“Desde el año de las primaveras árabes (2011) la mayoría de las personas (apróximadamente el 80%) que intentan entrar al viejo continente no son migrantes sino refugiados” que huyen, en su mayoría, de Siria, Irak, Somalia, República Centroafricana o Eritrea, declaraba en la SER Gil Arias, director adjunto de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex), en diciembre de 2014. Sin embargo, a veces parece que tanto a políticos como a medios de comunicación les cuesta verlo y, por ende, la ciudadanía se hace una imagen equívoca de la verdadera situación migratoria de Europa en general y España en particular.
Si bien en 2014 se producía un repunte de los movimientos migratorios hacia Europa, el discurso alarmista del Gobierno de Mariano Rajoy y algunos medios españoles, que hablan de avalanchas o asaltos masivos, se aleja bastante de la realidad española. Según Frontex, nuestro país ya no es una de las principales entradas al continente, sino que ha caído al quinto lugar, por detrás de Italia, Grecia, Bulgaria y Hungría. Gil Arias reconoce que el incremento de inmigración, sobre todo en Ceuta y Melilla, “ha sido muy ligero”.
Es más, según Accem, las entradas irregulares a través de las ciudades autónomas supone un 3,9% del total, mientras que la presión migratoria española solo significaría un 9% de las entradas irregulares a la UE.
A pesar de la creencia generalizada, Frontex afirma que la mayor vía de acceso de inmigración irregular a la Unión Europea se realiza a través de los aeropuertos con visado de turista. Sin embargo, no existe un dato oficial actualizado del número de entradas por vía aérea -las ONG recuerdan que el último balance (2013) del Ministerio del Interior sobre la lucha contra la inmigración irregular omite esta información-, aunque la Red Acoge en su proyecto “Stop Rumores” afirma que el porcentaje de personas que llegan a España así asciende al 62,7%.
¿Qué ocurre una vez en España?
De acuerdo a la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000, la persona migrante se puede encontrar con la expulsión, la denegación de entrada o la devolución.
- La expulsión es una sanción administrativa que se aplica a personas extranjeras que cometen una infracción grave o muy grave como, por ejemplo, carecer de permiso para estar en el territorio nacional.
- La denegación de entrada es una decisión administrativa sin carácter de sanción que prohíbe el acceso a aquellas personas extranjeras que intentan acceder al país a través de un puesto fronterizo sin autorización o visado.
- La devolución supone hacer regresar al punto de origen a las personas que intentan acceder al país de manera ilegal, es decir, por puestos fronterizos no habilitados. La devolución no está exenta de garantías: la persona tiene derecho a asistencia jurídica y de un intérprete.
Con la nueva ley de Seguridad Ciudadana se legaliza una nueva modalidad de control de entrada de personas a Ceuta y Melilla. Los grupos de personas detectados intentando saltar las vallas podrán ser rechazados directamente para evitar su entrada.
CIE, CETI Y CAR
Una vez en territorio español, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) o Centros de Acogida a Refugiados (CAR) les aguardan.
En España existen diez CIE donde se interna a las personas, un máximo de 60 días, mientras esperan ser expulsadas. Según el Ministerio del Interior, están dotados de servicios de asistencia social y sanitaria, y ONG y organismos internacionales pertinentes pueden visitar los centros. Sin embargo, existe un rechazo social representado por diferentes organizaciones pro derechos humanos y movimientos ciudadanos, sobre todo desde que en 2012 la ONU condenara a España por “detención arbitraria, discriminación racial y torturas en el CIE del madrileño barrio de Aluche”.
Según el informe “Situación de los CIE en España: conversaciones junto al muro” de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), la normativa de los centros de internamiento no siempre se cumple. Por ejemplo, no siempre se informa a los jueces en el caso de que halla incidentes sino que es la propia policía del centro quien “se constituye en juez y parte de los hechos, sin un control judicial efectivo”.
Existe, según denuncian CEAR y Amnistía Internacional, una vulneración sistemática de los derechos de las personas migrantes: no reciben la información ni la atención médica adecuada, tampoco se cumplen los requisitos de ocio e higiene que deberían estar garantizados; se han llegado a registrar casos de malos tratos y tortura en los centros de Madrid y Valencia.
Los CETI son “dispositivos de primera acogida” que ofrecen servicios y prestaciones sociales básicas a quienes llegan a las ciudades autónomas. Tanto la Defensora del Pueblo como la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), la representación del ACNUR en el Estado español y el Relator especial de las Naciones Unidas han expresado su inquietud por la situación de los internos, que se enfrentan a situaciones de racismo, xenofobia, discriminación racial y otras formas de intolerancia. Las personas migrantes que llegan a Ceuta y Melilla, durante su estancia en estos centros, se encuentran en un limbo sin saber qué será de ellas ni en qué momento llegarán a detenerles para enviarles a los CIE y expulsarles.
Los CAR están pensados para prestar “alojamiento, manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria” a las personas solicitantes de asilo. Están orientados a la integración social de las personas que puedan obtener la condición de refugiado o desplazado en España y que “carezcan de los medios económicos para atender sus necesidades y las de su familia”.
Pero aquí no se acaba todo. ¿Podrán solicitar asilo? ¿Serán capaces de conseguir un permiso de residencia? El largo viaje de la inmigración irregular no acaba al llegar a nuestras fronteras. Nueva incógnitas y obstáculos se interponen entre estas personas y su tan ansiada nueva vida.
Infografía cortesía de Proyecto PROXI – Proyecto Online contra la Xenofobia y la Intolerancia en Medios Digitales
Ésta es una explicación sin ánimo de lucro
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