28/01/2022 BARCELONA

¿Qué es el «terruqueo» y qué implica en la sociedad peruana?

Entre las décadas de 1980 y 2000, el Perú se vio asolado por un conflicto armado interno que se cobró la vida de casi 70 mil personas. Los grupos subversivos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru II se enfrentaron a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en un cruento belicismo marcado por constantes acciones terroristas y ejecuciones extrajudiciales. Veinte años después, este episodio continúa siendo importante para entender la sociedad y política peruana actual, especialmente por cómo la derecha utiliza el dolor de los supervivientes para promover un discurso del miedo.

*Artículo escrito en coautoría con Joshua Gamero.

Autoridades electas, políticos en campaña o los medios de comunicación se sirven de este temor para descalificar todo discurso que critique y plante cara al modelo económico peruano. No se necesitan argumentos sólidos o pruebas irrefutables de conexiones con algún grupo terrorista; el solo hecho de tener una postura contestataria al statu quo neoliberal convierte a un sujeto, colectivo o propuesta en “terrorista” (terruco/a, en su variante coloquial). El “Terruqueo” se ha utilizado como arma política desde el fujimorato en los 90, y se sigue empleando hasta la actualidad.

Un claro ejemplo de esto, ha sido el ataque infundado hacia los candidatos de izquierda, Verónica Mendoza y Pedro Castillo, durante las elecciones presidenciales del 2021. En el caso de Mendoza, Daniel Urresti, representante de la derecha populista,  la denominó “Terrónika, contracción de Terruca y Verónica; en el caso de Castillo, fue acusado por el ex Ministro Carlos Basombrío de tener vínculos con Sendero sin pruebas que corroboren dicha afirmación. Estos son solo dos ejemplos de los miles que abundan en la prensa y redes sociales.

Pero el Terruqueo no solo es utilizado por los grupos conservadores para embestir a los políticos de izquierda, sino también por parte de las fuerzas del orden para justificar abusos de poder contra manifestantes, estudiantes universitarios o defensores de derechos humanos. Sirve de paraguas para deslegitimar una causa y deshumanizar a sus promotores, recortar sus derechos y dañar su imagen. Incluso, sirve de arma criminalizadora para hostigar y encarcelar a estudiantes como en el caso del Operativo Olimpo.

El Operativo Olimpo y las consecuencias del Terruqueo

El 2 de diciembre del 2020 será una fecha difícil de olvidar para 94 familias que fueron sorprendidas en la madrugada por un contingente policiaco que irrumpió violentamente en sus domicilios, tumbando las puertas, golpeando y encañonando con metralletas a todas las personas que se encontraban presentes, sin hacer una mínima distinción entre niños, mujeres y adultos mayores. Estas acciones fueron parte del catalogado Operativo Olimpo, un mega operativo organizado por la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) para, supuestamente, dar la estocada final a Sendero Luminoso. No obstante, lo que verdaderamente significó fue la violación de los derechos de casi un centenar de familias que se vieron inculpadas por crímenes que no habían cometido.

Indira Rodríguez, en ese entonces estudiante de Derecho, fue atacada junto a su hermano menor por una horda de policías que les golpearon, tiraron al piso y enmarrocaron argumentando que buscaban a su madre, quien en esos momentos no se encontraba en casa. Para la DIRCOTE, ella era una terrorista que servía dentro del brazo político de Sendero Luminoso, pero lo cierto es que la única ‘evidencia’ que encontraron durante el allanamiento fue un cuadro del Che Guevara. La madre de Indira, una paciente con cáncer, tuvo que esconderse por cinco meses en condiciones infrahumanas por temor a ser encarcelada injustamente. Por su parte, la Joven estudiante tuvo que lidiar con un shock post traumático que le impidió hablar por dos semanas y media.

 

File:TRASLADO DE PRESUNTOS NARCOTERRORISTAS A LIMA (10044474706).jpg - Wikimedia Commons

El Ministerio del Interior justificó la violencia del operativo alegando que existían medios probatorios contundentes de actividad terrorista, como armas de fuego y panfletos apologéticos. Pero, en la mayoría de casos, así como sucedió con Indira,  . La escasez de sustento material no impidió que más de 70 personas fueran encarceladas y sometidas a distintas violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, Nora Osco fue encerrada en una carceleta junto a su bebé de 8 meses, quien casi es delegado a la tutela del Estado debido a que su madre no contaba con la autoridad moral para criarlo por ser “terrorista”. Otros detenidos, entre ellos jóvenes universitarios y colectivos de artistas fueron desnudados y sometidos a tocamientos indebidos. Y así como éstos, existen varios testimonios de casos de maltrato y abuso de poder hacia los inculpados, algunos de los cuales continúan en prisión.

En ese sentido, este proceso, lejos de servir para dar la estocada final a sendero luminoso, una organización en la actualidad desarticulada y sin ninguna relevancia en la escena política, ha sido una parafernalia planteada para lavar la mellada imagen de la policía que aún no se recuperaba del golpe mediático por el asesinato de los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado durante la represión policial en las marchas del #14N de la generación del bicentenario, apenas dos semanas antes de que se llevase a cabo el operativo.

 

El miedo a ser catalogado de “terruco”

El miedo a ser tildado de “terruco” ha propiciado, incluso, que muchos actores cesen en su búsqueda de justicia. Por ejemplo, para las víctimas del Operativo Olimpo, ha resultado difícil conseguir el apoyo de distintas instituciones defensoras de derechos humanos. Al principio, solamente el colectivo político de Revolución Ciudadana, parte del partido político Nuevo Perú, y los gremios de estudiantes de la universidad San Marcos mostraron un interés por exponer públicamente la verdad de los hechos, o al menos contar la versión de las víctimas. Otras instituciones guardaron un silencio sepulcral por varios meses. Este temor por ser relacionados con el termino ‘terrorista’, también hace que los jóvenes se vean reacios a participar de política, ya que al organizarse y actuar terminan por ser criminalizados y expuestos públicamente como remanentes de Sendero. Asimismo, muchos estudiantes interesados en realizar trabajos de investigación relacionados al conflicto también han sido perseguidos y acusados de realizar actividades de adoctrinamiento durante sus visitas al campo.

Para Indira, hay muchos aspectos que se deben modificar en la legislación y en las instituciones del Estado, empezando por la Ley Antiterrorista 25475 que, vigente desde la época de conflicto, considera como medios probatorios de actividad terrorista a panfletos, libros y materiales similares que tengan una postura de izquierda. Esto hace que la ley sea contraria a la Constitución, ya que viola la libertad de expresión y de pensamiento, así como los jueces y fiscales que promueven el “terruqueo” y entorpecen las investigaciones contra casos de violación de derechos humanos.

El “terruqueo” tiene consecuencias sociales profundas en el país, ya que logra revivir en la memoria colectiva la violencia vivida durante esas décadas. Asimismo, genera un sentimiento doloroso en la ciudadanía e incentiva el odio entre las personas. Por esa razón, un conjunto de jóvenes se ha organizado en torno a la Coordinadora Contra el Terruqueo para de luchar contra el uso de este rótulo, generar discusión amplia en la sociedad y promover el reconocimiento universal de todos los derechos humanos.

 

 

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Alejandra Macedo


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