledaños.

En Argentina, la primera explotación en la se utilizó la técnica de fractura hidráulica se ubicó en territorio del poblado Mapuche, un pueblo originario de la provincia de Neuquén que denunció sobornos por valor de 13.000 pesos argentinos para no hablar de la contaminación producida por la petrolera Apache. El coste ambiental que deja el fracking en las provincias andinas es catastrófico.

Los vecinos de la zona dicen que “el agua potable parece aceite, es imbebible.”

Por ejemplo, cogiendo el caso del agua potable, vemos que las grandes compañías que explotan este negocio consumen un total de 30 millones de litros al día. Si comparamos esta cifra con los datos de la Organización Mundial de la Salud, que calcula que una persona consume, por diversas vías, cerca de 50 litros de agua por día, vemos que las grandes petroleras utilizan el agua que podría abastecer a 600 mil habitantes en un día. Teniendo en cuenta que la población de la provincia de Neuquén sufre de restricciones de acceso al agua y que su población total es de 620 mil ciudadanos, vemos que el 98% de las personas de ese distrito podrían acceder a este indispensable recurso sólo con lo que consumen las empresas que utilizan el fracking.

Por otra parte, la empresa responsable de limpiar las reservas de agua de estas compañías es propiedad del ex Ministro de Energía neuquino, Guillermo Coco, lo que pone en evidencia que la política es parte del negocio de la destrucción ambiental que sufre Argentina. Esto también se hace patente con el hecho de que las petroleras no pagan el agua que gastan, pues este coste es subsidiado por el Estado. Un negocio redondo entre empresas y el poder político.

Otro de los graves problemas que se generan es el éxodo de campesinos que, ante la contaminación de las aguas con la que riegan sus cultivos, se ven obligados a abandonar sus campos e irse a buscar suerte a las ciudades. Este es el caso del que hablábamos anteriormente, el de los agricultores de las inmediaciones del Rio Negro que fue contaminado por la empresa Apache.

El modelo energético de los Kirchner

La falta de inversiones tan prometidas por las corporaciones extranjeros generó una crisis energética que se ha convertido en un verdadero obstáculo para el desarrollo industrial de Argentina. Así, hoy Argentina no tiene una estructura energética capaz de soportar una industria avanzada.

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El matrimonio Kirchner, impulsores de una política de crecimiento del consumo energético [Foto vía WikimediaCommons].

Una vez que Néstor Kirchner asume la presidencia, en 2003, se vivió un proceso de crecimiento del consumo energético que, por el contrario, no se vio acompañado de políticas para recuperar la industria petrolera. A su vez, Kirchner prolongó las privatizaciones por 25 años, incluyendo el principal yacimiento del país, Cerro Dragón. Así, el negocio de las empresas siguió con un posicionamiento territorial arrollador.

Al mismo tiempo, no se avanzó en la explotación de energías renovables y menos contaminantes. Algunos académicos afirman que Argentina, en energías renovables, tiene el potencial de 3.000 centrales nucleares, pero seguir esta senda energética sería ir en contra de los intereses empresariales ya que los molinos eólicos o las fuentes de energía biomasa son parte de su competencia y pueden incluso ser administradas por pequeñas cooperativas.

A modo de ejemplificación vemos que, en el sur, Argentina cuenta con vientos de hasta 130 km/h, lo que supone una fuente de energía eólica muy importante. Mientras, en el norte, existe la región puneña capaz de abastecer de energía solar a gran parte de la población nacional. Por otra parte, el país cuenta con mares y ríos para explotar la energía mareomotriz. Sin embargo, el gobierno quiere seguir explotando la técnica del fracking, la opción que está arrasando el medio ambiente del país.

En 2013, la entonces presidenta Cristina Kirchner decide expropiar el 51% de YPF, lo que representa sólo el 16% del mercado interno. Cifras muy bajas para los volúmenes de dinero que se manejan, y más si hablamos de un recurso fundamental para la industria. Esta expropiación le costó 8.000 millones de dólares al Estado argentino para resarcir a Repsol.

No obstante, el neocolonialismo sigue presente, pues la ahora estatal YPF firmó un acuerdo con Chevron, una petrolera que fue expulsada de Ecuador por graves problemas ambientales en la selva amazónica. Chevron va a explotar el yacimiento Vaca Muerta, en Neuquén, a través del fracking. Este es el ejemplo de una continuidad del modelo extractivo que aparta el potencial de las energías renovables y persiste en la destrucción ambiental.

Actualmente, bajo el gobierno de Mauricio Macri, el Ministro de Energía es Juan José Aranguren, que fue el presidente de Shell en el país. Es decir, la persona que hace 10 meses representaba los intereses de una gran petrolera extranjera, ahora tendrá que defender los intereses de la petrolera estatal. Esto es, cuanto menos, digno de sospecha.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.


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Las grandes corporaciones encontraron en América Latina en general, pero en Argentina en particular, una tierra hecha a su medida: Grandes recursos naturales para explotar, un lugar donde poder maximizar sus ganancias económicas y, sobre todo, un puñado de gobiernos dispuestos a hacer la vista gorda ante la depredación ambiental que llevan a cabo las multinacionales. Un combo que entusiasma a cualquier empresario.

Con este panorama, Argentina profundizó su modelo económico extractivo que, en el último tiempo, deterioró el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes con prácticas tales como la megaminería a cielo abierto en sus provincias andinas, la producción de alimentos transgénicos en sus tierras fértiles, la fracturación hidráulica o fracking en sus grandes reservas petroleras y la contaminación industrial totalmente desmedida en las zonas urbanas.

El desembarco de grupos multinacionales se dio bajo la promesa de grandes ganancias económicas para la población y para el Estado. Pero rápidamente esa teoría se echó por tierra al ver las grandes consecuencias que ello tenía para el ecosistema, lo que motivó a los vecinos de las ciudades afectadas a organizarse en asambleas de lucha popular ante una clase política cómplice que decidió callarse.

Megaminería: Negocio para muy pocos

Los empresarios mineros y los funcionarios que impulsan ese negocio conocen la época en la que en Argentina gobernó el matrimonio Kirchner (2003-2015) cómo “la década minera”, ya que hubo una proliferación de explotaciones en toda la zona cordillerana. En 2002 había 18 proyectos en el país, mientras que para 2014 ya había cerca de 600 bases mineras que, entre otras cosas, gastan 10 millones de litros de agua potable por día para realizar su trabajo.

Maquinaria pesada trabajando en una mina abierta [Foto: Alfredo Valadez Rodríguez vía La Jornada].
Maquinaria pesada trabajando en una mina abierta [Foto: Alfredo Valadez Rodríguez vía La Jornada].

En estas grandes explotaciones de recursos naturales, los grupos económicos multinacionales como la estadounidense Barrick Gold o la Osaka Mining Corporation gastan cerca de 100 toneladas de explosivos por día para extraer los minerales que necesitan. Por ejemplo, por cada gramo de oro que obtienen generan 4 toneladas de escombros, provocando una destrucción irreparable de la Cordillera de Los Andes. Además, cometen graves abusos respecto de los pequeños poblados aledaños que, ante este marco, han fundado cerca de 50 asambleas vecinales para pedir el cierre de las minas.

El desastre ambiental que llevan a cabo estas corporaciones logra dimensionarse si se tiene en cuenta que, en septiembre de 2015, la empresa Barrick Gold volcó, sin darse cuenta (según la propia empresa), cerca de 1.000 millones de litros de agua cianurada al Río Jáchal en la provincia de San Juan. Al cumplirse un año de ese hecho ha habido un segundo derrame, lo que ha provocado movilizaciones vecinales para exigir respuestas políticas ante la contaminación de un río que abastecía de agua y recursos a buena parte de esa provincia andina.

Ante este segundo derrame de cianuro, el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, no pudo hacer oídos sordos a los reclamos populares (como sí hizo en ocasiones anteriores) y decidió multar a la empresa con 9 millones de dólares y paralizar la mina Veladero. Sin embargo, un mes después, empezó a funcionar de nuevo con la excusa de que la minería genera el 34% del PIB de esa provincia. La pregunta es: ¿A que coste genera la minería el 34% del PIB de San Juan? Al de la destrucción total del medio ambiente y la calidad de vida de cientos de poblados.

Para colmo, a principios de año, el actual presidente, Mauricio Macri, quitó a las mineras la obligación de pagar la irrisoria suma del 3% de las regalías, lo que hace que el Estado deje de recibir cerca de los 8.000 millones de pesos argentinos que aportaba ese sector. Lo cierto es que, además de recibir incontables beneficios impositivos, las mineras tienen subsidiadas las tarifas de electricidad, agua, gas y combustibles para el transporte que utilizan.

Ante esta situación, la mano amiga del gobierno es aún más desesperanzadora. Eso lo saben los activistas antiminería que delante de cada movilización reciben la represión de un sector de la policía provincial destinado a “monitorear” los movimientos contrarios a la megaminería. Y cada uno de estos episodios de represión policial deja ver la complicidad de un Estado que, lejos de estar del lado de las asambleas populares, las reprime con balazos de goma.

Parex Klaukol: la contaminación que controla el Estado

Parex Klaukol, una empresa propiedad de Parex Group (con sede central en Francia), es una de las corporaciones líderes en la fabricación industrial y venta de productos para el sector de la construcción. Una de las plantas en la que Parex Klaukol produce para toda América del Sur se ubica en el municipio de La Matanza, en Argentina. Allí, la empresa lleva realizando su trabajo desde finales de la década de los ’70.

A pesar de sus abusos, no fue hasta el año 2009 que los vecinos comenzaron a denunciar la fábrica, por vía penal, por la contaminación que produce en el lugar, que ya ha causado cerca de 70 muertes en un radio de 1 kilómetro a la redonda. Lo que despertó la inquietud de los habitantes del barrio La Merced fue que explotó una tolva que dejó las casas bajo cenizas durante 3 días.

Imagen que expone una crítica a Parex Group, multinacional acusada de provocar enfermedades a gran escala como consecuencia de la contaminación producida por su actividad industrial [Foto: ParexKlaukol contamina en La Matanza vía taringa.net].
Imagen que expone una crítica a Parex Group, multinacional acusada de provocar enfermedades a gran escala como consecuencia de la contaminación producida por su actividad industrial [Foto: ParexKlaukol contamina en La Matanza vía taringa.net].

Las cenizas y las partículas que salen diariamente de las chimeneas de Parex Klaukol no son más que restos de elementos elaborados con fungicidas, pesticidas y demás productos químicos altamente contaminantes. Estos productos producen cáncer y graves enfermedades respiratorias y dermatológicas que los vecinos vienen denunciando, sin recibir respuesta de la justicia o del poder político. Por otra parte, los remedios para curar esas patologías tienen un coste muy elevado teniendo en cuenta que las familias de la zona son de clase obrera y que no reciben medicamentos del sistema de salud pública.

Una vez esta causa se llevó ante la justicia, se realizó un estudio en el que se sometió a 30 chicos de 5 años a análisis hematológicos. El resultado fue que los 30 tenían metales pesados en sangre. Ante esto, los peritos judiciales que intervinieron en la causa confesaron a los vecinos que el lugar es inhabitable, y los denunciantes afirman que les dijeron que estaban en una “cámara de gas” donde poco a poco se iba a ir deteriorando el panorama ambiental. Un ejemplo de eso es que el agua potable de las cercanías de la planta de Parex Klaukol cuenta con 16 metales pesados.

Con toda esta contaminación confirmada en los estudios judiciales, ¿por qué el Estado no hace nada? ¿Por qué las empresas hacen lo que quieren? Este no es más que otro caso de complicidad del poder político con los grandes grupos empresariales.

Ante la inacción judicial, la asamblea de vecinos empezó a hacer acampadas en la puerta de la fábrica y como respuesta recibieron amenazas por parte de la empresa. Una de las principales voces opositoras a la multinacional francesa, Susana Aranda, denunció cerca de 30 amenazas. En la última ocasión, fue intercedida por un grupo de personas que le pusieron un revólver en la cabeza y la obligaron a tragarse varias pilas de relojes que le produjeron severos daños en su salud.

Hay que tener en cuenta que como la sede central de Parex Klaukol se ubica en Francia, allí recibe severos controles ambientales por parte del Estado. Ante esta situación, ¿cuál fue la estrategia de la empresa? Externalizar la producción a un país periférico de América del Sur donde el Estado no ejerce estos controles.

Monsanto y la invasión de los transgénicos

El agronegocio y la producción de alimentos es un capítulo más de la política extractiva, rentista y conservadora que se viene imponiendo a lo largo de Sudamérica bajo el paraguas de grandes corporaciones, como Monsanto, que lo único que hacen es llevar a cabo una depredación ambiental inaudita. Esta expansión se ha llevado a cabo a través del avasallamiento de pueblos originarios y a la destrucción de bosques nativos para expandir la frontera del monocultivo de transgénicos como la soja, el maíz y la caña de azúcar.

Símbolo de protesta contra la empresa Monsanto, líder del cultivo de transgénicos en Argentina [Foto: Daniel Lobo vía Flickr].
Símbolo de protesta contra la empresa Monsanto, líder del cultivo de transgénicos en Argentina [Foto: Daniel Lobo vía Flickr].

En Argentina se produjo un modelo de producción a gran escala con semillas modificadas genéticamente con el objetivo de resistir al herbicida que la acompaña este modelo productivo, el glifosato. Ahora, ¿quién produce la semilla transgénica? Monsanto. Y, ¿quién produce el herbicida con glifosato? Monsanto. Es decir, Monsanto produce las únicas semillas que resisten al herbicida que la misma empresa produce. Un negocio redondísimo. Aunque no tanto para el país ya que las tierras donde se produce la soja quedan improductivas.

Hoy, Argentina tiene 20 millones de tierras cultivadas con soja y maíz que luego se vende a China para alimentar a sus animales, pero parte se consume en el mercado interno en forma de harinas y demás productos muy nocivos para la salud humana. Para seguir con el negocio, Monsanto ya tiene preparado un portafolio de distintos tipos de productos para avanzar en el campo de las frutas y hortalizas: berenjena, tomate, vid, papaya y otras, además de la patata, que ya fue lanzada al mercado

Ante esto, empiezan a surgir muchas marchas populares para detener la producción de transgénicos y dar lugar a un modelo de producción y consumo de productos orgánicos como los que se comen en Rusia, Canadá y Hungría, entre otros países.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.



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