Bielorrusia: licencia para matar

Bielorrusia: licencia para matar

¿Qué sabemos de Bielorrusia? Bielorrusia, ex republica soviética y puente entre Europa y Asia, es un país que se conoce más bien poco. Probablemente muchos recordarán que fue uno de los países más afectados por el accidente de Chernobyl, ocurrido en 1986 en la vecina Ucrania. Entonces, el territorio bielorruso recibió alrededor del 70% de las radiaciones, que siguen afectando gravemente la salud de sus ciudadanos. También es probable que se sepa que Bielorrusia vive gobernada por el fiero régimen autoritario de Alexander Lukashenko desde hace 18 años.

Alexander Lukashenko, funcionario agropecuario de humildes orígenes, es Presidente de la República de Bielorrusia desde 1994, gracias a un controvertido referéndum en 2004 que abolió el límite constitucional de dos mandatos. Analistas destacan que el amplio apoyo del que goza en su patria está determinado por un régimen de fiera represión política y por el miedo a la instabilidad política y económica de la población bielorrusa.

Sin embargo, lo que es probable que poca gente conociera hasta hace bien poco es que en Bielorrusia todavía existe la pena capital. Esto ahora es de dominio público, sobre todo después de que la prensa informara a nivel mundial de la brutal ejecución de Vladislav Kovaliov y Dmitri Konoválov, dos jóvenes acusados de ser artífices del atentado terrorista que causó 15 muertos y cerca de 200 heridos  el 11 de abril de 2011 en una estación de metro de la capital Minsk.

Entre irregularidades procesales y torturas

Después de que el Tribunal Supremo de Minsk dictara la sentencia de pena capital en noviembre de 2011, las familias de los acusados y varias organizaciones para la defensa de los derechos humanos apelaron para reabrir el caso, alegando que las investigaciones se llevaron a cabo en tiempo insuficiente, y en base a una confesión (la de Kovaliov) arrancada con torturas. Irregularidades procesales e inconsistencias en la investigación fueron detectadas incluso por algunos de los supervivientes al atentado. La madre de Kovaliov sometió el caso al Comité de Derechos Humanos (HRC) de Naciones Unidas – el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Parte – el cual pidió oficialmente a Bielorrusia suspender temporalmente la sentencia para revisar el caso.

Bielorrusia, que firmó y ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, decidió ignorar la petición del Comité –que es legalmente vinculante- y ejecutó a ambos condenados el pasado 17 de marzo, incurriendo así en una infracción del derecho internacional. Algo que no parece preocupar demasiado al gobierno de Minsk, que en otros dos casos anteriores (en 2010 y en 2011), ejecutó a dos personas cuyos casos estaban también pendientes ante el Comité.

Una tierra de récords

Bielorrusia ostenta dos tristes récords: por un lado, es el único país europeo donde continúa existiendo un régimen autoritario que desafía las más elementales reglas democráticas, la “última dictadura de Europa”[1]. Por el otro, es el único país europeo que sigue aplicando la pena capital tanto en tiempos de guerra como de paz. De hecho, Europa abolió oficialmente la pena de muerte en 1989 a través del Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Bielorrusia ni firmó ni ratificó. Mientras este Protocolo hacía de Europa un “espacio libre de pena de muerte”, estadísticas no oficiales de organizaciones de derechos humanos estiman que desde la independencia del país en 1991 unas 400 han sido ajusticiadas por el estado bielorruso mediante un disparo en la nuca.

En Bielorrusia, toda la información sobre la pena de muerte se mantiene en secreto. No hay cifras disponibles sobre el número de ejecuciones, pero Amnistía Internacional estima que hasta 400 personas pueden haber sido ejecutadas desde que el país obtuvo la independencia en 1991.

La creación en 2010 de una comisión parlamentaria para discutir una moratoria sobre la pena de muerte hizo pensar que relativamente pronto Bielorrusia iba a cambiar su política sobre la pena capital, una práctica cuya brutalidad es todavía mayor si se considera que el Gobierno no comunica las ejecuciones a los familiares de los condenados hasta que éstas ya se han producido, no hace entrega de los cadáveres, ni notifica el lugar de entierro. Sin embargo, las esperanzas de una moratoria se vieron frustradas tras la reelección de Lukashenko, a finales de 2010. El dictador truncó el debate antes de que produjera ningún resultado, aplicando medidas radicales que – según un informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidasrozaban el acoso y persecución de los activistas que participaban en la campaña contra la pena capital y en otras batallas en defensa de los derechos humanos.

¿Qué quieren los bielorrusos y qué puede hacer la Unión Europea por ellos?

La Unión Europea, junto con el Consejo de Europa y Naciones Unidas, lleva años intentando convencer a Lukashenko para que dicte una moratoria sobre la pena de muerte. Hasta ahora los esfuerzos de las instituciones internacionales no han dado ningún resultado, aunque parece evidente que la abolición de la pena de muerte no es algo que pueda imponerse desde fuera.

Por su parte, Lukashenko afirmó en una entrevista en 2007 que el pueblo bielorruso está en su gran mayoría a favor de la pena capital, basándose en un referéndum de 1996 según el cual la medida goza de un 80,44% de apoyo popular. En cambio, Radio Free Europe recoge otras encuestas independientes que proporcionan resultados menos tajantes y que arrojan conclusiones muy diferentes. Un estudio realizado en 2010 por el Centro de Sociólogos de Minsk, por ejemplo, señala que sólo un 48% de las personas entrevistadas dijeron estar a favor de la pena capital. Otra investigación a cargo de la organización bielorrusa Novak muestra que el 39% de los consultados querían abolir la pena capital. Conviene también señalar que en el caso de Konoválov y Kovaliov se reunieron unas 50.000 firmas contra su ejecución, cifra nada despreciable considerando que la población de Bielorrusia apenas alcanza los 10 millones – y que viven sometidos a un clima político totalmente represivo. Varias pruebas apuntan pues a que los ciudadanos están cada vez más a favor de la derogación de la pena de muerte.

La UE tiene capacidad para influir en el gobierno de Minsk a través de su Política Europea de Vecindad (PEV), que cuenta con iniciativas como el nuevo Diálogo Europeo con la sociedad bielorrusa sobre la Modernización, pero también con sanciones e incentivos económicos – algo que, dada la situación de pobreza del país, puede resultar mucho más eficaz que cualquier llamamiento político. Y en efecto, expertos indican que la liberación de Andrei Sánnikov y Dmitri Bondarenko, dos opositores políticos de Lukashenko que llevaban encarcelados desde finales de 2010, es el primer resultado de la reciente reorientación de la PEV hacía acciones más duras y pragmáticas. Sin embargo, la UE debería hacer un ulterior esfuerzo para que sus incentivos económicos  alcancen finalmente a la sociedad civil. De no ser así, difícilmente esta sociedad civil tendrá la capacidad de exigir a su gobierno un verdadero cambio en lo que respecta a la pena capital.

“Ésta es una explicación sin ánimo de lucro”


[1] Marples, D. (2005) “Europe’s last dictatorship: The roots and perspectives of authoritarianism in ‘White Russia’”. Europe-Asia Studies, 57(6): p. 895-908.

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