Ricardo Lenoir
La condena a varios miembros de la agencia qatarí de periodismo Al Jazeera Inglés ha vuelto a poner al régimen egipcio en el centro de la noticia debido a las sospechas de que en el juicio no se cumplieron las mínimas garantías legales para con los reos. Se les acusaba de colaboración con grupo terrorista, aunque no se ha determinado exactamente por qué se les condena, ya que varias pruebas presentadas en el juicio fueron desmontadas sin mucha dificultad por la defensa. Ciertos miembros de la comunidad internacional no han dudado en condenar duramente la sentencia, aunque la reacción de otros actores como Estados Unidos o la Unión Europea, frente tal flagrante violación de los derechos humanos, deja mucho que desear.
La llegada al poder de Abdel Fattah al Sisi ha supuesto un sobresaliente endurecimiento de la represión incluso si lo comparamos con la presidencia de Hosni Mubarak, de funesto recuerdo. Éste fue depuesto en el año 2011, y de las elecciones democráticas del año siguiente salió el gobierno de Mohamed Morsi, representante del partido de los Hermanos Musulmanes. El 3 de julio de 2013 un golpe de Estado derrocó al Gobierno legítimo y devolvió al país a una crítica situación. Desde la última asonada, la labor de los periodistas se ha visto dificultada hasta el punto de que apenas quedan informadores reportando in situ, habiendo tenido que abandonarlo la mayoría por temor a acabar como ahora lo han hecho sus colegas de Al Jazeera.
La sentencia ha condenado a penas de entre siete y diez años de cárcel, excluyendo por el momento la pena de muerte. Entre los condenados destaca el periodista Peter Greste, premiado con el prestigioso galardón Peaboy por su trabajo en Somalia. Les acusan de haber manipulado imágenes de representantes de los Hermanos Musulmanes, declarado grupo terrorista desde finales del año pasado. Este hecho ha valido para que se les acuse de pertenencia o colaboración con banda armada.
Las verdaderas razones de estas condenas
Durante el juicio se comprobó que no se habían manipulado imágenes de la entrevista que realizaron a miembros del grupo, quedando en evidencia la legitimidad del juicio al registrarse declaraciones de testigos que se contradecían entre ellos o incluso de peritos que no pudieron confirmar ni la acusación de manipulación ni que tuvieran equipo no autorizado.
Como guinda final, las declaraciones del fiscal general, Hisham Barakat, en las que reconoce que la sentencia tiene un carácter disuasorio. Entre las pruebas presentadas por la acusación, se encuentran el vídeoclip del artista australiano Gotye, un podcast de la BBC y varios artículos y grabaciones, muchas de ellas no relacionadas con asuntos egipcios.
Desde varios instancias del Gobierno del país más poblado de la región se han apresurado a apoyar la sentencia, declarando, como ha hecho el ministro de Exteriores, que se ha respetado la independencia del sistema judicial, guardando las normas judiciales. De todas maneras a nadie se le escapa el marco en el que se desarrollan los hechos: el ataque a la cadena es un dardo hacia Qatar, el emirato dueño de la agencia de noticias que ha subvencionado a los Hermanos Musulmanes, ahora considerado según la ley egipcia como grupo terrorista. Por lo tanto no se puede descartar que se trate de un juicio político.
También es momento de resaltar que la decisión ha tenido mayor relevancia debido a que entre los condenados hay ciudadanos occidentales, ya que Egipto se encuentra desde el año pasado en el top cinco de los países más peligrosos para desarrollar el ejercicio del periodismo.
¿Cuál es la postura de la comunidad internacional?
De la unánime respuesta de la comunidad internacional, con especial contundencia por parte de los Gobiernos australiano, neerlandés, británico o canadiense por tener a ciudadanos entre los condenados, destaca las confusas señales que llegan desde Washington. Si tomamos las palabras y los hechos de John Kerry, secretario de Estado, cuesta encontrar una clara línea de continuidad. Echando la vista atrás comprobamos que desde el comienzo de las llamadas “Primaveras Árabes” en la región, la Administración de Obama ha titubeado, moviéndose entre la observación y el discurso tan made in USA de respeto y promoción de la democracia.
Este caso en concreto es significativo debido a que Egipto ha sido desde finales del siglo XIX el ancla para poder moverse y controlar una región rica en recursos energéticos y en conflictos, amén de no agitar el conflicto con Israel. Es por eso que la ayuda militar se ha mantenido inquebrantable a pesar de todos los acontecimientos, como bien prueba el inminente envío de un nuevo paquete de ayuda en forma de helicópteros Apache. Ante dicha “asociación histórica”, no es de extrañar que actores que otrora han demandado el respeto de los derechos fundamentales y la libertad de prensa, titubeen ahora en condenar las prácticas que su asociado está llevando a cabo dentro de su territorio.
La situación concreta de estos periodistas no debe desenfocar la realidad que afecta a todos los ciudadanos que puedan parecer sospechosos. Pero lo queda claro es que el régimen está llevando a cabo una dura represión con el objetivo de evitar que se conozcan los detalles de lo que sucede en su interior, y que la libertad para ejercer el periodismo no es más que uno de los más nítidos elementos para medir el nivel de democracia en un país.
Ésta es una explicación sin ánimo de lucro
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