Anna Medrano02/06/2015
El conflicto del Sáhara Occidental tiene claros efectos en cuanto a la vulneración de los derechos humanos en la zona y a su inestabilidad política. Asociaciones de derechos humanos han denunciado las torturas y las limitaciones sistemáticas de las libertades de expresión y asociación por parte de Marruecos. Por otro lado, muchos saharauis viven en campos de refugiados, por lo que muchas familias llevan décadas separadas. La larga duración del conflicto genera una pérdida de confianza de los saharauis en las posibilidades reales de una resolución cercana.
La población exiliada vive en la hamada argelina. Algunas estimaciones cifran en unos 180.000 a los saharauis que viven allí. Los habitantes se reparten en cuatro campamentos, que distan entre ellos de 20 a 60 Km. Los refugiados se instalaron en la zona en 1975, cuando huyeron de la opresión y de los bombardeos marroquíes, y cuarenta años después todavía siguen allí y dependen, en gran medida, de las ayudas internacionales.
Durante la guerra contra Marruecos, las mujeres se convirtieron en las organizadoras políticas y económicas de la vida de los campamentos. Más tarde, con el alto al fuego de 1991, los hombres tuvieron más tiempo para dedicarse al control administrativo. Sin embargo, las mujeres se opusieron a quedar relegadas a las tareas domésticas. No olvidemos que las saharauis habían luchada por la independencia ya antes de que España abandonara el Sáhara Occidental. De hecho, la mayoría de las células anticoloniales estaban formadas por mujeres.
En la monarquía marroquí, el rey concentra poderes ejecutivos. Cualquier ataque contra el monarca de Marruecos constituye un delito que puede ser castigado duramente. En los territorios saharauis ocupados, la población sufre continuos controles, registros e interrogatorios. Los presos políticos saharauis han pasado por las peores cárceles y algunos han estado detenidos sin ninguna orden judicial. Muchos juristas internacionales condenan la falta de garantías procesales en los juicios del Sáhara. Es evidente, pues, que la vulneración de los derechos humanos por parte de Marruecos es una práctica habitual desde 1975. Ese año la policía española traspasó los ficheros referentes al Sáhara Occidental a las autoridades marroquíes, lo que supuso que toda persona afecta al Frente Polisario fuera inmediatamente perseguida. La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis recoge los testimonios de muchas víctimas con el objetivo de dar a conocer estas injusticias.
Para Marruecos, la condición marroquí del Sáhara Occidental es innegociable. En 1989 el entonces rey marroquí, Hassan II, afirmó que no tenía nada que ofrecer al Frente Polisario, porque el Sáhara Occidental era tierra marroquí. Sobre los derechos humanos, Hassan II indicó que en la cárcel no había presos políticos, sino traidores a la patria. Para él, negar que el Sáhara Occidental pertenecía a Marruecos no era un delito de opinión, sino un delito en contra de la nación. Todo ello manifestaba la falta de voluntad de diálogo por parte del estado marroquí.
Desde el punto de vista de las Naciones Unidas, este conflicto vuelve a mostrar las dificultades de dicha organización en la resolución de conflictos internacionales. El Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización. En este punto, cabe mencionar el Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949, que engloba los conflictos armados en los que el pueblo lucha contra la dominación colonial dentro de los conflictos internacionales.
Hechos recientes
Algunos de los episodios más comentados de los últimos años son la huelga de hambre de la activista Aminatou Haidar o el levantamiento de los campamentos de Gdim Izik. Aminatou Haidar es una de las principales defensoras de la causa saharaui. A lo largo de su vida, ha sufrido en primera persona algunas de las consecuencias del conflicto. De pequeña, vivió la guerra contra Mauritania y Marruecos. Ya de mayor, estuvo en la llamada cárcel negra de El Aaiún entre los años 1987 y 1991, donde fue víctima de torturas. Una vez en libertad, ha seguido defendiendo la autodeterminación del Sáhara Occidental y la universalidad de los derechos humanos, lo que le ha valido el reconocimiento internacional y la concesión de distintos premios. En noviembre de 2009, Haidar fue expulsada de El Aaiún por las fuerzas marroquíes y enviada, en contra de su voluntad, a Lanzarote, donde comenzó una huelga de hambre que duró 32 días. Después de tensiones diplomáticas entre Rabat y Madrid y de diversas negociaciones entre el gobierno marroquí y los gobiernos de Estados Unidos, de Francia y de España, Aminatou Haidar pudo volver a casa.
Un año después, en octubre de 2010, estalló una crisis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Muchos saharauis iniciaron unas protestas en contra de la discriminación padecida y reivindicaron mejoras socioeconómicas e igualdad de oportunidades en el mercado laboral. Nacieron, así, los campamentos de Gdim Izik, situados en el desierto y a pocos kilómetros de la capital saharaui. El 8 de noviembre del mismo año las autoridades marroquíes desmantelaron el campamento con el uso excesivo de la violencia. Las tensiones se trasladaron a las calles de El Aaiún, donde se produjeron continuos enfrentamientos entre los resistentes saharauis y la policía marroquí y entre los vecinos marroquíes y los saharauis. A raíz de estos acontecimientos, Amnistía Internacional elaboró el informe “Derechos pisoteados. Protestas, violencia y represión en el Sáhara Occidental”. Según este informe, en los sucesos del 8 de noviembre murieron 11 agentes de seguridad marroquíes y dos saharauis.
Situación actual de los derechos humanos
En relación con el conflicto del Sáhara Occidental, Marruecos firmó un código de conducta en Houston en 1997 asegurando el respeto de los derechos humanos, pero la arbitrariedad de las fuerzas marroquíes sigue siendo la nota dominante. A fecha de hoy, muchos saharauis permanecen desaparecidos y los habitantes de las zonas ocupadas no pueden comunicarse con sus familiares de los campos de refugiados y se ven privados de estudiar su propia cultura e historia.
Si echamos un vistazo al Informe Anual de 2014 de Amnistía Internacional, comprobamos que el estado marroquí continúa vulnerando derechos y libertades. Centrándonos en los ataques a los saharauis, sus derechos de libertad de expresión, asociación y reunión siguen restringiéndose. Además, la tortura y los malos tratos persisten en las cárceles del país. Durante el año pasado, la represión de toda defensa de la autodeterminación
del Sáhara Occidental fue constante, puesto que las autoridades no permitieron las protestas y disolvieron las manifestaciones mediante el empleo de la fuerza.
El Informe de Amnistía Internacional también recoge el caso de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH), que vio frustrados sus esfuerzos por inscribirse en el registro oficial por parte de funcionarios marroquíes. Esto le impedía, entre otras cosas, poder desarrollar sus actividades de manera legal, tener una sede oficial, celebrar actos públicos o solicitar financiación.
También en 2014, Abdelmoutaleb Sarir denunció haber sido torturado y violado con una botella por agentes policiales marroquíes después de ser detenido en una manifestación en El Aaiún. Según Sarir, la policía le obligó a firmar un interrogatorio sin ni siquiera dejárselo leer, pero no hay indicios de que las autoridades judiciales de Marruecos investigaran sus denuncias. En septiembre de 2014, Abdelmoutaleb Sarir fue condenado a 10 meses de cárcel por cargos como “formación de banda delictiva” e “insulto y agresión a agentes de las fuerzas de seguridad”. Su condena se sirvió del interrogatorio que, según él, había firmado de forma obligada.
El Informe de Amnistía Internacional hace referencia también a la situación de los campamentos de Tinduf, donde no hubo una observación periódica e independiente de la situación de los derechos humanos. Se añade que el Frente Polisario no tomó medidas para acabar con la impunidad de las personas que cometieron abusos contra los derechos humanos en los años setenta y ochenta.
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Rut Turch
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