07/04/2020 BARCELONA

Ana Adela Rubio, autor en United Explanations

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Ni los derechos ni su ejercicio son absolutos. Grosso modo, los derechos se limitan entre ellos mismos en el momento de su ejercicio siguiendo la filosofía kantiana de los límites de la libertad, cuando el propio filósofo afirmaba que la libertad de acción y ejercicio del derecho de un individuo, termina donde comienza la libertad de arbitrio del otro. En base a ello, se ha establecido el sistema de derechos, deberes y libertades de las democracias occidentales. Ahora bien: el debate reside en la estipulación de esos límites, o qué elementos componen esa vara de medir, algo aún más significativo si tratamos de la libertad de expresión.

Libertad de expresión, blasfemia y libertad religiosa

“Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero me pelearía para que usted pudiera decirlo” es quizá una de las citas más famosas de Voltaire. Queda en ella reflejada la importancia, en esencia, de la libertad de expresión y su trascendencia en ser defendida para una sociedad más libre, y por ende, más democrática y justa. No obstante, la libertad de expresión es uno de los derechos humanos más vulnerados, y sus profesionales así como ciudadanía, los más perseguidos y represaliados por su ejercicio. Según datos de Reporteros Sin Fronteras, sólo en lo que llevamos de año, ya han sido asesinados 8 periodistas y 177 han sido encarcelados.

Las matanzas indiscriminadas de los terroristas en Oriente Medio contra la población musulmana no alineada al extremismo es deplorable y una manifestación de censura a través del terror contra la libertad de expresión. El deleznable suceso en París del asesinato terrorista contra los caricaturistas de la revista Charlie Hebdo es otro ejemplo, igual de atroz, contra el ejercicio de la libertad de expresión, injustificable -qué duda cabe- incluso aunque la propia revista hubiera, en alguna de sus publicaciones, vulnerado alguna de las libertades de la ciudadanía francesa o mundial. Pero no fue el caso.

Haciendo mención a las caricaturas de Mahoma, para aquellos que argumentaron burla o blasfemia, cabe recordar que no existe una base jurídica sobre la que se afirme o demuestre que la blasfemia sea un límite a la libertad de expresión. La blasfemia consiste en el comportamiento irrespetuoso y hostil contra los sentimientos religiosos por lo que se supone un límite a los mismos, y su debate por lo tanto, encajaría entonces en la vulneración de la libertad religiosa.

Homenaje a Charlie Hebdo en Lyon [Foto: Ad Ri vía Flickr]
Homenaje a Charlie Hebdo en Lyon [Foto: Ad Ri vía Flickr]

En ese caso, se tendría que establecer de qué modo la blasfemia supone una vulneración a este derecho en cualquiera de sus formas de ejecución, responsabilidad que recae en la soberanía de cada Estado puesto que ésta, no está reconocida como limitación de derechos en todos los países. Así por ejemplo, en Europa la blasfemia sigue siendo punible en Austria, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Italia, Países Bajos e Irlanda.  De este modo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) respaldó controvertidas sentencias de Austria y Reino Unido (éste último abolió la blasfemia como causa punible en 2008) que establecían que la blasfemia, en estos casos contra la religión católica, sí constituía un límite a la libertad de expresión (ver sentencias del TEDH Otto Preminger v Autria y Wingrove v The United Kingdom).

Por otro lado, la mofa, el humor, burla, sátira, ironía o simple manifestación o disentimiento de opiniones no es, ni puede ser censurado en una democracia o Estado en aras de convertirse en democrático, algo cada vez más común incluso en países occidentales, como por ejemplo, el polémico caso de España con la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, más popularmente conocida como “Ley mordaza”. Es más: no existe tampoco base jurídica dentro del Derecho Internacional o del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que justifique que la ofensa o estupor que un ciudadano sienta hacia ciertas manifestaciones de expresión a través de la burla, sean un límite como tal a la libertad de expresión, sino que esa misma disconformidad es parte inalienable de la libertad de expresión en sí misma, por lo que los poderes públicos tienen el deber de protegerla y ampararla.

Concentración solidaria contra los atentados a Charlie Hebdo en Plaza Luxemburgo, Bruselas [Foto: Valentina Calá vía Wikicommons]
Concentración solidaria contra los atentados a Charlie Hebdo en Plaza Luxemburgo, Bruselas [Foto: Valentina Calá vía Wikicommons]

El ejercicio de la libertad de expresión es requisito indispensable y necesario dentro de una sociedad democrática, y así queda recogido en las más importantes normas internacionales. Pero atendiendo al límite como tal, éste tampoco se puede medir por las repercusiones posteriores y desconocidas que ciertas manifestaciones o publicaciones gráficas o escritas puedan tener. Y los límites que cada Estado pueda imponer a este derecho dentro de su ordenamiento jurídico, tienen que estar perfectamente delimitados y explicados, todo ello en pro de un ejercicio de respeto y responsabilidad a los derechos que le son inalienables a cada individuo de la sociedad: los derechos humanos. Pero en toda esta trama ¿cuál es el verdadero límite a la libertad de expresión?

El límite a la libertad de expresión

El discurso de odio, la incitación a la xenofobia, racismo, intolerancia o discriminación en cualquiera de sus formas, así como la incitación o apología del terrorismo o a cometer crímenes de lesa humanidad, son los límites generalmente establecidos a la libertad de expresión. Es difícil, por lo tanto, encontrar tintes de humor en esta clase de manifestaciones de la expresión. Estos límites, son los aceptados de modo genérico e internacional en diversos ordenamientos jurídicos por lo tanto, estos han sido, y deben ser establecidos por cada Estado. Un ejemplo de ello ha ocurrido en Alemania, donde hasta enero de 2014, se prohibió tanto la edición como venta del libro de Adolf Hitler “Mein Kampf” (Mi lucha), obra con la que el dictador empezó a mover a las masas y en el que detallaba las razones de por qué los judíos debían ser perseguidos y atacados. También en Alemania, portar una esvástica, símbolo que por otro lado es original de la religión hindú y cuyo significado dista mucho de las atrocidades con las que se le relaciona en los países occidentales, sigue estando prohibido. Razón: ambos forman parte del discurso de odio que provocó el holocausto nazi durante la II Guerra Mundial.

Mi Lucha, de Adolf Hitler [Foto: Diego Cavichiolli Carbone vía Flickr]
Mi Lucha, de Adolf Hitler [Foto: Diego Cavichiolli Carbone vía Flickr]

Que las publicaciones de las viñetas en 2005 del periódico danés Politiken, o las posteriores que publicaron otros medios como Charlie Hedbo, sean incitadoras al odio contra los musulmanes es un debate que no se ha cerrado, sino que por el contrario, no ha dejado de crecer. No obstante, los tribunales entendieron entonces que dichas viñetas no incitaban al odio contra la comunidad musulmana. Por otro lado, cabe recordar que los islamófobos reconocidos en Europa son afortunadamente pocos, no cuentan con el respaldo ni de la sociedad ni de los poderes públicos, y no necesitan de este tipo de publicaciones para justificar su odio irracional hacia el Islam. Que dichas publicaciones han llamado a la sociedad a alimentar el estereotipo negativo contra los musulmanes, es una opinión que ha sido muy defendida, lo que ha provocado por otro lado, un aumento del llamado a la población a hacer un esfuerzo, aún mayor si cabe, de integración intercultural en una Europa bien conocedora de las repercusiones del discurso de odio. Que los acontecimientos terroristas de París son un atentado, no solo contra la vida de los asesinados, sino contra la libertad de expresión, es indiscutible. Quizá será por eso, que seguir ejerciendo la libertad de expresión en todas sus vertientes, sigue siendo la mejor limitación contra el odio y el terror.

Foto de portada: Protesta en Madrid contra la aprobación de la Ley Mordaza [Fuente: flickr.com]

Esta es una explicación sin ánimo de lucro

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Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Con estas palabras se abre la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) en su artículo 1. No cabe esperar otra expresión más contundente sobre paz y convivencia que reflejase de manera exacta la conmoción que vivía la Humanidad después de la Segunda Guerra Mundial, así como los expresos deseos de cualquier ciudadano de mantener la paz y el respeto entre todos los seres humanos. Las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial con el holocausto nazi como telón de fondo, propiciaron que intelectuales y líderes mundiales se reunieran y decidieran recopilar, en un primer paso hacia el reconocimiento legal de los derechos humanos, todos aquellos aspectos que como derechos le son inalienables a cada ser humano por el simple hecho de serlo, siendo estos mismos irrenunciables y exigibles frente a todos. Con este fin nació la DUDH, así como con la intención de dar cobertura legal, y por lo tanto, obligado cumplimiento y respeto de estos derechos a todas las naciones posibles. De este modo, se promulgaron en 1966 y en el seno de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR en sus siglas en inglés) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR en sus siglas en inglés). Ambos Pactos, junto con los dos Protocolos facultativos del ICCPR y la DUDH forman lo que se conoce como la Carta Internacional de Derechos Humanos.

Eleanor Roosevelt sosteniendo la DUDH en español [Foto: Franklin D Roosevelt Library via Wikipedia]
Eleanor Roosevelt sosteniendo la DUDH en español [Foto: Franklin D Roosevelt Library via Wikipedia]

La DUDH, así como los Pactos y sus Protocolos, se verían pronto acompañados por otros instrumentos de Derecho Internacional que obligan a aquellos países que los ratifiquen, al cumplimiento y armonización de sus normas internas con el contenido de estos instrumentos legales internacionales, también con el fin de respetar y hacer valer los derechos humanos recogidos y reconocidos ya con carácter legal. Estas normas de derechos humanos se encuentran principalmente recopiladas en los siguientes Tratados de Derecho Internacional:

  • Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial;
  • Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
  • Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
  • Convención sobre los Derechos del Niño;
  • Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares;
  • Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; y
  • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Ahora bien, una vez promulgadas y ratificadas estas normas ¿quién se encarga de la garantía de su cumplimiento?

El Comité de Derechos Humanos

Non violence sculpture [Foto: Carl Fredrik Reuterswärd via Wikipedia]
Non violence sculpture [Foto: Carl Fredrik Reuterswärd via Wikipedia]

Con la finalidad de controlar y garantizar el cumplimiento contenido en los Tratados mencionados con anterioridad, nacieron los denominados “Órganos de los Tratados” o “Comités para la ONU”, creados en su mayoría por los mismos instrumentos legales a los que sirven. Así, el Comité de Derechos Humanos es el órgano encargado de vigilar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y su creación y funcionamiento viene establecida en el artículo 28 del mismo Pacto. El Comité está integrado por 18 expertos que son propuestos por cada Estado Parte, estando el número de expertos limitado a un solo nacional por Estado. Además, y según lo establecido en el mismo artículo 28, sus miembros deben ser «personas de gran integridad moral, con reconocida competencia en materia de derechos humanos», y «se tomará en consideración la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica», por lo que no deben ser, necesariamente, juristas o personas dedicadas de manera expresa al mundo del Derecho. De acuerdo con el espíritu del Pacto, los miembros ejercen sus funciones a título individual y no como representantes del Estado que presenta su candidatura. De este modo, se espera que las deliberaciones que tomen sean imparciales e independientes de las políticas que se estén llevando a cabo en sus países.

Funciones del Comité de Derechos Humanos

El Comité de Derechos Humanos se reúne tres veces al año en períodos que duran tres semanas. Las reuniones tienen lugar en la sede de Naciones Unidas en marzo, y en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) los meses de julio y octubre. El Comité cumple con tres funciones principales.

  1. Se controla el cumplimiento de las normas del Pacto a través del examen de informes que los propios Estados presentan al Comité cada cuatro o cinco años, dependiendo de la petición expresa del Comité. Estos informes forman parte del compromiso de cada país en cuanto a su avance en materia de derechos humanos se refiere. Los informes, que son preparados por cada gobierno, cuentan cada vez con más presencia y colaboración de ONGs nacionales así como de otros agentes de la sociedad civil con un alto compromiso en materia de derechos humanos. Una vez presentados, el Comité los examina en un período de dos sesiones consecutivas a través de un diálogo público que se lleva a cabo con las delegaciones de los países de cuyo informe se esté trabajando. Una vez terminado el diálogo se recogen las conclusiones por parte del Comité que pueden funcionar a modo de recomendaciones, o de observaciones generales, para futuras mejoras en cuanto a políticas de derechos humanos se refiere.
  2. El Comité tiene la función de atender denuncias individuales presentadas con arreglo al Protocolo Facultativo del Pacto. Esto significa que cualquier ciudadano de un Estado Parte del Pacto tiene el derecho de denunciar ante el Comité aquellas violaciones de derechos humanos que haya sufrido conformo a lo dispuesto en este Tratado. A pesar de que este procedimiento puede llevar años, lo cierto es que son cada vez más los ciudadanos que recurren a este método, y las decisiones tomadas por el Comité más relevantes. Si bien el Comité no funciona como un órgano jurídico, puede, en caso de fallar a favor del denunciante, sancionar al Estado incumplidor con medidas de multa o derogación de normas, incluso con puestas en libertad de reclusos.
  3. El Comité puede entender de denuncias entre dos Estados que sean, no solo Parte del Protocolo, sino también, que hayan reconocido las funciones del propio Comité. De este modo, el Comité fallará con el mismo procedimiento que si de denuncias individuales se tratara.

Todo ello, confiere a este órgano de una capacidad vital en cuanto a la vigilancia y garantía del cumplimiento de los derechos humanos y libertades establecidas en el Pacto y sus Protocolos, convirtiendo al Comité en el intérprete principal y más importante de estas normas internacionales de derechos humanos.

Foto de portadaSalle des Droits de l’Homme et de l’Alliance des Civilisations (UN Photo/Jean-Marc Ferre)

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