Luisa Fernanda Gutiérrez Arias
La Comunidad Andina (CAN) es un mecanismo de integración subregional creado en 1969. Actualmente, los países miembros son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (aunque también participan países asociados y observadores de distintas partes del mundo). Su objetivo es el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de estos cuatro Estados, la promoción de un crecimiento equilibrado entre los miembros a través de la integración y la cooperación en el ámbito económico y social, la generación de empleo, la creación de un mercado común, la disminución de la vulnerabilidad y el fortalecimiento de la solidaridad subregional.
Los logros a lo largo de los años
Desde su creación, la Comunidad Andina ha trabajado en el cumplimiento de sus objetivos en materia de integración no solo económica, sino también social. En la década de los noventa se avanzó en la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias al comercio entre los integrantes, para facilitar la libre circulación de bienes, servicios y capitales. En esa misma línea, se consolidó un sistema de solución de controversias y un marco jurídico al que pueden acudir tanto los Estados como los ciudadanos.
En los primeros años del siglo XXI, el mecanismo amplió la movilidad de personas mediante el acuerdo que permite viajar en la subregión presentando únicamente el documento de identidad nacional, sin necesidad de pasaporte o visa.
Ya en la década siguiente, en 2016 esta medida se complementó con la Tarjeta Andina de Migración (TAM), que permite llevar un control estadístico de la movilidad ciudadana. En 2020 se logró la eliminación gradual del costo del roaming internacional entre los territorios parte y, en 2021, se adoptó una normativa común para proteger las marcas país. Ese mismo año entró en vigencia el Estatuto Migratorio Andino, que establece las reglas sobre documentación para la circulación entre los países miembros, la obtención de residencia temporal o permanente, el intercambio de información migratoria y las medidas de protección al migrante.
Entre otras iniciativas destacadas, la CAN impulsó la creación de grupos de alto nivel —como el de Integración y Desarrollo Fronterizo y el de Interconexión Eléctrica Andina—, el lanzamiento de un satélite común, un sistema conjunto de gestión del riesgo de desastres y la suscripción de acuerdos con el MERCOSUR.
¿Qué pasó con la CAN durante 2025?
Sobre esa base institucional, la agenda de 2025 buscó proyectar el mecanismo hacia nuevos frentes. El bloque avanzó en distintos ámbitos para fortalecer las relaciones comerciales y políticas entre los Estados parte y ampliar la cooperación con otros actores internacionales.
Uno de los hechos más relevantes fue la inclusión de China como país observador, lo que le permitirá participar con voz —aunque sin voto— en las reuniones no reservadas del mecanismo. Según el secretario general de la CAN, esta decisión representa una oportunidad para que la subregión andina tenga mayor proyección internacional, especialmente hacia Asia-Pacífico. La relevancia de esta decisión es estratégica: China es el principal destino de las exportaciones de la Comunidad fuera de los países miembros, y su incorporación como observador abre un canal institucional en un contexto de creciente competencia entre grandes potencias por influencia en América Latina.
En el plano energético, se alcanzaron acuerdos con Chile para que se integre al sistema de interconexión eléctrica subregional, con el fin de aprovechar de manera más eficiente los recursos de la región y fortalecer la seguridad energética de Chile, Colombia, Bolivia, Perú y Ecuador.
En materia de cooperación internacional, se firmó un memorando de entendimiento con el Organismo Internacional de Energía Atómica para colaborar en la aplicación pacífica de la tecnología nuclear y promover el desarrollo sostenible en ámbitos como la transición a energías limpias, la gestión de recursos hídricos, la protección del medio ambiente y la agricultura sostenible. De forma complementaria, se alcanzó un entendimiento con la Unión Europea para fortalecer la protección de la propiedad intelectual en los países andinos, y se acordaron acciones conjuntas con el Programa Mundial de Alimentos orientadas a la seguridad alimentaria, la resiliencia ante desastres y la lucha contra la desnutrición infantil.
En el ámbito tecnológico interno, con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), se lanzó un sistema electrónico para el intercambio seguro de documentación relacionada con el comercio exterior, con el objetivo de hacer más ágil, trazable y transparente la logística intracomunitaria. A esto se sumó el acuerdo entre los Estados parte para cooperar en materia de asistencia y protección consular y asuntos migratorios, y la presentación de la iniciativa «Caminos Andinos» para promover el turismo en la subregión mediante una plataforma digital.
Crisis entre Colombia y Ecuador
Actualmente, la CAN enfrenta un reto importante debido a la tensión comercial entre Colombia y Ecuador, que inició en enero de 2026. En primera instancia, el gobierno ecuatoriano impuso aranceles del 30 % a los productos de origen colombiano, como respuesta a lo que considera una falta de cooperación por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza. Esta medida llevó a que Colombia adoptara un arancel recíproco, incrementando los costos económicos en ambos países, y además suspendiera el suministro de energía a Ecuador, lo que profundizó las tensiones bilaterales.
A comienzos de febrero, las ministras de Relaciones Exteriores de ambas naciones se reunieron con el fin de revisar la agenda bilateral y buscar soluciones frente a las medidas comerciales y energéticas adoptadas. Sin embargo, las negociaciones no arrojaron los resultados esperados. En este contexto, la Comunidad Andina asumió un papel central a partir de la demanda presentada por Colombia contra Ecuador por el establecimiento de restricciones al comercio intracomunitario que podrían contravenir la normativa andina. Hasta el momento, la CAN ha admitido la demanda para analizar si las medidas adoptadas son compatibles con el ordenamiento jurídico andino. Por su parte, Ecuador presentó tres reclamos ante la institución, argumentando que las medidas no solo constituyen instrumentos aduaneros, sino también herramientas de seguridad nacional, en la medida en que considera insuficiente la cooperación colombiana frente al crimen organizado transnacional.
Por ahora, la decisión está en manos del órgano jurisdiccional de la CAN, que deberá pronunciarse sobre la legalidad de las acciones adoptadas por ambas partes. No obstante, esta controversia podría impactar las dinámicas internas del mecanismo de integración y ralentizar los procesos de cooperación que se venían consolidando.
Entre la integración y la fricción: la CAN frente a la coyuntura colombo-ecuatoriana
A lo largo de su trayectoria, la Comunidad Andina ha demostrado una capacidad de adaptación frente a cambios políticos y económicos en la región. La agenda de 2025 evidencia que, aunque el mecanismo subregional no siempre ocupa un lugar central en el debate público, continúa avanzando en materia de cooperación, tanto interna como externa. Sin embargo, la actual tensión comercial entre Colombia y Ecuador pone a prueba no solo los mecanismos jurídicos del proceso andino, sino también la voluntad política de sus Estados miembros.
De cara a 2026, el reto no radica únicamente en profundizar la integración normativa y económica, sino en consolidar la confianza mutua y garantizar una resolución efectiva de controversias. Lo que el órgano jurisdiccional decida en este caso sentará un precedente sobre la capacidad real de la CAN para arbitrar conflictos entre sus miembros. La coyuntura actual puede convertirse, más que en un retroceso, en una oportunidad para reafirmar el valor estratégico de la integración andina en un contexto regional e internacional cada vez más incierto.
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