La nueva discusión en Chile: inmigración

En las últimas décadas, la República de Chile ha estado enfrentando una situación de inmigración particular, una discusión que se ha agudizado frente a las elecciones presidenciales de 2025 y que genera un debate nacional sobre las decisiones que deberá tomar el nuevo mandatario electo.

Los problemas de inmigración no se concentran únicamente en Estados Unidos. El país del sur tiene un arduo historial de albergue de inmigrantes de todas partes del mundo. Aunque no es de los países con mayor índice de acogida, se ubica dentro de los tres primeros de su región. En 1992, los extranjeros constituían el 0,8% de su población, una situación similar a la de sus países vecinos. Afluían principalmente de Europa debido a la Segunda Guerra Mundial, además de mantener una presencia de comunidades indígenas.

Una segunda ola migratoria se hizo presente en el siglo XXI debido a su crecimiento económico, impulsado por medidas adoptadas durante la dictadura militar y mantenidas por los gobiernos democráticos posteriores. Esto permitió absorber inmigrantes de países como Argentina, Bolivia y Perú, quienes fueron rápidamente incorporados.

Para 2018, la crisis humanitaria en Venezuela produjo un fuerte impacto migratorio a nivel mundial, especialmente en las fronteras de los países latinoamericanos. Chile continúa siendo, al día de hoy, una de las principales opciones para muchos de ellos. En 2023 se registró que el 38% de los inmigrantes eran de Venezuela, seguido por el 13,6% de Perú y el 10,9% de Colombia.

El censo nacional llevado a cabo en 2024 mostró que la cifra de personas extranjeras alcanzaba los 1,6 millones, lo que representa el 9% de la población total.

En solo siete años se duplicó la población inmigrante.

Al mismo tiempo, el censo reveló que el nivel de fecundidad se encontraba en mínimos históricos, un dato que también llevó a varios canales de noticias nacionales a seguir de cerca estos cambios poblacionales, realizar notas e increpar a las autoridades sobre el tema.

Por número absoluto de inmigrantes —es decir, el stock total de personas migrantes en el país—, Chile se encuentra en el puesto número tres, con un 9%, seguido de Argentina con 4,8% y, en primer lugar, Colombia con 5,5% como principal receptor de venezolanos. Esto sitúa a Chile entre los países de la región donde la migración ha tenido un impacto más profundo en la composición demográfica, superando el promedio regional.

De todas formas, la discusión sobre los inmigrantes no se explica únicamente por su aumento en las cifras. El debate está marcado también por dos grandes vectores: la entrada en vigencia de una nueva ley (Ley 21.325) y la instrumentalización política de la migración irregular, frecuentemente asociada a problemas de seguridad.

La Ley 21.325 se propone abordar la migración desde una óptica de derechos humanos y sociales, asegurando que el Estado proteja y respete los derechos de los extranjeros, independientemente de su condición migratoria. Entre sus disposiciones, establece que los migrantes tienen los mismos derechos laborales que los chilenos y promueve la protección de las mujeres migrantes, especialmente aquellas víctimas de trata de personas, tráfico o violencia de género.

Sin embargo, las fronteras también se vieron comprometidas por el uso de pasos no habilitados —especialmente en la frontera norte—, lo que desbordó la capacidad de la nueva institucionalidad. Frente a esta problemática, en 2023 se creó un registro nacional biométrico de extranjeros en situación irregular (Resolución Exenta Nº 25.425), aunque su implementación ha generado debate sobre el equilibrio entre control y derechos.

La misma ley contempla procedimientos de expulsión, pero estos resultan lentos y complejos en la práctica, especialmente cuando involucran a países que no cooperan o a personas que ya han desarrollado lazos familiares en Chile. El Congreso ha impulsado modificaciones recientes para establecer nuevas causales de expulsión —como para extranjeros condenados por delitos como robo o hurto—, con el fin de acelerar los procesos.

Frente a este paradigma, diversas autoridades y representantes han dado a conocer sus opiniones o las modificaciones que llevarían a cabo. José Antonio Kast, candidato a la presidencia, amplió sus propuestas declarando el uso de militares (Fuerzas Armadas) para reforzar la frontera mediante tecnología de vigilancia (drones, inteligencia artificial) y, de forma más radical, la expulsión inmediata de personas en situación irregular, incluso con la polémica propuesta de que los migrantes paguen su pasaje de regreso.

Del otro lado del espectro, Jeannette Jara aboga por mantener el control fronterizo, pero dentro de un marco de respeto a los derechos humanos y sin criminalizar la pobreza. Defiende la Ley 21.325 como el marco legal adecuado, enfocándose en la gestión eficiente de los procesos migratorios y en la inserción laboral regulada.

La experiencia migratoria de Chile en la última década lo sitúa en una encrucijada histórica y política dentro de América Latina.

El país ha pasado de ser un receptor marginal a ocupar el tercer o cuarto puesto regional en términos de población extranjera, con una de las tasas de crecimiento demográfico más aceleradas del continente (el número de inmigrantes se duplicó en solo siete años, alcanzando el 9% de la población).

Este cambio masivo, impulsado principalmente por la crisis venezolana, ha generado un profundo dilema de gobernanza que dominará, en gran parte, la agenda del próximo mandato presidencial.