19/03/2024 MÉXICO

¿Qué pasa en Perú?: el golpe de la mafia, la ‘generación bicentenario’ y la crisis de régimen

Ilustración de Siwar Ballestrino (@siwarballestrino en IG). Proyecto digital en Instagram @105traidores.
Hoy explicamos el porqué de una vacancia considerada por muchos un golpe de Estado y sus consecuencias; describiremos cómo fue la masiva movilización y un proceso particular de politización entre los más jóvenes – llamados por los medios la “Generación del Bicentenario” –, y ensayaremos una respuesta para la pregunta: ¿vive Perú una crisis de régimen?

El 9 de noviembre se consumó con 105 de 130 votos parlamentarios la vacancia contra Martín Vizcarra por la causal de “incapacidad moral permanente”. Los números de la votación pueden dar la apariencia de un enorme consenso en torno a su destitución máxime cuando el 19 de octubre la Fiscalía abriera una investigación en su contra por delitos de corrupción.

Horas después de declarada la vacancia presidencial en una sesión virtual del Pleno, se produjo una masiva movilización que izaba como agenda mínima el rechazo por la toma del poder del Congreso más impopular de la historia reciente, electo 8 meses atrás – con Manuel Merino de Lama a la cabeza –.

En el artículo -escrito con el apoyo de Valeria Mori- explicamos el porqué de una vacancia considerada por muchos como un golpe de Estado, y sus consecuencias; describiremos cómo fue la masiva movilización y un proceso particular de politización entre los más jóvenes – llamados por los medios como la “generación del bicentenario” –, y ensayaremos una respuesta para la pregunta: ¿el Perú vive una crisis de régimen?

Razones del golpe autoritario

A pesar de que el país lidere el número proporcional de exceso de muertes en el mundo y que registre la mayor contracción de PIB de América Latina, las razones de la destitución del expresidente a través de la figura constitucional de “vacancia” vino motivada por motivos ajenos a esta realidad y precedida por un intento frustrado tan solo 50 días atrás. Vamos a señalar tres de sus principales razones inmediatas:

En primer lugar, la declaración del ex primer ministro Walter Martos  deja en conocimiento público que, desde octubre al menos dos grupos parlamentarios le habían solicitado prorrogar las elecciones generales programadas para el 11 de abril a cambio de detener el proceso de vacancia. Esto hubiera supuesto una extensión de la inmunidad parlamentaria y que, en consecuencia, casi la mitad de los miembros del Congreso evadan la justicia por 1 o 2 años más.

Por otra parte, existía una serie de propuestas legislativas que encontraba un obstáculo en el Ejecutivo para ser aprobadas como la creación de 15 universidades fuera del marco de la reforma universitaria y contra las recomendaciones del Ministerio de Educación, permitir que las universidades privadas que no cumplieron las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) gestionadas por Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) como la TELESUP vuelvan a operar – y posiblemente financiar a los mismos partidos políticos –, la reducción de facultades de la Fiscalía para impedir la detención preliminar de José Luna Gálvez, o el retiro del Estado peruano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


En tercer lugar, gesaron un “momento de vacancia”. Los semanarios del domingo 8 de noviembre cerraron con la exposición de unos chats del entonces presidente Vizcarra que revelarían la existencia de un millonario soborno al mismo durante su gestión como gobernador regional de Moquegua (2011-2014).

A esto, hay que sumar la ausencia de un grupo oficialista en el Congreso y un contexto preelectoral que terminó de animarles a destituir al expresidente y repartirse el poder del Ejecutivo para, por ejemplo, aprobar un presupuesto general que habían inflado por valor de más de mil quinientos millones de dólares a razón de 598 obras que, lejos de estar justificadas técnicamente, permitirían a los congresistas devolver favores a sus financistas o congraciarse con determinados bolsones de electorado en el mejor de los casos.

Masiva movilización de la “generación bicentenario”

A poco más de un año de la disolución el Congreso (periodo 2016 – 2021) – evento respaldado por un amplio sector de la sociedad civil – el país enfrenta nuevamente una crisis institucional durante el último año de mandato presidencial. Este acontecimiento evocó inmediatamente la desaprobación de la ciudadanía, quienes desde las redes sociales como herramienta principal fijaron puntos de concentración para dar lugar a una movilización nacional y descentralizada – usando #TomaLaCalle, #MerinoNoEsMiPresidente o #FueraMerino en sus publicaciones –.

Para el cuarto día de movilizaciones la tendencia ya parecía irreversible y los canales de televisión nacional empezaban a dirigirse al gobierno de Merino como usurpador e ilegítimo. Incluso los futbolistas de la selección peruana se manifestaban en contra del “golpe”:


No obstante, lo que que finalmente terminaría de acelerar la caída de Merino y compañía serían los incidentes de la fatídica noche del sábado 14. Al día siguiente de la segunda Gran Marcha Nacional se reportaron decenas de heridos, numerables personas desaparecidas y la muerte de dos jóvenes universitarios – Jack Pintado (22 años) e Inti Sotelo (24 años) – provocados por la brutal represión de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Al día siguiente la consigna era unánime y la la renuncia no se hizo esperar. El Congreso de la República, sin exigir responsabilidades ni instar investigaciones al gobierno saliente, elige a Francisco Sagasti, un parlamentario que había votado en contra de la vacancia como nuevo presidente. La movilización ciudadana protagonizada por una irreberente y reactiva juventud había conseguido su principal objetivo.

La llamada “Generación del Bicentenario” (compuesta por millenials y generación Z), aunque autoconvocada y organizada a través de grupos de grupos de amigos, se ha forjado en distintos ciclos de movilizaciones como el del  2013 contra la repartija, el del 2014 contra la ley de régimen laboral juvenil – familiarizada como “Ley Pulpín”-, o el ciclo de marchas contra el indulto al exdictador Alberto Fujimori entre 2017 y 2018.

Imagen difundida en redes sociales.

Crisis de régimen y… ¿nueva constitución?

Las marchas, sus pancartas y sus arengas han reflejado un lenguaje distinto. Pese a la crisis sanitaria y económica, el precariado juvenil urbano puso el acento en la corrupción, la educación y la inestabilidad, y lo canalizó de forma lúdica, primando muchas veces las formas al fondo.


No se puede decir que existe una fuerza política o un actor social determinado como principal agitador ni promotor de las movilizaiciones. Como tampoco se podrá decir que existió una serie de demandas claras a excepción del #FueraMerino. No obstante, el cuestionamiento no solo es hacia la clase política, sino a las principales fuerzas de sostenimiento del régimen del ’93: las empresas de comunicación, la policía, la patronal -CONFIEP- y algunos líderes de opinón conservadora, destacando el plantón frente a la residencia del conductor del medio ultraderechista Willax Tv, Beto Ortiz.

Por tanto, tenemos un país en medio de la mayor crisis sanitaria y económica de los últimos 40 años cuyos partidos políticos y cuyo máximo órgano de representación son altamente repudiados por la población. La ciudadanía comienza a identificar que el problema no sólo es de actores, sino de estructuras, o ¿por qué si no tenemos prácticas fujimoristas sin fujimoristas?

Y ante este momento crucial solo parecen haber dos salidas. La salida cívico-democrática es una Asamblea Popular Constituyente para construir un nuevo pacto social democrático y que ponga las instituciones al servicio de las mayorías. O, la salida golpista-autoritaria que garantice por la fuerza la continuidad de un régimen que trajo algo de estabilidad macroeconómica pero gran corrupción y desigualdad entre peruanos y peruanas.

Esta es una explicación sin ánimo de lucro.

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Andy Philipps Zeballos

Migrante, politólogo y mestizo ch'ixi. Seremos millones.


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