Álvaro González Rodríguez
En noviembre de 2017, Bangladesh y Myanmar llegaron a un acuerdo para el retorno de la población rohinyá. El tratado ha sido objeto de numerosas críticas y la situación de esta comunidad no ha hecho más que empeorar.
Noviembre de 2017. Tras un tenso debate entre el Gobierno de Myanmar y su homólogo bangladesí, se logró llegar a un acuerdo para la repatriación del pueblo rohinyá y su vuelta a casa.
Los rohinyás son un grupo étnico musulmán originario del estado de Rakhine, en Myanmar, que históricamente ha sido objeto de persecución, discriminación y exclusión legal dentro del país.
El acuerdo, que pretendía entrar en vigor en enero de 2018, ha sido objeto de múltiples críticas desde su misma concepción por todo tipo de personalidades y entes políticos de la comunidad internacional, sobre todo por no ofrecer garantías a los refugiados cuando retornasen a su país de origen. La directora de Amnistía Internacional para los Derechos de los Refugiados y Migrantes llegó a calificar el acuerdo como “impensable” y afirmó que no podría existir un retorno seguro mientras “persista un sistema de apartheid”.
The Guardian cifraba la cantidad de rohinyás que, desde agosto hasta noviembre, habían cruzado la frontera de la antigua Birmania hacia Bangladesh en un total de 620.000 personas. El objetivo del acuerdo era que todos esos refugiados retornasen a sus hogares, pero ¿se ha conseguido dicho objetivo? ¿Cuál es la situación social de los rohinyás en Myanmar en pleno 2026?
2017: el comienzo de la barbarie
Los rohinyás son un grupo étnico musulmán cuya existencia previa a la persecución constaba como una minoría étnica relevante en Myanmar. Pese a que en la actualidad el tema haya adquirido una mayor relevancia pública, la comunidad en cuestión ha sido objeto de represión y persecución sistemática desde los años 70, como la aprobación de la Ley de Ciudadanía de 19823, la cual reconoce la existencia de 135 grupos étnicos en Myanmar excluyendo, de forma deliberada, a los rohinyás. No fue hasta 2017 cuando el asunto copó las portadas internacionales: más de 600.000 personas abandonaban su hogar en cuestión de semanas y se dirigían hacia Bangladesh.
A partir de ese año, comienza lo que la ONU califica como una limpieza étnica, con cientos de miles de desplazados y decenas de miles de muertos. Es tal la magnitud del fenómeno que el periodista y escritor Alberto Masegosa llegó a redactar que “desde el genocidio del Jemer Rojo en la década de los setenta del siglo XX en Camboya no se había visto nada igual en el sudeste asiático”.
En el mismo artículo, Masegosa llega a comparar la estrategia de exterminio del pueblo rohinyá con la llevada a cabo por la Alemania nazi para poner en perspectiva el nivel de persecución y represión llevado a cabo por las autoridades birmanas.
La realidad, si se trata de buscar estadísticas, es que los acuerdos que se firmaron en 2017 no han surtido ningún tipo de efecto en cuanto al retorno del pueblo rohinyá a su hogar; de hecho, este pueblo no ha hecho más que disminuir dentro de Myanmar. La ONU ya cifra en 1,2 millones el número de desplazados rohinyás en Bangladesh, y lo califica como “mayor asentamiento de refugiados del mundo”. Las dinámicas poblacionales avalan esta afirmación de la ONU.
Amnistía Internacional estableció que en Myanmar vivían 1,1 millones de rohinyás para el año 2017. En la actualidad, el Gobierno del Reino Unido establece que ya solo viven en torno a 500.000 rohinyás en Myanmar.
Una ineficacia consciente y una población más que vulnerable
Estamos hablando de que, en nueve años, se han desplazado o han fallecido un total de 600.000 personas, y únicamente en Bangladesh ya viven 1,2 millones de desplazados rohinyás, unos números que no muestran de forma exclusiva la brutalidad del conflicto, sino la total y absoluta ineficacia del tratado firmado por Myanmar y Bangladesh.
Esta ineficacia radica en varias causas. La primera y más evidente es la total falta de garantías para la repatriación de los rohinyás. La declaración de la UE realizada el 24 de marzo de 2026 establecía que la repatriación no cumplía con los estándares de seguridad, voluntariedad y sostenibilidad necesarios para darse de forma efectiva, por lo que el legítimo terror del pueblo a empeorar su ya maltrecha condición social imposibilita la vuelta a sus hogares.
El pueblo rohinyá quiere volver a su hogar, pero no a cualquier precio; quiere que se cumplan unas garantías mínimas tanto en el viaje como en la llegada que no pongan en peligro su existencia y futuro.
No se ha establecido ningún cauce legal efectivo para que los rohinyás consigan un retorno seguro y con garantías a su país, lo cual muestra la evidente desgana del Gobierno de Myanmar a la hora de ofrecer soluciones que aboguen por la paz y que pongan fin a la limpieza étnica perpetrada.
Además de la falta de garantías para la repatriación de los rohinyás, otro de los motivos que imposibilitan su retorno es la Guerra Civil Birmana y cómo Myanmar está utilizando a la población rohinyá en este conflicto. El enfrentamiento comenzó cuando, pocos meses después del golpe de Estado en Myanmar de 2021, tras una serie de protestas contra el Gobierno golpista, acabó desencadenando un enfrentamiento entre el ejército y las guerrillas opositoras al régimen. El Gobierno de Myanmar, que sigue ostentando el poder pese a haber perdido el control de cierta parte de su territorio, está completamente desbordado y ha recurrido al reclutamiento forzoso de población rohinyá. Naciones Unidas, en un reporte de septiembre del pasado año, ya denunciaba este reclutamiento forzoso por parte del Estado birmano, además de recopilar las graves violaciones de derechos humanos que se estaban perpetrando.
El mismo Estado que les expulsa y que quiere acabar con su existencia, les pretende reclutar de forma forzosa para librar una guerra contra sus opositores políticos.
Tanto la ineficacia de los tratados y su respectiva falta de vías efectivas para asegurar el retorno de los rohinyás a [un país que les oprime y desea acabar con su existencia, como el estado de guerra civil en el que se encuentra Myanmar y el uso de los rohinyás como carne de cañón imposibilitan la repatriación de esta comunidad]. El drama humano que supone esto se representa en los 1,2 millones de rohinyás que se han establecido como refugiados en Bangladesh, y que ven cómo el Estado del que forman parte pretende acabar con su existencia.
El tratado de 2017 ha fallado, como también lo han hecho sus posteriores intentos de corrección.
La conducta del Estado no parece encaminada al fin del genocidio ni al respeto del Derecho Internacional, por lo que el fracaso en esta “operación retorno” deja a un millón de personas desamparadas y con un futuro nada prometedor en el corto y largo plazo.
La comunidad internacional debe dar una respuesta a la altura y ofrecer soluciones a los rohinyás ante la situación en la que se encuentran. Debe establecer medidas claras y rígidas para con el Estado de Myanmar y, específicamente, su Gobierno, que ha encontrado en la Guerra Civil Birmana la última herramienta para acabar con la comunidad rohinyá.
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