02/10/2022 MÉXICO

corrupción archivos - United Explanations

Ramiro Rubil14/09/2022
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Dejando atrás la primera mitad del año, ya empieza a escucharse los ecos del mundial esperado de fútbol de 2022 , el cual se celebrará por primera vez en la región de Medio Oriente en el país de Qatar. Sin embargo, este evento masivo que se enfrentará a 32 países para competir en un torneo que será televisado y celebrado por millones de personas alrededor del mundo ya se ha encontrado en la situación de algunas controversias alrededor de sus preparaciones, de las particulares costumbres locales, y de las denuncias de corrupcion y soborno que llevaron a Doha a ganar la votacion para ser la sede del mundial.

 

La corrupción de la FIFA

Muchas interrogantes rodearon la celebración de este campeonato desde que se anunció la sede para este año en 2010; pero una de las polémicas más tempranas que surgieron giraban en torno a la corrupción de la misma FIFA, y al hecho de que Qatar habría conseguido alojar al torneo de 2022 a través de sobornos. Una investigación que salió a la luz en abril de 2020, revela que los votos realizados en 2010 para las organizaciones de los mundiales 2018 y 2022 fueron motivados por prestaciones económicas que fueron recibidos por miembros oficiales de la FIFA. Previamente a la votación, ya se habían desestimado dos de los votantes por haber sido captados en cámara recibiendo dichos sobornos, mientras que investigaciones posteriores revelaron que no fueron los únicos, y que muchos de los oficiales que si votaron a favor de Rusia y Qatar tenían las manos manchadas. Entre ellos podemos encontrar algunas de las autoridades mas importantes del futbol latinoamericano, como pueden ser Julio Grondona de Argentina, Nicolás Leoz de Paraguay y Ricardo Teixeira de Brasil.

Momento en el que la FIFA anunciaba que Qatar sería la sede del Mundial de Futbol 2022 (2010). (Imagen Flickr)

La violación de derechos laborales

Otra de las situaciones a las que se tuvo que enfrentar la organización gira en torno a la construcción de la infraestructura necesaria para el mundial, ya que en un tiempo récord Doha se tuvo que encargar de levantar estadios y edificios para alojar y entretener a los participantes, organizadores y espectadores del mundial, y para llevar a cabo semejantes construcciones se aceptó la ayuda de obreros extranjeros. El problema surge cuando empiezan a aparecer denuncias que giran en torno al maltrato, explotación y el impago de salarios en tiempo y forma de obreros que se encuentran en una nación que no es la suya, sin posibilidades de cambiar de trabajo y cuyos reclamos no son escuchados. Esto se pudo ver claramente en agosto de este año, cuando muchos de estos inmigrantes fueron detenidos por las fuerzas policiales de Qatar por manifestarse afuera de las oficinas de “Al Bandany International Group”, una firma constructora partícipe de las construcciones mundialistas. Los obreros en cuestión se encontraban protestando debido a que hace meses trabajan prácticamente gratis ya que no estaban recibiendo los salarios debidos y prometidos por la constructora. Esta situación empeora cuando tenemos en cuenta que Doha no solo arrestó a estos trabajadores, sino que también los deportó a sus países de origen (mayormente otros países de Asia).

El maltrato de obreros extranjeros no es una acusación novedosa en el país del golfo, las denuncias han surgido desde que Doha comenzó a utilizar mano de obra extranjera para la construcción de la infraestructura requerida, y las investigaciones llevan años abiertas. En el año 2015, un grupo de reporteros alemanes que se encontraban en Qatar filmando un documental sobre las construcciones para el mundial y las pobres condiciones laborales fueron arrestados por las autoridades locales, destruyeron su equipo y borraron el material que habían filmado. Posteriormente en 2016, las autoridades qataríes vigilaron, siguieron y detuvieron a periodistas de la BBC que estaban en el país para investigar dichas denuncias y especialmente ciertas acusaciones que indicaban la muerte de cientos de obreros nepalíes causadas por las inhumanas condiciones de trabajo.

Estadio Lusail en construcción, Qatar. (2020) (Imagen Flickr)

Organizaciones como “Human Right’s Watch” y Amnistía Internacional se han encargado especialmente de investigar y denunciar aquellas detenciones que violan directamente la libertad de expresión y también las situaciones en las que no se ha asegurado condiciones apropiadas para la seguridad y la salud de los obreros inmigrantes que se encuentran en el país, muchos de los cuales han sufrido heridas, salarios insuficientes y en algunos casos, la muerte. Estas organizaciones no solo culpan parcialmente a la FIFA por haberle dado el hospedaje del torneo a Qatar sin requerirle una reforma laboral que asegure condiciones laborales apropiadas, sino que también hacen hincapié en otros derechos en los que el Estado qatarí ha fracasado en asegurar y constantemente ignora, como asegurar la igualdad y los derechos de las mujeres, el colectivo LGBTIQ+ y las minorías étnicas. Y aunque estos temas poco tienen que ver con la organización del campeonato mundial de futbol, es importante mencionar que el país huésped no ofrece las mismas garantías y oportunidades ni es seguro para todos, lo cual también va a significar un choque de realidades para aquellas personas del mundo occidental que quieran asistir al mundial, así como también una necesidad de adaptación a las costumbres y leyes locales.

Un claro ejemplo de estas desigualdades podemos encontrar en el sistema penal de Qatar, el cual incluye como delito penado (bajo multa y años de prisión) a las “actividades sexuales entre personas del mismo sexo” o “sodomía”. Esto lleva a que las personas que pertenezcan al colectivo LGBTIQ+ que quieran vivir su sexualidad libremente tengan que exiliarse en el exterior o afronten las penas del estado, la condena social e incluso en algunos casos la muerte, ya que algunas familias siguen practicando la costumbre tribal de “asesinato de honor”.

 

Imagen ilustrativa (Flickr)

Los derechos de las mujeres, aunque la constitución declare la igualdad entre ambos sexos, es otra materia que se encuentra bastante limitada jurídicamente. En Qatar funciona una especie de sistema de tutela, bajo el cual el accionar de las mujeres es muy limitado y necesita el permiso de su guardián o tutor (hermano, padre, marido, etc.) para realizar numerosas actividades como pedir becas universitarias, viajar al exterior, casarse, etc. Por supuesto que estas normas no se aplicarán a las mujeres extranjeras que deseen visitar el país para asistir al evento deportivo, que podrán actuar normalmente, a excepción de ciertas reglas de vestimenta que deberán respetar todos.

Este año se realizó una encuesta en Alemania acerca de la asistencia de su selección nacional en el campeonato mundial de Qatar 2022, en el cual 48% de los entrevistados sostenía que su equipo debería retirarse del evento deportivo por su realización en un país cuyo sistema legal no promueva la igualdad jurídica ni la justicia para todas las personas por igual. Lo mismo opina Philipp Lahm, ex capitán de la selección alemana, el cual no piensa asistir al evento deportivo y culpa a la FIFA por ignorar las controversias en materia de derechos humanos que giran en torno al país del golfo.

El mundial de fútbol es un evento que disfrutan millones de espectadores de todo el mundo, sin importar sus creencias, género, orientación sexual o nacionalidad. Sin embargo, hay personas que no pueden disfrutar del certamen de este año plenamente, sin recordar que se está celebrando porque muchas otras personas sufren día a día la represión, persecución e injusticias provenientes desde el mismo aparato estatal, y muchas otras las sufrieron en las mismas preparaciones para el campeonato. Surge preguntarnos si esta situación se podría haber evitado, o mínimo, si en el futuro la FIFA tendrá en cuenta el respeto más básico por los derechos humanos a la hora de elegir las próximas sedes mundialistas, no sólo para demostrar que se ha alejado de sus días más corruptos, sino también para aprovechar el poder y la influencia que tiene en todo el mundo para sumarse a la promoción y lucha por el respeto de los derechos de todas las personas.


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En el siguiente artículo (perteneciente a una serie de tres, puedes consultar aquí el primero), explicaremos cómo, con el paso del tiempo, se pensó que los modelos de control de la corrupción de algunas empresas en los EE.UU. podrían ser válidos para la administración pública. Este modelo, que se conoce como el de ‘agente-principal’ (a-p en adelante), sin embargo, no tuvo los resultados esperados y supuso un gasto público inmenso.

El enfoque agente-principal o racionalista

El enfoque agente-principal nace de la teoría empresarial a principios de los años 80 para abordar  los problemas de control que los accionistas (el principal) ejercían sobre los directivos (el agente) de la empresa. Este enfoque, inspira todavía códigos de buena conducta y medidas de control interno señala Lozano, se fundamenta básicamente en tres ideas: se entiende que los accionistas, o el principal, estarán siempre interesados en controlar a los directivos, el  agente; se presume que el agente y el principal tendrán normalmente intereses diversos y; que el primero tendrá casi siempre más información que el segundo -lo que conducirá a una mayor discrecionalidad por parte del agente que buscará satisfacer sus intereses traicionando al principal.

Según el enfoque racionalista el agente realiza constantes cálculos para que sus acciones u omisiones le reporten cuanto más beneficio mejor. Autor: Alexas_Fotos
vía Pixabay

Según este enfoque, y algunos autores como Rose-Ackerman, Klitgaard o Bardhan, el funcionario o empleado público (agente) abusará de su posición ante la falta de la mínima supervisión, pudiendo reducir la calidad de los servicios y dañando el erario público para asegurarse una comisión o renta, ya que la ciudadanía y los representados son incapaces (por mucho que quieran) de realizar una labor efectiva de monitoreo  o establecer un sistema de rendición de cuentas. En otras palabras, el agente es tomado como un individuo que realiza constantes cálculos tal que sus acciones u omisiones para maximizar su beneficio, por lo que cuanta mayor información tenga el agente en relación al principal, más difícil será la labor  de monitoreo por parte de este último.

Esta lógica, que bebe del utilitarismo clásico, se renovó posteriormente con el aporte de la teoría más liberal, sufriendo una serie de variantes por lo que pasó a llamarse ‘teoría de la Rational Choice’ (Teoría de la Elección Racional). Una de esas variantes es situar al individuo en un libre mercado permanente donde cada vez que hace una elección (lo que implica infinitas no-elecciones) es consciente de ella, porque lo hace buscando maximizar su bienestar o felicidad personal en libertad. Además, el sujeto dispone de un alto grado de información sobre aquello que está eligiendo -y lo que no- ya que, ¿quién mejor que uno mismo para saber lo que es mejor para él o lo qué le hará más feliz?

El combate contra la corrupción enfocado como un problema de a-p desde la teoría de la elección racional tomará al individuo como un ser racional cuyo involucramiento en un acto de corrupción será fruto de la elección racional. Es decir, realizará un cálculo entre la probabilidad de tener éxito en el delito (y el beneficio en forma dinero, estatus, etc.), y la probabilidad de ser denunciado, además de la probabilidad de ser sancionado (y el monto de la multa más el daño a su imagen) por el delito. Así al menos lo señalan Rose-Ackerman o Robert Klitgard.

Así, el modelo a-p vuelve el foco de atención hacia el individuo, especialmente hacia el agente, asumiéndolo como ser racional y potencialmente “corrompible”. Por ello,  será necesario controlarle (monitoreo a través de la transparencia), y en el caso de que -aun así- se involucre en un acto corrupto: sancionarle (incrementando la probabilidad de sanción a través de nuevos tipos penales, mecanismos de investigación, etc.), asumiendo, a su vez, que el principal (la ciudadanía o el representado) va a ejercer esta función. La sanción no sólo funciona como castigo, claro está, sino como elemento disuasorio a imponer por la justicia luego de que el corrupto sea denunciado por el principal. Ésta es una lógica aparentemente sencilla y efectiva que guiaría gran parte de las recomendaciones e iniciativas anticorrupción de algunos de los más influyentes organismos intergubernamentales, como el Banco Mundial, el fondo Monetario Internacional o la OCDE, y  algunas ONGs durante el último cuarto de siglo hasta nuestros días.

Políticas y reformas generadas a partir del enfoque agente-principal, ¿han tenido éxito?

En los últimos años, y tras una época de intentos de reformas y políticas anticorrupción, buena parte de los economistas y politólogos entendidos en la materia coinciden en  una idea: las reformas anticorrupción han fallado. De hecho, en países con una corrupción generalizada el problema parece haber empeorado aseguran Johnston, Mungiu-Pippidi, Lawson, Persson/Rothstein/Teorell (Escuela de Gotemburgo), Jiménez o Marquette/Peiffer.

Sede de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Viena, Austria. Autor: Peterburg23 vía Wikimedia Commons

Estas políticas se han aplicado en multitud de estados miembros de la llamada ‘comunidad internacional’, especialmente, en la década de los 90. Sin embargo, el caso latinoamericano demuestra ser un fracaso. Sus estados, firmando y ratificando la gran mayoría de convenciones internacionales, nunca cosechaó mayores avances en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, ni en el índice de control efectivo de la corrupción del Banco Mundial.

Una de esas convenciones, se gnera a raíz de que en 1997 se cree la Oficina sobre Drogas y Crimen de las Naciones Unidas (UNODC), siendo la corrupción uno de los principales temas a tratar. De esta manera, en 2003, la UNODC impulsó la Convención de las Naciones Unidas Anticorrupción 2003 (UNCAC), la cual promueve la cooperación jurídica internacional (en sus páginas 31-43), el reconocimiento y la unificación de tipos penales (p. 18-30) y técnicas de investigación (p. 51-54), así como promueve la transparencia (p. 9-11) y la participación ciudadana en los asuntos públicos y privados (p. 15-16), entre otros. La UNCAC es probablemente uno de los mayores esfuerzos anticorrupción en términos de cooperación internacional, especialmente desde la perspectiva jurídica, y amplia, en el sentido que confronta con múltiples manifestaciones de la corrupción en el mundo. La UNCAC apela pues a las leyes, a los gobiernos y a la sociedad civil a hacer cumplir con el Estado de derecho robusteciéndolo y armonizando los unos a los otros. De hecho, tras 10 años de aprobarse, 140 estados han firmado el Convenio, lo que ha ayudado a legislar nuevas leyes si cabe, o completar anteriores iniciativas legislativas cuyo propósito era luchar contra la corrupción.

Uno de esos estados es Colombia, el cual ha cumplido con todas las recomendaciones desde el 2003. No obstante, en su Estatuto Anticorrupción (2011) reconoce que: pese haber ratificado tratados y convenios internacionales en desarrollo de los cuales ha expedido leyes y decretos tendientes a perseguir los actos de corrupción y a sus actores, no se han conseguido grandes avances en la lucha contra este fenómeno (2011:7). Entre las leyes y decretos a los que se refiere, se encuentran aquéllas que han llevado a la creación de contralorías, veedurías ciudadanas y procuradurías tanto a nivel nacional como regional, reforzando también al Defensor del pueblo y creando un Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Además, también creó un Consejo Presidencial para el Buen Gobierno y la Transparencia, entre otros organismos, actualmente agrupados en una ‘Comisión Nacional para la Moralización’ (2011:35). Este crecimiento en el número de instituciones y leyes, además de suponer un enorme gasto al erario público, ha favorecido muchas veces la ralentización de los procesos de denuncia e investigación, y no necesariamente la reducción de los casos de soborno, prevaricación, nepotismo, etc. en la administración pública.

Buen intento, pero…

Viñeta del año 1878 en la que se observa el Secretario del Interior, Carl Schurz, limpiando la Oficina India en el Departamento del Interior. Autor: Bob Burkhardt vía Wikimedia Commons

En general, se puede decir que algunas medidas a partir del enfoque agente-principal han propiciado la multiplicación de instituciones de control y sanciones para corruptos, tanto administrativas como penales que, algunas veces, ha promovido una especie de populismo punitivo. Las iniciativas de transparencia se han alzado como una solución efectiva a la corrupción hasta el punto que muchas veces se equipara la instauración de ‘gobiernos transparentes’ con el fin de la corrupción, cuando no hay ciudadanía interesada en fiscalizar y pedir cuentas. En palabras del profesor de Derecho procesal penal del Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid, Boye Tuset: “la moderna exigencia de transparencia ha devenido en una suerte de obsesión por la misma, que sustituye la ideología y la acción política por la rendición de cuentas sobre pagos, ingresos y gastos.”

En este sentido, el “remedio” de la transparencia, que una mayoría de propuestas pone como prioridad, podría empeorar la “enfermedad”, ya que, en contextos de corrupción generalizada, donde la corrupción sustituye a la norma formal en términos prácticos, más transparencia sólo significaría “sacar las malas prácticas y corrupción a los balcones”. Esto provocaría una mayor sensación de corrupción, por su evidente normalización, alentando posiblemente a más individuos a sumarse a “lo establecido”, tal y como apuntan la Escuela de Gotemburgo o la politóloga rumana Mungiu-Pippidi. Y algo parecido pasa con la sanción. Si el actor corrupto tiene la expectativa de que nadie lo va a denunciar, o que, de efectuarse la denuncia, ésta no llegue a buen puerto: “¿por qué ser el único idiota en no tomar un poco para mí?”. Todo parece indicar pues, que se trata de una cuestión de confianza y expectativas sobre el comportamiento de los demás, instituciones incluidas. Por esto, no hay acción colectiva para comenzar a combatir la corrupción. La corrupción sistémica, por tanto, es sobre todo un problema de acción colectiva.

Ésta es una explicación sin ánimo de lucro