23/09/2017 BARCELONA

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La región occidental de Darfur, situada en Sudán, es una zona de amplios ataques violentos cuyo conflicto actual se remonta al año 2003. Este conflicto militar se originó por causas raciales entre los yanyauid, un grupo de milicianos formados por miembros de las tribus Baggara de los Abbala —criadores de camellos de etnia árabe—, y los pueblos de raza negra, no Baggara, principalmente agricultores.

Hasta el momento, el conflicto había causado desplazamientos a gran escala de personas que huían de la violencia, las altas tasas de muertes, las enfermedades, la interrupción de los medios de subsistencia y la malnutrición. Los desplazados buscaban refugio en los países vecinos, principalmente en Etiopía, Kenia, Sudán y Uganda; pero, recientemente, un informe de Amnistía Internacional (AI) declara que, como mínimo, el gobierno sudanés puede haber cometido hasta 30 ataques con armas químicas desde el mes de enero en la región de Jebel Marra y, posiblemente, entre 200 y 250 personas podrían haber muerto.

La investigación de Amnistía Internacional

Mapa de Sudán [Foto: CIA vía Wikimedia Commons]
Mapa de Sudán en el que se puede apreciar la región del Darfur al oeste del país [Foto: CIA vía Wikimedia Commons].

La investigación de AI ha recogido pruebas del uso reiterado de presuntas armas químicas contra civiles a través de la utilización de imágenes por satélite, entrevistas con supervivientes y expertos que analizaron las imágenes de las lesiones sufridas por la población. Entre los síntomas que presentaron muchos de los supervivientes tras el ataque, y que llevaron a pensar que era una reacción a las armas químicas, se encuentran afecciones gastrointestinales, problemas respiratorios, ampollas y erupciones en la piel, y problemas oculares, incluyendo la pérdida total de la visión. Además de los ataques, el problema se agravaba con el difícil acceso a los medicamentos.

AI presentó estas pruebas a dos expertos independientes en armas químicas que concluyeron que los síntomas correspondían con la exposición a sustancias vesicantes como la lewisita, la mostaza sulfurada o la mostaza nitrogenada; todos ellos agentes químicos empleados como armas de guerra. Según el informe, los agentes químicos se esparcieron mediante cohetes y bombas lanzadas desde aviones. Las víctimas explicaron que el humo que se liberaba al estallar la bomba cambiaba de color entre 5 y 20 minutos después. A este tipo de ataques se unen los que la aviación sudanesa práctica arrojando napalm con barriles bomba. 

Ante este panorama, AI insta al Consejo de Seguridad de la ONU a presionar políticamente al gobierno de Sudán para lograr que las agencias humanitarias y de mantenimiento de la paz puedan acceder a poblaciones remotas; a garantizar que el embargo de armas vigente se aplica con rigor y se amplía a todo el país; y a investigar urgentemente el uso de armas químicas y, si existen indicios admisibles suficientes, procesar a todas las personas sospechosas de ser responsables.

«Cuando cayó [la bomba], hubo unas llamas y luego una humareda oscura […]. Inmediatamente causó vómitos y mareos […]. Mi piel no está normal. Aún me duele la cabeza, incluso después de tomar la medicina […]. Mi bebé no se ha recuperado […] está hinchado […] tiene ampollas y heridas […]. Dijeron que se pondría mejor […] pero no está funcionando», declaraciones de una víctima de los ataques.

Reacciones internacionales

Si el informe y las pruebas aportadas por AI fuesen ciertas, nos encontraríamos ante una vulneración de la Convención sobre Armas Químicas. Sudán la firmó en 1999, comprometiéndose a no recurrir jamás a este tipo de armamento. De hecho, el tratado prohíbe el desarrollo, la producción, almacenamiento, transferencia y empleo de armas químicas y dispone la destrucción de estas armas en un plazo de tiempo específico.

Campo de refugiados sudaneses en Chad [Foto: Reclaiming the Future vía Flickr]
Campo de refugiados sudaneses en Chad [Foto: Reclaiming the Future vía Flickr].

Además, estos ataques se habrían llevado a cabo en una zona con presencia de una fuerza conjunta de la ONU y de la Unión Africana que se encuentra desplegada en la frágil región desde 2007. Pese a las restricciones de acceso, la UNAMID —como se conoce a esta misión— mantiene su objetivo de proteger a los civiles y sigue facilitando la entrega de asistencia humanitaria, a la vez que trabaja con las partes para que se comprometan a un cese de hostilidades inmediato.

Ante este informe, el secretario general adjunto de la ONU para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Hervé Ladsous, afirmó que UNAMID no ha tenido ninguna evidencia al respecto, aunque aclaró que el gobierno sudanés ha negado reiteradamente a la misión la entrada a las áreas de conflicto de esa zona de Darfur. También advirtió que la seguridad en la región continúa siendo volátil y que el conflicto tiene un fuerte impacto en la situación humanitaria. Por último, Ladsous instó al gobierno de Sudán a cooperar con cualquier investigación que pudiera emprender la Organización para la Prohibición de Armas Químicas.

Por su parte, los representantes de Sudán se defendían de las acusaciones de la organización internacional calificando el informe de «totalmente infundado» y afirmó que Sudán no posee ninguna arma química. Sin lugar a dudas, de ser cierto el uso de armas químicas, se tendrían que tomar medidas internacionales para evitar su uso en un conflicto donde, desde que se inició, la ONU calcula que unas 300.000 personas han muerto, más de 2’5 millones de habitantes han sido desplazados y 4’4 millones necesitan ayuda.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.


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Parte I: ¿Cómo se sentaron las bases? Un análisis de la convivencia Chávez-Uribe

A menos una semana de la celebración del referéndum plebiscitario por la paz en Colombia, los debates son muchos y muy variados. Se trata del inicio de un proceso de transición, en el se enfrentarán retos de diversa índole y de cómo manejarlos dependerá el futuro del país. Si bien el conflicto colombiano se ha librado fundamentalmente en el interior de las fronteras del país, han sido muchos los factores externos que han contribuido a su desestabilización. No obstante, hacer una reflexión sobre cuál es la situación en los territorios fronterizos y cómo eso revierte en las relaciones bilaterales con los países vecinos, deviene una cuestión fundamental para mapear todos los posibles riesgos de este nuevo horizonte que se abre en Colombia.

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Mapa de las fronteras de Colombia. [Foto: Juan José Madrigal vía Flickr].

El territorio colombiano delimita por el norte con el mar Caribe, por el sur con Ecuador y Perú, por el este con Panamá y el Océano Pacífico y por el oeste con Brasil y Venezuela. Aunque no sería posible afirmar que alguno de ellos se encuentre libre de problemáticas de carácter social o económico, hoy en día, la situación de Venezuela es especialmente delicada y supone para la región un elemento de preocupación que no deja indiferentes a ninguno de los países que lindan con su territorio. Desde una Colombia sumida en plena vorágine por zanjar un conflicto de más de medio siglo de antigüedad, la coyuntura venezolana no debe de ser asumida como una problemática ajena, sino como un contexto de “retos simultáneos”. Socorro Ramírez –doctora en Ciencia Política y Relaciones Internaciones y miembro de la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos (COPIAF)– afirma que actualmente deben considerarse dos procesos de transición política que están teniendo lugar paralelamente: el fin de la guerra en Colombia y una transición que no termina de perfilarse pero que debe de tener como salida la reestructuración de un proyecto que ya no se puede considerar exitoso.

La tensión latente en relación colombo-venezolana

Las desavenencias que caracterizan las relaciones colombo-venezolanas datan del siglo XIX, incluso de antes de la proclamación de las independencias y posterior trazado de una frontera que nunca fuera aceptada de manera satisfactoria por ninguno de los dos países. Durante este tiempo, a pesar de las complejas tensiones territoriales, la necesidad de regular el mercado transfronterizo obligó a poner en práctica diferentes iniciativas que, como señala la profesora Ramírez, evidenciaron “lo fructífero de la cooperación” entre dos partes que tienen más de complementario que de opuesto. Algunos ejemplos, como la otorgación de cédulas de identidad de ambas nacionalidades para ganaderos que interactuaban en los dos lados de la frontera, son muestras de que existen alternativas para abordar de manera conjunta problemas como el del tráfico ilegal o la institucionalización de mercados negros.

La frontera entre Colombia y Venezuela se extiende a lo largo de 2219km. [Foto vía Creative Commons].

Entendiendo la relación entre Venezuela y Colombia en el marco de un eje conflicto-cooperación, la coyuntura política en ambos países en las últimas décadas, tomando como referencia la llegada de Hugo Chávez al poder venezolano en 1999, intensificó de manera significativa estas dinámicas de relación binacional. Sin entrar en los motivos de la continuidad política en el gobierno venezolano, que en dicho período sólo ha asistido a la delegación del poder a Nicolás Maduro tras el fallecimiento de Chávez, resulta fácil asociar las alteraciones en la dinámica fronteriza con los cambios en la presidencia de Colombia. Sin embargo, resulta paradójico que los dos momentos en los que se han alcanzado los dos extremos del eje, coinciden con el período Chávez-Uribe (2002-2010).

La fase olvidada del chávez-uribismo

La llegada de Chávez al gobierno interrumpió a Colombia en el segundo año de la legislatura de Andrés Pastrana (1998-2002). Una legislatura caracterizada por la iniciación de un proceso de paz similar al que se está viviendo actualmente y que sin embargo no derivó en el acuerdo. La llegada de  Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela fue cualquier cosa menos de actitud conciliadora con lo que respectaba al estado colombiano ya que en un primer momento Chávez muestra una cierta complicidad con la guerrilla declarándose neutral en el conflicto. Esto significó de algún modo una “exacerbación de temores mutuos”, que frente a todo pronóstico dio un vuelvo con la llegada de Álvaro Uribe al gobierno de Colombia . Para entender las peculiaridades de esta etapa, es necesario comprender las personalidades de dos figuras que, lejos de comulgar en cuanto a alineaciones ideológicas, compartían otras muchas prácticas políticas. Ambos se alzaron como líderes incontestables, de corte casi mesiánico, dispuestos a conectar a través de un discurso más próximo con el pueblo.

Hugo Chávez Frías y Álvaro Uribe Vélez han sido dos de los presidentes más populares de América Latina en las últimas décadas [Foto vía Flickr].

Durante este primer tramo del chávez-uribismo, el ansia de colaboración derivó en la elaboración de mega-proyectos estratégicos como la construcción del canal interoceánico a través del cual Uribe, firme aliado y colaborador de los EEUU, estaba dispuesto a facilitar a Chávez la diversificación de destinos de importación del petróleo, reduciendo así su dependencia con EEUU. También data de esta etapa el sustancial incremento del comercio bilateral, el cual se triplicó respecto al período anterior, además de otros logros en el ámbito de lo social como la reducción de los índices de violencia en los territorios fronterizos gracias a los esfuerzos conjuntos por la eliminación de prácticas ilícitas como el contrabando de gasolina. Poco tienen que ver estos inicios en los que incluso casi se resuelve el conflicto del Golfo que había puesto en jaque a ambos países en 1987, con el giro que dan las cosas a partir del año 2005.

Entonces ¿qué fue lo que paso? ¿qué elemento desencadenó la escalada de tensión que se produjo a partir del año 2005? Como prácticamente todos los hitos históricos por los que ha atravesado Colombia en las últimas décadas, tuvo que ver con el conflicto armado.

El “caso Granda”: la entrada en la espiral de conflicto

El hecho que comenzó a resquebrajar las “ejemplares” relaciones diplomáticas fue la detención del portavoz de las FARC, Rodrigo Granda, por medio de las autoridades colombianas el 10 de diciembre de 2004. A pesar de que rápidamente se proliferara la noticia de que se trataba de un secuestro, tenido lugar en la cuidada de Caracas, inicialmente ambos países llegaron al acuerdo tácito de aceptar que la captura se había realizado en Cúcuta, región fronteriza colombiana – a donde, se supo, fue trasladado después.

Rodrigo Granda Escobar era considerado uno de los miembros con mayor influencia en las filas de las FARC en ese tiempo [Foto vía Diario Semana].

En un primer momento no parecía que se le diera importancia a ésta ni a otras cuestiones como a la de por qué un alto cargo de la guerrilla se encontraba en territorio venezolano o a la sospecha de que la operación de las fuerzas armadas colombianas se había llevado a cabo mediante el soborno. El comportamiento aséptico de ambos gobiernos no duró más que unos meses, en los cuáles comenzaron a suscitarse severas acusaciones por parte de diferentes grupos de presión en los dos países. Por un lado, desde Venezuela comenzó a circular la idea de que la detención de Granda en Caracas suponía una grave intromisión en la soberanía nacional, mientras que desde Colombia se consideraba que su presencia en Venezuela ponía en evidencia el apoyo de este país a las FARC. También las FARC realizaron comunicados manifestando su decepción con Chávez por no haber mediado en lo que se había considerado un secuestro por parte de las fuerzas armadas colombianas. Investigaciones posteriores demostraron que Granda contaba con cédula venezolana y que su presencia en Venezuela era consecuencia de la invitación al congreso bolivariano del 8 y 9 de diciembre. Al mismo tiempo se ponía en entredicho la actuación  legal de las fuerzas policiales colombianas, una vez confirmado que habían pagado de manera privada a funcionarios venezolanos para que colaboraran en el secuestro de Granda. En definitiva, los sucesos que tuvieron lugar en el año 2005 supusieron una escalada de la tensión en la frontera, que se llevó consigo cualquier iniciativa de colaboración que se pudiera haber dado con anterioridad.

A partir el registro de testimonios agresivos por parte de la clase dirigente en ambos países es innumerable. Las consecuencias de esta tensión fueron, desde la ruptura de las relaciones comerciales, hasta la movilización de armamento a la frontera, la cual se encontró cerrada en diferentes ocasiones. La crisis diplomático tuvo gran repercusión internacional tanto en organismos multilaterales como Naciones Unidas (NNUU), desde donde el propio Ban-Ki Moon llamó a ambos países a la reconciliación, o la Organización de los Estados Americanos (OEA), como la intervención de otros países vecinos como Brasil, Chile o Ecuador en sus intentos de mediar en la situación colombo-venezolana.

Apelando a la soberanía en el lado venezolano y a la seguridad desde Colombia y retomando la importancia de los liderazgos presidenciales, tanto Chávez como Uribe utilizaron la coyuntura internacional en sus discursos a nivel nacional Venezuela era sinónimo de guerrilla y Colombia de imperialismo norteamericano, imágenes de las que ellos querían alejarse para construir el futuro de sus países.

No es hasta la llegada de Santos en 2010 que se considera la entrada en una nueva etapa que de alguna manera puso fin a un conflicto que ninguno de los dos países podía resistir. Pasados tres días de que Juan Manuel Santos ganara las elecciones, Chávez se reunía con el en la Quinta de San Pedro Alejandrino (Santa Marta, Colombia) para poner fin a sus deferencias. Las consecuencias de esta etapa fueron devastadoras, y los daños prácticamente irreparables, dejaron a la frontera de Venezuela y Colombia en una situación cuando menos quebradiza para enfrentarse a lo que viene a partir de ahora.

Ésta es una publicación sin ánimo de lucro.


Martin Moretti08/09/2016
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Desde la descolonización del imperio británico en 1947 y la división de territorios para la creación de los estados de India y Pakistán, éstos estuvieron envueltos en conflictos desde sus nacimientos. Su linaje histórico y territorial los une pero, dentro de otra perspectiva, sus grandes diferencias ideológicas, culturales y religiosas hicieron que naciera y se profundizara un conflicto que dura hasta el día de hoy, prolongándose así por casi setenta años.


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El pasado 25 de marzo se cumplió un año del inicio del conflicto armado en Yemen. Sin embargo, para entender lo que ha ocurrido durante este tiempo, no es suficiente con relatar los hechos a partir del mismo día en el que dio comienzo la guerra en sí. En ese orden de ideas, conviene empezar por decir que la actual Yemen se conformó en 1990, cuando la República Árabe de Yemen, en el norte, y la República Democrática de Yemen, en el sur, se unificaron.

En principio, la unión de las dos naciones suponía la pacificación del país, pero lo cierto es que nos encontramos con una nación dividida, no solo por el accidente geográfico —montañas y llanuras dividen el país— sino, además, por la confrontación entre el estilo de vida tribal y el modelo occidental de estado tradicional o entre el chiísmo hutí y el sunismo shafita.

De hecho, esta división tribal marca la diferencia entre la Yemen de ayer y de hoy. Los hutíes son musulmanes chiítas cuyo centro de poder ha sido el norte del país y que, además, históricamente han sido más pobres —en términos socioeconómicos— al encontrarse en la región montañosa, más tradicional y con menos contacto con el mundo. Por el contrario, al sunismo shafita —al que pertenece la mayoría de la población— le ha correspondido históricamente la región con mayor desarrollo socioeconómico, en parte gracias al importante puerto de Adén y, por ende, a la región costera del país.

Ataque aéreo en Sana [Foto: ibrahem Qasim vía Flickr]

Esta contradicción es una característica transversal de la actual Yemen, es parte de su ADN. De hecho, en 1990 cuando se unifica Yemen (del norte y del sur) en una sola república, el presidente que llega al poder es Ali Abdullah Saleh, quien anteriormente había sido por doce años el presidente de Yemen del Norte y quien será hasta 2011 el más alto mandatario del país. Saleh sufrirá, solo tres años más tarde de su toma de poder, la renuncia del vicepresidente Ali Salem Al Beidh, originario del sur del país. Las tensiones entre norte y sur comenzaron entonces, pero no fue hasta el 2009, durante el sexto conflicto armado, el momento en el que que Arabia Saudí decidió participar abierta y activamente por primera vez lanzando ataques aéreos contra los hutíes (chiítas). Dos años después, durante protestas que se llevaron a cabo en todo el país, el presidente Saleh dimite y llega al poder Abd Rabbu Mansour Hadi. A pesar de este cambio de gobierno, los choques no cesan.

Es 2014 el año que marcará el punto de no retorno para Yemen en la guerra civil actual: los hutíes convocan una serie de protestas después de que hubiera un recorte gubernamental a la subvención de los combustibles. En este momento, avanzan hacia el sur de la capital Saná y, una vez tomada, disuelven el parlamento y proclaman un gobierno de transición. Tras la intensificación del conflicto entre hutíes y sus detractores, el presidente Hadi pide la intervención militar de los estados árabes y del Golfo para acabar con la oposición y, supuestamente, poner fin a la guerra civil. Esto explica la intervención de la coalición militar dirigida por Arabia Saudí que en vez de solucionar la situación consigue que el conflicto armado se extienda por la totalidad del país.

De esta manera, el pasado marzo se cumplía un año desde que se empezó a hablar del más reciente conflicto interno yemení. Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que es una disputa que lleva muchos más años activa y, como en toda guerra, los civiles son los que tienen las de perder. Varias ONG, incluyendo Amnistía Internacional, han denunciado que las violaciones de derechos humanos son sistemáticas por parte de todos los actores del conflicto. Además, el derecho internacional humanitario se está incumpliendo de manera reiterada por medio de ataques armados indiscriminados contra poblaciones civiles enteras. De hecho, según la ONU, cerca del ochenta por ciento de la población necesita algún tipo de ayuda de carácter humanitario.

Campo de refugiados en el norte de Yemen [Foto: IRIN Photos vía Flickr]

En síntesis, el conflicto yemení, tiene que ver con una división geopolítica pero también religiosa, que involucra a otros países y que se ha desencadenado en un conflicto armado interno muy sangriento y que, como tal, afecta principalmente a la población civil de ambos lados.

De hecho, los ataques de Arabia Saudí y las constantes declaraciones a favor de la población chií en Yemen del Ayatollah Ali Khamenei, dan cuenta del conflicto geopolítico entre dos visiones del islam, el sunismo y el chiísmo, representados en la disputa por el liderazgo regional de Irán y Arabia Saudí. Por lo tanto, podemos decir que la historia conflictiva yemení ha estado ligada siempre al conflicto entre la parte de la población minoritaria chií y la mayoritaria suní. La diferencia en el conflicto actual ha sido la exacerbación del conflicto armado por parte de la coalición saudí, quienes al ver el avance de los rebeldes chiítas, simplemente entraron a apoyar al gobierno sunita del presidente Hadi.

Algunas cifras humanitarias

Tal y como se planteaba anteriormente, la población civil ha sido la más afectada por el conflicto armado. De hecho, Amnistía Internacional calcula que son más de tres mil los muertos durante el conflicto armado, que vale la pena recordar, solo lleva un año activo, es decir, está siendo un conflicto especialmente violento.

Dentro de esta cifra, lo más triste es que son más o menos setecientos los niños muertos. Así como 2,4 millones los desplazados internos. Esto se traduce en que el 83% de la población necesita algún tipo de ayuda humanitaria, ya sea por falta de agua, comida, refugio, combustible o saneamiento.

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En este ir y venir de conflictos que se desarrollan en el plano de las relaciones internacionales, desde hace un mes, nuevamente, se produce una escaramuza ya conocida en territorio de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Para aquellos que no han estudiado relaciones internacionales, tal vez resulte un poco confuso entender porqué hablo de que ya es conocido el evento que se suscita específicamente en el territorio conocido como Alto Karabaj o, como ellos se autodenominan, la República de Nagorno-Karabaj.


Amàlia Torres17/02/2016
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El proceso electoral de Haití quedó en pausa el pasado 22 de enero cuando el presidente del Comité Electoral Provisional suspendió la segunda ronda de elecciones presidenciales, previstas para el 24 de enero, tras las numerosas protestas violentas contra el proceso electoral que se extendieron por todo el país. Te explicamos cuál es la situación actual para formar gobierno en Haití.


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La protección que el gobierno de Turquía ha brindado en varias ocasiones a Daesh (el autodenominado Estado Islámico), así como los lazos que demuestran la existencia de colaboración en varios ámbitos militares y civiles, traen a la luz la necesidad de examinar la postura de Erdogan con respecto a la lucha que la comunidad internacional está llevando a cabo contra la organización yihadista. Los intentos de Turquía de evitar que las guerrillas kurdas aumenten su poder en la región han tenido un claro beneficiario: Daesh. Este artículo pretende explicar esta relación, poco comentada en los medios de comunicación pero extremadamente relevante para entender el avance de la organización terrorista en la región.



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