27/02/2020 BARCELONA

El TTIP ¿una trampa para la soberanía europea?

El Tratado de Comercio e Inversión Transatlántico tendrá repercusiones directas e importantes para la vida de los ciudadanos europeos y estadounidenses: los estados perderán poder frente a los intereses privados de las grandes corporaciones.


Desde que en julio de 2013 se abrió oficialmente el proceso de negociación del TTIP (Tratado de Comercio e Inversión Transatlántico) entre la Unión Europea y Estados Unidos no han dejado de acumularse los problemas. El espionaje por parte de la NSA (y otras agencias, algunas europeas) sobre ciudadanos y dirigentes europeos frenaron durante semanas las reuniones. A esto se sumó el cierre en la administración estadounidense del pasado mes de octubre, que no permitió que se celebrara la tercera ronda de negociaciones hasta diciembre de 2013.

Ahora el problema con el que se encuentra la Comisión Europea es el revuelo y las protestas de la opinión pública (agrupaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, ONGs, grupos de expertos, miembros del Parlamento Europeo…) por la falta de transparencia del proceso y por cómo los políticos europeos encargados de la negociación parecen doblegarse a los intereses de grandes empresas privadas. Este último hecho ha provocado un nuevo “parón” de las negociaciones a partir del próximo marzo para, según anunciaba la Comisión Europea a mediados de enero, abrir un periodo de consulta pública sobre los aspectos relacionados con la inversión.

Y es que el TTIP tiene dos áreas de negociación diferenciadas: la que se refiere al comercio propiamente dicho y la que trata los temas de la inversión, en ambos casos, siempre con el concepto LIBERALIZACIÓN por delante.

Mesa de negociación UE - EE.UU. [Foto: Flickr Presidente del Consejo Europeo]
Mesa de negociación UE – EE.UU. [Foto: Flickr Presidente del Consejo Europeo]

Actualmente, la suma de las economías europea y estadounidense equivale a casi la mitad del PIB mundial y a un tercio de los intercambios comerciales. Las barreras en forma de aranceles, cuotas e impuestos son casi inexistentes entre ambos, por lo que el tratado se centraría en la reducción de las barreras regulatorias en áreas que van desde los servicios financieros a químicos, y la facilitación y promoción de los movimientos de inversión extranjera directa (IED). Se espera que gracias a este tratado se creen millones de nuevos puestos de trabajo a ambos lados del Atlántico gracias al aumento de exportaciones bilaterales.

El TTIP “podría aportar a la UE ganancias de 119.000 millones de euros anuales una vez totalmente implementado. El acuerdo final podría significar un incremento de las exportaciones de la UE a EEUU del 28%, aportando a los exportadores de bienes y servicios unos 187.000 millones de euros extra anuales. Los consumidores también se beneficiarán: de media, el acuerdo puede ofrecer 545 euros extra a los ingresos disponibles anuales para una familia de 4 viviendo en la UE” (European Commision MEMO/13/211).

De los asuntos que se están negociando, la promoción y protección de la IED, sumados a los mecanismos de resolución de conflictos inversor-estado (investor-to-state dispute settlement, ISDS) son los temas más controvertidos para la sociedad civil.

El ISDS permite que las empresas extranjeras lleven a los gobiernos directamente a los tribunales si creen que sus regulaciones nacionales son contrarias a sus intereses, con la posibilidad de pedir una compensación por la ausencia de un ‘marco regulatorio predecible’.

La protección del consumidor en segundo plano

La inclusión del ISDS en la redacción de este tratado bilateral preocupa por sus posibles repercusiones en la fuerza que puedan ejercer los estados frente a los intereses privados de grandes corporaciones. Existe el peligro que, para evitar que el conflicto llegue a los tribunales, no se proteja al ciudadano en temas relacionados con la salud, las condiciones laborales, la política energética, los derechos sobre la tierra y un largo etcétera, que podría quedar supeditado a las amenazas de los largos y costosos procesos judiciales. Como denuncia Corporate Europe Observatory, los 14.000 millones de dólares de los 16 procesos abiertos que esperan resolución bajo los acuerdos de libre comercio de EEUU se centran en temas medioambientales, energéticos, de regulación financiera, de salud pública, de uso de la tierra y de políticas de movilidad; en absoluto sobre temas de comercio tradicionales.

En azul oscuro los miembros del TTIP. En azul claro otros posibles miembros futuros. [Fuente: economyincrisis.org]
En azul oscuro los miembros del TTIP. En azul claro otros posibles miembros futuros. [Fuente: economyincrisis.org]

A todo esto hay que sumarle la falta de transparencia en las reuniones que se están llevando a cabo para seguir adelante con el TTIP, a pesar de tratar de temas tan sensibles como los arriba mencionados. Por supuesto la Comisión Europea niega que esto sea así. Sin embargo, mientras se asegura que se están llevando a cabo reuniones con todos los grupos de interés (industria, asociaciones de consumidores, sindicatos, etc.), lo cierto es que varios de estos “comités de negociación” son a puerta cerrada y, en una proporción demasiado alta, tan solo con lobbies de varias industrias.

Entre estas industrias destacan las de la alimentación y bebida, como señala el europarlamentario Raül Romeva. Este gran conocedor de los entresijos de la UE denuncia que empresas como la conocida Monsanto (para conocer más sobre esta transnacional se puede ver el documental Le monde selon Monsanto de 2008, o leer algunas de nuestras explicaciones sobre esta compañía), están presionando para conseguir vender sus productos en el mercado europeo, lo que significaría, como se ha visto en tantos otros lugares, una altísima dependencia de una empresa que consigue posicionarse como monopolística mediante el fomento del monocultivo.

La respuesta de la Comisión: vamos a hablarlo

El comisario europeo para el comercio, Karel De Gucht, anunció que en marzo la Comisión publicará un texto sobre el área de inversión que incluirá los temas de la protección a la IED y el ISDS. A partir de ahí, los ciudadanos europeos tendrán 3 meses para comentar.

Esta es la manera que tiene de calmar un poco a aquellos ciudadanos preocupados por los efectos del TTIP. El pasado 22 de enero, De Gucht comentaba en Düsseldorf que “los acuerdos de inversión existen por alguna razón. La economía europea […] se beneficia de las inversiones que nuestras empresas hacen en otros países. Y es un hecho triste que los gobiernos de esos países a veces usen su poder para tratar a las empresas extranjeras de manera injusta, poniendo esas inversiones – y en último lugar puestos de trabajo europeos- en riesgo. Las reglas de inversión, incluyendo el sistema de resolución de disputas, son una protección importante ante estas acciones injustas. […] El objetivo fundamental de nuestra política internacional de inversiones es reforzar la legitimidad y transparencia de estas reglas

Karel de Gucht, comisario europeo de comercio
Karel De Gucht, comisario europeo de comercio [Foto: Wikimedia Commons]

Así, el comisario cree que el proceso, que se abrirá en marzo del presente año (coincidiendo, por cierto, con la cuarta ronda de negociaciones del TTIP), mostrará de manera totalmente clara y transparente la postura de la UE en relación a la protección de las empresas europeas en el mercado estadounidense. Para ello, De Gucht pone como reclamo los ejemplos de otras empresas del viejo continente en países como Venezuela, Bolivia o Argentina, los cuales está claro que nada tienen que ver con este tratado bilateral ni son comparables las partes que lo negocian. Por añadido, nada se dice de la protección que conllevará para las empresas estadounidenses en los países que conforman la UE, cada uno con una regulación particular y en ocasiones contradictoria.

La sociedad civil se moviliza

A principios de este año, diez ONG dedicadas a la salud, la transparencia y el medioambiente de ambos lados del océano Atlántico publicaron un manifiesto conjunto en el que denuncian que “para la UE, esto puede significar aceptar los estándares estadounidenses que en muchos casos son más laxos que los suyos propios. Al mismo tiempo este acuerdo puede abrir las puertas a las multinacionales y a los inversores a denunciar a los Estados Miembro de la UE si se introduce legislación medioambiental o de salud que afecte negativamente sus previsiones de negocio”.

Estas 10 ONG son: CEE Bankwatch Network, Climate Action Network Europe (CAN), Corporate Observatory Europe (CEO), European Public Health Alliance (EPHA), European Environmental Bureau (EEB), Friends of the Earth Europe (FOEE), Health and Environment Alliance (HEAL), Nature Friends International (NFI), Transport & Environnent (T&E), World Wide Fund for Nature (WWF). 

Para estas ONG, los estados tendrán miedo a la hora de introducir normativa nueva de protección social y medioambiental, y esto acabará suponiendo un coste real para el ciudadano europeo (además de la pérdida de derechos y protección, los estados pueden estar obligados a pagar multas para compensar ‘pérdidas potenciales’ para las empresas). Asimismo, se cuestiona la necesidad de un organismo independiente parecido a una corte de arbitraje si ya existe la Corte Europea de Justicia.

Esta preocupación no es baladí. En la actualidad existen centenares de disputas sin resolver entre grandes empresas y estados soberanos que no auguran nada bueno. Entre las más conocidas está el contencioso entre Lone Pine Resources Inc y el gobierno de Canadá respecto a la prohibición quebequense del fracking, por lo que la multinacional pide 250 millones de dólares como compensación financiera. O Philip Morris Asia contra Australia (bajo el ISDS Australia-Hong Kong) por los cambios en el empaquetado y etiquetado de los paquetes de tabaco, por lo que reclaman miles de millones de dólares en concepto de pérdida de ventas.

Cartel visto en una protesta en Alemania [Foto: Flickr sozialfotografie]
Cartel desplegado en una protesta en Alemania [Foto: Flickr sozialfotografie]

El Tratado de Comercio e Inversión Transatlántico que se está negociando tendrá repercusiones directas e importantes para la vida de los ciudadanos europeos y estadounidenses. Por muchos millones de euros y nuevos puestos de trabajo que se anuncien (que no negamos que así sea), hay otros aspectos a tener en cuenta en las negociaciones y que requieren de una mayor transparencia e información al ciudadano, que es quién puede resultar perjudicado en última instancia, especialmente en temas tan sensibles como el agua, la calidad de la comida, el uso de productos químicos, el clima, la energía, la seguridad en los medicamentos y un larguísimo etc que podrían quedar desprotegidos.

Como el TTIP se va a firmar inevitablemente, lo mejor será asegurarnos de que no resulte en un perjuicio a medio plazo para los ciudadanos europeos y estadounidenses. Es nuestro deber y nuestro derecho.

Foto de portada: Van Rompuy, Barroso y Sócrates reciben a Obama en la cumbre UE – EE.UU. (Lisboa, 2010). [Flickr Presidente del Consejo Europeo]

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

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Eva Valera

Barcelona, España. Licenciada en Ciencias Ecónomicas y con dos máster: uno en comercio internacional (del ICEX) y otro en economía internacional y desarrollo (UCM). He vivido en París, Toulouse y Cambridge, y ahora en Madrid. Con intención de acabar el doctorado algún día. Me apasiona África, leer noticias, ser fotógrafa urbana y el café.



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