10/11/2024 MÉXICO

“Si eres pobre estás muerto”: la incómoda realidad de la guerra antidroga en Filipinas

Una mujer abraza a su pareja asesinada por un grupo de vigilantes al lado de un cartel que reza: "vendedor de droga" [Foto: CNN vía Getty Images].
Una mujer abraza a su pareja asesinada por un grupo de vigilantes al lado de un cartel que reza: "vendedor de droga". Imagen: CNN / Getty Images.
La desproporcionada política antidroga que el presidente filipino, Rodrigo Duterte, comenzó a poner en práctica en julio de 2016 ha generado un ambiente de protestas e inestabilidad social dentro del país. Las cifras de muertos y detenidos son apabullantes, especialmente en los barrios más pobres, haciendo uso de métodos muy cuestionados por ONG y asociaciones pro Derechos Humanos. Miles de ejecuciones extra judiciales, uso indiscriminado de la violencia y el miedo como estrategia son algunas de las críticas por parte de la comunidad internacional.

Con un estilo populista, autoritario, agresivo y misógino, Rodrigo Duterte supo rentabilizar su largo periodo como alcalde de Davao. 22 años en los que haciendo uso desproporcionado de la fuerza policial (y parapolicial) y recortando libertades civiles consiguió una drástica reducción de las tasas de criminalidad. Precedido por esa fama de justiciero, su campaña por la presidencia continuó por esta línea, exagerando deliberadamente la incidencia del tráfico de drogas (en un país ya de por sí visiblemente castigado por el poder del crimen organizado) y prometiendo “matar a miles de narcotraficantes”.

Dicho y hecho. Nada más llegar al poder en marzo de 2016, Duterte animó a los ciudadanos a matar ellos mismos a narcotraficantes y drogadictos. También ofreció recompensas a la policía por “criminal” muerto. Desde entonces el baile de cifras de muertos por disparos de la policía y diversas fuerzas parapoliciales comúnmente llamadas “vigilantes” no ha cesado. Las fuentes oficiales han facilitado una serie de datos a conveniencia, mientras que organizaciones como Human Rights Watch (HRW) o Amnistía Internacional (AI) han denunciado la ocultación de multitud de ejecuciones sin juicio, no sólo a personas involucradas en el negocio o consumo de drogas sino también a civiles, algunos de ellos menores de edad completamente ajenos a esta guerra.

Tenido en cuenta que Duterte llegó al poder con este violento discurso, no es de extrañar que la oposición por parte de la sociedad filipina a las desproporcionadas acciones de las fuerzas de seguridad haya sido tibia hasta hace un par de meses. Miles de personas se manifestaron en las calles de Manila y otras ciudades para protestar contra las prácticas del gobierno al grito de “¡Resiste al fascismo!” y “¡Basta de muertes!”.

La versión del gobierno filipino

Desde el comienzo de estas operaciones antidroga, las ciudades filipinas amanecen a diario con cadáveres en sus aceras. Para compensar esta imagen y defender los resultados de sus políticas, el gobierno filipino está llevando a cabo una intensa campaña publicitaria en medios de comunicación y redes sociales.

Según fuentes del gobierno filipino, desde el comienzo de esta campaña en julio de 2016 hasta agosto de 2017 se han llevado a cabo 70.854 operaciones, se han arrestado a 107.156 personas y 3.887 “personas relacionadas con las drogas” han muerto —76 de ellas policías.

Infografía: Philippine Drug Enforcement Agency.

El jefe de la Policía Nacional de Filipinas (PNP) estima que el número de muertes ligadas a la campaña antidroga a enero de 2017 era de 7.080, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales por parte de vigilantes. Amnistía Internacional habla de cifras superiores a los 12.500 muertos en el primer año de funcionamiento.


Si creemos en el discurso del gobierno de Duterte, estas políticas son una panacea para reducir el crimen y recuperar la seguridad en las calles. Sin embargo, en las ciudades reina el terror y los filipinos comienzan a manifestarse y a ejercer una oposición real a estas políticas.

¿Qué revelan las ONG, la prensa independiente y los manifestantes?

Una campaña que suma miles de muertos en cuestión de meses es difícil de justificar, incluso para Duterte. Lo intentó asegurando que de media fallecían 2 policías al día en estas operaciones antidroga; sin embargo, las cifras oficiales de la propia policía indicaban que moría 1 cada 8 días. Lo mismo ocurre con las cifras del negocio y consumo de droga. La frecuente inexactitud y opacidad de las estadísticas oficiales no facilita contrastar el discurso propagandístico del gobierno.

Sin embargo, podemos saber en qué consisten estas campañas antidroga y qué consecuencias producen gracias a la labor de la prensa internacional y diversas ONG. Si hay un concepto que se repite en sus crónicas e informes es el de la continuada violación de los DD.HH. y el uso desproporcionado de la violencia por parte de policía y parapolicía. Se ha impuesto la lógica del cazador y el cazado.

Medios como el New York Times o Reuters han seguido de cerca la situación en Filipinas y han calificado la actuación del gobierno de Duterte como masacre indiscriminada. La lista de vulneraciones de derechos humanos es interminable. Filipinas está siendo testigo de miles de asesinatos y registros indiscriminados en viviendas y barriadas enteras —en muchos casos por parte de los vigilantes—, de uso de armamento ilegal, de la inexistencia de proporcionalidad en función del delito (consumo o tráfico) o la droga en cuestión, de la destrucción y falseamiento de pruebas, etc. Cada amanecer revela cadáveres en las calles, frecuentemente maniatados y amordazados, o con carteles que los señalan como narcos o drogadictos. Al violento desempeño de las fuerzas de seguridad filipinas, en muchas ocasiones asesinando de manera extrajudicial, hay que sumarles por tanto, la impunidad de estos vigilantes ciudadanos protegidos y animados por el gobierno de Duterte.


Vídeo: National Geographic.

Las actuaciones del gobierno se concentran en los barrios más pobres y, según cuenta Daniel Berehulak, fotógrafo del New York Times que ha documentado la situación en estos focos, “los vecinos que encontrábamos a menudo contaban una historia muy diferente de la que aparecía en los registros de la policía”.

Berehulak habla de ejecuciones nocturnas en casas, de humor negro de los policías al grito de “Nanlaban!”, palabra que hace referencia a un preso que se resiste y es abatido, o de casos en los que drogadictos en proceso de rehabilitación también han sido tiroteados o detenidos. Por poner varios ejemplos de cómo se vive el miedo en estos barrios. AI también apuntaba en un informe de enero de este año a la vulnerabilidad de los pobres: “Si eres pobre estás muerto”.

Aunque no de manera mayoritaria, las políticas de Duterte han sido duramente cuestionadas desde dentro y fuera del país. Muchas familias afectadas están protagonizando campañas de protesta y promoviendo movimientos de denuncia. Una ola de manifestaciones en las principales ciudades filipinas hace apenas un par de meses sirvió como altavoz a aquellos que piden respeto por los derechos humanos. Incluso han surgido voces discordantes desde la propia policía, reconociendo la existencia de matanzas extrajudiciales por órdenes de Duterte. El informe de AI antes mencionado también apunta a la existencia de un sistema de recompensas por parte del Estado filipino a sus agentes por cada muerte extrajudicial que no dejase rastro.

Manifestantes queman una representación del presidente filipino, Rodrigo Duterte [Foto: Romeo Ranoco vía Reuters].

Sin embargo, el presidente que llegó a afirmar en 2016 “no me importan los derechos humanos, quiero infundir miedo”, sigue contando con un considerable apoyo, principalmente entre las clases medias y altas. En diciembre de 2016, aunque un 78% de filipinos respondieron que tenían miedo a ser víctima de un asesinato extrajudicial, paradójicamente el 85% apoyaba la campaña antidroga de Duterte, según una encuesta de Social Weather Stations.

A nivel internacional, Duterte ha contado con el apoyo público de países como Taiwán, China, Singapur, Brunei o EE.UU. (con Donald Trump, no así con Obama que le criticó publicamente). Pero también ha recibido duras críticas por las dudas que suscitan sus métodos por parte del Parlamento Europeo, la Corte Penal Internacional o Suecia.


¿Hasta dónde llegará la determinación de Duterte?

El presidente filipino defiende sus métodos escudándose en el importante problema social y económico que el negocio de la droga ha provocado en Filipinas, y lejos de atemperar su postura, ha atacado a toda personalidad o institución crítica con sus políticas. En línea con su discurso histriónico y populista ha llegado a señalar a algunas voces discordantes como “gays y pedófilos”, y ha asegurado que dejaría ejecutar a su propio hijo en caso de demostrarse que las acusaciones de tráfico de drogas que pesan sobre él son verdaderas. Sirvan estas declaraciones para entender la postura de un presidente que se metió en problemas declarando orgulloso que mató él mismo a varios criminales cuando era alcalde de Davao.

Tras más de un año de intensa “guerra contra la droga”, el narcotráfico no ha descendido como se esperaba y las cifras de muertos han generalizado el miedo y la indignación en las calles. Sin embargo, Duterte no renunciará fácilmente a los desproporcionados métodos que tan buenos frutos le dieron en Davao y que le llevaron a ser presidente. Sólo una fuerte presión internacional o la reprobación de la mayoría de filipinos pueden poner fin a este vergonzoso capítulo desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro.

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Javier Hernando

UCM e IBEI Alumni. Sociólogo, especializado en asuntos internacionales, migración y políticas de desarrollo. Comunicador y adicto a Internet. Ocupo mi tiempo como director de United Explanations y escribiendo en diversos medios. Intento explicar lo que ocurre en el mundo a través de la lógica económica y la política internacional. jhernando@unitedexplanations.org


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