07/06/2026 MÉXICO

Desplazamiento forzoso de menores ucranianos a Rusia: cuando la infancia queda atrapada en la guerra
Matti Karstedt, Pexels

Guerra en Ucrania

En febrero de 2022, estalló el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, una guerra que continúa hasta el día de hoy. En medio de bombardeos, disputas territoriales y titulares sobre avances militares, hay una realidad que muchas veces queda en segundo plano: la deportación y traslado forzoso de miles de niños ucranianos hacia Rusia y territorios bajo su control.

La guerra entre Rusia y Ucrania comenzó oficialmente el 24 de febrero de 2022, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó una invasión militar a gran escala sobre territorio ucraniano. Sin embargo, el conflicto tiene raíces previas. Desde 2014 ya existían tensiones entre ambos países luego de la anexión rusa de Crimea y del surgimiento de enfrentamientos armados en las regiones del este de Ucrania, especialmente en Donetsk y Luhansk, donde grupos separatistas prorrusos comenzaron a enfrentarse con el gobierno ucraniano.

Desde el inicio de la invasión, Rusia sostuvo que uno de sus principales objetivos era proteger a las poblaciones rusoparlantes del este de Ucrania, así como impedir una mayor expansión de la OTAN en la región. Por su parte, Ucrania y gran parte de la comunidad internacional denunciaron el accionar ruso como una violación de la soberanía territorial del país y del derecho internacional. En marzo de 2022, una amplia mayoría de los Estados miembros de la ONU condenó formalmente la invasión y exigió el retiro inmediato de las tropas rusas.

Cuatro años después del comienzo de la guerra, el conflicto continúa sin una resolución clara. Rusia mantiene el control de aproximadamente el 20% del territorio ucraniano, mientras ambas partes continúan lanzando ofensivas militares y ataques sobre infraestructura estratégica. El impacto humanitario ha sido inmenso: decenas de miles de civiles han muerto o resultado heridos, millones de personas fueron desplazadas de sus hogares y más de diez millones continúan necesitando asistencia humanitaria.

En medio de este escenario comenzaron a surgir denuncias sobre el traslado de miles de niños ucranianos desde territorios ocupados hacia Rusia o zonas bajo control ruso. Lo que inicialmente fue presentado por Moscú como evacuaciones temporales por motivos de seguridad, pronto comenzó a generar preocupación internacional. Investigaciones de Naciones Unidas sostienen que muchos de estos traslados se prolongaron más allá de lo previsto, dificultando el contacto entre los niños y sus familias, mientras Rusia implementó medidas como el otorgamiento de ciudadanía rusa y programas de acogimiento familiar.

Esto abrió un debate mucho más profundo: ¿qué ocurre cuando, en medio de una guerra, un niño es separado de su país, de su cultura y, en algunos casos, incluso de su propia familia?


Russo-Ukrainian war – full-scale invasion of Ukraine by Russia starting on 24 February 2022, part of Russo-Ukrainian War
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Los niños en el centro del conflicto 

A medida que avanzó la guerra, comenzaron a multiplicarse las denuncias sobre el traslado de menores ucranianos hacia Rusia o territorios ocupados por fuerzas rusas. De acuerdo con cifras del gobierno ucraniano, más de 16.000 niños habrían sido llevados fuera de su lugar de origen desde el inicio de la  invasión, aunque Naciones Unidas aclara que únicamente pudo verificar una parte de esos casos debido a las dificultades para acceder a la información y documentar lo ocurrido

Las autoridades rusas han sostenido que muchos de estos traslados fueron evacuaciones temporales  motivadas por razones de seguridad, especialmente en zonas afectadas por bombardeos o combates intensos. Sin embargo, distintas investigaciones internacionales comenzaron a cuestionar esta narrativa. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania concluyó que, en numerosos casos, los menores permanecieron durante períodos prolongados lejos de sus familias y que  aproximadamente el 80% de los niños documentados aún no había regresado cuatro años después.

El problema no se limita únicamente al traslado físico. Diversos informes señalan que muchos niños fueron ubicados en instituciones o familias de acogida dentro de Rusia, recibieron ciudadanía rusa y pasaron a  formar parte de bases de datos de adopción. Al mismo tiempo, numerosos padres denunciaron enormes obstáculos para reencontrarse con sus hijos: falta de información sobre su paradero, dificultades económicas para viajar, barreras burocráticas y riesgos de seguridad en medio del conflicto.


En algunos testimonios recopilados por Naciones Unidas, menores relataron haber sido maltratados verbalmente, obligados a vivir en condiciones precarias o privados de cuidados médicos adecuados, especialmente aquellos con discapacidades. La Comisión también advirtió que los niños más pequeños podrían perder el vínculo con sus familias de manera indefinida, al no poder recordar datos personales o comunicarse por sus propios medios.

Más allá del impacto inmediato, el debate gira también en torno a algo mucho más profundo: la identidad. Cuando un niño es separado de su familia, trasladado a otro país, cambia de idioma, de sistema educativo e incluso de nacionalidad, surge una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto sigue siendo posible preservar sus vínculos, su historia y su sentido de pertenencia?

Ukrainian-refugee-schoolgirl
Ukrainian-refugee-schoolgirl, Unsplash

¿Qué dice el derecho internacional? 

Desde la perspectiva del derecho internacional, el traslado forzoso de menores en contextos de guerra no es una cuestión menor. Diversos organismos internacionales sostienen que varias disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño podrían estar siendo vulneradas en el caso ucraniano. 

Uno de los principales es el artículo 9, que establece que ningún niño debe ser separado de sus padres contra su voluntad, salvo circunstancias excepcionales que respondan a su interés superior. Además, el mismo artículo sostiene que, incluso cuando ocurre una separación, debe garantizarse el contacto regular con la familia y brindarse información sobre el paradero del menor. Esto cobra especial relevancia frente a las denuncias de padres que aseguran desconocer dónde se encuentran sus hijos o enfrentan enormes  obstáculos para recuperarlos.


También aparece el artículo 8, que protege el derecho de los niños a preservar su identidad, incluyendo  su nacionalidad, nombre y relaciones familiares. Este punto se volvió especialmente sensible luego de denuncias sobre el otorgamiento de ciudadanía rusa a menores trasladados y su integración a familias o instituciones dentro de Rusia, lo que podría dificultar aún más su retorno y la preservación de sus vínculos originales.

Por otro lado, el artículo 7 establece el derecho de todo niño a tener un nombre, una nacionalidad y, en la  medida de lo posible, conocer y ser cuidado por sus padres. En un contexto donde miles de familias continúan buscando a sus hijos, este derecho adquiere una dimensión particularmente urgente. 

En este caso, la discusión jurídica no gira únicamente en torno a principios abstractos del derecho  internacional: Rusia es Estado parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que asumió  obligaciones concretas respecto a la protección de la identidad, nacionalidad y vínculos familiares de los  menores. 

La intervención de la Corte Penal Internacional también abre un interrogante sobre el alcance real de la  justicia internacional. Aunque Rusia no ratificó el Estatuto de Roma y no reconoce formalmente la jurisdicción de la Corte, la CPI sostiene que sí puede investigar presuntos crímenes cometidos por ciudadanos rusos en territorio ucraniano, dado que Ucrania aceptó su jurisdicción desde 2014 y se convirtió formalmente en Estado parte en 2025.

Bajo este marco, en marzo de 2023 la Corte emitió órdenes de arresto contra Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova (comisionada presidencial para los derechos del niño de Rusia) por la presunta deportación ilegal y transferencia forzada de niños ucranianos. Sin embargo, esto también evidencia una de las principales limitaciones del sistema: la CPI no posee fuerza  policial propia y depende de la cooperación de los Estados para ejecutar arrestos.

En consecuencia, aunque las órdenes no se tradujeron hasta ahora en detenciones concretas, sí generan efectos políticos y  diplomáticos, restringiendo potencialmente la movilidad internacional de los acusados, debilitando su legitimidad y dejando asentada una posible responsabilidad penal que podría adquirir mayor peso si cambian las condiciones políticas a futuro.

Matti Karstedt, Pexels
Matti Karstedt, Pexels

Más recientemente, en 2026, una comisión de investigación de Naciones Unidas fue un paso más allá y concluyó que estas prácticas podrían también constituir crímenes de lesa humanidad, al considerar que existió una política coordinada y sostenida desde las más altas esferas del liderazgo ruso para facilitar los traslados, dificultar el regreso de los menores y ocultar en muchos casos su paradero.

Sin embargo, más allá de las definiciones legales y de las responsabilidades que eventualmente determine la justicia internacional, hay algo difícil de discutir: en medio de una guerra que ya desplazó a millones de personas, miles de niños quedaron atrapados en una disputa política y territorial sobre la cual nunca tuvieron capacidad de decidir.

Aun cuando algunos menores lograron regresar a Ucrania, los procesos de reunificación familiar continúan siendo extremadamente complejos. Muchas familias deben atravesar largos recorridos burocráticos, viajar a terceros países y asumir costos económicos imposibles en un contexto de guerra. Mientras tanto, el paso del tiempo agrega otro desafío: cuanto más prolongada es la separación, más difícil puede resultar reconstruir vínculos familiares, identidad y sentido de pertenencia.

Conclusión

Solemos medir las guerras en términos de territorios ganados, pérdidas militares o acuerdos diplomáticos. Sin embargo, algunas de sus consecuencias más profundas son mucho más complejas de cuantificar. Cuando un niño es separado de su familia, trasladado a otro país y crece lejos de su idioma, su comunidad y sus recuerdos, el daño trasciende lo inmediato, y trae efectos que marcarán el resto de sus vidas.

Más allá de cómo evolucionen las investigaciones judiciales o de las responsabilidades que eventualmente determine la justicia internacional, la pregunta de fondo permanece abierta: ¿qué sucede con una generación de niños cuya infancia quedó atravesada por una guerra que nunca eligieron? En un conflicto donde cada parte disputa territorio, poder y narrativa, miles de menores continúan esperando algo mucho más simple: poder volver a casa.

Referencias

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Candela Nigro

Licenciada en Estudios Internacionales (Universidad Torcuato Di Tella). Fue pasante en la sección de Medidas Cautelares de la CIDH. Actualmente, se desempeña como Consultora en el área de People Consulting de EY.


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