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En las últimas semanas se vienen conociendo detalles de presuntos delitos de corrupción que apuntan a altos cargos del partido político que actualmente gobierna España. Los documentos, supuestamente filtrados por Luis Bárcenas, contienen el registro de retribuciones extraordinarias percibidas por dirigentes populares y procedentes de cantidades ingresadas por varios empresarios a la tesorería del partido. Sin entrar a escrutar la veracidad de los documentos ni de las acusaciones realizadas por la prensa, en caso que estas retribuciones se confirmaran nos encontraríamos ante el destape de un caso que podríamos denominar  “lobby a la española”.

¿Lobbies? ¿Lobos?

El lobby… ese término que a casi todos nos suena pero que casi nadie es capaz de definir con exactitud. Si completamos diciendo “el lobby judío”, como lo oímos en tiempos de elecciones norteamericanas, o  “el lobby gay” o “el lobby verde”, estamos acercándonos a expresiones cada vez más comunes en la información política de nuestro país. Bien, aparte de la de ‘vestíbulo’, la traducción clarificadora al español es la de “grupo de presión”. Ahora se entiende un poco mejor.

Los lobbies son, en efecto, grupos de hombres persiguiendo un fin común: en principio, algo muy instintivo partiendo de la condición social del ser humano. Para hacerlo aún más fácil, podemos identificar varios lobbies cotidianos: un sindicato, una ONG ecologista, la CEOE o la Confederación Española de Importadores de Madera. Por ello, en un primer momento, no debería suponer nada nuevo. Y no sólo nada nuevo, sino que numerosas voces defienden el gran conocimiento técnico que aportan los grupos de presión.

Sin embargo, pueden plantearse problemas, como en tantos otros ámbitos de las democracias occidentales, en cuanto a la igualdad de oportunidades y el distinto apoyo económico subyacente que pueden tener unos intereses u otros. Más aún, cuando la actividad de influenciar en las decisiones políticas ha sido, al menos hasta ahora, ignorada por el legislador. Es decir, es obvio que ciertos sectores gozarán de más instrumentos y recursos para encauzar el debate político hacia sus parcelas ante una fuerza más limitada de otros colectivos o, incluso, sobre los de la gran mayoría.

En este punto se plantea, entonces, la necesidad de una regulación. Ya sea aquella que otorgue equidad a los distintos colectivos en el acceso a las cúpulas de poder, o bien, aquella que directamente prohíba los contactos entre grupos privados y los representantes públicos.

Un concepto anglosajón que se abre camino en Europa

La tradición de los lobbies proviene de los Estados Unidos. Ya en su fundación, se incluían los intereses mercantiles y económicos al mismo nivel que los intereses sociales y hoy en día es amparado por la mismísima libertad de expresión. Uno de los puntos álgidos del lobbying en Norteamérica fue durante la época de expansión del ferrocarril, que fue conocida con el ilustrativo sobrenombre de “great barbecue”, en la que los lobby-agents aterrizados en Washington agasajaban a los congresistas a regalos e, incluso, con importantes participaciones en las compañías ferroviarias.

Pese a varias reformas motivadas por los sucesivos excesos, los escándalos siguieron acaeciendo tanto en Reino Unido como en los Estados Unidos. Según el Center for Responsive Politics, en la actualidad más de 12.000 lobby-agents registrados trabajan en Washington.

El segundo centro político más transitado por los grupos de presión es Bruselas, sede del Parlamento y de la Comisión Europea. Estimaciones de la UE cifran el número de agencias en 2.600. La regulación europea recoge el ejercicio de estas presiones incluyendo la previsión de que se realicen intentos de influenciar las decisiones políticas. Alude a necesidades de equilibrar los poderes de las instituciones europeas y al gran conocimiento técnico de los delegados de estos grupos.

Con frecuencia, la actividad de los lobbies ha sido metafóricamente comparada con la de un mercado, en el que la oferta y la demanda de información determinarían el “precio”, en forma de ley, de que salga adelante o no y en un sentido o en otro. A priori no parece el modo más adecuado de tratar asuntos que afectan a nuestro día a día, sobre todo considerando la disparidad existente en la capacidad de los distintos grupos de presión para ofertar esa información.

Typical Spanish

En este punto cabe hacer ciertas reflexiones, más positivas o más negativas, sobre la existencia de los lobbies empresariales en España y la actividad que llevan a cabo. Lo que es seguro es que acabaremos concluyendo que en los escenarios en los que están reconocidos, al menos, existe una regulación.

Y es que en nuestro país ningún partido político ha hecho intento alguno de regular el acceso de estos grupos a los representantes parlamentarios o, ni siquiera de otorgar cierta transparencia a esta actividad que prolifera a pasos agigantados. No tenemos conocimiento de quién se aproxima a nuestros dirigentes con importantes intereses y de qué forma hace presión. Muchas veces podemos sospechar o verlo más claramente después de que algún juez nos lo haya traducido como soborno, cohecho o tráfico de influencias. Ahora bien, los casos de corrupción que salen a la luz deben rondar el mismo porcentaje en el que se mueve la imputación por blanqueo de capitales, esto es, un 10% del total.

Más allá de las formas de identificar el lobby “furtivo” nos topamos a menudo con la versión legal, lo que comúnmente conocemos como clientelismo o, simplemente, favores recíprocos. “Usted me desregula/privatiza tal y yo le coloco de consejero delegado cuando deje la vida política”. No nos sorprende nada ver a ex altos cargos de la Administración –entre ellos, dos ex presidentes de gobierno – ostenten cargos de responsabilidad en entidades que se vieron beneficiadas por decisiones de sus gobiernos. Lo primero sorprendente (y preocupante) es que eso no nos sorprenda, valga la redundancia. Y lo que ya sobrepasa lo sorprendente es que carezcamos de cualquier regulación al respecto.Y, ¿hay solución? Está claro que España necesita reformar este tipo de relaciones entre grupos de presión y los representantes de la ciudadanía. Hasta ahora utilizamos el método judicial con suerte dispar: unos caen, otros no. Por esta vía se requeriría una ingente inversión en policía económica y fiscal para un mayor acoso a este tipo de actuaciones fraudulentas. El segundo método comprendería el registro de los grupos de interés, la regulación de sus relaciones con el poder y, en consecuencia, la aceptación por parte del sistema de estas presiones, invisibles hasta hoy.  Y es que con un registro de estos personajes invisibles, al menos podríamos sospechar más cualificadamente cuando observemos beneficios mutuos entre partido y empresa. Al menos, tener unos nombres, ponerles cara y atarlos más en corto para que no se les caigan los billetes por accidente.

Parece que los próximos objetivos de los lobbies en España recaen sobre la sanidad y la red de ferrocarriles. Recordemos que hoy son meros fantasmas que ofertan información de lo beneficioso que sería la privatización de estos sectores. Aquel que quiera, para disfrutar de ejemplos ilustrativos, también puede llamar a estos  fantasmas empresas de seguros sanitarios u operadores ferroviarios multinacionales. La segunda parte, más tarde, traerá a escena a ex cargos públicos tomando posesión de sus cargos en empresas de estos sectores. Aún es una incógnita si los jueces rodarán alguna escena desvelando las relaciones furtivas. Próximamente en sus pantallas.

Ésta es una explicación-opinión sin ánimo de lucro