Candela Nigro
Mientras las protestas se intensifican en Irán, el gobierno no solo responde con represión en las calles, sino también con el control del flujo de información. En un escenario donde el acceso a internet se vuelve limitado, la disputa por la narrativa se convierte en una herramienta central de poder.
Contexto: la situación actual en Irán
En los últimos meses, Irán atraviesa un contexto de creciente tensión tanto a nivel interno como internacional. A las protestas y la crisis económica se suma una escalada de tensiones con Estados Unidos e Israel, en torno al programa nuclear iraní y su rol en conflictos regionales. En este escenario, se han registrado distintos episodios de violencia y ataques en la región, que han incrementado la preocupación internacional y el riesgo de una mayor desestabilización.
En el centro del sistema político iraní se encuentra el líder supremo, Ali Khamenei, en el cargo desde 1989, quien concentra amplios poderes políticos, militares y religiosos. En el marco de la reciente escalada de violencia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Khamenei habría muerto como consecuencia de los ataques, una versión que también fue difundida por medios estatales iraníes.
Los enfrentamientos han tenido un impacto directo en la población civil, con reportes de víctimas y daños a la infraestructura. Sin embargo, las cifras varían según la fuente y resultan difíciles de verificar de manera independiente. La organización Human Rights Activists in Iran, con base en Estados Unidos, reportó la muerte de 1406 civiles, entre ellos 210 niños.
Al mismo tiempo, la sociedad iraní se encuentra atravesada por profundas divisiones políticas y sociales, que se manifiestan en distintas formas de apoyo y rechazo al régimen. Esta combinación de tensiones internas y externas configura un escenario de inestabilidad sostenida que impacta de lleno en la vida cotidiana.
Protestas y represalias
Desde fines de 2025, el régimen iraní enfrenta protestas masivas de ciudadanos que expresan su descontento. Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre, impulsadas por reclamos vinculados a la falta de acceso a servicios básicos —con cortes prolongados de electricidad y agua—, la inflación y el deterioro de las condiciones de vida. A esto se sumaron demandas de cambio político y mayores garantías en materia de derechos humanos.
La respuesta estatal fue contundente. Entre el 8 y el 9 de enero se registraron represiones masivas contra manifestantes, con graves violaciones a los derechos humanos. Se documentó el uso de armas de fuego —incluso algunas prohibidas—, arrestos indiscriminados y denuncias de asesinatos y masacres, según Amnistía Internacional. Por su parte, Mai Sato, Relatora Especial de la ONU sobre Irán, señaló que, al 16 de enero de 2026, miles de personas habrían sido asesinadas, aunque las cifras continúan siendo objeto de debate debido a las dificultades para su verificación.
Control de la información y corte de internet
En este contexto, el control de la información se consolida como una de las principales herramientas de represión. El corte total o parcial de internet ha sido recurrente, especialmente desde la intensificación de los ataques en la región a fines de febrero. Estas interrupciones, tanto generalizadas como selectivas, restringen severamente el acceso a la comunicación.
El objetivo es claro: limitar la circulación de información y, en consecuencia, reducir la visibilidad de las violaciones a los derechos humanos. Actualmente, la población enfrenta serias dificultades para acceder a noticias o difundir lo que ocurre en el país. La falta de acceso a la comunicación dificulta la documentación de los hechos y la recolección de evidencia, así como el trabajo de periodistas, organismos y organizaciones de derechos humanos para estar al tanto de la situación.
En definitiva, este blackout limita severamente la capacidad del mundo de conocer con precisión qué está sucediendo en el país y cuál es la realidad que los iraníes están viviendo en este preciso momento. El aislamiento que los líderes están logrando los coloca en una posición de control, pudiendo manejar el flujo de la información.
Se trata de una estrategia que combina control político y dominio comunicacional.
Este tipo de censura implica, además, la vulneración de derechos fundamentales. Entre ellos, la libertad de expresión —consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos— y el derecho de acceso a la información. Aunque no existe un tratado específico que consagre el acceso a internet como derecho autónomo, en los últimos años se ha consolidado su reconocimiento como condición necesaria para el ejercicio de otros derechos. En 2016, la ONU aprobó una resolución no vinculante que condena las interrupciones deliberadas del acceso a internet por parte de los Estados, en la medida en que afectan el ejercicio de los derechos humanos.
Lejos de ser un fenómenos aislado, esta práctica es una herramienta política que viene implementándose desde hace un tiempo en Irán. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Mahsa Amini. Amini fue arrestada por la Policía de la Moral el 13 de septiembre de 2022, quienes se encargan, entre otras cosas, de controlar el uso del hiyab. Mientras se encontraba detenida, según la versión oficial, sufrió un problema de salud y falleció en el hospital tres días más tarde. Aunque la causa de muerte intentó encubrirse, la familia de la víctima aseguró que Amini había sido golpeada y que murió por una fractura en el cráneo. A raíz de este acontecimiento, comenzaron las protestas contra el régimen y la represión y el maltrato que sufren las mujeres iraníes. Ante esto, el gobierno cortó el acceso a internet, resultando en un blackout casi total. Cabe mencionar que el acceso ya se veía monitoreado desde hacía tiempo, restringiendo el uso de algunas apps y redes sociales extranjeras.
Conclusión
En un mundo cada vez más interconectado, el acceso a internet se ha convertido en un componente central de la vida social, política y económica. En este contexto, no resulta casual que los mecanismos de censura y represión se trasladen también al ámbito digital.
Lo que ocurre en Irán evidencia cómo el control de la comunicación puede funcionar como una herramienta clave para sostener estructuras de poder. Limitar el acceso a la información no solo impide conocer los hechos: también condiciona la posibilidad de denunciarlos y exigir responsabilidades.
En definitiva, cuando el acceso a la información desaparece, también se debilita la capacidad de las sociedades para ejercer sus derechos.
En ese silencio impuesto, las violaciones dejan de ser visibles, pero no por ello dejan de existir. En un mundo donde quien controla la comunicación controla la narrativa, nos toca plantearnos cuánto sabemos realmente de lo que ocurre a nuestro alrededor.
