El 20 de noviembre se cumplieron 40 años de la muerte del dictador Franco. Sin embargo, después de cuatro décadas las víctimas del franquismo siguen luchando por la reparación, el reconocimiento y la memoria histórica. La dictadura franquista conllevó ejecuciones, desapariciones forzadas y vulneraciones sistemáticas de los derechos y libertades políticas, sociales y culturales.
Los primeros años de la dictadura: fusilamientos, desapariciones forzadas y exilio
Después de la Guerra Civil (1936-1939), muchos republicanos intentaron huir al exilio, ya fuera cruzando la frontera hacia Francia o viajando a América. Muchos de ellos nunca volverían y muchos otros fueron fusilados durante los primeros años del franquismo. “Si es necesario fusilaré a media España“. Franco pronunció estas palabras en 1938 y se encargó de llevarlas a la práctica, ya que durante el nacimiento de la dictadura se produjeron fusilamientos a diario. De hecho, el régimen castigó con penas de muerte hasta sus últimos días.
Como indica Bernat Muniesa en el primer volumen de “Dictadura y transición. La España lampedusiana”, las ejecuciones posteriores a la guerra sólo empezaron a disminuir a medida que avanzaba la Segunda Guerra Mundial a favor de los aliados. Según las últimas estimaciones de los historiadores, se cifra en 150.000 las víctimas mortales del franquismo entre los años 1936 y 1943. Estas muertes se produjeron en campos de concentración o trabajo, en cárceles y en distintos actos de represalia.
Para Carme Molinero, directora del Centro de Estudios sobre las Épocas Franquista y Democrática (CEFID), la represión franquista pretendía atemorizar a todas las personas que no comulgaban con el régimen. Otros datos significativos son los de los historiadores Javier Rodrigo y Julián Casanova. Rodrigo, del Instituto Universitario Europeo de Florencia, concluye que en España funcionaron 104 campos, donde murieron muchas personas a causa de las malas condiciones higiénicas y alimentarias. Por su parte, Casanova habla de 50.000 “rojos” asesinados entre 1939 y 1946.
Los campos cumplían una doble función: depurar y clasificar a los detenidos. En estos campos, los presos permanecían durante un tiempo indeterminado a la espera de ser enviados a la mili, a la cárcel, a los batallones de trabajo o a la ejecución. Aunque el sistema de campos funcionó hasta 1942, las colonias penitenciarias y los batallones de trabajadores existieron hasta bien iniciados los años cincuenta. Uno de los ejemplos más conocidos de trabajos forzados fue la construcción del Valle de los Caídos por presos del campo de Cuelgamuros. Hoy en día, el Valle de los Caídos, lejos de convertirse en un espacio de memoria y de rechazo al franquismo, sigue siendo un lugar de exaltación y enaltecimiento de la dictadura.
No olvidemos tampoco que buena parte de estas muertes no fueron ni siquiera inscritas en los registros civiles, sino que los restos fueron enterrados en fosas comunes repartidas por toda España. Desde hace algunos años, diversas entidades, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, trabajan para la localización e identificación de los restos de estas personas con el fin de entregarlos a sus familiares y darles una sepultura digna. Algunos estudios determinan que, tras Camboya, España es el segundo país del mundo en número de desaparecidos cuyos restos no han sido recuperados.
Desapariciones de niños
Miles de hijos de prisioneras republicanas fueron separados de sus madres y entregados a familias afectas al régimen. De hecho, cuando los hijos de las presas alcanzaban los 3 años de edad y no tenían familiares que se hicieran cargo, pasaban a ser tutelados por la Sección Femenina de la Falange y por el Patronato de Redención de Penas. Las adopciones irregulares se mantuvieron a lo largo de toda la dictadura.
La Declaración de condena de la Dictadura Franquista del 17 de marzo de 2006 del Consejo de Europa afirmó que los “niños perdidos” son víctimas de la dictadura, dado que sus apellidos se cambiaron para permitir su adopción por familias adictas al régimen. Además, también se indicó que estos niños eran, a menudo, separados de los demás niños internados en las instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos.
El reportaje de Televisió de Catalunya titulado “Els nens robats del franquisme” repasa este periodo oscuro de la historia reciente de España. El programa, realizado por Montserrat Armengou y Ricard Belis y que contó con el asesoramiento histórico de Ricard Vinyes, da a conocer la desaparición de los hijos de republicanos y la separación forzosa de sus familiares por parte de la represión franquista.
Baltasar Garzón afirmó que en España hubo un plan expreso de sustracción de niños que eran hijos de madres republicanas entre 1937 y 1950. Para Garzón, este plan contó con una cobertura legal. El citado documental de Armengou y Belis explica que unos 30.000 niños fueron tutelados en algún momento por el Estado. La ley de 1941 permitió, además, cambiarles los apellidos para que fueran adoptados por familias del régimen. El historiador Ricard Vinyes recuerda que, todavía hoy, muchas de estas víctimas desconocen sus verdaderos orígenes e identidades.
Represión cultural y lingüística
La censura fue una constante a lo largo de la dictadura, lo que comportó décadas de oscurantismo cultural. Los escritores, cineastas o artistas en general tuvieron que idear formas para superar la censura del Estado, que afectó a todas las facetas culturales e intelectuales. El cine y el teatro tuvieron que lidiar con una doble censura, la civil y la eclesiástica.
Además, la persecución y el ataque a las lenguas diferentes al castellano también fue una característica permanente del franquismo, puesto que el régimen se encargó de ridiculizarlas de manera continuada. Estas lenguas fueron aniquiladas de la vida pública y quedaron relegadas al ámbito doméstico. Como han señalado muchos autores, la victoria militar del franquismo en la Guerra Civil implicó la destrucción de las izquierdas en el conjunto de España y del catalanismo en Cataluña.
Derechos civiles y políticos
Sin duda, es evidente que el franquismo fue un periodo de violación absoluta de las libertades civiles y políticas de los ciudadanos. Los derechos de asociación, sindicato, libertad de expresión o libertad de prensa fueron automáticamente destruidos. Los ciudadanos fueron apartados de la vida política y se desarrolló un control férreo de los medios de comunicación. En el ámbito laboral, hubo numerosas inhabilitaciones profesionales y las organizaciones patronales elaboraban listas de “rojos” con el fin de evitar que fueran contratados por las empresas. Los funcionarios que sirvieron durante la República fueron despedidos de acuerdo con la Ley de Depuración.
Transición e impunidad del franquismo
La muerte de Franco dio lugar al inicio de la transición. Pese que esta etapahistórica ha sido frecuentemente exaltada como modélica, historiadores como Bernat Muniesa manifiestan algunas de sus principales carencias. Teóricamente, la transición permitió superar el franquismo y alcanzar la democracia, pero políticos y poderes históricos de apoyo a la dictadura participaron activamente, mientras que el protagonismo de la oposición y la resistencia fue siendo disminuido y cuarteado. Así pues, no se cuestionó, finalmente, la legalidad de la corona de Juan Carlos I, a pesar de que su legitimidad provenía del dictador. Es más, se aceptó el franquismo como un periodo legal surgido de la Guerra Civil. El tono moderado y conciliador de la transición también significó la falta de responsabilidades políticas, el abandono de la lucha por la república y la aceptación de una amnistía parcelada y lenta. Como expone Muniesa, los mismos personajes que habían colaborado con el franquismo se disfrazaron de demócratas para encabezar y liderar la transición.
Pese a las recomendaciones de las Naciones Unidas, cuarenta años después de la muerte de Franco, España se ha negado a juzgar los crímenes del franquismo. Este hecho se ha amparado, en parte, en la polémica Ley de Amnistía de 1977. Pablo de Greiff, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción de verdad, justicia, reparación y garantías, ha reiterado que, en cualquier caso, las amnistías tendrían efecto una vez determinados los hechos y los responsables por una investigación judicial. Por el contrario, España ha optado por archivar cualquier denuncia sin investigación alguna, apelando a la Ley de Amnistía. A pesar de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica a finales de 2007, de Greiff decía, a principios de 2014, que hasta el momento apenas se había hecho nada por los derechos de las víctimas del franquismo. Además, Mariano Rajoy derogó de facto la mencionada Ley de Memoria Histórica con su llegada al Gobierno, puesto que eliminó su dotación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 y 2014.
En octubre de 2008, Baltasar Garzón se declaró competente para investigar la desaparición de las víctimas del franquismo. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, se posicionó en contra de Garzón y pidió la nulidad de la investigación al considerar que los hechos estaban prescritos y perdonados por la Ley de Amnistía de 1977. Más tarde, en mayo de 2009, el sindicato ultraderechista Manos Limpias interpuso una querella contra Garzón en la que se le acusaba de prevaricación, ya que el sindicato defendía que el juez se excedía en sus funciones al investigar los crímenes del franquismo. A esta querella se le sumaron otras dos presentadas por Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS. Finalmente, el Poder Judicial suspendió a Baltasar Garzón en otro asunto, por ordenar las escuchas del “caso Gürtel”.
Por otra parte, en octubre de 2014 la juez argentina María Servini ordenó la detención y extradición de veinte cargos franquistas acusados de crímenes de lesa humanidad. A los pocos días, Rafael Catalá, el actual Ministro de Justicia español, anunció la no extradición de los imputados. Estos hechos demuestran, nuevamente, la negativa del Estado español a que se investiguen y se juzguen los crímenes cometidos durante más de cuarenta años, vulnerando el derecho internacional y los derechos de las víctimas.
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