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Los Cascos Azules de la ONU, una institución con una reputación agridulce recordada tanto por sus logros como por sus fracasos, se ve nuevamente empañada por las críticas y el escándalo. A lo largo de las últimas décadas, los Cascos Azules han aparecido en titulares sobre casos de corrupción y abusos sexuales en los que, en lugar de ser los defensores de las víctimas, son más bien los perpetradores de tan horrendos crímenes.

Esta institución, encargada de resguardar los derechos de población civil en misiones esparcidas a lo largo del mundo, evoca todo tipo de imágenes y opiniones ya que su rol como defensores con mandato limitado no deja de ser controversial y objeto de críticas. Hay quienes recordarán cascos azules patrullando durante ceses al fuego como el de India y Paquistán; otros que recordarán con pesar a Dallaire mientras imploraba, sin éxito alguno, un cambio de mandato para su misión en Ruanda en 1994 (Wheeler, 2000); algunos pensarán en los Cascos Azules mientras se retiraban, dudosos, de Srebrenica; y aún otros tal vez recordarán como Kofi Annan, como Líder de Operaciones de los Cascos Azules y luego como Secretario General de la ONU, discutía la necesidad de poder tener intervenciones que por motivos humanitarias puedan ser legítimas en su ilegalidad.

Para muchos la intervención humanitaria representa un dilema de entrada, pues el intervenir en un conflicto necesariamente implica violar la soberanía del Estado a ser intervenido El peso de la justificación suele recaer en las atrocidades y violaciones a los derechos humanos en ese Estado que no quiere o puede defender a sus ciudadanos (Chesterman, 2002). Son estas situaciones de conflicto en que terceros actores son necesarias para resguardar la paz, donde se envían a los Cascos Azules. Su rol ha ido evolucionando, con mandatos determinados por la seriedad del conflicto aunque no es el mandato en sí el foco de esta pieza sino el respeto a la  naturaleza del mismo.

Estudios apuntan a que el nivel de conflictos activos y el uso de violencia letal han disminuido en relación a las últimas décadas, y que mucho de esta “cultura de paz” emergente se puede atribuir a las Naciones Unidas como institución integrante del régimen internacional y a los Cascos Azules en roles de crear, mantener y  construir paz (peace-making, -keeping, -building). Después de todo, si ya vamos a intervenir en un conflicto, ¿no deberíamos asegurarnos de que dicha intervención sirva de algo?

Es justamente por eso que los últimos titulares erosionan aún más la ya desgastada reputación de la institución. Blanco de muchas críticas, hoy los Cascos Azules se ven nuevamente envueltos en un escándalo. Estos soldados cuya razón de existir es la protección de Derechos Humanos, encabezan misiones en las que se han convertido en violadores de los mismos. Existen alegaciones alrededor del mundo que apuntan a los cascos azules como culpables de tráfico de alimentos, violaciones, agresión sexual, abuso e incluso prostitución. No es la primera vez que escuchamos algo parecido, ya durante el conflicto en Kosovo, Bosnia y Haití se elevaron voces críticas con similares acusaciones pero de los juicios posteriores se publicó poco.

En Haití, estudios apuntaron a los Cascos Azules como los responsables de la crisis  y posterior epidemia de cólera que sacudió al país luego del terremoto en 2010 que dejó un saldo de aproximadamente 200 mil víctimas. Un estudio financiado por Médicos sin Fronteras estima que la cifra de 9 mil muertos que sucumbieron al cólera es extremadamente conservadora y que la cifra real es probablemente mucho más alta que la reportada por cifras oficiales (Luquero et al., 2016).

La organización Human Rights Watch ha emitido varios informes donde se acusa a los Cascos Azules de la misión de la ONU en República Centroafricana de haber abusado sexualmente de “al menos ocho niñas y mujeres entre octubre y diciembre 2015”. La ONG continúa recopilando acusaciones en ese país ya que serían tantas que incluso se habla de “peacekeeping babies”, hijos de Cascos Azules y las niñas que violaron, sin mención de qué medidas se van a tomar para que estas víctimas de abuso sexual puedan sacar adelante a esos niños que no planificaban tener en sus vidas y desde luego no de esa forma. La misión de paz llegó a República Centroafricana en medio de una guerra con fuertes tintes religiosos en el 2013 y continúa en el país, a pesar de existir un record de 42 soldados formalmente acusados de abuso sexual, sólo uno ha sido imputado criminalmente.  Las acusaciones contra los Cascos Azules de República Democrática del Congo en el país son tantas que las Naciones Unidas le pidió al país que retire al contingente entero.

Para sumarle a las desgracias, durante junio 2016 se inició una investigación interna para explorar alegaciones de tráfico de alimentos que involucraban a la misión de Cascos Azules en Líbano ya que raciones de comidas destinadas a la Fuerza Interina de la ONU para Líbano (UNIFIL) han sido ubicadas en estanterías y mercados lo que parecería sugerir que existe una red de reventa de alimentos cuyos ingresos estarían serían de alrededor de cuatro millones de euros a lo largo de los últimos cinco años. Human Rights Watch también ha reportado incidentes de tortura y desaparición forzada a ciudadanos congoleses en los que aparecen Cascos Azules involucrados.Tales informes son especialmente dolorosos en situaciones donde el modus operandi de grupos armados es la depredación de civiles, y resulta absolutamente inesperado, por no decir impresentable, que personal de las Naciones Unidas se sume a la rapiña y al despojo.

En cuanto al abuso sexual por parte de las misiones de paz de las Naciones Unidas, la situación es tan seria que ha merecido una resolución por parte del Consejo de Seguridad en marzo del presente año que incluye una serie de recomendaciones emitidas por el Secretario General. La Resolución pide repatriar a las unidades envueltas en alegaciones de abuso sexual cuando existe evidencia fiable de explotación o abuso sexual amplio y sistemático, así como el reemplazo de las unidades de países perpetradores cuando los países se nieguen a investigar procesos de responsabilidad y accountability local para dichos perpetradores, entre otras cosas. Resulta curiosa la tibieza de la resolución frente al incremento de alegaciones de abuso durante el 2015 (Resolución A/70/729 Asamblea General ONU), hasta el punto que una de las recomendaciones (y no un requisito o exigencia) sea que el Alto Comisionado de Derechos Humanos  incluya las alegaciones de abuso sexual en sus informes. La labor de castigar el abuso recae en el Estado y en su voluntad de investigar y penalizar a los soldados involucrados, que al ser militares podrían incluso terminar enfrentándose cortes militares. Países como Holanda llevaron a cabo rigurosos informes para investigar y penalizar a sus Cascos Azules  en Srebrenica, hecho que se llevó a las cortes y que terminó con la dimisión del gabinete holandés durante el 2002. Canadá, por ejemplo, estudia el ofrecer compensación a las víctimas de abuso por parte de soldados canadienses, aunque de los cinco acusados, dos acordaron ser retirados de sus funciones voluntariamente para escapar medidas más severas.

Con dieciséis misiones activas alrededor del mundo una institución que puede hacer maravilloso bien e inmenso mal, encargada de velar por la paz mundial y los derechos humanos, donde mínimas equivocaciones, dudas y demoras en actuar pueden tener efectos a largo plazo debe tomarse la crudeza de estas alegaciones muy en serio pues la legitimidad del sistema internacional cuenta con ello.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.