25/11/2020 BARCELONA

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Nuria Jimenez06/06/2016
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En diciembre de 2015, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, envió una iniciativa para prevenir y sancionar la tortura. La iniciativa de ley fue aprobada en el Senado el pasado 29 de abril de 2016 con 90 votos a favor y 4 en contra, y ahora ha sido enviada a los diputados para su ratificación. Esta nueva Ley General contra la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes pretende coordinar las acciones de prevención, investigación y sanción, y responsabiliza de estos crímenes a los implicados, aunque estén siguiendo órdenes de un superior.

En relación a este delicado tema, fue de especial relevancia el documento del relator especial de la ONU, quien determinó en febrero de 2015 que la tortura y los malos tratos eran generalizados y que ocurrían en un contexto de impunidad. Estas prácticas vejatorias, en muchos casos, vienen seguidas de la desaparición, según relata el informe. Sobre las mujeres, el texto añade que se incluyen capítulos de violencia sexual. La respuesta oficial del gobierno mexicano fue rechazar el estudio por tendencioso y aseguró que solo se trataban de “casos aislados”. No obstante, la realidad muestra la desaparición forzada de 43 estudiantes en febrero de 2015, y la creación de un comité de juristas y médicos (GIEI) para la investigación del caso, estas circunstancias forzaron a las autoridades a proponer una nueva ley contra la tortura y la desaparición.

El informe de la ONU sirvió para agilizar la nueva ley. [Foto vía Youtibe]

El detonante y las exiguas responsabilidades

Esta ley empezó a gestionarse a raíz de la publicación de un vídeo en febrero de 2015 en el que se mostraba dos miembros del Ejército y dos Policías federales torturando a una mujer, Elvira Santibáñez Margarito, de 21 años, por presunta vinculación con el crimen organizado. Un juez del Estado de Guerrero dictó prisión para los funcionarios por el delito de torturas, y tras la publicación del vídeo, el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, pidió disculpas a la ciudadanía y calificó los hechos de “inadmisibles”.

La mujer que aparece, conocida como La Pala, fue detenida junto con otros dos hombres el año pasado por su relación con el cártel de la Familia Michoacana, organización criminal dedicada al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Actualmente se encuentra presa en el penal federal de Tepic (Estado de Nayarit), condenada por portar un arma de fuego. Cuando la encontraron llevaba junto a sus compañeros tres AK-47, un AR15, una pistola y 11.000 pesos en efectivo.

“¿Vas a hablar? ¿Ya te acordaste o quieres más?”, pregunta en el vídeo la policía militar. A continuación expone a la detenida que tiene dos formas de hacerle hablar a la fuerza. La primera, echándole agua al pañuelo que le tapa la cabeza, lo que le provocaría una sensación de asfixia. Es una técnica muy parecida al ahogamiento fingido (waterboarding en inglés) que utilizaba Estados Unidos con los presos detenidos en las cárceles secretas tras el 11-S. La segunda, impidiéndole la respiración al taparle la cabeza con una bolsa de plástico.

En enero, se informó a la Procuraduría -fiscalía- del contenido de las imágenes y, pocos días después, se detuvo a un capitán y a la soldado policía militar como presuntos responsables de un delito de desobediencia. Ambos están detenidos en una prisión castrense a la espera de sentencia.

El caso Ayotzinapa: sin rastro de los 43 desaparecidos

Pero si ha habido un caso que haya despertado la indignación ante esta lacra y que motivó que el Gobierno propusiera medidas legales contra la tortura y la desaparición, fue el llamado caso de Ayotzinapa. La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, fueron detenidos a la fuerza 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa por la policía municipal de Iguala (Guerrero, México). Jueces federales afirmaron que fueron directamente ejecutados. Es decir, el juicio, la condena y la ejecución se dieron en un mismo momento, del mismo modo que en un fusilamiento.

Expertos en derechos humanos coincidieron en que la tortura en México es un fenómeno regular, que no se investiga ni se sanciona.

Los 43 desaparecidos de Iguala [Foto vía Youtube]

México se enfrenta con este caso a un nuevo escándalo por torturas, un método que algunas organizaciones de derechos humanos creen que es sistemático por parte de las autoridades mexicanas. El Gobierno, sin embargo, considera que solo es esporádico. Esa diferencia de percepciones abrió el año pasado un conflicto diplomático entre las autoridades y las víctimas.

Integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) – un grupo de juristas y médicos enfocados a realizar una investigación paralela sobre el caso Ayotzinapa– advirtieron en el Senado que este acontecimiento no es un hecho aislado en México y demandaron la aprobación de leyes eficaces en materia de desaparición forzada y de tortura que se centren en los derechos de las víctimas, fundamentalmente su derecho a saber la verdad, qué fue lo que pasó con sus familiares desaparecidos.

Francisco Cox, abogado chileno y miembro del GIEI, hizo notar que la entrada en vigor próximamente del Sistema Penal Acusatorio que orienta los beneficios a la víctima del hecho delictivo, va a ser un avance pero se requiere también que los servicios periciales no sigan dependiendo de la Procuraduría General de la República (PGR), que es el Poder Ejecutivo Federal en México, sino que exista un órgano autónomo, que pueda refutar las conclusiones presentadas por el Ministerio Público Federal, y no tomarlas como verdad absoluta.

Por lo que toca a la ley de tortura, Claudia Paz, abogada y primera mujer Fiscal de su país, también miembro del GIEI; insistió en que “es perverso” que en la actualidad las acusaciones se basen en la confesión de los imputados, y se consideren plena prueba por lo que el Ministerio Público no necesita ya presentar ninguna otra evidencia, lo que posibilita que las confesiones se den bajo tortura.

A la espera de juicio

En el caso Ayotzinapa, al no quedar acreditado el delito de desaparición forzada, las instancias judiciales mantienen en la cárcel al matrimonio formado por el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda acusados de haber mandado matar a los estudiantes, y pendientes de un juicio que no llega. En la misma situación se encuentran varios policías municipales de Iguala y Cocula, y presuntos miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos.

Hasta la fecha, 120 políticos locales, policías, presuntos narcotraficantes e informantes han sido encarcelados por el caso Ayotzinapa, pero la Fiscalía no ha pedido responsabilidades a ninguno de los inculpados por desaparición forzada. A pesar de la gravedad de los hechos, parece que este hecho luctuoso no es más que la punta del iceberg de todo una estructura siniestra en la que se mezcla el poder político y las bandas criminales.

Nueva ley contra la tortura: las claves

¿Cómo se investigará?

Según este documento, el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial.

¿Cómo se castigará?

A cualquier servidor público vinculado al proceso de delito de tortura se le impondrá prisión preventiva.

La ley señala que la obediencia de órdenes o instrucciones de un superior no constituye una exclusión del delito de tortura para los implicados, pues dichas órdenes “son ilícitas, por lo que los subordinados tienen el deber de desobedecerlas y denunciarlas”.

Tampoco serán excepcionales circunstancias como tiempos de guerra, invasiones, conflictos armados, inestabilidad política interna o suspensión de derechos y su garantía.

El presidente Peña Nieto [Foto vía Wikipedia]

El documento que discutieron las comisiones unidas de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos busca que sean excluidas todas las pruebas obtenidas directamente a través de la tortura, así como las  obtenidas por medios legales pero derivadas de dichos actos; y, a la vez, que se valore si los elementos admitidos para iniciar un juicio son suficientes o de lo contrario se decrete la inmediata libertad de la persona procesada. Quién resulte culpable de cometer una tortura tendrá una pena de 10 a 20 años de prisión.

En el caso de personas sentenciadas si se determina que las pruebas en las que se basó el juez fueron obtenidas de manera ilícita, como puede ser mediante tortura, también se ordenará su liberación inmediata.

Se confía que esta nueva ley que establece medidas contra la desaparición y la tortura consiga erradicar los casos como el ocurrido en Iguala, con 43 estudiantes desaparecidos y ejecutados; o escenas como la del vídeo, en el que se muestran los malos tratos de las autoridades a una detenida. Aunque el país se encuentra en medio de un grave problema de narcotráfico, deberá encontrar la manera de doblegar a los traficantes sin caer en actividades de este tipo.

Ésta es una publicación sin ánimo de lucro.


Anna Medrano15/12/2015
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El 20 de noviembre se cumplieron 40 años de la muerte del dictador Franco. Sin embargo, después de cuatro décadas las víctimas del franquismo siguen luchando por la reparación, el reconocimiento y la memoria histórica. La dictadura franquista conllevó ejecuciones, desapariciones forzadas y vulneraciones sistemáticas de los derechos y libertades políticas, sociales y culturales.


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“En las celdas apenas se podían dar dos pasos, los muros eran tan gruesos que no se percibía sonido alguno del otro lado, solo recuerdo frio, hambre y una soledad inhumana”, describe Valentín Cristea.

A sus 88 años, posiblemente sea el único superviviente de Ramnicu Sarat, más conocida como la “prisión del silencio”, una de las oscuras cárceles rumanas por la que pasaron entre 1945 y 1964 decenas de detenidos de la élite política e intelectual de Rumanía. Allí muchas de estas personas fueron torturadas y sometidas a un régimen de aislamiento; tanto que algunos de quienes sobrevivieron habían olvidado incluso hablar. Ahora en el año 2014; el hombre, que gobernó la penal del este del país durante casi una década, responde ante la justicia por lo sucedido tras sus muros.

¿Quién es Alexandru Vișinescu?

El ex-dictador Nicolae Ceaușescu [Foto: Ion Chibzii via Flickr]

Nos referimos así a Alexandru Vișinescu, tiene 89 años y está acusado de crímenes contra la humanidad. El proceso judicial que se ha abierto contra él, y que ha comenzado estos días en Bucarest, es el primero de estas características en Rumania. Pocos esperaban ya ver a Vișinescu sentado en el banquillo de los acusados. No sólo por su avanzada edad sino también porque ya hace casi 25 años que se ajusticiamiento del dictador Nicolae Ceaușescu, quien gobernó tras Gheorghiu-Dej y tras la caída del régimen comunista se resiste a ajustar cuentas con su pasado.

La de Ramnicu Sarat no fue, ni mucho menos, la única prisión, se resiste orientada a aniquilar y silenciar toda oposición durante los años negros del comunismo rumano. Tampoco fue el único lugar de detención del régimen de Ceaucescu. Entre los años 1945 y 1989 más de 600.000 personas entre ellos intelectuales, oficiales, religiosos y opositores políticos pasaron por prisiones o campos de detención en Rumanía, según ha documentado el Instituto para la Investigación de los Crímenes del Comunismo (IICCMER), un organismo creado por el Gobierno rumano. Muchos murieron. Sin embargo, salvo la condena de algunos oficiales de alto rango a principios de los años 90 nadie ha respondido por esta barbarie ante la justicia.

Vișinescu se siente ahora atacado porque la justicia le sigue. Hasta el año pasado la fiscalía inició su investigación contra él, todo este caso ha salido a la luz gracias a documentos y testimonios aportados por el IICCMER, hasta entonces el antiguo comandante hacia vida normal en Bucarest.

“Yo no he hecho nada. Esto me está destruyendo”, es la defensa que aporta el acusado.

¿De qué se le acusa?

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Alexandru Vișinescu en la actualidad [Vía cotidianul.ro]

La fiscalía le acusa de al menos la muerte de 14 y de someter a los prisioneros bajo su cargo a condiciones destinadas a destruirles física y psicológicamente. Desde que comenzó el proceso judicial, Vișinescu ha reclamado su inocencia. Sostiene que se limitó a cumplir órdenes, que no era más que un peón en la cadena y que no tuvo nunca ninguna responsabilidad en lo que acurria en la prisión de Ramnicu Sarat.

Para muchos familiares de exprisioneros, el proceso contra Vișinescu llega demasiado tarde. El Director del IICCMER, reconoce que a pesar de que la evidencia contra el excarcelero era mucha, ha costado sacar el proceso adelante. Esta Institución ha intentado en contadas ocasiones llevar a los tribunales a otros de los dirigentes comunistas pero nunca tuvieron éxito, ya que muchos de los culpables tienen un estado avanzado de edad o simplemente han muerto.

Aunque el excomandante ya no vaya a la prisión estamos ante un proceso moral muy simbólico para Rumanía. Tras cambiar algunas leyes del Código Penal rumano que retira ciertas limitaciones para la persecución de delitos de la época comunista se ha imputado también al Director de un campo de trabajo del delta del Danubio, Ion Ficior y se está investigando a otras 33 personas. Que Alexandru Vișinescu se siente en el banquillo es un gran avance. Ya que si la justicia reconoce lo que ha pasado en la época comunista significa que el país “conoce, acepta y afronta su historia”.

Foto de portada: Manifestantes en la Revolución Rumana 1989. Denoel Paris. Vía Wikipedia.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro


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América Latina es el escenario de 100.000 asesinatos al año, siendo la región más insegura y desigual del mundo y suponiendo un obstáculo para el progreso. Es el mensaje del Informe de Desarrollo Humano para América Latina 2013, donde Naciones Unidas mide el nivel de desarrollo humano de los países. Este año, analiza el problema de la inseguridad en la región con nuevos datos en 18 países y una propuesta de solución para sus gobiernos.


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El último estudio publicado por el American Journal of Public Health (AJPH) en 2011 señala la cifra de 2.000.000 de mujeres violadas en la República Democrática del Congo (RDC) en los últimos años. Lejos de observar una mejora de la situación, solamente en el último año se registraron 433.785 casos de mujeres y niñas violadas, lo que se traduce en ¡una violación por minuto!



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