29/09/2020 BARCELONA

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Las grandes corporaciones encontraron en América Latina en general, pero en Argentina en particular, una tierra hecha a su medida: Grandes recursos naturales para explotar, un lugar donde poder maximizar sus ganancias económicas y, sobre todo, un puñado de gobiernos dispuestos a hacer la vista gorda ante la depredación ambiental que llevan a cabo las multinacionales. Un combo que entusiasma a cualquier empresario.

Con este panorama, Argentina profundizó su modelo económico extractivo que, en el último tiempo, deterioró el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes con prácticas tales como la megaminería a cielo abierto en sus provincias andinas, la producción de alimentos transgénicos en sus tierras fértiles, la fracturación hidráulica o fracking en sus grandes reservas petroleras y la contaminación industrial totalmente desmedida en las zonas urbanas.

El desembarco de grupos multinacionales se dio bajo la promesa de grandes ganancias económicas para la población y para el Estado. Pero rápidamente esa teoría se echó por tierra al ver las grandes consecuencias que ello tenía para el ecosistema, lo que motivó a los vecinos de las ciudades afectadas a organizarse en asambleas de lucha popular ante una clase política cómplice que decidió callarse.

Megaminería: Negocio para muy pocos

Los empresarios mineros y los funcionarios que impulsan ese negocio conocen la época en la que en Argentina gobernó el matrimonio Kirchner (2003-2015) cómo “la década minera”, ya que hubo una proliferación de explotaciones en toda la zona cordillerana. En 2002 había 18 proyectos en el país, mientras que para 2014 ya había cerca de 600 bases mineras que, entre otras cosas, gastan 10 millones de litros de agua potable por día para realizar su trabajo.

Maquinaria pesada trabajando en una mina abierta [Foto: Alfredo Valadez Rodríguez vía La Jornada].
Maquinaria pesada trabajando en una mina abierta [Foto: Alfredo Valadez Rodríguez vía La Jornada].

En estas grandes explotaciones de recursos naturales, los grupos económicos multinacionales como la estadounidense Barrick Gold o la Osaka Mining Corporation gastan cerca de 100 toneladas de explosivos por día para extraer los minerales que necesitan. Por ejemplo, por cada gramo de oro que obtienen generan 4 toneladas de escombros, provocando una destrucción irreparable de la Cordillera de Los Andes. Además, cometen graves abusos respecto de los pequeños poblados aledaños que, ante este marco, han fundado cerca de 50 asambleas vecinales para pedir el cierre de las minas.

El desastre ambiental que llevan a cabo estas corporaciones logra dimensionarse si se tiene en cuenta que, en septiembre de 2015, la empresa Barrick Gold volcó, sin darse cuenta (según la propia empresa), cerca de 1.000 millones de litros de agua cianurada al Río Jáchal en la provincia de San Juan. Al cumplirse un año de ese hecho ha habido un segundo derrame, lo que ha provocado movilizaciones vecinales para exigir respuestas políticas ante la contaminación de un río que abastecía de agua y recursos a buena parte de esa provincia andina.

Ante este segundo derrame de cianuro, el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac, no pudo hacer oídos sordos a los reclamos populares (como sí hizo en ocasiones anteriores) y decidió multar a la empresa con 9 millones de dólares y paralizar la mina Veladero. Sin embargo, un mes después, empezó a funcionar de nuevo con la excusa de que la minería genera el 34% del PIB de esa provincia. La pregunta es: ¿A que coste genera la minería el 34% del PIB de San Juan? Al de la destrucción total del medio ambiente y la calidad de vida de cientos de poblados.

Para colmo, a principios de año, el actual presidente, Mauricio Macri, quitó a las mineras la obligación de pagar la irrisoria suma del 3% de las regalías, lo que hace que el Estado deje de recibir cerca de los 8.000 millones de pesos argentinos que aportaba ese sector. Lo cierto es que, además de recibir incontables beneficios impositivos, las mineras tienen subsidiadas las tarifas de electricidad, agua, gas y combustibles para el transporte que utilizan.

Ante esta situación, la mano amiga del gobierno es aún más desesperanzadora. Eso lo saben los activistas antiminería que delante de cada movilización reciben la represión de un sector de la policía provincial destinado a “monitorear” los movimientos contrarios a la megaminería. Y cada uno de estos episodios de represión policial deja ver la complicidad de un Estado que, lejos de estar del lado de las asambleas populares, las reprime con balazos de goma.

Parex Klaukol: la contaminación que controla el Estado

Parex Klaukol, una empresa propiedad de Parex Group (con sede central en Francia), es una de las corporaciones líderes en la fabricación industrial y venta de productos para el sector de la construcción. Una de las plantas en la que Parex Klaukol produce para toda América del Sur se ubica en el municipio de La Matanza, en Argentina. Allí, la empresa lleva realizando su trabajo desde finales de la década de los ’70.

A pesar de sus abusos, no fue hasta el año 2009 que los vecinos comenzaron a denunciar la fábrica, por vía penal, por la contaminación que produce en el lugar, que ya ha causado cerca de 70 muertes en un radio de 1 kilómetro a la redonda. Lo que despertó la inquietud de los habitantes del barrio La Merced fue que explotó una tolva que dejó las casas bajo cenizas durante 3 días.

Imagen que expone una crítica a Parex Group, multinacional acusada de provocar enfermedades a gran escala como consecuencia de la contaminación producida por su actividad industrial [Foto: ParexKlaukol contamina en La Matanza vía taringa.net].
Imagen que expone una crítica a Parex Group, multinacional acusada de provocar enfermedades a gran escala como consecuencia de la contaminación producida por su actividad industrial [Foto: ParexKlaukol contamina en La Matanza vía taringa.net].

Las cenizas y las partículas que salen diariamente de las chimeneas de Parex Klaukol no son más que restos de elementos elaborados con fungicidas, pesticidas y demás productos químicos altamente contaminantes. Estos productos producen cáncer y graves enfermedades respiratorias y dermatológicas que los vecinos vienen denunciando, sin recibir respuesta de la justicia o del poder político. Por otra parte, los remedios para curar esas patologías tienen un coste muy elevado teniendo en cuenta que las familias de la zona son de clase obrera y que no reciben medicamentos del sistema de salud pública.

Una vez esta causa se llevó ante la justicia, se realizó un estudio en el que se sometió a 30 chicos de 5 años a análisis hematológicos. El resultado fue que los 30 tenían metales pesados en sangre. Ante esto, los peritos judiciales que intervinieron en la causa confesaron a los vecinos que el lugar es inhabitable, y los denunciantes afirman que les dijeron que estaban en una “cámara de gas” donde poco a poco se iba a ir deteriorando el panorama ambiental. Un ejemplo de eso es que el agua potable de las cercanías de la planta de Parex Klaukol cuenta con 16 metales pesados.

Con toda esta contaminación confirmada en los estudios judiciales, ¿por qué el Estado no hace nada? ¿Por qué las empresas hacen lo que quieren? Este no es más que otro caso de complicidad del poder político con los grandes grupos empresariales.

Ante la inacción judicial, la asamblea de vecinos empezó a hacer acampadas en la puerta de la fábrica y como respuesta recibieron amenazas por parte de la empresa. Una de las principales voces opositoras a la multinacional francesa, Susana Aranda, denunció cerca de 30 amenazas. En la última ocasión, fue intercedida por un grupo de personas que le pusieron un revólver en la cabeza y la obligaron a tragarse varias pilas de relojes que le produjeron severos daños en su salud.

Hay que tener en cuenta que como la sede central de Parex Klaukol se ubica en Francia, allí recibe severos controles ambientales por parte del Estado. Ante esta situación, ¿cuál fue la estrategia de la empresa? Externalizar la producción a un país periférico de América del Sur donde el Estado no ejerce estos controles.

Monsanto y la invasión de los transgénicos

El agronegocio y la producción de alimentos es un capítulo más de la política extractiva, rentista y conservadora que se viene imponiendo a lo largo de Sudamérica bajo el paraguas de grandes corporaciones, como Monsanto, que lo único que hacen es llevar a cabo una depredación ambiental inaudita. Esta expansión se ha llevado a cabo a través del avasallamiento de pueblos originarios y a la destrucción de bosques nativos para expandir la frontera del monocultivo de transgénicos como la soja, el maíz y la caña de azúcar.

Símbolo de protesta contra la empresa Monsanto, líder del cultivo de transgénicos en Argentina [Foto: Daniel Lobo vía Flickr].
Símbolo de protesta contra la empresa Monsanto, líder del cultivo de transgénicos en Argentina [Foto: Daniel Lobo vía Flickr].

En Argentina se produjo un modelo de producción a gran escala con semillas modificadas genéticamente con el objetivo de resistir al herbicida que la acompaña este modelo productivo, el glifosato. Ahora, ¿quién produce la semilla transgénica? Monsanto. Y, ¿quién produce el herbicida con glifosato? Monsanto. Es decir, Monsanto produce las únicas semillas que resisten al herbicida que la misma empresa produce. Un negocio redondísimo. Aunque no tanto para el país ya que las tierras donde se produce la soja quedan improductivas.

Hoy, Argentina tiene 20 millones de tierras cultivadas con soja y maíz que luego se vende a China para alimentar a sus animales, pero parte se consume en el mercado interno en forma de harinas y demás productos muy nocivos para la salud humana. Para seguir con el negocio, Monsanto ya tiene preparado un portafolio de distintos tipos de productos para avanzar en el campo de las frutas y hortalizas: berenjena, tomate, vid, papaya y otras, además de la patata, que ya fue lanzada al mercado

Ante esto, empiezan a surgir muchas marchas populares para detener la producción de transgénicos y dar lugar a un modelo de producción y consumo de productos orgánicos como los que se comen en Rusia, Canadá y Hungría, entre otros países.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.


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Los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), popularmente conocidos como transgénicos, constituyen una de las tecnologías más controvertidas a nivel mundial. Los litigios transatlánticos surgidos a raíz de las grandes diferencias que existen entre los dos principales sistemas regulatorios – los de la UE y EEUU – han afectado enormemente a la investigación y a las inversiones así como a las decisiones sobre su cultivo a nivel global.

Los factores globales que facilitan la expansión generalizada de transgénicos incluyen una fuerte inversión, precios favorables a nivel internacional y el cada vez mayor papel de las compañías transnacionales. Sin embargo, estas condiciones no parecen ser aplicables a España, donde la falta de información, transparencia y estudios independientes, así como una baja movilización social, han dejado campo abierto para el constante lobby de las compañías de productos transgénicos.

España se ha convertido en el líder europeo en cultivos transgénicos. Para entender el cómo y por qué, primero hay que entender cómo se gestionan los OGM en la UE. Después, en otro artículo, os proporcionamos las claves para entender el caso específico español.

El marco legal de la UE

La situación de los transgénicos en España no puede comprenderse sin antes analizar el marco legal de la Unión Europea (UE) para su autorización. A pesar de ser considerado restrictivo por muchos, el procedimiento ha permitido su rápida expansión. Se basa en la Directiva 2001/18/CE, integrada en la legislación española por la Ley 9/2003, y dos Reglamentos: 1829/2003 y 1830/2003.

Sweet corn on the cob [foto de Wayne Truong, via Flickr]
Sweet corn on the cob [foto de Wayne Truong, via Flickr]

Dada la diversidad nacional y regional y las condiciones locales bajo las cuales trabajan los agricultores europeos, la Comisión europea considera que las medidas de coexistencia destinadas a evitar la presencia indeseada de OGMs en cultivos convencionales y orgánicos deben ser desarrolladas e implementadas por los propios Estados Miembros, y el Artículo 26a de la Directiva 2001/18/CE les otorga tal derecho.

No obstante, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en 2012 (Sentencia C-36/11) que los Estados Miembros no pueden supeditar el cultivo de transgénicos a un procedimiento nacional de autorización si previamente su utilización y comercialización han sido autorizadas a través de regulación comunitaria. El dictamen sigue la línea de fallos previos del Tribunal, que sancionó a Francia por transposición inapropiada de normas europeas sobre transgénicos (Sentencias C-419/03 y C-121/07), estableciendo así claros límites al Artículo 26a.

Prohibiciones y conflictos

Actualmente, varios Estados Miembros han exigido que se establezca una cláusula que les permita excluirse voluntariamente de las regulaciones sobre el cultivo de transgénicos. Algunos de estos Estados Miembros ya prohibieron el cultivo de los mismos basándose en una cláusula de salvaguarda (Artículo 23 de la Directiva 2001/18/CE) o en medidas de emergencia para tener en cuenta información desconocida hasta entonces sobre riesgos aparecidos tras el otorgamiento de la autorización (Artículo 34 de la Regulación 1829/2003). Como resultado, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) no consideró justificadas científicamente dichas prohibiciones, como ocurrió inicialmente en el caso de Francia. En otros países como Austria, Polonia, Hungría, Grecia, Luxemburgo y Alemania, las prohibiciones hubieron de ser aceptadas por la Comisión.

Curiosamente, en 2009, 12 de los 21 miembros del Comité de OGM de AESA se vieron expuestos a problemas de conflicto de intereses tal y como lo define la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): sus conexiones con el sector de la biotecnología los situó en posición de explotar potencialmente su capacidad oficial en beneficio personal o empresarial. Desde entonces, solo uno de los miembros en conflicto ha abandonado el Comité.

Say NO to Monsanto! [Foto de adrian kenyon, via Flickr]
Say NO to Monsanto! [foto de adrian kenyon, via Flickr]

A pesar de que se afirme lo contrario, otro conflicto de intereses parece estar detrás de la decisión de retirar la publicación de un estudio independiente realizado por el grupo de investigación francés de Gilles-Éric Séralini, en el que se describen los efectos nocivos sobre ratas alimentadas con maíz transgénico Monsanto. Esta retirada de la revista Food and Chemical Toxicology tuvo lugar después de que Richard Goodman, quien trabajó entre 1997 y 2004 para Monsanto, pasara a formar parte de la Junta Editorial de dicha revista.

El artículo fue retirado bajo dos argumentos, considerados suficientes para poner en duda el carácter definitivo de sus conclusiones: el reducido tamaño de la muestra de ratas y la raza seleccionada para las pruebas. No obstante, tal y como expresa la Red Europea de Científicos entre otros contraargumentos, la falta de resultados concluyentes no está incluida en las directrices para la retirada de publicaciones científicas. Estas directrices fueron establecidas por el Comité de Ética para Publicaciones (Committee on Publication Ethics), del que la revista Food and Chemical Toxicology es miembro.

Francia prohibió la serie MON810 del maíz Monsanto, basándose en éste y otros estudios científicos, pero su prohibición fue inicialmente puesta en tela de juicio por la AESA. Esta serie, al igual que otros maíces Bt, se considera resistente a insectos porque está diseñada para contener Bacillusthuringiensis (Bt), un patógeno tóxico para los insectos de la familia de los lepidópteros, incluido el llamado Taladro del maíz. La AESA, basándose en documentación entregada por Francia, afirmó en 2012 que “no existe prueba científica, en términos de riesgos para la salud humana y animal o para el medio ambiente, que apoye el establecimiento de una medida de emergencia […] e invalide las evaluaciones de riesgo anteriormente realizadas sobre el maíz MON810”. A pesar del rechazo de la prohibición por parte la AESA y del Consejo de Estado, el gobierno francés decidió mantenerla.

En fuerte contraste con la posición de Francia, España tiene en la actualidad la mayor tasa de adopción de maíz Bt de la UE: la producción del páis representa el 90% de los cultivos transgénicos de la Unión. ¿Cómo y por qué España se ha convertido en el líder europeo en cultivos transgénicos? Léelo aquí.

Foto de portada: Dusk Corn Field por Scott Sherrill-Mix, via Flickr

Ésta es una traducción por Patricia Diez de un artículo originalmente publicado en inglés en la revista Our World 2.0 de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU)

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro


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A pesar de los descubrimientos científicos y de que exista una mayor preocupación al respecto, y en fuerte contraste con la posición de Francia, España tiene en la actualidad la mayor tasa de adopción de maíz Bt de la UE, desde que se introdujo por primera vez en 1998. Los maíces Bt se consideran resistentes a insectos porque están diseñadas para contener Bacillusthuringiensis (Bt), un patógeno tóxico para los insectos de la familia de los lepidópteros, incluido el llamado Taladro del maíz. En 2012 se cultivaron más de 120 hectáreas de maíz Bt en España – 19.5% más que en el año precedente – representando el 90 por ciento de los cultivos transgénicos de la U.E.

¿Por qué entonces dos países que comparten un mismo marco legal europeo, así como condiciones climáticas y edafológicas (de suelo), tienen puntos de vista diametralmente opuestos en esta cuestión?

Claves para entender el caso español

En 2005, la Comisión Europea realizó una evaluación de las tres principales provincias productoras de maíz Bt: Albacete, Lleida y Zaragoza. Mientras que los resultados muestran un rendimiento mayor de las cosechas, el estudio sólo muestra importancia estadística para una provincia, y todo el maíz Bt producido se destinó a la fabricación de piensos para animales.

La evaluación también reportó que el 30% de los agricultores continuaban aplicando insecticidas, aun cuando este tratamiento resultaba inefectivo. A pesar de que el estudio elogia dicho porcentaje como un logro, estos datos se deben contrastar con los recientes descubrimientos sobre el uso de pesticidas: en EEUU el uso de herbicidas aumentó aproximadamente un 7% después de quince años de cultivos Roundup Ready. Sin embargo, este porcentaje habría sido mucho mayor si “los insecticidas aplicados” contaran el patógeno Bt producido por las plantaciones transgénicas, tal y como proponen numerosos entomólogos.

Resulta interesante ver que los agricultores, al ser preguntados acerca de las razones para adoptar el maíz Bt, señalaron “reducir el riesgo de daños causados por las orugas en el maíz”, “obtener un mayor rendimiento”, y “mejor calidad de la cosecha”. Sin embargo, no existe evidencia científica alguna para creer que la tecnología OGM otorga ninguno de estos tres resultados. Además, el estudio no analizó factores que tienen un impacto directo en las tres respuestas proporcionadas, como pueden ser el tipo de suelo, la intensidad de la irrigación, las condiciones climatológicas o la integridad ecológica de los campos.

Los orígenes de la apertura de España a los transgénicos

En 1998, el gobierno español autorizó por primera vez dos variedades de maíz Bt 176, encomendando el proceso de biomonitoreo a las mismas compañías que habían creado dichas variedades. El cambio de gobierno en 2004, desde el espectro de la derecha a uno más de centro, hizo posible que se tuvieran en cuenta las voces de la sociedad civil, y de esta manera, un representante del sector medioambiental fue admitido en la Comisión Nacional de Bioseguridad.

Spray [Foto: Will Fuller, via Flickr]
Spray [Foto: Will Fuller, via Flickr]

Durante las reuniones del Consejo Europeo, el gobierno español pasó de respuestas “pro-OGM” a “abstención” en la mayoría de los casos. No obstante, es curioso constatar que los votos individuales de los Estados Miembros no son accesibles al público. Afortunadamente, los votos son registrados por ONGs, revelando la incoherencia española entre su posición neutral en instancias de la UE y sus políticas a nivel nacional: el mismo gobierno aprobó 14 nuevas variedades de maíz MON810 en julio de 2005, lo cual aumentó su número total a 40. A pesar de que las variedades de Bt 176 fueron suprimidas de la lista nacional de los transgénicos autorizados en 2005, hoy en día el número total de variantes transgénicas comerciales es de 116.

La diferencia entre los índices de cultivo de maíz transgénico entre Francia y España proviene, por una parte, de la baja movilización de las organizaciones sociales y del insuficiente debate público en España y, por otra parte, del apoyo del gobierno español a las compañías del sector.

En comparación con el caso francés, la débil movilización social en España podría tener su origen en las diferencias de composición sociológica y la historia rural de ambos países. A diferencia de España, Francia vivió el fenómeno de neo-ruralización después de mayo del 68, que desembocó en la creación de fuertes sindicatos agrícolas entregados a la protección de los derechos de los pequeños agricultores (por ejemplo, Confédération Paysanne).

Al mismo tiempo, la población rural española no es tan receptiva a adoptar principios agrícolas no convencionales como la agricultura orgánica, como lo es la francesa. A pesar de que numerosas regiones se han declarado libres de transgénicos, lo cual pone de relieve la desconexión entre el gobierno nacional y la población local, la tendencia productivista del sector agrícola sigue siendo clara, y ello incluye a los transgénicos.

Asimismo, cables revelados por WikiLeaks reflejan que, de acuerdo con Monsanto, el gobierno francés habría contravenido las regulaciones de la Organización Mundial del Comercio al prohibir MON810 y que, en respuesta, la compañía exigiría compensación por medios judiciales. El gobierno español probablemente vio en ello una amenaza de posibles represalias en caso de seguir el camino de Francia.

protesting monsanto in san francisco [Foto: Donna Cleveland, via Flickr]
protesting monsanto in san francisco [Foto: Donna Cleveland, via Flickr]

Además, dichos cables mostraron que los diplomáticos estadounidenses trabajaban directamente para compañías como Monsanto, dedicadas a productos transgénicos, para así asegurar la adopción de éstos en España. “En respuesta a recientes y urgentes peticiones de [Ministro español de Asuntos Rurales] Josep Puxeu y Monsanto, se requiere la renovación del apoyo del gobierno de Estados Unidos a la postura de España en cuanto a la biotecnología agrícola con base científica, a través de la intervención del gobierno de alto nivel de Estados Unidos”.

También apareció que España y EEUU trabajaron estrechamente para persuadir a la UE de no fortalecer las leyes en biotecnologíaEn uno de los cables, la embajada de Madrid señala: “Si España cae, el resto de Europa la seguirá”.

Aprendiendo de España

La falta de requisitos y procedimientos transparentes para la adopción y desarrollo de transgénicos continúa siendo un problema tanto a nivel nacional como europeo. Mientras que los registros de transgénicos autorizados en ambos niveles siguen, en principio, abiertos al público, la información aparece limitada y muy técnica.

La falta de información que se proporciona a los agricultores sobre los efectos a largo plazo en la salud y en el medio ambiente tampoco es mera coincidencia. Las conclusiones de la evaluación mencionada anteriormente, indicadas como positivas, están basadas en el hecho implícitamente aceptado de que la información provista a los agricultores continúa siendo insuficiente, al menos en las áreas estudiadas.

La falta general de estudios científicos independientes también resulta llamativa. En lugar de llevarse a cabo por el CSIC (la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas), los estudios se elaboran primero por las propias compañías, tras realizar únicamente un test de 90 días, claramente insuficiente comparado con el periodo de dos años requerido para productos farmacéuticos.

Agencias gubernamentales o europeas pueden llevar a cabo más investigaciones a tal efecto, pero generalmente dichas agencias seleccionan la evidencia científica según su conveniencia e incluyen entre sus miembros a personas en clara situación de conflicto de intereses.

Say NO! to Monsanto! [foto: adrian kenyon, via Flickr]
Say NO! to Monsanto! [foto: adrian kenyon, via Flickr]

Además, la débil movilización social y el acallamiento de voces críticas provenientes de ONGs y de la sociedad civil han desempeñado un papel central en la rápida propagación de los transgénicos. Es más, el país ha sido deliberadamente convertido en dependiente de los subsidios agrícolas provenientes de Bruselas, lo cual ha dejado a las comunidades locales en situación de particular vulnerabilidad a las decisiones supranacionales, en cuyos foros tienen muy poca o ninguna voz. Esta situación no beneficia en modo alguno a los pequeños agricultores, pero resulta en cambio muy atractiva para las compañías transnacionales.

La connivencia de los poderes políticos con el sector privado, ya conocida antes de las revelaciones de WikiLeaks, fue también puesta en evidencia por los repentinos cambios de política de los ministros de agricultura antes y después de su elección. No se puede eludir la politización de la cuestión, pero lo que se necesita es una mayor y mejor información, transparencia y participación social para prevenir así decisiones parciales por parte de los agricultores, decisiones políticas orientadas al beneficio privado en lugar del común y el acallamiento de sectores sociales clave en este proceso.

Foto de portada: Corn Kernels por gun4hire, via stock.xchng

Ésta es una traducción por Patricia Diez de un artículo originalmente publicado en inglés en la revista Our World 2.0 de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU)

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