En otros países de la región ven con preocupación la situación de Venezuela, después de las sanciones impuestas por Mercosur. Desde Argentina, el abogado Alejandro Perotti recalcó que ésta es la segunda llamada de atención que recibe el país suramericano en menos de un año. El 1 de diciembre de 2016, se le aplicó una “suspensión administrativa” por no cumplir con algunos protocolos internos.
La nueva suspensión, vigente desde el 5 de agosto de 2017, responde a la aplicación del Protocolo de Ushuaia, “que tiene como finalidad garantizar que en todos los países del Mercosur exista un respeto absoluto al sistema democrático”, diferenció.
De acuerdo con el experto en derecho aduanero y comercio exterior, si en algún país integrante del organismo hay una situación que quepa dentro del concepto político de “quiebre del orden democrático”, los estados miembros perfectamente “pueden llegar a aplicar esta sanción”. Detalló que este tipo de medidas abarca desde la suspensión de la participación en todos los órganos en los cuales ese Estado representa a su gobierno, hasta una suspensión máxima en todos los derechos y obligaciones del país. “En el caso concreto de Venezuela, se optó por la sanción máxima”, precisó.
Uruguay se suma a la sanción
Comentó Perotti que “Uruguay siempre se opuso a reconocer que en Venezuela se daban las condiciones para comprender que la situación involucraba un quiebre del orden democrático en los términos del protocolo de Ushuaia”, pero el país pudo comprender más a fondo lo que sucedía, y después del 5 de agosto cambió de parecer, sumando así su voto para aprobar la sanción.
Según el experto, Uruguay no se había pronunciado anteriormente a favor de la medida de suspensión propuesta por el resto de los países que integran el Mercosur porque la dirigencia política del Frente Amplio, que es de pensamiento muy diverso, no había logrado ponerse de acuerdo. El partido de gobierno, detalló, está conformado por una alianza de partidos de centro, y una fracción relativamente nueva de centro izquierda —con 30 o 40 años de existencia, que accede por primera vez al poder— donde convergen desde posiciones de centro, propiamente dichas, hasta posiciones que rozan la extrema izquierda.
“Las aglomeraciones políticas mayoritarias, que son las de centro izquierda, se reusaban a dar el apoyo político para acompañar el voto de condena democrática, hasta que el presidente y el canciller lograron convencer a una parte importante de la alianza de la base de gobierno”, precisó.
Recrudecimiento de la situación
La aprobación de esta sanción, aclara el jurista, no obedeció solamente al cambio de opinión y posterior pronunciamiento de Uruguay, sino también al “recrudecimiento de la situación política hacia lo interno de Venezuela”, impulsado por tres hechos a los que califica como muy importantes: “el aumento inusitado y sustancial de vidas humanas que se están cobrando las protestas contra el gobierno, los distintos fallos del Tribunal Supremo de Justicia, que de alguna manera han recortado el poder a la Asamblea Legislativa, y el llamado, la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente”.
También destacó como un elemento clave y definitorio en el proceso sancionatorio llevado a cabo por Mercosur, “el papel desempeñado por un grupo de países importantes en la OEA, así como el de su secretario general”, Luis Almagro. A eso suma las distintas medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dos antecedentes de sanciones similares
Perotti, quien también es profesor de derecho a la integración en la Universidad Austral, asegura que el escenario venezolano en Mercosur “no es comparable” con lo que haya podido suceder con otros estados miembros, y que además “es muy difícil encontrar dos países que estén en las mismas situaciones”. Lo que sí se ha hecho es aplicar sanciones similares.
“La primera fue en el año 1996, cuando hubo un intento de golpe de Estado en Paraguay. Para ese entonces, el Protocolo de Ushuaia no existía. De hecho, este suceso fue lo que impulsó su creación, pero los países de Mercosur hicieron una declaración pública planteando que si ese golpe de Estado triunfaba y se imponía, Paraguay corría el riesgo de quedar apartado y suspendido del Mercosur”, reseñó. Esa declaración, llamada compromiso democrático, y otros factores, “hicieron que el golpe de Estado no triunfara”, apuntó el catedrático.
Luego, en el año 2012, prosiguió el especialista, la mayoría no oficialista en el parlamento paraguayo “abrió un juicio político contra el presidente Fernando Lugo y lo destituyen, en un procedimiento relativamente rápido y muy expedito”. Dijo que aunque los países del Mercosur consideraron que este juicio político —que tenía respaldo constitucional— se desarrolló en un “procedimiento sumarísimo”, quedó demostrado que “en los hechos se había quebrado el orden constitucional y democrático, y esto derivó en la primera aplicación práctica del Protocolo de Ushuaia, lo cual implicó la suspensión de Paraguay del Mercosur”.
A diferencia de lo que ha sucedido hoy en día con Venezuela, a quien se le aplicó la máxima sanción, “Paraguay sufrió la menor sanción, que fue la suspensión de su participación en los órganos de Mercosur donde está representado el Estado”, contrastó el experto.
No habrá incidentes migratorios
Menciona el abogado que aunque pudieran suspenderse los beneficios arancelarios, no cree que la sanción haga mella sobre lo comercial o lo económico porque “la misma decisión que suspende a Venezuela pide adoptar medidas para que esta suspensión no tenga impacto sobre la población”. Los afectados, a su juicio, serían las personas que importan o exportan productos a través de Mercosur, y quienes los consumen.
Tampoco cree que sufran algún tipo de afectación los derechos de los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar a un país del Mercosur. “Hay normas que garantizan la residencia de los ciudadanos venezolanos, o formatos muy simples para que los nacionales de Venezuela puedan regularizar su situación migratoria en cualquier país del Mercosur”, puntualizó.
Alejandro Perotti estima que Venezuela podrá volver a participar plenamente en Mercosur, toda vez que se vuelvan a reunir las autoridades del organismo y reconozcan que el país ha restablecido su orden democrático. “Esto implica llamar a elecciones democráticas”, tal y como sucedió en Paraguay. “El mismo día que el presidente Cartes asumió el poder, Mercosur se reunió y dejó sin efecto la decisión que suspendía al país”, concluyó.
Evidencias suficientes para sancionar
En palabras del economista y coordinador general de ciudadanos del Mercosur, Aldo Centurión, la decisión de suspender políticamente a Venezuela de este organismo ha sido acertada pues, en su criterio, hay suficientes “evidencias de ruptura del orden democrático, como la violación de los Derechos Humanos, presos políticos, y la no independencia de los poderes”, que avalan esta medida.
Dice que también ha podido comprobarse un “vaciamiento del poder legislativo de la Asamblea Nacional como representación genuina de la democracia, la violación de la Constitución de 1999, la no elección en tiempo y forma —como el referéndum revocatorio—, la proscripción de líderes de la oposición y la muerte de ciudadanos por protestas contra el gobierno”.
El investigador resumió que la sanción del 14 de diciembre de 2016 se relacionaba con la posibilidad de “tener voz, pero no voto en las instancias de negociación”, mientras que la del 5 de agosto de 2017 implica la “suspensión de todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición como Estado parte del Mercosur”.
Deterioro de las relaciones
Consultado desde Paraguay, expresó que la sanción responde a varios elementos, entre ellos, el “deterioro de las relaciones con Argentina” desde el triunfo de Mauricio Macri, y al “cambio de posición de Uruguay, que había tenido una postura de negociación favorable a Venezuela”.
Asimismo, considera que otro factor clave en esta decisión ha sido la “capacidad de Michel Temer para maniobrar y tomar decisiones en relaciones internacionales, especialmente en Mercosur”, tras salvarse del juicio político por denuncias de corrupción pasiva y asumir la Presidencia Pro Témpore del organismo.
Centurión justifica el aumento de la presión internacional que se aplica ahora a Venezuela, bajo el alegato de que ésta es necesaria para “restituir la democracia” y lograr una “negociación” que permita resolver la crisis de la mejor manera. En su opinión, la presión internacional es “la mejor opción, y la peor de todas, la intervención militar”.
La negociación, el mejor camino
Las consecuencias, en criterio del consultor y escritor de libros sobre Mercosur, dependerán de la dinámica de la evolución de los actuales acontecimientos. “Si el futuro en Venezuela es el mejor posible, entonces se irán reduciendo las tensiones en aquellos países más afectados directamente por las variables de narcotráfico y migración”, pronosticó. Entre estos menciona a Colombia, Panamá, Estados Unidos, Brasil y Argentina. Además prevé que en el mejor de los escenarios, la patria de Bolívar podrá “iniciar un proceso de recuperación democrática”, y en ese contexto, “los países de la región podrán accionar un canal humanitario de ayuda y fondos de recuperación económica”.
Pero si el escenario no es el más alentador, alerta que los tiempos que están por venir podrían ser de mucha “inestabilidad y violencia”, con pronóstico reservado, “derivado de las implicancias internacionales”. Bajo estas circunstancias, advierte que “no hay que descartar una intervención militar, una vez agotadas todas las otras instancias”.
Aldo Centurión confía en que el gobierno de Maduro “se va a sentar a negociar”, aunque no niega que “existe alguna probabilidad que no lo haga y desencadene lo peor”. Concluyó que Venezuela es miembro pleno del Mercosur, por tanto, “una vez que retorne la democracia”, el país volverá a tener “todos sus derechos y obligaciones”.
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